México
afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática
caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque
sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los
principios esenciales del Estado de derecho, concluyó el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP).
En el marco de la Sesión sobre Libre Comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, el TPP realizó en ciudad de México la audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, respondiendo
a una solicitud de atención, denuncia y justicia formulada por una
amplia red de asociaciones, movimientos de jóvenes, trabajadores de la
comunicación y periodistas. representantes del mundo académico, de
medios libres y radios comunitarias.
Los elementos de la estrategia de los movimientos sociales, expresados
en las audiencias del TPP priorizan el respeto a los derechos humanos y
la igualdad de los derechos. En estas estrategias los jurados
encontraron formas diversas de acción política como las luchas y las
resistencias –bajo la consigna de "resistir es crear"-, el reclamo de
políticas públicas de igualdad, la búsqueda de una alternativa al
pensamiento hegemónico, prácticas concretas de emancipación. Allí hay
nuevas concepciones: el rechazo de las desigualdades y de las formas de
dominación, el respeto de la naturaleza, la gratuidad, los bienes
comunes y los servicios públicos, la democratización de los medios, la
protección contra la represión, el rechazo a la criminalización.
En su diagnóstico, el TPP señala que México juega un papel de
experimentación muy grave en la evolución mundial: se trata de una
estrategia conducida a escala mundial para imponer un monopolio de
poder. Las audiencias del tribunal permitieron identificar los
elementos que componen esta estrategia mundial de violación de los
derechos de libertad de expresión y de acceso a la comunicación.
Entre ellos se suman el control de los medios de comunicación por el
capital financiero asociado al capital internacional; el monopolio de
las telecomunicaciones; la subordinación del poder político al poder
financiero; la reducción del papel social y protector de los derechos y
de la libertades de los Estados; las políticas económicas y sociales
neoliberales; el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de
violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores
de la igualdad de las personas; la criminalización de los movimientos
sociales, la infiltración de las redes mafiosas; la instrumentalización
del terrorismo: la intimidación que ha llegado a más de un centenar de
asesinatos de comunicadores profesionales y populares.
El
Tribunal resaltó que la preeminencia de este modelo económico en
México, el semiocapitalismo, se expresa en la relevancia integral que
el duopolio posee sobre el conjunto de la economía mexicana, así como
en el crecimiento constante experimentado por el sector de la llamada
“información en medios masivos” en el conjunto del Producto Interno
Bruto de México, al que hay que añadir el impacto económico y el
volumen de negocio del conjunto de las industrias culturales en el
país.
De esta forma, México funciona como un laboratorio
paradigmático en la configuración de un proceso general de
reestructuración del modelo de acumulación de capital que no sólo
descansa en una liberalización y privatización de la esfera mediática,
sino que pone de manifiesto la tendencia paulatina del capitalismo a
recombinar sus núcleos de poder situados en las estructuras de
producción de bienes y servicios materiales, con la relevancia
económica cada vez mayor de las estructuras productoras de signos,
subjetividad y sentido, sobre todo en el campo de la comunicación
mediática.
El Tribunal señaló que el monopolio mediático sobre
la producción y circulación de la información no sólo descansa en una
alianza explícita entre el poder político y el poder económico, sino
que convierte la actividad mediática en un flujo constante de
legitimación del modelo económico imperante y de estigmatización de
todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que
difiere del discurso dominante. Esta pauta mediática deja a la sociedad
indefensa frente a un único discurso de verdad que, lejos de presentar
un carácter democrático, determina la existencia de un ecosistema
mediático de índole netamente totalitaria.
El 92% de las señales televisivas están en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca que
además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras,
portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía
satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, y se asocia a muchas
otras empresas de actividad financiera y bursátil.
El mediático, primer poder
Los testimonios recogidos por el Tribunal documentaron cómo el
ejercicio del poder político en México atiende el mandato que la
televisión mercantil impone a los tres poderes constitucionales
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que esta relación la complementan
tres factores denominados estructurales.
El primero, la
corrupción y la impunidad generalizadas en el sistema de procuración e
impartición de justicia: el 98% de los delitos y crímenes de todo tipo
no son siquiera denunciados, y del magro porcentaje de denuncias (2%)
más de la mitad no recibe sentencia alguna. El segundo, una relación de
complicidad entre medios de comunicación y poder político que fue
sistemáticamente construida durante décadas de hegemonía de un sólo
Partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Arraigadas prácticas de
control sobre los medios mediante el uso discrecional de la publicidad
oficial, han significado para éstos formas de sometimiento y
servilismo. La ausencia de organizaciones gremiales de periodistas,
fenómeno complejo y difícil de comprender, apuntala que los
comunicadores reproduzcan en su tarea cotidiana ese mismo fenómeno.
