TIEMPO DE MUJERES

Daños colaterales

Miguel Concha

La primera vez que leí esta bárbara expresión, aplicada ignominiosamente a las víctimas civiles de un conflicto bélico, fue en el libro Globalización, caos y sujeto en América Latina. El impacto de las estrategias neoliberales y las alternativas (DEI, Costa Rica, 2001). En su capítulo II, titulado Globalización y liberación de los derechos humanos (pp. 127-152), el filósofo colombiano Germán Gutiérrez reprocha al filósofo alemán Jürgen Habermas su ingenuidad por justificar con la bandera de los derechos humanos la guerra de Kosovo, declarada por los gobiernos de Estados Unidos y Europa y llevada a cabo por las fuerzas de la OTAN. Le echa en cara además su falta de sentido crítico por lamentar no tanto los daños colaterales que produjeron aquellas acciones armadas, supuestamente emprendidas con precisión quirúrgica (otro neologismo correlativo con el anterior), en la infraestructura y en la población serbia y kosovar, sino su fracaso en la construcción de una nueva ciudadanía universal, impuesta por fuera de cualquier institucionalidad formal, realmente internacional.

Volví a escuchar aquí en México tan irrespetuosa expresión, ahora referida a las víctimas civiles de la batalla contra el crimen organizado declarada por el gobierno federal, pero para nuestra desgracia en labios del mismo secretario de la Defensa Nacional. Y hay por ello que saludar el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 11 de mayo, en el que solicita al titular del Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando –respecto a la comisión de delitos– edad, sexo y situación legal.

El próximo 17 de junio se presentará también ante el comité de expertos del protocolo facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en Ginebra, un informe alternativo de la Red de la Infancia en México (Redim), que en su capítulo tercero incluye por primera vez una oportuna descripción de la forma peculiar de conflicto armado que constituye la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en México, y ha causado la muerte de miles de civiles, muchos de ellos niños y niñas, en enfrentamientos entre el Ejército y la delincuencia organizada, y entre grupos delictivos.

No obstante la opacidad y el secretismo que sobre todo ahora y en estas materias caracteriza a las instituciones públicas de México, la Redim, con base en un reporte entregado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, recuerda que desde finales de 2006 el número de víctimas se ha incrementado significativamente, llegando a más de 22 mil muertos, de los cuales 92 por ciento fueron ejecutados. Afirma además que el año más violento ha sido 2009, con 8 mil 928 muertos; y en lo que se refiere a la infancia precisa que 823 niños y niñas han perdido la vida de diciembre de 2006 a diciembre de 2009 en la lucha contra la delincuencia organizada.

Cabe añadir que en las últimas semanas el número de casos se ha incrementado (81 de enero a la fecha), por lo que se considera que debe haber ya 100 casos en lo que va del año. Para subrayar la importancia de estas cifras, dice también la Redim, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los más de 900 en los últimos tres años y medio. Por lo que se refiere a la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, la Redim afirma que desde 1997 hasta 2007 la tasa había venido bajando sistemáticamente, al pasar de 17 en 1997 a 10 en 2007; pero que en 2008, justo un año después del inicio de la lucha frontal contra el narcotráfico, el número de homicidios volvió a subir a 12 (11.8), “lo que de nuevo coloca a México sobre el umbral de 10 sobre 100 mil habitantes, que la Organización Mundial de la Salud considera ‘epidémico’”.

