TIEMPO DE MUJERES

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Violencia y descomposición en el norte

Editorial La Jornada.

Los fenómenos de violencia y descontrol que cunden en la franja norte del territorio nacional, en semanas y meses recientes, ponen en perspectiva la extrema debilidad –si no es que la ausencia– de la legalidad y el estado de derecho en esa región, en la que convergen el accionar de las organizaciones delictivas, las violaciones regulares a los derechos humanos y laborales, la corrupción, la impunidad y la compleja problemática de una relación bilateral caracterizada por las asimetrías económicas y sociales.

A la cuota diaria de asesinatos y levantones relacionados con el narco, que ocurren en el arco territorial que va del océano Pacífico al Golfo de México –de Baja California hasta Tamaulipas–, ha de añadirse el explosivo conflicto minero de Cananea, cuyos episodios más recientes son el desalojo del pasado domingo por la noche y el enfrentamiento ocurrido ayer entre trabajadores y elementos de la Policía Federal, que arrojó un saldo extraoficial de cinco heridos.

La facilidad con que grupos delictivos paralizan el tránsito en Monterrey y su área metropolitana, y toman el control de pozos petroleros en Tamaulipas, pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades de los distintos niveles para restablecer el orden y la gobernabilidad en la zona septentrional del territorio nacional. Tal incapacidad es evidente también en la confusión y la impunidad que suelen prevalecer tras los atropellos de las fuerzas del orden en contra de civiles en el contexto de la guerra contra el narcotráfico; en el hecho de que nadie haya sido sometido a proceso por el incendio de la guardería ABC, ocurrido hace un año en Hermosillo, Sonora, y en el incremento de incidentes binacionales que terminan en tragedia, como los asesinatos de Anastasio Hernández Rojas y de Sergio Adrián Hernández –en los cruces fronterizos de Tijuana y Ciudad Juárez, respectivamente– a manos de policías fronterizos estadunidenses.

Los múltiples fenómenos de violencia que integran la explosiva realidad del país tienen como denominador común un deterioro generalizado del tejido social e institucional, que se gesta, a su vez, en la desigualdad, el desempleo, la marginación, la corrupción, la miseria y el abandono del campo, y que se expresa en forma de delincuencia organizada, migración y descomposición política.

En la circunstancia presente, la indolencia del grupo gobernante ante los factores originarios de la violencia y la ingobernabilidad coloca al país ante la perspectiva de una desarticulación nacional que comienza a expresarse en las entidades del norte –hasta hace no mucho consideradas un escaparate de riqueza y de prosperidad–, pero que pudiera extenderse a otras franjas del territorio.

Sin una reorientación de las directrices vigentes en materia económica, sin una reactivación del mercado y la economía internos, sin un combate efectivo a la corrupción y una moralización de los distintos niveles de la administración pública, no debe extrañar que el Estado mexicano muestre, en amplias franjas del país, una incapacidad creciente para cumplir sus funciones básicas en materia de gobernabilidad, seguridad pública y procuración de justicia: a fin de cuentas, la actividad estatal no puede ni debe reducirse al despliegue de la fuerza pública –civil o militar– en las calles.

El supuesto compromiso del actual gobierno con la legalidad y el estado de derecho será creíble y digno de respaldo cuando sus acciones en el terreno de la seguridad pública vayan acompañadas de las medidas correspondientes en materia económica, social, educativa, política, laboral y de salud pública.

Los derechos humanos según Gómez Mont

Víctor M. Quintana S.

Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.

Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de exageradas y generalizadoras en sus denuncias a los militares.

A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.

Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.

Hasta ahora las tres personas permanecen de-saparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.

Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.

Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….

No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.

¿Y los derechos de los niños Apá…?

Emilio Álvarez Icaza
Espacio Civil

El próximo lunes inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una discusión de la mayor importancia para la vigencia de los derecho de niños, niñas y jóvenes en México. Se presenta la deliberación, y en su caso aprobación, del informe que, conforme a la facultad de investigación aún contenida en el artículo 97 constitucional, presentó el Ministro Arturo Zaldívar en relación con la tragedia de la Guardería ABC.

Este hecho revela, al menos, dos aspectos que no se pueden pasar desapercibidos, primero, la deficiencia de las respuestas que dieron las instancias públicas federales, estatales y municipales como para que la Corte tenga que intervenir; segundo, la confianza depositada en la Suprema Corte por padres y madres de los niños víctimas en la guardería de Hermosillo. Las debilidades de nuestro sistema democrático han quedado expuestas descarnadamente cuando oímos una y otra vez testimonios desgarradores de padres y madres de familia a los que no se les atiende ni hace justicia. Para muestra un botón: además de perder a su hijo, una familia perdió ya su casa, pues al tener que litigar y atender las consecuencias de la tragedia quebró su pequeño negocio y cayó en mora de pagos. Ahí las instituciones sí fueron eficaces y se embargó su vivienda. Sus muebles están ahora en la cochera del abogado que lleva su caso.

Las pérdidas no paran. Si el pleno de la SCJN aprueba el informe presentado por el Ministro, no sólo sentará importantes precedentes en materia de protección y defensa de los derechos de niños, niñas y jóvenes, sino que además atendería tres aspectos fundamentales: coadyuvar al combate a la impunidad y fortalecer la justicia; contribuir a hacer realidad la garantía de no repetición y abrir puertas para la reparación del daño cuando esto sea posible. Por más que se niegue, en el caso de la Guardería ABC existen responsabilidades ineludibles de servidores públicos.

Cierto es que hay niveles diferenciados, pero lo que resulta inaceptable para un Estado que se dice democrático es que mueran 49 niños y niñas, cerca de 70 tengan serias consecuencias, algunas de por vida, y no pase nada. La SCJN tiene una gran oportunidad para mandar un poderoso mensaje: NO A LA IMPUNIDAD. PARENTESIS: Este año se cumplen veinte años de la ratificación de México a la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Escenario ideal para que los poderes federales encabecen una reflexión de que hemos logrado y por dónde avanzar.