or de las clases dominantes mexicanas, sus temores atávicos ante todo aquello que no pueden controlar o no les beneficia en el bolsillo. Es una actitud objetiva, estructural, pero también una elección moral de corte paternalista o de plano autoritaria. Mi generación nace a la izquierda conmocionada por dos grandes acontecimientos de naturaleza muy diferente: la revolución cubana del 1º de enero de 1959 y el último coletazo de las luchas de clase emprendidas por los maestros, los telefonistas, petroleros, electricistas y, sobre todo, los ferroviarios, cuya gesta insurgente aplastada con inaudita ferocidad marcaría los años 60 mexicanos, en particular la movilización ciudadana por las libertades públicas que alcanza en 1968 el punto de no retorno en el horizonte de la transformación democrática. Vimos entonces cómo se daban la mano la histeria derechista de la Iglesia católica y el gobierno dispuesto a sacrificar, en nombre de la estabilidad y el desarrollo, el renacimiento tormentoso de la conciencia obrera, subyugada por la corrupción impuesta como política de Estado mediante el llamado charrismo sindical. Nos tocó, más adelante, ser testigos de la increíble ferocidad de la alta burocracia revolucionaria para someter a los médicos que reclamaban espacios, reconocimientos y voz en la sanidad pública, como antes lo habían intentado los maestros comandados por Othón Salazar. Calumniados por la prensa servil al poder (que era casi toda la prensa del país), sus líderes, como antes Demetrio Vallejo, Valentín Campa y muchos más padecieron cárcel sin que la sociedad creada por el capitalismo emergente, gracias a los negocios público/privados, dudara del imperio del derecho, que es la gran burla de los poderosos ante la injusticia de carne y hueso, tangible. La autocomplacencia mediática comenzaba a llenar los vacíos del discurso oficial recreando en las pantallas un México de ficción, impetuoso, folclórico y a la vez moderno. Por eso, la irrupción desde la nada, o eso creían los teóricos de la conjura, de un movimiento estudiantil de masas que alza entre sus reivindicaciones básicas la libertad de los presos políticos, pues eso justamente eran los dirigentes sociales recluidos en Lecumberri, sacude el principio de autoridad encarnado en la voluntad todopoderosa e incuestionable del presidente de la República.
El fin del llamado milagro mexicano
, la crisis económica e institucional que en el 68 hace realidad visible cuáles son los límites insuperables de un régimen sustentado en el corporativismo, formalmente apoyado por una alianza con las masas trabajadoras, pero incapaz de poner al día el programa de reformas sociales y democráticas que la Constitución y el legado de la Revolución Mexicana había puesto en sus manos. Entre el charrismo y el sindicalismo blanco patronal, la clase obrera, o mejor dicho, las camarillas corruptas que la jinetean, obtendría apenas unas migajas del gran negocio llamado México, contrariando leyes, historia, sentido común.
El estallido de la llamada insurgencia sindical
en los años 70 puso a prueba los mecanismos de control de la fuerza de trabajo que en el pasado habían permitido la expansión económica pero también la cristalización de los privilegios fiscales de una burguesía voraz, carente en lo absoluto de sensibilidad social y dispuesta a subvertir el orden así fuera mediante la prédica ideológica de la revuelta antiestatista. En esa tesitura el nacionalismo revolucionario oficial era una ideología muerta, pues la crisis ya era tan profunda y tanta la descomposición que, en los hechos, desde el poder se adoptaron uno a uno los principios de sus supuestos adversarios históricos: la iniciativa privada dispuesta a dominar la economía pero también a gobernar en nombre de la democracia sin renunciar al presidencialismo. La lucha sindical, inevitable en la sociedad capitalista, probó que las consignas de la hora a favor de la independencia y la democracia no eran otra cosa que los llamados a forjar las organizaciones de defensa de los asalariados que, en rigor, solo existían en el papel o como patrimonio de los corruptos líderes a los que las autoridades del trabajo santificaban con el ilegal procedimiento de la toma de nota
.