En tercer lugar, la precaria profesionalización y la limitada
capacitación de los comunicadores que vulnera su situación laboral. En
promedio un periodista gana en México entre 300 y 400 dólares al mes, o
cobra por nota 60 centavos de dólar. Para satisfacer sus necesidades a
veces tiene hasta tres trabajos o redacta hasta diez notas por día. Los
dueños de los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, son
los principales obstáculos para la capacitación de sus reporteros y la
mejora de las condiciones laborales.
Según el Consejo Nacional
para la Prevención de las Discriminaciones (Conapred) los medios
masivos contribuyen a reproducir y alientan todas las formas de
discriminación que en México se practican desde el período colonial con
sus 300 años de esclavitud: por el color de la piel, la estatura, el
aspecto, las edades (niños, jóvenes, ancianos), el sexo, las
preferencias sexuales, la procedencia regional, la lengua que se hable
(sobre todo si es indígena), la condición civil, las discapacidades
físicas o mentales, la pertenencia a ciertos grupos, las creencias
religiosas, la vida matrimonial y sus avatares, entre otras muchas
cosas . Todas las formas de discriminación son alentadas en la variedad
no tan amplia de géneros televisivos y radiofónicos.
Las
acusaciones documentaron que el virtual monopolio político ejercido
durante más de 80 años por el Partido Revolucionario Institucional, hoy
nuevamente en el poder presidencial, requirió para reproducirse del
monopolio de los medios radiofónicos, promovido y apoyado desde sus
inicios por los presidentes de la República, quienes entregaron
frecuencias radioeléctricas al margen de toda normatividad a unos
cuantos de sus amigos y aliados.
No exageraba el dueño de
Televisa Emilio Azcárraga Milmo cuando dijo a la revista “Proceso” que
él y Televisa eran “soldados del Presidente y del PRI”. Sin embargo, la
relación se invirtió, según los testimonios basados en estudios de la
Universidad Autónoma Metropolitana: de ser Televisa y su dueño soldados
del Presidente, a ser el Presidente soldado de Televisa junto con los
otros poderes constitucionales.
Más que ciudadanos, consumidores
Destacó el Tribunal que la evolución del sector mediático y de las
industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la
producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte
ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino
que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del
mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la
producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado
hasta convertirse en espacio de valorización y de negocio.
La
transformación de los ciudadanos, en tanto que usuarios y productores
de la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y
consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en
la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos.
En el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del
país, el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de
manera alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter
dual. Por un lado, una violencia directa contra la libertad de
expresión y de información que toca de manera más dolorosa a los
profesionales del periodismo y a los ciudadanos que participan del
denominado tercer sector de la comunicación, fundamentalmente
iniciativas de comunicación social de naturaleza comunitaria.
Y, por otro lado, una violencia simbólica
que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios
que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de
vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo
económico imperante y los regímenes de existencia que éste impone.
Tras escuchar y analizar la documentada denuncia de organizaciones y
movimientos sociales (campesinos, indígenas, de trabajadores,
académicos y juveniles) presentada en la audiencia, el Tribunal dejó en
claro que la problemática de la falta de acceso a la información -y de
ejercer el derecho humano a la información-, la concentración duopólica
de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores
afecta muy gravemente los derechos individuales y colectivos de loa
mexicanos.
La reforma del Estado y la reciente alternancia
política en el gobierno (2000-2012), no han tocado esta concentración:
los gobiernos, los partidos políticos, los legisladores (por ende, las
leyes) se han subordinado a los intereses del duopolio
Televisa-Televisión Azteca, consolidado con los tratados de libre
comercio.
Consideró que la brecha social se acrecenta en un
país de enormes desigualdades, que cobija al hombre más rico del mundo
y a 50 millones de personas carentes de las condiciones mínimas de
supervivencia. Un país que presume de diversidad cultural y lleva
adelante políticas de aniquilamiento de sus pueblos originarios, una
nación referente por su sus luchas sociales, que hoy criminaliza y
elimina todo tipo de protesta ciudadana.
