¿Es posible la justicia en México?
Alberto Aziz Nassif
Una parte muy importante de los problemas que tiene el país para llegar a tener una democracia con mayúsculas pasa por las debilidades y obstáculos que tiene el Estado de derecho. Esta debilidad se expresa en la desastrosa impartición de justicia que tenemos, la cual es uno de los factores más preocupantes del Estado mexicano. Una expresión de este complejo problema es la abrumadora impunidad: en un estudio reciente el espec
ialista Guillermo Zepeda habla de un índice de 98.76% (CIDAC). Este grave déficit en nuestra vida pública nos lleva a revisar lo que ha pasado con la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde hace un año murieron 49 niños y más de 70 resultaron lesionados.
Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, acaba de publicar un libro, La idea de la justicia, en donde señala que hay una dinámica que se puede establecer entre justicia e injusticia. Una tragedia, dice el autor, como una hambruna, pasa a ser una injusticia cuando se sabe que pudo haber sido evitada. En este caso, ¿se pudieron haber evitado estas muertes?, ¿de qué justicia hablamos? Resulta que en México tenemos una pesada burocracia institucional que se encarga, supuestamente, de la justicia, pero con los elevados niveles de impunidad, la impartición y procuración de justicia fallan. Sin embargo, no todo está perdido. Un movimiento social auténtico puede mover algunos milímetros los enormes márgenes de impunidad, como ha sucedido con la relación entre los padres de familia de los niños de la Guardería ABC y las estructuras de justicia del país.
Ha transcurrido un año desde la tragedia y ya hay resultados importantes. La lentitud de la justicia sólo equivale a la forma en la que las autoridades han enfrentado este caso. Un año se tardó Calderón em recibir a un grupo de padres que perdieron a sus hijos. Un año después se ha dado a conocer el proyecto que el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha elaborado (EL UNIVERSAL, 4/VI/2010). Un año en donde el movimiento social de padres ‘5 de Junio’ no ha dejado de exigir justicia. Su reclamo se encuentra en un manifiesto que pide desde una “justicia ejemplar, completa e imparcial”, la “reparación del daño moral”, una “atención médica especializada”, la “cancelación de los contratos de subrogación”, hasta una “sustitución del modelo neoliberal de salud”.
Este caso ha mostrado la vulnerabilidad sobre la que se están construidas muchas de las instituciones del país. El esquema de subrogación de guarderías, un servicio básico para las familias, ejemplificó que hay riesgos altos en materia de seguridad y falta de cumplimiento de la legalidad. Una vez que sucedieron los hechos se inició un largo y fatigoso camino que pasó por los tres niveles de gobierno, a los que ahora el ministro Zaldívar responsabiliza.
¿Ante qué tipo de justicia estamos con este dictamen? La exigencia de los padres de familia ha logrado un paso importante. Tuvo que intervenir el máximo tribunal de justicia del país, lo que se debería haber resulto en las instancias inmediatas de procuración de justicia. La facultad que le da la Constitución a la SCJN para investigar casos de violaciones graves es un recurso importante, facultad que, está a punto de ser transferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de que el dictamen sea aprobado —discusión que se iniciará el próximo 14 de junio—, para lo cual necesitan seis votos, sus consecuencias no serán jurídicas sino de carácter moral y político. Casi nadie cree que este caso pase a un nivel en donde la impunidad pierda la batalla: sólo dos de cada 10 ciudadanos consideran que se castigará a los responsables (Reforma, 4/VI/2010).
Los principales argumentos que se han desvelado con la investigación y el dictamen tienen que ver con una idea que le da fuerza a este caso: la muerte de los niños de la Guardería ABC pudo haber sido evitada, que es otra forma de decir que por las fallas institucionales, por la violación de la legalidad, por la falta de condiciones de seguridad apropiadas para una estancia infantil, por corrupción, sucedió la muerte de estos 49 niños indefensos y eso genera una injusticia enorme, porque quienes pudieron haberla evitado han fallado, como dice Amartya Sen. Falta saber si este dictamen será aprobado y ver qué tipo de consecuencias puede tener en el desastroso sistema de impartición de justicia que hoy tenemos, y que, todo indica, seguiremos padeciendo…
Investigador del CIESAS
Una parte muy importante de los problemas que tiene el país para llegar a tener una democracia con mayúsculas pasa por las debilidades y obstáculos que tiene el Estado de derecho. Esta debilidad se expresa en la desastrosa impartición de justicia que tenemos, la cual es uno de los factores más preocupantes del Estado mexicano. Una expresión de este complejo problema es la abrumadora impunidad: en un estudio reciente el espec
ialista Guillermo Zepeda habla de un índice de 98.76% (CIDAC). Este grave déficit en nuestra vida pública nos lleva a revisar lo que ha pasado con la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde hace un año murieron 49 niños y más de 70 resultaron lesionados.Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, acaba de publicar un libro, La idea de la justicia, en donde señala que hay una dinámica que se puede establecer entre justicia e injusticia. Una tragedia, dice el autor, como una hambruna, pasa a ser una injusticia cuando se sabe que pudo haber sido evitada. En este caso, ¿se pudieron haber evitado estas muertes?, ¿de qué justicia hablamos? Resulta que en México tenemos una pesada burocracia institucional que se encarga, supuestamente, de la justicia, pero con los elevados niveles de impunidad, la impartición y procuración de justicia fallan. Sin embargo, no todo está perdido. Un movimiento social auténtico puede mover algunos milímetros los enormes márgenes de impunidad, como ha sucedido con la relación entre los padres de familia de los niños de la Guardería ABC y las estructuras de justicia del país.
