MÉXICO, D.F., 7 de junio.- Como en Quintana Roo la legislación electoral no establece una fecha límite para la sustitución de candidatos a puestos de elección popular por causas de inhabilitación, como es el caso de Gregorio Sánchez Martínez, la coalición que lo postuló para la gubernatura tiene hasta el 1 de julio –tres días antes de los comicios– para nombrar a otro. Ello así para que, en ese corto periodo, el órgano electoral verifique el cumplimiento de los requisitos y celebre la sesión para otorgarle el registro.
En este caso, la demora para sustituir a Sánchez Martínez no es jurídica, sino política. En esa entidad la campaña para gobernador es de sólo 56 días, de los cuales el candidato de la mega alianza Todos por Quintana Roo, integrada por el PRD, PT y Convergencia, cubrió 21, hasta su aprehensión el 25 de mayo. Quien lo reemplace sólo podrá iniciar sus actividades electorales a partir de que el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo) le otorgue el registro, lo que, en teoría sucedería dos días después de que la coalición haga la solicitud formal.
Y aun cuando los dirigentes de los partidos de la alianza Todos por Quintana Roo manifiestan su inconformidad por este mecanismo, si se inclinaran por la panista Alicia Concepción Ricalde Magaña tendrían problemas, éstos sí de índole jurídica, para registrarla como su candidata.
La razón: la fecha límite para manifestar ante el Ieqroo la constitución de una coalición –esta vez con la participación del PAN– venció el 19 de marzo y las asambleas o reuniones de los órganos facultados de los partidos políticos coaligados debieron realizarse entre el 21 de marzo y el 5 de abril. De prosperar la propuesta de la mega alianza, el respaldo sólo será simbólico, pues el nuevo partido ni siquiera podrá incorporarse a la propaganda electoral de Ricalde Magaña.
Además, el consejo general del Ieqroo aprobó el 30 de mayo el modelo de boletas electorales para la jornada del próximo 4 de julio en las cuales aún aparece Sánchez Martínez como el abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Convergencia. Y pese a que la sustitución de candidato debió hacerse antes de la impresión de las boletas, la ley permite aún modificar el nombre del candidato… pero el tiempo apremia.
En su artículo 133, la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo señala que una vez registrados los candidatos –el de los aspirantes a gobernador venció el 1 de mayo– sólo podrán ser sustituidos por “causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o por resolución de los Órganos Directivos Estatales del partido político que corresponda. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en esta Ley”
En el artículo 162 la misma norma apunta: “En caso de cancelación o sustitución del registro de uno o más candidatos, las boletas electorales serán corregidas en la parte relativa. Sin embargo, si las boletas estuvieran impresas o no se pudiera efectuar la corrección, los votos contarán para los partidos políticos o coaliciones y para los candidatos que estén legalmente registrados ante el Consejo General, al momento de la elección”.
Otro de los inconvenientes por no registrar con oportunidad al nuevo candidato es que no estará en el debate entre los otros aspirantes a la gubernatura, que deberá efectuarse entre el 14 y el 30 de junio. Con base en el reglamento, el consejero Jorge Chan Cob, presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Ieqroo, la convocatoria para dicho debate se lanzará antes del 10 de junio, por lo que corresponde a los contendientes ratificar su disposición a participar antes del día 14.
Si bien Sánchez Martínez tiene aún la vía del amparo de la justicia federal contra el auto de formal prisión, así como la del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, esta última, de acuerdo con los antecedentes de su caso (Proceso 1752), no parece transitable mientras esté privado de su libertad. No obstante, si la justicia federal le concede el amparo, Sánchez Martínez conservaría sus derechos políticos y podría ser candidato.
Desde el punto de vista jurídico, la espera del fallo de las instancias jurisdiccionales no representa ningún problema para la alianza Todos por Quintana Roo, pues aún hay tiempo para el reemplazo de aspirante a gobernador ante el Ieqroo. Sin embargo, el impacto en las votaciones de los partidos que la conforman será notorio, sobre todo porque la falta de contendientes propios para diputados de mayoría relativa y alcaldes los ha debilitado.
Así, por ejemplo, en ocho distritos los candidatos son de coalición amplia: PAN, PRD, PT y Convergencia, mientras que en los otros siete distritos uninominales, cada partido presentó sus propios candidatos. El PRD lo hizo en dos, el PT en cinco y Convergencia en uno. Por lo que atañe a los nueve municipios, en seis de ellos los abanderados son de coalición amplia, mientras que el PT inscribió a dos candidatos propios, el PRD a uno y Convergencia no tuvo ninguno.
Por tanto, demorar el reemplazo de Sánchez Martínez puede contribuir todavía más al desplome de la alianza Todos somos Quintana Roo. Si en los comicios federales la izquierda se convirtió en la primera fuerza en ese estado peninsular, al obtener más de 145 mil votos (alrededor de 40% de los sufragios emitidos), en las jornadas estatales subsiguientes se derrumbó a la cuarta posición. Y ahora que buscaba reposicionarse al lanzar en coalición a Gregorio Sánchez Martínez el escenario se tornó crítico a raíz de la detención de su candidato.
La indecisión en las direcciones de los partidos coaligados puede borrar a la izquierda de las preferencias electorales y de los puestos de elección popular en Quintana Roo.
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