Hay además algunas entidades federativas que padecen tasas muy elevadas, como es el caso de Sinaloa (43.7), Chihuahua (42.1), Guerrero (30.2), Durango (27.8) y 10 estados más que tienen tasas hasta cuatro veces más altas que la media nacional. En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando con ello el triste récord de la ciudad más violenta del mundo. Finalmente, por lo que se refiere a las defunciones por homicidios de menores de 17 años, las tasas registradas por la Redim son por supuesto más bajas que la media nacional, que toma en cuenta a toda la población. Sin embargo en los estados donde la tasa de homicidios dolosos aumentó, también aumentó la tasa de homicidios de adolescentes entre los 15 y 17 años por cada 100 mil habitantes. En un solo año, por ejemplo, de 2007 a 2008, subió en Baja California de 8.33 hasta 24.3 (un 291.7 por ciento), y en Chihuahua de 12.6 a 45.95 (un 364 por ciento). Aún más impresionante es el caso de Sinaloa, que pasó de 3.13 hasta 17.01, alcanzando con ello un incremento de 543 por ciento.

Por todo ello la Redim recomienda entre otras cosas que no se criminalice a la adolescencia y a la juventud, para que estos delitos contra ellos no queden en la impunidad, sino que por el contrario se prevenga su involucramiento en acciones delictivas, mediante el establecimiento de oportunidades sociales de las que ahora carecen. Pide también la elaboración de un sistema de información sobre menores de 18 años víctimas o autores de delitos relacionados con la delincuencia organizada, con datos desglosados por sexo, edad, estado y municipio.

México-EU: omisiones inaceptables

Editorial La Jornada

La 49 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se desarrolla en Campeche, se inició ayer en un clima particularmente difícil para una realidad bilateral de por sí compleja y desequilibrada. A las tradicionales problemáticas comunes en materia migratoria y de seguridad binacional –exacerbadas en el contexto de la guerra contra la delincuencia y la aprobación de la racista ley Arizona– se ha de sumar el desasosiego y la indignación generalizados por los asesinatos de Anastasio Hernández Rojas –en el cruce fronterizo de Tijuana y San Diego– y de Sergio Adrián Hernández –en el puente internacional Paso del Norte–, ambos a manos de policías fronterizos estadunidenses.

A pesar de la gravedad de la circunstancia, y no obstante las condenas expresadas la víspera por algunos de los legisladores de nuestro país, éstos no alcanzaron a recoger, en un pronunciamiento firme y conjunto y ante sus contrapartes estadunidenses, la dimensión del descontento social generado por estos sucesos ni las consecuentes demandas de esclarecimiento y castigo para los responsables. La propuesta formulada la víspera por el legislador panista Gustavo Madero –ausente en esta reunión– de manifestar explícita y simbólicamente la condena del Congreso mexicano mediante el uso de un moño negro fue desatendida por la generalidad de los legisladores de nuestro país que acudieron a la cita. Para colmo, en la sesión de ayer el acento principal en torno al asunto no provino de los representantes nacionales, sino de los estadunidenses: el senador demócrata Christopher Dodd pidió un minuto de silencio por las víctimas, expresó sus profundas condolencias por los asesinatos de referencia y ofreció una investigación abierta y transparente de este incidente, si bien llamó a no prejuzgar resultados.

La ausencia de una condena unívoca y firme por parte de los integrandes del Poder Legislativo de nuestro país resulta lamentable y preocupante en la medida en que revela una tibieza inaceptable de los legisladores ante un hecho que ha estremecido a la opinión pública nacional, y pone en relieve una ruptura creciente entre el conjutnto de la población y quienes formalmente ostentan cargos de representación popular. Dicha omisión, por lo demás, se vuelve tanto más desoladora si se toma en cuenta la poca firmeza con que ha reaccionado el Ejecutivo federal frente a los asesinatos referidos.

En suma, el arranque de la reunión interparlamentaria binacional arroja una perspectiva descorazonadora tanto para las relaciones entre ambos países como para la situación política y social al interior del nuestro, porque si los representantes populares se muestran incapaces de asimilar y transmitir el sentir generalizado de temor, zozobra e indignación de los ciudadanos ante hechos como los comentados, el conjunto de la sociedad pudiera enfrentarse, más temprano que tarde, al agotamiento de los cauces formales e institucionales para expresar y encauzar sus descontentos.

