En ningún estado constitucional de derecho se puede tolerar la omisión de un ajusticiamiento y que este permanezca impune, por lo que resulta sorprendente e inexplicable que el organismo encargado de la protección y defensa de los derechos humanos de nuestro país haya tardado tanto en intervenir y lo esté haciendo de manera tan errática.
lasillarota.com
No
recuerdo en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
un periodo tan sombrío como el actual, en el que los cuestionamientos a
su actuación –o más bien a su ausencia- provienen de todos los ámbitos
pues lamentablemente sobran elementos para ello, lo cual es paradójico
en un contexto de transformación de nuestro sistema jurídico como
resultado de la importantísima reforma constitucional en materia de
derechos humanos de 2011.
De poco le están sirviendo al
presidente de la Comisión los bustos y placas con su nombre a las que
se volvió tan afecto. Vaya, ni siquiera se han escuchado las voces de
quienes se supone eran sus aliados para cuando menos intentar algún
tipo de defensa, si es que la hubiera.
En muy diversas ocasiones
se ha señalado que durante la gestión de Raúl Plascencia, la CNDH ha
sido omisa o de plano complaciente con los presuntos responsables de
violaciones a derechos humanos, lo que se ha vuelto más evidente
conforme se acerca la fecha en que el Senado de la República debe
decidir sobre su reelección, o el nombramiento de un nuevo Titular.
Hace
apenas una semana manifestaba en este mismo espacio mi extrañeza por
los titubeos de la Comisión para investigar el cateo a niños en la
ceremonia del grito de independencia, pues todo indica que la política
adoptada es la de mantener un perfil bajo y no intervenir salvo que la
presión social no les deje otra alternativa.
Hay otros muchos
casos, pero el ejemplo más claro y preocupante es el de Tlatlaya en el
Estado de México donde el 30 de junio murieron 22 personas a manos del
ejército. La versión oficial atribuía estos hechos a un enfrentamiento
entre presuntos delincuentes que dispararon a militares quienes hacían
un recorrido por la zona y repelieron la agresión. Sin embargo, a los
pocos días algunos medios de comunicación internacionales empezaron a
revelar testimonios que apuntaban a que se trató de una ejecución ante
lo cual, y a pesar de su gravedad, la CNDH simplemente guardó silencio.
No
fue sino hasta el 23 de septiembre, casi tres meses después, cuando
Plascencia anunció que en seis semanas daría a conocer los resultados
de la investigación que se estaba llevando a cabo -en franca
contradicción con lo que previamente había declarado el visitador Marat
Paredes argumentando que no se estaba investigando por no haber queja
de por medio-, pero que todo hacía suponer que se trató de un
enfrentamiento.
Es decir, aún no concluía la investigación
cuando el ombudsman prácticamente exoneró a los militares implicados,
en tanto que la propia Secretaría de la Defensa ponía a disposición de
la Procuraduría de Justicia Militar a un oficial y siete elementos de
tropa. Al momento la PGR ha ejercido acción penal contra tres de ellos.
En
ningún estado constitucional de derecho se puede tolerar la omisión de
un ajusticiamiento y que este permanezca impune, por lo que resulta
sorprendente e inexplicable que el organismo encargado de la protección
y defensa de los derechos humanos de nuestro país haya tardado tanto en
intervenir y lo esté haciendo de manera tan errática.
Se
equivoca Raúl Plascencia al acusar que todas las voces que se han
alzado (Santiago Corcuera, Alberto Athie, Jesús Silva-Herzog Márquez,
José Manuel Vivanco, Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Mauricio
Merino, Sergio Aguayo etc.) pretenden dañar a las instituciones. Por el
contrario, justo lo que se busca es que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos recupere su solidez y prestigio, pero por muchas
razones se antoja imposible que esto pueda ir acompañado de su
reelección.
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