Señaló el Tribunal
que México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa
incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos
humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde
persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo
monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los
ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus
derechos.
Afirmó que la violencia contra la prensa se ha
manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas
de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares;
el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en
su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas
delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y
desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes
sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de
agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el
terror entre los comunicadores. Recordó que por todo esto, la Relatoría
de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU considera a México como
el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.
En lo que va del siglo, según la Procuraduría General mexicana, 102
periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un
número no posible de identificar de desplazados y/o obligados al
exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la
presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de
una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10
mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones
de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de
silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se
publica en los medios de comunicación.
El Tribunal tomó en
consideración que más de mitad de las denuncias presentadas por las
organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los
perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados
como agentes estatales –militares, policías, autoridades locales- y que
el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada, en n país
donde la aprobación de mecanismos institucionales de protección de
periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra
comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la
constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve
meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio
de una cada 28 horas.
Destacó, asimismo, que a dos años de
creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un
incremento de agresiones y amenazas - físicas, sicológicas, legales y
cibernéticas- que ponen en peligro la integridad física, moral y
financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen
organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por
autoridades locales, estatales o mandos federales contra los
trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de
expresión y el acceso a la información.
Tomó nota de lo
ocurrido en los últimos 20 meses, cuando 11 periodistas fueron
asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en
Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa,
Coahuila, Puebla y Chihuaha), y que en 21 de los 32 estados se ha
denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos,
detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante
la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la
violencia.
Entre 2002 a 2013 se han registrado y documentado
180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de
ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías,
incluido el crimen de feminicidio.
La antirreforma y el fin de la privacidad
El Tribunal consideró que la reforma constitucional a la Ley de
Telecomunicaciones (2013), que generó expectativas entre muchos
sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria,
aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado,
nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo.
Constató que la nueva Ley de Telecomunicaciones permite graves
violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión,
acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a
Internet, al obligar a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y
administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de
los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.
La reforma establece el derecho de “la autoridad” a desplegar la
vigilancia masiva del internet, los celulares, la fibra óptica, la
telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los
usuarios en tiempo real, dónde están, a dónde hablan, con quién se
comunican, qué se dicen y eventualmente bloquear por razones de
“seguridad nacional” la transmisión de señales en actos de carácter
masivo o de protesta social y censurar previamente contenidos de
internet. Los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a
prestar esos servicios de espionaje, localización y de fichaje: tienen
la obligación de resguardar los datos de los usuarios al menos por dos
años.
La reforma en telecomunicaciones, concebida en lo básico
como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la
radiodifusión y de la telefonía apabulló al conjunto de leves trazos
que dibujaban un posible fortalecimiento de los medios de sentido
social. A las radios comunitarias e indígenas se les impuso exigencias
semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas, para
obtener una frecuencia en el 10% del espectro o para conservarla. El
Tribunal consideró ridícula la potencia de 20 watts que se les concede
para transmitir, mientras se les niega, discriminatoriamente, toda
posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitieran su
sostenimiento.
Para comprender el origen de la reforma en
telecomunicaciones consumada en julio de 2014 es indispensable
considerar lo que representó en el contexto que se describe la rebelión
juvenil de 2012: por primera vez en la historia aparecieron en las
calles multitudes ciudadanas reclamando la democratización de la
comunicación y el fin del control priísta de la sociedad. Los
testimonios juveniles en la audiencia desplegaron en detalle los
episodios que originaron y se sucedieron durante el creativo movimiento
que ocupó la atención nacional e internacional a lo largo de más de
nueve meses.
El Tribunal comprobó que la criminalización
mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una
herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza
y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales,
religiosas, ideológicas y/o culturales. Se utiliza con pretextos de
bien común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la
decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para
intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier
conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La
criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo,
de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la
militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación
se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución,
omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los
ciudadanos.
El Tribunal destacó,
asimismo, que muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios
de comunicación –en especial de los que pertenecen al duopolio- la
criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de
aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan
acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación
al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de
género.
Nota:
*Jurado del Tribunal Permanente
de los Pueblos en la Audiencia final tem ática sobre DESINFORMACIÓN,
CENSURA Y VIOLENCIA CONTRA LOS COMUNICADORES, ralizada en Ciudad de
México, del 17 al 19 de septiembre de 2014
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