Ana María Salazar
Este miércoles hubo un ataque terrorista en Mumbai, India, donde estallaron tres carros bomba y mataron solamente a 21 personas e hirieron a más de 130. Digo solamente mataron a 18 personas, porque lo comparo con lo sucedido en Monterrey el fin de semana pasado, cuando un comando armado asesinó a 21 personas en un bar. Aunque la tragedia en Mumbai fue más “vistosa” por el uso de autos bomba, el hecho es que en este incidente de extrema violencia en Monterrey murió la misma cantidad de personas, aunque recibió mucho menor atención de los medios internacionales que el atentado en Mumbai.
Uno pensaría que Monterrey, siendo una ciudad casi en la frontera con EU, donde los estadounidenses tienen importantes intereses económicos y financieros, hubiera tenido mucho más relieve en los medios de aquel país. Pero no, recibió el mismo tratamiento que tiene la mayoría de las notas provenientes de México. Una nota más sobre la violencia que vive México en este momento. De hecho, los medios nacionales ya se ocuparon de otros contratiempos políticos que secuestraron los titulares el resto de la semana: acotamiento del fuero militar, Elba versus el mundo, y el operativo Rápido y furioso.
Y eso es exactamente lo que busca el gobierno federal, que los medios de comunicación minimicemos la violencia en el país. Plasmar estos atentados y masacres como eventos esporádicos, podríamos decir que casi sucesos normales en una democracia tan compleja como la de México. O sea, que la imagen que debemos tener es que México es “un país normal” y masacres de 21 personas en un bar, o fosas con 200 cadáveres son actos y eventos “normales”. Y claro, cómo olvidar el argumento de que el índice de violencia en México sigue siendo menor que en países como Colombia, Venezuela y Brasil —país anfitrión del Mundial de futbol y las Olimpiadas.
Pero hay que ser claros: México no es un país normal y no pueden considerarse estos actos horroríficos de violencia como “normales” y consecuencia natural de una estrategia para enfrentar grupos criminales que, hay que decirlo, figuran entre los más violentos del mundo.
Parece que el gobierno, el sector privado, las iglesias, los empresarios, y la misma sociedad civil no quieren reconocer que México es un país en guerra. Cuando se analiza el número de muertos, la capacidad bélica del “enemigo”, la violencia extrema usada contra algunos sectores de la sociedad y el control territorial de estos criminales en partes del país, además de la debilidad extrema de las instituciones que tienen la responsabilidad de enfrentar a estas organizaciones dentro del Estado de derecho, cualquier otro país hubiera declarado estado de excepción o una situación de guerra.
Pero vivimos en un México donde “no pasa nada” y creemos que estas crisis eventualmente se resuelven. ¿Cómo? Quién sabe. Tal vez con una intervención divina de la Virgen.
El no reconocer la gravedad de la situación, pese al número de mexicanos que sufren a diario el embate de los criminales, significa que la prioridad en políticas públicas, en recursos y, sobre todo, en apoyo de la sociedad no existe.
De reconocerse esta gravedad, los secretarios de Estado, al menos en materia de seguridad nacional, tendrían total coordinación con una estrategia clara y contundente. Los legisladores trabajarían día y noche para impulsar las leyes necesarias y enfrentar al crimen organizado. La rama judicial no sólo prepararía a sus jueces para juzgar a los criminales más peligrosos mediante la construcción de juzgados búnkers y protocolos de protección, sino también exigiría recabar pruebas de modo que permita la condena de estos criminales.
¿No se da cuenta la rama judicial de lo que va a pasar en los siguientes años? ¿Cuántos capos y sicarios tendrán que ser liberados, acatando la decisión de la Corte Suprema, después de años de encarcelación? ¿Dónde está la clase empresarial ante esta tragedia nacional? ¿Qué papel deberían de jugar las iglesias ante el sufrimiento de sus feligreses? ¿Cómo podemos, los medios, cumplir con nuestro deber de informar en un ambiente tan hostil para esta labor?