Porfirio Muñoz Ledo

Bicentenario trágico

Según los parámetros aceptados para definir un Estado fallido, éste se expresa por la incapacidad de los gobiernos para resolver por la vía pacífica y legal los conflictos sociales y por la pérdida de la jurisdicción efectiva sobre el territorio. En ambas vertientes, el predominio de la violencia: la que ejerce la autoridad contra los ciudadanos y la de los agentes criminales que avasallan a los poderes públicos. Por añadidura: los crímenes cometidos por agentes extranjeros en suelo nacional.

Hay una gravitación trágica en las celebraciones centenarias. Los acontecimientos que se conmemoran correspondieron a la terminación de largos periodos históricos que desembocaron en el derrocamiento de sistemas políticos. Se trataba sin embargo de regímenes consolidados que preservaban una notable fortaleza. Ahora vivimos la lenta agonía de la decadencia: el agotamiento de las reservas de la moral pública y la impotencia del gobierno para revertir la desintegración nacional.
Las fiestas del centenario hoy se llaman Iniciativa México. Entonces fue el oropel de las inauguraciones, desfiles y altos representantes extranjeros. Ahora es la trampa publicitaria del imperio televisivo, que cataliza el fervor popular por su equipo de futbol en las fanfarrias de un patriotismo ramplón, coronado por un símbolo presidencial inconsistente. Remembranza también de la parafernalia oficial cuando los Juegos Olímpicos de 1968.
Las preferencias deportivas no se compadecen con el parangón político. Estamos con los nuestros, pero no con todos. Entre Mandela y Calderón no hay duda en la elección. El primero es símbolo indiscutible de la liberación de los pueblos oprimidos, la igualdad racial y la perseverancia. Al segundo le ha correspondido el naufragio de una prometedora transición en la ilegitimidad, la incompetencia y el desprecio por los derechos fundamentales de sus compatriotas.

El debate central son los derechos humanos. ¿Cuáles, cómo y para qué? Esto es, su especificación, alcance y jerarquía, sus mecanismos de promoción y salvaguarda, y sobre todo, la voluntad efectiva para observarlos. Tras el planteo de la revisión integral de la Constitución por medio de una profunda reforma del Estado en el 2000 se encontraba la decisión de la comunidad nacional, expresada en las urnas, de modificar desde sus raíces el sistema político y emprender un rumbo nuevo.
Fracasó por la mediocridad y avaricia de sus dirigentes. Retribuyeron la grandeza de la sociedad con la pequeñez de los gobernantes. Resulta inexplicable que se pretenda ahora una reforma de gran calado en derechos humanos cuando sus autores están inmersos en una política de signo contrario: agresora de las prerrogativas que se finge fortalecer en el papel. Más aun, cuando se niegan a revisar con seriedad las evidentes lagunas, retrocesos e inconsistencias de su proyecto.
Asunto cardinal es la consideración expresa de los derechos sociales y políticos en tanto derechos humanos, como lo establecen los tratados en la materia. También los mecanismos de exigibilidad de esos derechos, que están siendo violados con particular saña y contumacia por el uso ilegal de la autoridad en controversias laborales, sindicales y electorales.

La zaga de violaciones cometidas en contra de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores de la extinta compañía mexicana de Luz y Fuerza han trascendido a los escenarios multilaterales —hace unos días en la Organización de los Estados Americanos. Si los promotores de reformas en ese campo actuaran de buena fe, les bastaría someterse a la jurisdicción internacional. Por el contario, multiplican los agravios contra los obreros y reinstalan empresas depredadoras cuyos derechos han sido suspendidos.

El desalojo de las familias trabajadoras en Pasta de Conchos y la toma por la fuerza de las instalaciones de Cananea son excesos que evidencian la falacia de sus autores y evocan los daguerrotipos de la represión porfirista. Son una celebración en vivo que invita al ejercicio del más sagrado de los derechos: la resistencia a la opresión.
Diputado federal del PT