Por Daniela Pastrana, enviada especial
 |  Crédito: Daniela Pastrana /IPS |
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"A veces toco fondo", reconoció a IPS esta mujer de 52 años en su hogar, con la voz apagada y una mirada tristísima detenida en algún lugar del desierto que rodea el barrio de Lomas de Poleo, ubicado en el extrarradio poniente de Ciudad Juárez, a una media hora del centro y donde la pobreza es evidente.
La arena que cubre sus calles sin pavimentar es una extensión del largo desierto, que durante las últimas dos décadas ha sido testigo de una de las manifestaciones más grotescas e impunes de la violencia sexista en el mundo.
Paula Flores es la protagonista de un documental que participó en el Tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, que se celebró del 21 de mayo al 3 de junio en Ciudad de México, a 1.840 kilómetros al sur Juárez.
Dirigida por José Bonilla, "La Carta. Sagrario nunca has muerto para mí" recupera a través de la madre los 12 años de la batalla por justicia de la familia de Sagrario González Flores, violada, torturada y asesinada en 1998.
"Juárez es un tema que nos cuestiona a todos", dijo el director a IPS.
Sagrario desapareció el 16 de abril de 1998, dos meses antes de cumplir 18 años. Su martirizado cuerpo se localizó en el desierto 14 días después. Era la cuarta de los siete hijos de Paula Flores y Jesús González. El padre se suicidó en 2006, incapaz de superar la pena.
La familia había llegado a Juárez en 1995, procedente de una localidad del vecino estado de Durango, con el sueño de mejorar sus vidas en la ciudad donde prosperaban las maquiladoras.
México se convirtió en los años 70 en tierra fértil para esas ensambladoras de bienes para la exportación, que gozan de exenciones, desregulaciones y mano de obra barata, a cambio de generar empleo, especialmente femenino.
"No sabíamos lo que nos esperaba aquí", musitó Flores.
En febrero de 2005, la familia logró que la policía detuviese a José Luis Hernández, alias El Manuelillo, conocido del barrio y dedicado a cruzar personas a Estados Unidos. Había desaparecido siete años desde poco después del crimen y la investigación familiar conducía a él.
En su primera declaración, Hernández dijo que dos hombres le pagaron 500 dólares por entregar a la joven, a la que interceptaron al salir de la maquiladora, poco después de las 3 de la tarde y una vez que le cambiaron intempestivamente de turno, lo que impedía que su padre pudiese acompañarla.
Durante el juicio cambió su declaración y aseguró que actuó solo. Ahora cumple una condena de 28 años en una cárcel del lejano y suroccidental estado de Jalisco, en la costa pacífica.
"El caso no está resuelto", dijo la madre, mientras mostraba recortes de periódicos que registran 12 años en busca de justicia.
"Nunca se hizo una reconstrucción de los hechos y cuando increpé al Manuelillo me dijo que los milones (policías) le dijeron que declarara eso para cerrar el caso", aseguró.
Desde 1993, cuando se conocieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, los crímenes por violencia de género no se han detenido y las diferentes organizaciones de víctimas coinciden en que ya superan el millar.
Los datos oficiales reportan casi 800 mujeres muertas desde entonces. Pero las autoridades no las registran como feminicidios, la forma en que pasaron a definirse los asesinatos por razones de género o por odio sexista a raíz de los crímenes de Juárez.
Los organismos gubernamentales solo reconocen que más de ocho por ciento de las muertes femeninas son atribuibles a "crímenes pasionales" o "problemas familiares" y 12 por ciento a causas "sin identificar".
La tasa actual de asesinadas en Juárez, de 23 por cada 100.000 mujeres, triplica el índice que la Organización Mundial de la Salud considera como epidemia. Pero está muy por debajo de los 354 asesinados por cada 100.000 hombres.
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