El resultado de no reconocer públicamente la gravedad del asunto es asegurar que la tragedia que vive el país continúe, de hecho se agrave, y mejoras no se sentirán por una década.www.anamariasalazar.com
Analista política
Emilio Álvarez Icaza L.
Nuevo paradigma
El largo camino de la libertad y la paz para todas las personas ha tenido y tiene grandes amenazas y peligrosos obstáculos. Uno de ellos, de carácter permanente, es hacer realidad la propuesta civilizatoria de los derechos humanos (DH), que más allá de principios dogmáticos ejemplares, de bellas palabras y buenas intenciones, se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos y todas, en el buen funcionamiento de las instituciones, en que la política pública sea un medio para revertir las desigualdades, no para ahondarlas y en que la justicia (tanto legal como social), sea una realidad.
Lo que decidió el
pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más allá de lo decidido en el fuero militar, que también es muy importante, da grandes pasos en ese camino y apunta justamente en la dirección de hacer realidad los DH por vía de su justiciabilidad. El cambio que implica la decisión de la Suprema Corte es de tal magnitud que literalmente se puede hablar de un nuevo paradigma.Por primera vez en la historia de México, cualquier juez podrá, sin importar su ámbito de competencia, aplicar directamente controles de constitucionalidad y convencionalidad en esta materia. Se cambia así un criterio vigente desde 1940. Esto es de un extraordinario alcance. Cada vez que un juez detecte una ley contraria a la Constitución o a las convenciones o pactos internacionales ratificados por el Estado mexicano en materia de DH está ya en condiciones para no aplicarla en sus sentencias o, en sentido inverso, deberá ahora incorporar en ellas los principios contenidos en nuestra Carta Magna y en los referidos instrumentos internacionales.
Por poner sólo algunos ejemplos, en denuncias por actos de tortura ya no se podrá argumentar, cuando así sea el caso, las limitaciones, definiciones o vacíos de código penal estatal alguno por encima de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que tiene una definición mucho más clara y precisa para combatir esa deleznable práctica. Tampoco se podrá esgrimir el falso argumento de que por ser “derecho internacional” no se pueden aplicar instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) o la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, entre otras, en las sentencias de lo civil, familiar e incluso laboral. Como se puede observar, el alcance y significación de esto es de una gran implicación en el sistema jurídico mexicano.
Esta decisión se logra también por la aplicación de la reciente reforma constitucional en DDHH. El nuevo artículo primero establece en su párrafo segundo: “Las normas relativas a los DDHH se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más alta”; y en el párrafo tercero: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Empezó, con la decisión de la SCJN, su cumplimiento. Los otros poderes y niveles de gobierno habrán de hacer lo propio.
El Poder Judicial Federal y los estatales tienen que acelerar el paso para que esta decisión se pueda procesar por los y las juzgadoras. Se necesita que a la brevedad conozcan no sólo los instrumentos referidos, sino que se den condiciones logísticas para su aplicación y uso cotidiano. Pero el desafío va más allá, la Procuraduría General de la República y las locales tendrán que prepararse y, en consecuencia, los ministerios públicos deberán formarse; los litigantes tendrán que cambiar la estrategia y lógica de litigio, las universidades tendrán que formar bajo otros parámetros a sus alumnos, sólo por citar algunos impactos. Se abre también la oportunidad de pasar de casos a causas, reforzar las garantías de no repetición y mejorar la protección a víctimas, entre otras consecuencias.
El trabajo de defensores de DH, de servidores públicos comprometidos (desde Comisiones, la Cancillería y de otras entidades públicas federales y locales incluido el Poder Judicial Federal), académicos, especialistas, víctimas y muchos otros aliados de los DH ha tenido un extraordinario triunfo. El martes fue un mal día para la cultura autoritaria. Sus defensores y reproductores por convicción, herencia o inercia, han tenido una derrota cultural, jurídica y política como no pasaba hace tiempo. Al menos por un momento, en medio de este atribulado contexto, y con la conciencia clara de que falta mucho para hacerla realidad, la causa de los derechos humanos está de fiesta.Defensor de los derechos humanos
