TIEMPO DE MUJERES

Violencia y resistencia

Pedro Miguel

Como no tienen legitimidad que preservar y como además el orden social está roto, los funcionarios del calderonato y los cacicazgos priístas estatales y sindicales se permiten cualquier cosa: organizar escuadrones de la muerte y presumirlo en público; tolerar y justificar la muerte de civiles a manos del Ejército; embolsarse carretadas de dinero; entregar vastas riquezas públicas a particulares; decir mentiras tan escandalosas como que la Constitución habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer (Calderón) o que el cadáver de Paulette estuvo nueve días enredado en un edredón sin que se dieran cuenta familiares, policías ni perros que se encontraban en el sitio (empleados de Peña Nieto); dar impunidad a los responsables de la muerte de los niños en la guardería ABC de Hermosillo; desaparecer por decreto una empresa eléctrica de propiedad nacional y dejar a más de 40 mil personas en el desempleo; permitir que las bandas de Ulises Ruiz asesinen a activistas y dirigentes en San Juan Copala y otros puntos de Oaxaca; encarcelar a personas inocentes y a líderes sociales y lograr, para los segundos, condenas absurdas; pisotear los derechos de los trabajadores y lanzar a los federales –al servicio de los empresarios privados y a balazos, en el más puro estilo porfirista– contra mineros y sus familiares en Cananea y Pasta de Conchos.

Bienvenidos al descontrol más peligroso, que no es el de sectores sociales, sino el de los poderes públicos. Al igual que al régimen genocida de Israel, que con una mano en la cintura comete piratería en aguas internacionales y practica a continuación el homicidio y el secuestro de civiles, a los actuales gobernantes de México no los desvela el qué dirán ni el qué harán. Si los capos han llegado al punto de mandarse a asesinar o a secuestrar entre ellos (dicen que Mouriño murió en un accidente, que Beltrán Leyva se resistió al arresto y que el secuestro de Fernández de Cevallos tiene un propósito meramente económico), lo de menos es aplastar a un sindicato, asfixiar un municipio autónomo, eliminar a un líder social incómodo o fabricar delitos contra ciudadanos en principio inocentes, como los alcaldes y funcionarios estatales y municipales de Michoacán detenidos hace cosa de un año en una redada de inocultables tintes electoreros. Da la impresión de que si este desgobierno federal no se ha empeñado más a fondo en la represión de los movimientos sociales opositores, ello no es por escrúpulos legales o de imagen, sino porque en su orden de prioridades va primero la disputa contra otros poderes fácticos.

A fin de cuentas, el tan profetizado estallido violento de 2010 ya empezó –incluso antes de este año– y no es bonito: no fue una sublevación obrera, campesina y popular, ni una guerrilla desafiante, sino la irrupción de ejércitos del narcotráfico que ya dominan extensas zonas del territorio nacional y que se enfrentan a las fuerzas armadas en combates en regla. A su manera, el poderío de la delincuencia es resultado de la depauperación, la miseria, la marginación, la corrupción federal, estatal y municipal, el desempleo, la cerrazón política, la destrucción del Estado desde sus puestos de mando, el saqueo de bienes nacionales y de recursos naturales, el abandono de los sistemas públicos de educación y salud, la claudicación de la soberanía; en suma, el saldo de la secuencia de gobiernos neoliberales Salinas-Calderón.

En esta circunstancia nacional trastornada los movimientos políticos, sociales y sindicales, empeñados en la defensa de la legalidad y en la transformación pacífica del país, cobran una relevancia central: son los únicos elementos de civilidad cuando el resto de los actores –incluidas corporaciones privadas y gobiernos federal y estatales– experimentan un corrimiento hacia la criminalidad y se disputan, a plomazos y levantones, el control del territorio. A pesar de los empeños oficiales por criminalizarlas, la resistencia y la organización popular son, por hoy, los únicos instrumentos visibles para mantener abierta la vía política –aunque no necesariamente la electoral– y recuperar la legalidad, rota por los grandes intereses empresariales y por los delincuentes, con o sin cargo oficial.

Los sindicatos de mineros y electricistas, el municipio autónomo de San Juan Copala, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los grupos prozapatistas y el movimiento lopezobradorista son, en la hora de los matones, otras tantas apuestas por la convivencia civilizada; son la reserva ética del país ante la barbarie, las semillas de la reconstrucción.

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El destino del SME ante la Corte

Magdalena Gómez

La huelga de hambre que mantienen mujeres y hombres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) forma parte de las múltiples vías que se han intentado para recuperar la fuente de trabajo que les fue despojada de manera arbitraria. Constituye también una forma de llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las graves implicaciones sociales, políticas y humanas que tendrá la posición que asuma al resolver el caso SME. Y que no se llamen a escándalo alegando que no aceptan presiones, cuestión que además de no ser veraz denota una visión sobre el derecho y la justicia de la que la realidad que el país está viviendo no se compadece. Hay de presiones a presiones: cuando los funcionarios de alto nivel o los prominentes abogados van a desayunar a la Corte están cabildeando y se vale, pero cuando los movimientos sociales afectados por decisiones de jueces y magistrados reclaman movilizados resulta inaceptable.