La gran apuesta reformadora de los electricistas democráticos encabezados por Rafael Galván para democratizar al sindicalismo, modernizando sus desgastadas estructuras y rectificando el rumbo del sector nacionalizado, fue liquidada tras una dura, desigual batalla, a la que seguirían sin remedio nuevas derrotas en otros frentes. Era así como el Estado cancelaba la posibilidad de revitalizar la vigencia del programa social y democrático perfilado en la Carta Magna. Con ello, sin embargo, se puso de manifiesto que el viejo charrismo sindical modernizado por los contratos de protección y otras trampas nada sería sin la directa intervención del Estado en los asuntos obrero-patronales, es decir, sin la apelación a la amañada legalidad interpretada por autoridades complacientes o por el uso final de la fuerza como recurso contra la resistencia de los trabajadores. La transición democrática no incluyó la reforma de las organizaciones sociales y la simulación se hizo parte sustantiva de la nueva política presidencialista a cargo de la derecha que llega al gobierno comprometida hasta la médula con el infausto proyecto neoliberal, heredado de las tres últimas administraciones priístas. Al calor de la necesidad del cambio, el odio clasista pasó a ser pieza básica del ideario cínico, seudo liberal de las clases medias acosadas por la inseguridad y la necesidad de hallar culpables a modo por el desorden reinante. Se condena la corrupción sindical, pero no se tocan los resortes que impiden a los trabajadores deshacerse de ella. Por eso, ante la obvia ilegalidad y el uso brutal de la fuerza contra los huelguistas de Cananea, predomina entre los críticos
cierta condescendencia cómplice. Frente al sindicalismo corrupto y corruptor como el que impera en la Secretaría de Educación o en Pemex, se alza el griterío que pide la extinción de las organizaciones de autodefensa, la simple desaparición de los mecanismos que impiden a la patronal explotar la fuerza de trabajo sin control alguno, pues de eso se trata la reforma laboral en ciernes. Este gobierno que se desgarra por la representación del ciudadano sin adjetivos, no quiere la democracia sindical; menos, la independencia de sus organizaciones. Su propuesta no significa abolir los vestigios corporativos, sino que el sindicato sea una sumisa agencia de colocaciones al servicio de los dueños del negocio. Pero algo se le olvida: en este anodino centenario de la Revolución Mexicana, Cananea es mucho más que un nombre simbólico. Veremos.
PD. Bolívar Echeverría nos trajo de viva voz a Rudi Dushke, con quien había colaborado en Berlín. Comparada con la improvisación teórica característica de los movimientos estudiantiles de nuestra época, la aportación de Bolívar fue la de un joven pensador marxista que actuaba sobre la realidad para transformarla sin concesiones a las modas ideológicas. Tenía la curiosidad política del militante, la actitud vigilante del filósofo y la disposición de ánimo para incursionar en la cultura con pasión y rigor, sin gesticulaciones sectarias En el 68, junto con Carlos Pereyra, escuchamos asombrados la propuesta de convocar al diálogo público en el Zócalo. Bolívar sabía que había llegado la hora de las grandes definiciones y ya no habría marcha atrás. Para nuestra fortuna, Bolívar Echeverría se quedó entre nosotros, en la UNAM, en el país, vinculado a sus problemas y a la esperanza del cambio. Murió como un mexicano universal. A su familia, a sus hijos, un abrazo.
Editorial La Jornada.
anitaria a San Juan Copala, localidad cercada por esa organización armada. Como ocurrió el pasado 27 de abril, cuando un primer contingente humanitario fue atacado por la Ubisort en esa misma región, con un saldo de dos muertos –la activista Beatriz Cariño y el observador finlandés Jyri Antero Jaakkola–, el gobierno encabezado por Ulises Ruiz se deslindó de los hechos y, sin aludir al cerco paramilitar que mantiene aislado a San Juan Copala desde noviembre del año pasado, sostuvo que la problemática referida se debe principalmente a un conflicto por límitesy a las pugnas internas del pueblo triqui.
Los deslindes expresados por el titular del Ejecutivo estatal, en conjunto con la abierta impunidad con que operan los poderes fácticos en la región triqui, siembran una inevitable percepción de vacío de poder en Oaxaca o, peor, un ejercicio del poder público en manifiesta alianza con formaciones ilegales y delictivas. En cualquiera de los casos, el estado de derecho resulta inexistente. Así lo muestra, entre otros elementos, la solicitud formulada por la procuradora estatal de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, de que se tenía que hablar con Ubisort e invitarlos a la caravana
para garantizar el paso hacia San Juan Copala, según denunciaron los voceros del municipio autónomo en un comunicado.
