Dos heridos de bala, uno por una granada y 5 detenidos en Cananea
Por Guadalupe Cruz JaimesMéxico DF, 7 jun 10 (CIMAC).- Tras la entrada de la policía federal a la mina de Cananea, Sonora, en huelga desde hace tres años, y de la policía estatal a la mina Pasta de Conchos, Coahuila, resguardada por viudas y familiares de los 63 mineros fallecidos en el yacimiento en 2006, organizaciones sindicales repudiaron este acto y señalaron que en protesta romperán el diálogo con el gobierno mexicano.
Así lo informó Fernando Amezcua, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), durante un mitin que realizaron hoy frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ex trabajadores electricistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En el acto, Amezcua refirió: “ya estamos hartos de mesas de diálogo y de negociaciones sin resultados, el único resultado que obtenemos son los toletes y las granadas, como ocurrió en Cananea”.
El vocero del movimiento electricista informó que ayer domingo llegaron 28 camiones de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la mina de Cananea, Sonora, para desalojar a los mineros que resguardaban el yacimiento, desde que estalló la huelga el 30 de julio de 2007.
Al respecto, vía telefónica el cananense Jesús Verdugo del Sindicato Minero señaló que el saldo de la entrada de los federales al yacimiento dejó dos mineros con heridas de bala, un trabajador con una lesión en la pierna por el estallido de una granada, y cinco detenidos.
Por este hecho, además del SME y la CNTE, la Unión Nacional de Trabajadores, la Confederación Nacional Campesina, también manifestaron que cerrarán el diálogo con el gobierno mexicano, indicó.
Los cananenses de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, izaron las banderas rojinegras hace casi tres años, junto con las secciones 17 y 201, en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, con el propósito de lograr una revisión contractual que mejorara las condiciones de seguridad e higiene de sus centros de trabajo.
Desde hace casi tres años, los mineros sostienen esa huelga con el apoyo de las mujeres cananenses, esposas, hermanas e hijas de los trabajadores del cobre, quienes en febrero pasado conformaron el Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México.
EL INGRESO A CANANEA
Alrededor de las 10 de la noche ingresó la PFP a Cananea. A las 02:15 horas, un convoy de cuando menos de 20 patrullas de la policía estatal de Coahuila escoltó automóviles de lujo para que integrantes de Grupo México tomaran posesión de la mina de Pasta de Conchos.
Lo anterior lo dio a conocer la asociación Familia Pasta de Conchos, integrada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH), y las viudas y familiares de 63 de los 65 mineros que murieron tras la explosión registrada en el yacimiento el 19 de febrero de 2006.
Las viudas y familiares también fueron desalojadas de la mina, ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila, informó el vocero “Smeita” durante el mitin de la SCJN.
Cabe mencionar, que las familias permanecían en las inmediaciones del socavón desde mayo de 2007, ocasión en que personal de Grupo México, concesionaria minera, intentó ingresar al yacimiento, donde permanecen los restos de los 63 mineros.
En ese año, como ahora, aseguran que Grupo México intentará nuevamente sacar carbón de la mina, violando “con el aval y el apoyo del gobierno federal”, la orden de suspensión definitiva para toda obra de exploración y explotación de carbón, que emitió la Secretaría de Economía en 2007.
Ante esta situación, Familia Pasta de Conchos señala que las “crisis en las minas de Grupo México” no se van a resolver utilizando la fuerza y la violencia contra los trabajadores y sus familias.
Dicha organización lamentó que la sumisión del gobierno federal y los estatales a la voluntad de esa empresa, concesionaria del cobre y del carbón en el país, siga cobrando la vida de más mineros mexicanos.
Por lo anterior, al igual que las organizaciones sindicales, manifestaron su desconfianza en las autoridades estatales y federales para la resolución del conflicto, y advirtieron que no atenderán ningún llamado gubernamental.
Responsabilizaron a Felipe Calderón Hinojosa de cualquier intento de intimidación o agresión en contra de las familias y de las personas defensoras de DH involucradas en el caso, ya que la obligación gubernamental de tutelar la integridad de los trabajadores y sus familias “no tienen ningún valor frente a los intereses de Grupo México”.
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