Espacio civil | Emilio Álvarez Icaza L.
Después de un largo proceso legislativo, la Cámara de Diputados aprobó finalmente las reformas a nuestra constitución en materia de derechos humanos. Este hecho es de la mayor relevancia, pues actualiza nuestro texto constitucional en la materia, lo que era realmente urgente.
México pasó de tener la primera constitución social del siglo XX, a una de las últimas de la región con enfoque y conceptos de derechos humanos en el siglo XXI. Sin dejar de considerar las innovaciones jurídicas, los medios constitucionales para la protección de los ciudadanos y de las referencias expresas a determinados derechos, lo cierto es que la Constitución Política tiene (pues las reformas no están aún en vigor) una debilidad dogmática, conceptual e incluso operativa en lo que a derechos humanos se refiere.
Ahora los diputados han aprobado las modificaciones y remitirán el texto a la Cámara de Senadores para su nueva revisión y, en su caso, aprobación, para que posteriormente sea enviado a las legislaturas de las entidades federativas para someterlo a su eventual aprobación.
La referida reforma tiene elementos muy significativos, aunque deja otros igual de importantes de lado, pero hay uno que es de particular relevancia. La supresión de la facultad contenida en el artículo 97 para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) averigüe en materia de violaciones graves a las garantías individuales. Esta facultad se propone trasladar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La redacción de este artículo se ha convertido en el centro de la disputa entre las cámaras de Diputados y Senadores, y en el nudo gordiano de las resistencias políticas a esta reforma constitucional, tengan que ver o no con el asunto en disputa. En realidad esta modificación no agrega nada a la CNDH, pero sí quita a la SCJN. Parece mejor evitar que la Corte se pronuncie en casos como los de la Guardería ABC o el ex gobernador Ulises Ruiz, entre otros.
Para como se han hecho las cosas en este país y para como estamos y parece que estaremos, francamente lo más preocupante es que se reduzcan medios y formas de protección a la gente ante las violaciones a los derechos humanos. En general, la reforma en materia de derechos humanos representa un avance; en particular, la reforma al artículo 97 representa un retroceso. Lo que toca es reglamentar la atribución de la Corte, no quitarle dientes.
México pasó de tener la primera constitución social del siglo XX, a una de las últimas de la región con enfoque y conceptos de derechos humanos en el siglo XXI. Sin dejar de considerar las innovaciones jurídicas, los medios constitucionales para la protección de los ciudadanos y de las referencias expresas a determinados derechos, lo cierto es que la Constitución Política tiene (pues las reformas no están aún en vigor) una debilidad dogmática, conceptual e incluso operativa en lo que a derechos humanos se refiere.
Ahora los diputados han aprobado las modificaciones y remitirán el texto a la Cámara de Senadores para su nueva revisión y, en su caso, aprobación, para que posteriormente sea enviado a las legislaturas de las entidades federativas para someterlo a su eventual aprobación.
La referida reforma tiene elementos muy significativos, aunque deja otros igual de importantes de lado, pero hay uno que es de particular relevancia. La supresión de la facultad contenida en el artículo 97 para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) averigüe en materia de violaciones graves a las garantías individuales. Esta facultad se propone trasladar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La redacción de este artículo se ha convertido en el centro de la disputa entre las cámaras de Diputados y Senadores, y en el nudo gordiano de las resistencias políticas a esta reforma constitucional, tengan que ver o no con el asunto en disputa. En realidad esta modificación no agrega nada a la CNDH, pero sí quita a la SCJN. Parece mejor evitar que la Corte se pronuncie en casos como los de la Guardería ABC o el ex gobernador Ulises Ruiz, entre otros.
Para como se han hecho las cosas en este país y para como estamos y parece que estaremos, francamente lo más preocupante es que se reduzcan medios y formas de protección a la gente ante las violaciones a los derechos humanos. En general, la reforma en materia de derechos humanos representa un avance; en particular, la reforma al artículo 97 representa un retroceso. Lo que toca es reglamentar la atribución de la Corte, no quitarle dientes.
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