Análisis del abogado Lorenzo Ramos del Movimiento 5 de junio
Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Hermosillo, Son, 7 jun 10 (CIMAC).- A un año del incendio de la guardería ABC en esta ciudad, las madres y los padres de familia, que integran el “Movimiento 5 de junio”, junto con su abogado, Lorenzo Ramos, coinciden en que conocieron las verdaderas entrañas de la corrupción en el país.
Al hacer un balance de las acciones jurídicas que emprendieron por el incendio del 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niñas y niños, así como lesiones de por vida a 75 más, reconocen que en su estrategia fue crucial colocar el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es probable que en México pronto hablemos de un antes y un después en el tema de la impunidad. El caso ABC, podría ser el parte aguas entre el olvido y la justicia.
Entre los principales retos jurídicos que implicó el caso ABC es su complejidad, que se expresa no sólo en el número de víctimas, entre víctimas mortales -un número muy elevado- y víctimas con severos daños en la salud, afirmó en entrevista, el abogado Ramos.
En segundo término, ubicó la dificultad del caso en el número, grados y categorías de los responsables. No se trata de un acto delictuoso entre particulares, sino de que aquí están involucrados los tres niveles de gobierno, los poderes del Estado mexicano.
Nos enfrentamos, dijo, a una cadena aparentemente interminable de corrupción, de corruptelas, de simulación, de tráfico de influencias, enmarcadas en un desprecio absoluto al Estado de derecho que dicen defender, abundó.
Las autoridades obligadas a hacer cumplir la ley, en este caso las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lejos de realizar su tarea, hicieron desde el principio un control de daños descarado. Expresado en reducir y minimizar el número de responsables y los niveles de esos responsables.
El abogado criticó la manera en que se redujo el hecho y se pretendió “engatusar” a la sociedad, a los padres, con el resultado inicial de señalar a 13 personas, que si bien nadie puede decir que sean inocentes, es evidente que no son los mandos medios, sino los superiores, quienes verdaderamente determinaron la existencia de esta tragedia.
A todos esos implicados los catalogaron como probables responsables de delitos no graves. Es decir, 49 homicidios no graves, culposos. 80 lesiones no graves, sino culposas. Les permitieron manejarse en libertad, pero la justicia, para las mamás y los papás de las víctimas, la justicia pasa por el encarcelamiento de los responsables.
Sobre la determinación de la SCJN para ejercer su facultad de investigación, el abogado consideró que fue determinante “el evento mismo, tan atípico, tan fuera de lo común, tan doloroso. Ver el dolor de tantos niños inocentes lacerados, niños fallecidos, pero también fue determinante que los papás y mamás hayan ido personalmente a pedir su intervención”.
Las razones de los padres fueron que el gobierno de Sonora y el gobierno federal los estaban defraudando, que era insatisfactoria la investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, una burla que se sumó a la de las procuradurías, Estatal y General de Justicia, añadió Lorenzo Ramos.
“Cada vez que la SCJN da a conocer novedades sobre el caso ABC, advertimos que se van cumpliendo las expectativas trazadas desde el principio por esta defensa jurídica”.
Ahora que el ministro Arturo Saldívar entregó su proyecto de dictamen en el que señala que, los hechos del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, fueron consecuencia de los actos y omisiones de los servidores públicos, esperamos que la SCJN:
“En primer lugar ratifique el proyecto del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, es un informe preliminar que de alguna forma ratifica el que ya habían rendido los magistrados Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, que integraron la comisión investigadora, pero también enriquece y amplía el rango de responsables.
El hecho de que incluya al actual director de Seguro Social (Daniel Karam Touméh), es una situación que enriquece la calidad en la búsqueda de la justicia. Este servidor público, evidentemente no sólo fue artífice de la continuación de las ilegalidades y disimulos en la supervisión y control de las guarderías, sino que con esto avaló, y al día siguiente del incendio fue a los medios y dijo que la guardería ABC cumplía con todas las normas de seguridad.
“Es decir, estaba cubriendo a su equipo, a sabiendas de que la guardería tiene, por decirlo coloquialmente, un pecado de origen, en cuanto a que había sido subrogada, sin que haya facultades legales para hacerlo”.
El hecho de que el ministro Saldívar retome el informe de la comisión investigadora, y además lo enriquezca y con ese enriquecimiento lo distribuye entre sus compañeros Ministros, pues obviamente nos conduce a un optimismo moderado, de que pueda eventualmente ser aprobado.
Este proyecto de dictamen requiere de seis votos de los 11 ministros que integran el pleno para que se convierta en un dictamen definitivo, y que a la vez constituya una herramienta valiosa para la búsqueda de la justicia, que vamos a hacer valer en las instancias nacionales.
El abogado dijo que en caso de que sea aprobado el dictamen por el pleno de la Corte, el gobierno Federal deberá acatarlo y si eso no ocurre, “iremos a la Corte interamericana, a decir que en México se está negando la justicia, a pesar de que el máximo órgano de justicia está determinando eso”.
Para cumplir con el dictamen de la SCJN, el gobierno deberá destituir a Daniel Karam, a Juan Molinar Horcaditas y que vayan al Ministerio Público federal a rendir su declaración, y que sean consignados junto con todos los demás servidores que menciona la Suprema Corte ante un juez federal, que en este caso debe ser el Juez Primero de distrito en Hermosillo.
PROPUESTA DEL MOVIMIENTO 5 DE JUNIO
Las madres y padres del Movimiento 5 de junio proponen una Ley General de Estancias Infantiles de todo tipo, que sea expedida por el Congreso de la Unión. Sería una ley marco para operar todas las guarderías del país y que no puedan ser subrogadas.
Una Ley General de Estancias Infantiles implica que se reconozca institucionalmente que la educación en estancias infantiles es un nivel educativo. Así como hay un nivel educativo preescolar, primario, secundario, preparatoria y profesional, es decir que no quede ese punto ciego de edades de cero a cuatro años sin reglamentación, concluyó el abogado
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