TIEMPO DE MUJERES

¿Derechos humanos en México?
¡El desastre!

Víctor Flores Olea

La cuestión de los derechos humanos en México es zona de desastre. Es cierto: jamás hemos tenido en este campo ni pequeñas ni grandes tradiciones, ya no hablemos del mátalos en caliente del porfirismo ni de los mil y un atropellos de la etapa revolucionaria: en guerra pasan a último término, que hoy se llaman pérdidas marginales.

Como sabemos, en México ha habido un diluvio de recientes denuncias revelando la violación flagrante de derechos humanos por el Ejército en su guerra contra el crimen organizado, pero también por nuevas y viejas bandas paramilitares que hacen el trabajo sucio del Ejército y de las policías y que están blindadas por un escandaloso sistema de impunidad y corrupción. Esas violaciones (del Ejército, de las policías, de las bandas irregulares, de parte del sistema judicial) han sido severamente denunciadas por Amnistía Internacional, por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y por multitud de organismos civiles y sociales del país. Sin embargo, todo queda en el aire y sin atención, ya que hay otras prioridades y urgencias encabezadas por la guerra antinarcóticos.

Se habla en muchos foros del avance o no de la democracia, de la vigencia del orden del derecho, de la guerra contra el crimen organizado, del sistema de impunidad y corrupción, pero se silencia y disimula la cuestión de los derechos humanos, como si no fuera fundamental en el avance o no de nuestro sistema político y jurídico.

Pero esto no se le ha ocurrido a Felipe Calderón, quien prefiere desenterrar huesos de héroes históricos a fin de desacralizarlos (después de todo los principales fueron excomulgados en su momento) antes que poner en el centro de un gran esfuerzo nacional la valoración y reivindicación de los derechos humanos, que por cierto fueron criatura en su momento de la Ilustración, de la que son hijos nuestros héroes patrios, de la primera, segunda y tercera generación (Independencia, Reforma y Revolución).

Por fortuna, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, puso hace unos días el dedo en la llaga de la tragedia de la guardería ABC, situándola como violación flagrante de los derechos humanos. Pero hace apenas un mes, una caravana integrada por organismos civiles, observadores internacionales y periodistas que se dirigía a San Juan Copala a llevar alimentos fue agredida por un grupo armado (paramilitar) del gobierno de Oaxaca, al menos con el resultado de dos asesinados: la mexicana Beatriz Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jaakola, sin ningún resultado en las pretendidas averiguaciones.

Sería interminable enlistar los hechos que ha denunciado la prensa en los últimos tiempos, sobre violaciones a los derechos humanos que quedan en la impunidad, sin excluir la última agresión, hace unos días, a Lydia Cacho en la guardería o asilo de niños discapacitados que tiene en Cancún.

La situación es que el activismo en México a favor de los derechos humanos se ha convertido en una de las ocupaciones más peligrosas del país.

Decíamos: en situación de guerra los derechos humanos pasan a tercero o cuarto lugar de las prioridades. Y así serán recordados el piadoso Felipe Calderón como un presidente que abrió las compuertas a la violación impune de los derechos individuales y sociales (también el SME), y el seráfico secretario de Gobernación Felipe Gómez Mont, a quien se le llena la boca hablando del respeto al orden jurídico cuando en sus narices se violentan brutalmente los derechos humanos sin decir esta boca es mía. ¿Perciben ahora por qué de la más extrema desconfianza y el mayor desprecio de muchos mexicanos hacia las instituciones?

Asignatura pendiente, como dicen. Y mejor, asignatura olvidada y maltratada. Es verdad, en el Legislativo queda por revisarse en la Cámara de Diputados una iniciativa ya aprobada por el Senado. Pero, sobre todo, la iniciativa que presentó la semana pasada el diputado Porfirio Muñoz Ledo, sin duda la más comprensiva y profunda.

En la iniciativa de Muñoz Ledo hay reformas constitucionales y el compromiso de que no prescribirán el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las garantías individuales en los tratados internacionales, además de que se abre el reconocimiento de los derechos sociales y políticos como derechos humanos, y se garantiza la protección constitucional de las organizaciones no gubernamentales en la materia.

Muñoz Ledo sostiene que su iniciativa es una vía privilegiada para luchar contra el autoritarismo gubernamental y la más idónea para arribar a una democracia genuina. Anunció que en ésta se enmarca la propuesta de reforma del Estado que hace 10 años fue elaborada por un grupo numeroso de expertos y legisladores y que aún se encuentra congelada en el Congreso federal. Este proyecto de reforma también otorga el reconocimiento a los derechos humanos que pueden ejercerse a título individual y colectivo y eleva a la categoría constitucional la protección del ejercicio pleno de las garantías de mexicanos en el extranjero, más allá de su condición migratoria, definiendo además el derecho de asilo. Esta iniciativa contempla prohibir la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

La iniciativa de Muñoz Lado, que debiera ser estudiada con la mayor seriedad y rapidez, supondría un avance decisivo del país en materia de derechos humanos.