Ha transcurrido un año desde la tragedia y ya hay resultados importantes. La lentitud de la justicia sólo equivale a la forma en la que las autoridades han enfrentado este caso. Un año se tardó Calderón em recibir a un grupo de padres que perdieron a sus hijos. Un año después se ha dado a conocer el proyecto que el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha elaborado (EL UNIVERSAL, 4/VI/2010). Un año en donde el movimiento social de padres ‘5 de Junio’ no ha dejado de exigir justicia. Su reclamo se encuentra en un manifiesto que pide desde una “justicia ejemplar, completa e imparcial”, la “reparación del daño moral”, una “atención médica especializada”, la “cancelación de los contratos de subrogación”, hasta una “sustitución del modelo neoliberal de salud”.
Este caso ha mostrado la vulnerabilidad sobre la que se están construidas muchas de las instituciones del país. El esquema de subrogación de guarderías, un servicio básico para las familias, ejemplificó que hay riesgos altos en materia de seguridad y falta de cumplimiento de la legalidad. Una vez que sucedieron los hechos se inició un largo y fatigoso camino que pasó por los tres niveles de gobierno, a los que ahora el ministro Zaldívar responsabiliza.
¿Ante qué tipo de justicia estamos con este dictamen? La exigencia de los padres de familia ha logrado un paso importante. Tuvo que intervenir el máximo tribunal de justicia del país, lo que se debería haber resulto en las instancias inmediatas de procuración de justicia. La facultad que le da la Constitución a la SCJN para investigar casos de violaciones graves es un recurso importante, facultad que, está a punto de ser transferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de que el dictamen sea aprobado —discusión que se iniciará el próximo 14 de junio—, para lo cual necesitan seis votos, sus consecuencias no serán jurídicas sino de carácter moral y político. Casi nadie cree que este caso pase a un nivel en donde la impunidad pierda la batalla: sólo dos de cada 10 ciudadanos consideran que se castigará a los responsables (Reforma, 4/VI/2010).
Los principales argumentos que se han desvelado con la investigación y el dictamen tienen que ver con una idea que le da fuerza a este caso: la muerte de los niños de la Guardería ABC pudo haber sido evitada, que es otra forma de decir que por las fallas institucionales, por la violación de la legalidad, por la falta de condiciones de seguridad apropiadas para una estancia infantil, por corrupción, sucedió la muerte de estos 49 niños indefensos y eso genera una injusticia enorme, porque quienes pudieron haberla evitado han fallado, como dice Amartya Sen. Falta saber si este dictamen será aprobado y ver qué tipo de consecuencias puede tener en el desastroso sistema de impartición de justicia que hoy tenemos, y que, todo indica, seguiremos padeciendo…
Investigador del CIESAS
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
ABC: incendio provocado
No es fácil tenerlo
en las manos. Sus páginas todavía queman. Y sobre todo duelen. Porque establecen lo que muchos han venido negando siquiera como posibilidad: el incendio de la guardería ABC en Hermosillo fue intencional y provocado por uno o varios sujetos desde la bodega colindante de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora.Esta no es la única pero sí la principal conclusión del peritaje realizado por David Smith y su equipo de la Associated Fire Consultants Incorporates. Se trata de un experto reconocido internacionalmente, de absoluta imparcialidad y cuyo único propósito es un diagnóstico científico de qué fue lo que pasó aquel 5 de junio de 2009.
No se requiere ser un especialista para inferir que se trata de un estudio serio, sólido y contundente. Examiné el original en inglés, del cual tengo una copia en video. Tengo también una traducción impresa al español, aprobada por su autor. En ambos, estremece enterarse que sin lugar a dudas se descarta cualquier otro origen del incendio. La conclusión es que se trató de una “fuente de ignición directa, como una flama”, con ayuda de un líquido combustible.
Por supuesto que horroriza también la interrogante de quién o quiénes estaban interesados en incinerar documentos oficiales —y con qué propósito— justo al lado de la precaria barda que dividía la bodega de la guardería en el galerón del inflamable techo común.
Pero igualmente asombra que este peritaje se haya realizado desde el mes de enero y no hubiese trascendido hasta ahora. La explicación es que los padres de Manos Unidas —menos belicosos que los del Movimiento 5 de Junio— querían coadyuvar con las investigaciones del gobierno federal y buscaron a un experto incuestionable, entregando sus resultados a la Procuraduría General de la República a cargo de la indagatoria oficial. Pero ocurre que ahora están desesperados porque hasta el momento la propia PGR se ha negado a ratificar la validez de este dictamen técnico por razones que nunca les han explicado. Es más, me dicen que enteraron al presidente Calderón de todo este episodio en la pasada reunión del miércoles 2 en Los Pinos. Aunque siguen sin respuesta.
Por tanto, las preguntas son válidas: ¿por qué el gobierno federal se ha negado a reconocer el Informe Smith? ¿Por qué ni siquiera se ha mostrado dispuesto a discutirlo? ¿Por qué no lo ha hecho público? Y, finalmente, ¿es ésta la información privilegiada que ha hecho que el señor Gómez Mont diga tan orondo que no descarta que el incendio haya sido intencional?
Alejandro Encinas Rodríguez
San Juan Copala, caciquismo y complicidad
Al momento de que estas líneas sean publicadas deberá estar avanzando la caravana que pretende romper el cerco paramilitar y llevar un mensaje de paz y ayuda humanitaria a San Juan Copala, comunidad enclavada en la región baja triqui de la sierra mixteca, que es objeto de una de las expresiones más crueles del caciquismo imperante e impune al cobijo del gobierno de Oaxaca, y que sólo a lo largo del último cuarto de siglo ha cobrado la vida de más de 600 personas.
La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.
Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.
En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.
Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).
En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.
Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.
La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.
Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.
En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.
Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).
En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.
Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.
La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.
Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
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