Política Zoom/ Ricardo Raphael
“¡Coopera o que cada quien se haga cargo de sus problemas!” Algo parecido quiso decirle el presidente Enrique Peña Nieto a Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, con sus declaraciones de esta semana: “El gobierno puede brindar apoyo (pero) se debe actuar a partir de las propias actuaciones del gobierno del Estado”.
No se necesita un aparato decodificador para entender lo obvio. La línea telefónica que comunica al gobierno federal con la autoridad de esa entidad está haciendo corto circuito. Pero don Ángel no se deja ayudar, o quizá lo que le piden a cambio le saldría muy caro.
En casa del mandatario guerrerense debe haber una fotografía de Fausto Vallejo, sólo para no olvidar lo que podría ser su destino si un clon del vicegobernador michoacano, Alfredo Castillo, lo viene a visitar una de estas noches.
Y tiene razón para dormir mal. Si ya las cosas en su estado estaban descompuestas, Troya se puso mucho peor durante el último mes. Aguirre trae por lo menos cuatro frentes abiertos: La Tuta, Tlatlaya, Iguala y el asesinato de Braulio Zaragoza, secretario general del PAN estatal. Más lo que pueda acumularse esta semana.
Como solían hacer los líderes del Cártel de Juárez, que cuando el Ejército los perseguía mudaban su residencia al Paso, Texas, así hace Servando Gómez Martínez, La Tuta. Cuando las cosas arrecian en Michoacán viaja desde el puerto de Lázaro Cárdenas al centro turístico de Zihuatanejo, descansa unos días y luego regresa para seguir compartiendo sus videos con cuanto periodista quiera participar en su show mediático.
Desde la Secretaría de Gobernación han de suponer que un comisionado federal en Guerrero sería la mejor solución para cerrarle el paso al líder de Los Caballeros Templarios sobre la frontera que divide a ese estado con Michoacán. Entre dos vicegobernadores priístas se entenderían mejor de lo que hoy han logrado hacerlo Castillo y el perredista Ángel Aguirre. Pero el gobernador rechazó la propuesta.
Lo anterior ya alimentaba especulaciones cuando se dio a conocer la tragedia del 30 de junio, donde al menos nueve soldados del Ejército mexicano, presumiblemente ajusticiaron a 21 personas que podrían haber formado parte de una banda grande de secuestradores, todos provenientes del municipio de Arcelia, Guerrero.
Luego, el pasado fin de semana, un comando armado de la policía municipal de Iguala disparó contra 8 personas, entre ellas varios vecinos de Ayotzinapa, cuna muy antigua de la guerrilla guerrerense. Este evento pareciera haber confrontado a dos formas coexistentes de ilegalidad en esta entidad: la insurgencia social versus el narcotráfico.
Como consecuencia, el presidente del municipio de Iguala, José Luis Abarca Velázquez —hasta hace unos días protegido del gobernador— pidió licencia a su cabildo. Luego se fugó. Cabe aquí recordar que este político perredista está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, la hermana del difunto Alberto Pineda, mejor conocido como El Borrado, quien fuera el lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva en el corredor que parte desde Morelos, baja por Arcelia, Tlatlaya, Iguala y cruza por Ayotzinapa. ¡Familia peculiar la del edil proscrito!
Al final viene la cereza podrida del caos reciente. El domingo pasado, a plena luz del día, en un lugar público de Acapulco, fue asesinado el secretario general del PAN guerrerense, Braulio Zaragoza, sin que a la fecha hayan podido despejarse las razones detrás del golpe. Se dice que traía un pleito con el presidente de su partido, Andrés Bahena Montero, por un faltante de tres millones de pesos, pero eso todavía debe probarse.
Tanta violencia —relacionada o no— lleva a pensar que el gobierno de la entidad podría ser derrocado o cuando menos intervenido con la presencia de un comisionado federal. Pero Aguirre Rivero se niega en redondo. Ya es tradición en Guerrero que, salvo contadas excepciones, los gobernadores no suelen concluir el mandato que se les entrega en las urnas. En más de un episodio de la historia de la entidad, el poder federal ha arrimado el hombro y sin embargo, en ninguna de tales ocasiones la caída del gobernador ayudó a pacificar a Guerrero.
La apuesta autoritaria en esta entidad sólo ha provocado más autoritarismo. ¿No habrá otra ruta, distinta a la del vicegobernador de Michoacán, para resolver la crisis? Si la rudeza continúa con la misma intensidad en Guerrero esta pregunta pronto será ociosa. Y sin embargo, acaso en la parte final de la sentencia presidencial se halla la solución al problema: “Se debe actuar a partir de las propias actuaciones del gobierno del estado” y no de las imposiciones centralistas que son espectaculares pero pocas veces efectivas.
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@ricardomraphael
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