Ante la manifiesta falta de capacidad o de voluntad de las autoridades estatales para dar solución a un conflicto que ha crecido en explosividad y se ha vuelto visible a escala internacional, resulta desolador que el gobierno federal se sustraiga de los llamados de diversos sectores de la sociedad y la clase política a involucrarse en el asunto, y que, a pesar de los elementos que han aportado organismos humanitarios nacionales e internacionales sobre la operación de grupos paramilitares en Oaxaca, se muestre empeñado en suscribir la versión del gobierno de Ulises Ruiz. Así lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores tras el ataque del pasado 27 de abril, ante las críticas formuladas por relatores de Naciones Unidas por el deterioro de los derechos humanos en San Juan Copala, en tanto que el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, llamó a poner en contexto la situación en Copala para enterarnos de lo que pasó
, y sostuvo que la violencia en la región se debe a que tres grupos están enfrentados desde hace tiempo
.
En la circunstancia presente, el conflicto en Copala exige la intervención federal, y por diversas razones: porque es imperativo detener el castigo inhumano e inaceptable impuesto a los integrantes de ese municipio autónomo durante meses, privados de alimentos y servicios de salud; porque la Ubisort opera, según la información disponible, como delincuencia organizada, y también porque la situación en el sitio es un indicador de la catástrofe que recorre al país en materia de seguridad pública y legalidad, en la que confluyen las actividades delictivas de los grupos vinculados al narcotráfico con las acciones de organizaciones de corte paramilitar. En la medida en que el gobierno federal no sea capaz de restablecer el estado de derecho en esa región, difícilmente podrá hacerlo en el resto del país, y los constantes llamados del calderonismo a procurar el respeto a las leyes y a sancionar a quienes las quebrantan serán vistos por la opinión pública nacional e internacional como un mero gesto discursivo y un ejercicio de incongruencia.
Ricardo Rocha“Lo que importa es que murieron 49 niños quemados en la guardería, cómo empezó el incendio es lo de menos”, dij
o un ministro en las deliberaciones de estos días. Algún otro ha expresado que sí es sustancial que el nuevo peritaje revele que el fuego fue provocado, aunque ello implique empezar de nuevo, rehacer el caso y de algún modo cuestionar el dictamen del ministro Arturo Zaldívar por ignorar el informe Smith o bien desestimarlo si es que sabía de su existencia.En medio, hay una tesis más sensata con la que yo —aunque no sirva de nada— estoy de acuerdo: las conclusiones de Zaldívar y Smith no son excluyentes; el primero se enfoca más a las deficiencias administrativas y corruptelas de dueños y funcionarios derivadas del perverso esquema de subrogación del IMSS; el segundo está focalizado en los orígenes del fuego y —como se informó el martes en EL UNIVERSAL— concluye que se trató de un incendio provocado por la quema intencional de archivos en la bodega del gobierno de Sonora y que al salirse de control se extendió a la guardería ABC.
La diferencia es que la Corte contrató a la empresa denominada The McMullen Company, que concluyó con una pericial muy parecida a la que ya habían realizado las procuradurías estatal y PGR: que, con mínimas diferencias de matiz, coinciden las tres en que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento y cortocircuito de un enfriador o cooler. Un diagnóstico ilógico e inaceptable no sólo para los padres de los niños, sino para cualquier habitante de Sonora y otros estados fronterizos que —para sobrevivir al calor— dejan prendidos hasta por seis meses continuos estos aparatos sin que pase absolutamente nada.
En consecuencia, la propuesta obligada sería sentar a los expertos de McMullen y Smith para que se pongan de acuerdo. Y de no ser así, por lo menos escuchar y evaluar los argumentos de unos y otros. Por cierto, ahora sale la PGR con que –casualmente– el viernes pasado ya ratificó el informe Smith y lo ha integrado a su averiguación. Qué bueno. Ya era hora, después de meses de menospreciarlo.
En cualquier caso, lo importante es que ayer por la noche los padres de Manos Unidas por Nuestros Niños y sus representantes han solicitado formalmente a la delegación de la PGR en Sonora que se cambie el estatus de la acusación contra los ocho empleados de la bodega del gobierno de Eduardo Bours que actualmente están libres bajo fianza por el delito de homicidio culposo o accidental. Se trata de que ahora se les arraigue por homicidio doloso e intencional. Y que se haga rápido, antes de que desaparezcan.
Yo estoy seguro de que ésta es la punta del hilo del que hay que tirar para desenredar la madeja en que se han convertido las investigaciones sobre el que siempre he calificado como un crimen y no una tragedia. Es indispensable saber quién o quiénes ordenaron la incineración de qué documentos y por qué a riesgo de lo que finalmente sucedió. De lo que jamás debió ocurrir. Y que mientras no se haga justicia seguirá siendo una herida abierta en la memoria colectiva de este país.
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