Además de analizar la constitucionalidad o no del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las ministras y los ministros deberían dar cuenta de sus implicaciones. ¿Cuántos organismos públicos se han extinguido con la cláusula final de que se respetarán los derechos de los trabajadores y automáticamente pasan a formar parte del nuevo patrón? ¿Por qué no se hizo igual en este caso? Si se enredan sólo en la bandera del formalismo acerca de si puede o no el Ejecutivo extinguir el organismo de Luz y Fuerza estarán obviando el hecho de que lo que se organizó fue el despido masivo, sin proceso previo alguno, de más de 40 mil trabajadores afiliados a uno de los pocos sindicatos históricos en este país con vínculos y trayectoria democrática.

La resolución de la juez primera de distrito que ha sido impugnada por el SME justifica la decisión del Ejecutivo de extinguir por razones financieras el organismo de Luz y Fuerza del Centro, desestimando el hecho de que tal decisión, en todo caso, y respetando los derechos de los trabajadores, correspondería al Legislativo, como lo fue para su creación. Y lo más grave es que so pretexto de que se trataba de una empresa ineficiente que prestaba un servicio de interés público, ubica la violación de derechos laborales como un acto de molestia frente a la defensa de un servicio estratégico. ¿La tesis calderonista del daño colateral? Los abogados del SME han dado puntual cuenta de la cadena de agravios que la resolución de la juez contiene. Debemos esperar que sean valorados y reconocidos por la Corte decidiendo en consecuencia.

Ojalá que enfoquen la mira en la vigencia de los derechos fundamentales de los asalariados y tomen conciencia de que la posición que asuman puede poner un alto a la embestida contra las trabajadoras y los trabajadores, que ahora resultan fácilmente prescindibles. Puedo imaginar el escepticismo que generan mis palabras en esta solitaria interlocución con una instancia tan polémica como la Suprema Corte, y sin embargo me hago cargo de que no debemos obviar la demanda de auténtica impartición de justicia que haga sentido a la democracia que requerimos, pues hoy por hoy está claro que el Poder Judicial debe transformarse, igual que los otros dos poderes.

Queda claro a estas alturas que las ministras y los ministros tienen diversas posturas jurídicas y políticas. Sí, lo dije bien y lo reafirmo: políticas e ideológicas. Basta con observar los contrastes en América Latina en los enfoques y visiones constitucionales en países como Argentina o Colombia, que no obstante las regresiones del Ejecutivo o las veleidades del Legislativo asumen la defensa de los principios fundamentales con autonomía e independencia, y por ello son factor de gobernabilidad.

Regresando a la huelga de hambre, los integrantes del Grupo Paz con Democracia visitamos su campamento en el Zócalo y encontramos que pese a que hay quienes llevan 40 días ahí, se aferran a encontrarle sentido a su sacrificio en función de que la Corte defina ya su posición. Obviamente esperan justicia. Este ejemplo está sirviendo además para que el resto de sus compañeras y compañeros les acompañen y se cohesionen para seguir luchando pacíficamente por sus derechos. Mientras, les llegan noticias de que en la Corte no están tratando este asunto con la urgencia que requiere. Obviamente, es más importante este asunto que la muy publicitada resolución de la semana pasada sobre brujos, curanderos y charlatanes.

Con el SME se ensayó la fase extrema del adelgazamiento del Estado porque lo que está en juego a través de la Comisión Federal de Electricidad como empresa de clase mundial es la privatización y la comercialización de otro proyecto. Si en algún momento se lograra clarificar y denunciar la problemática real de Luz y Fuerza del Centro seguramente se vería que han pretendido liquidar a dicho sindicato porque sigue siendo emblemático dentro de los sectores democráticos. De la Corte sólo se espera que defienda la Constitución. ¿Es mucho pedir?

El gobierno, contra los sindicatos

Editorial La Jornad

Con los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.

Son inocultables los paralelismos entre el trato gubernamental al gremio minero y la beligerancia oficial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), privado de su fuente de trabajo mediante la extinción, por un decreto presidencial de legalidad dudosa, del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. En uno y otro caso la Secretaría del Trabajo negó la toma de nota a las respectivas dirigencias, tomó partido por grupos disidentes minoritarios y emprendió una campaña sistemática de descalificaciones públicas y amenazas contra los trabajadores. En ambas circunstancias, por añadidura, la administración calderonista ha ordenado diversas agresiones policiales contra los sindicalistas y sus manifestaciones de protesta.

El correlato de la hostilidad antisindical del gobierno –respaldada en la mayor parte de los episodios por el Poder Judicial– ha sido una actitud pro empresarial, expresada, en el caso de la industria minera, en la exoneración de los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos y por la disposición oficial a favorecer, por todos los medios posibles, los intereses patronales. Por lo que respecta a la industria eléctrica, el golpe contra el SME ha sido aprovechado, adicionalmente, para ofrecer oportunidades de negocios, contratos y concesiones a diversas compañías privadas, empezando por las que la Comisión Federal de Electricidad reclutó para dar mantenimiento –a todas luces insuficiente, por lo demás– a la red de distribución eléctrica en el centro del país.

El desalojo de Cananea no fue tan pacífico como presumía ayer la Secretaría de Gobernación, si se considera que hay lesionados y que en la acción se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego. Igualmente grave es el señalamiento de que las propias fuerzas policiales propiciaron el incendio de un local del yacimiento, perpetrado, a decir de los sindicalistas, por un grupo de porros que acompañaba a las fuerzas del orden.

El peor de los incendios, sin embargo, puede ser de orden social, y resulta desolador que el gobierno federal parezca empeñado en producirlo mediante el mantenimiento de una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, una tónica persistente de violaciones a los derechos humanos y una política de constante confrontación que desmiente los insistentes llamados oficiales a la unidad de todos los mexicanos.