Isabel Wallace. Reclamo de justicia
Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 13 de diciembre (Proceso).- La discusión teórica sobre el punto en que es dable declarar fallido a un Estado incluye considerar muchos elementos, derivados de las facultades que los ciudadanos confieren a la autoridad para que haga posible la convivencia. Es difícil que coincidan deficiencias estructurales al mismo tiempo en todos los órdenes de la vida pública que hagan necesario reconocer que el Estado se vino abajo, que es incapaz de cumplir sus atribuciones.
Alejados de esa discusión teórica –examinar los hechos cotidianos que afectan la seguridad de las personas, que el gobierno está obligado a garantizar, mediante la prevención del delito o mediante su persecución y castigo cuando no se le haya impedido–, es claro que en amplias porciones del territorio mexicano y en no pocas parcelas sociales crece la incapacidad estatal para salvaguardar los derechos de las personas.
Dos ejemplos en boga ilustran esa disminución del poder público, su deterioro, sus insuficiencias y la consiguiente necesidad de los ciudadanos, los gobernados, los particulares, de suplirlo. No hablamos de casos de venganza privada, de justicia por propia mano, sino de conductas que toman para sí responsabilidades que debían ser ejercidas por órganos del Estado, en todos los niveles de gobierno, y que no son cumplidas.
La detención del último de los implicados en el secuestro y asesinato de su hijo ha hecho reaparecer en la escena pública a la señora Isabel Miranda de Wallace, que no cesa en su lucha por que se castigue a los responsables de ultimar a su querido Hugo Alberto. Y, post mórtem, el episodio en que perdió la vida ha generado una suerte de culto inmediato al señor Alejo Garza Tamez, que hace un mes fue asesinado no sin que antes él mismo matara a algunos de los atacantes que querían desposeerlo de su propiedad.
No es posible trazar con la amplitud deseada la circunstancia en que se produjo el acto tenido muy ampliamente ya como heroico y del que fue protagonista Garza Tamez, don Alejo. Fue víctima de la sustitución del gobierno legal en Tamaulipas por gavillas de maleantes, especialmente dedicadas al narcotráfico, pero también a la extorsión y al despojo. Don Alejo recibió el aviso de una de estas bandas de que abandonara para ellos su propiedad, el rancho ganadero San José, en el municipio de Güémez, en el centro del estado de cuyo gobierno al fin está por irse Eugenio Hernández, uno de los gobernadores priistas que pusieron los recursos de que disponían al servicio del candidato panista Felipe Calderón, y no pudieron ejercerlos para la protección de Rodolfo Torre Cantú, que estaba destinado a suceder a Hernández en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.
Ignoro si Garza Tamez acudió a la autoridad para denunciar las amenazas que se le asestaron, o si consideró inútil, ante la desolación que lo rodeaba (ranchos abandonados por sus propietarios, temerosos de ser atacados, como se le avisaba que ocurriría a él mismo), presentar denuncia alguna. Comunicó a su familia su decisión de impedir el despojo y pidió a su personal que el domingo 13 de noviembre se ausentara por completo, para encarar a solas el amago que había señalado con puntualidad el momento en que los delincuentes irían por él. Se pertrechó en su casa, donde disponía del arsenal propio de un cazador avezado, y cuando los asaltantes llegaron al rancho los recibió a balazos. Mató a cuatro de ellos, y él mismo quedó destrozado por las andanadas disparadas en su contra. Tardíamente, consumados los hechos, llegaron infantes de marina a dar cuenta de la trágica escena. Su deber, así como del resto de las fuerzas federales y locales, hubiera consistido en impedir la exacción de que iba a ser blanco don Alejo. Pero ninguna autoridad estaba allí con él para repeler la ilegal acción anunciada. Garza Tamez perdió la vida y también la propiedad que buscó defender hasta ese extremo, porque sus hijos no podrán heredarlo ante el temor de que se repitan los amagos de los bandoleros, que no han sido reducidos por la autoridad.
El 11 de julio de 2005 fue secuestrado Hugo Alberto Wallace Miranda, un joven empresario al que un excomandante de la Policía Judicial de Morelos, César Freyre, quiso cobrar una cuenta personal. Según narraron después los delincuentes, Wallace Miranda “se les murió”. Por la golpiza que le asestaron padeció un paro cardiaco. Fuera o no verdadera su versión, no les sirvió para atenuar su delito, porque Freyre ordenó a sus cómplices Alberto y Tony Castillo, al igual que a Jacobo Tagle Dobín, deshacerse del cuerpo. Lo destazaron con una sierra eléctrica y tiraron las partes en diversos lugares, entre ellos un predio baldío en Cuemanco, junto a Xochimilco, en el sur del Distrito Federal. Habrán supuesto que el secuestro y homicidio pasarían inadvertidos y ellos disfrutarían de la impunidad que beneficia a un gran número de delincuentes. Freyre lo sabía bien porque agentes ministeriales morelenses delinquían en vez de perseguir a delincuentes y no les pasaba nada, nunca.
En ese cálculo no contaron con la madre de su víctima, la señora Isabel Miranda de Wallace, que denunció la desaparición de su hijo y que, ante la notoria indolencia oficial, emprendió su propia investigación, al mismo tiempo que propagaba el suceso a través de anuncios espectaculares en que solicitaba la cooperación pública. Su perseverancia, que al mismo tiempo le permitía caminar sola en sus indagaciones y presionar a la autoridad para que se sumara a ellas o emprendiera otras, fue obteniendo resultados. Uno a uno fueron identificados y detenidos los participantes en el secuestro y muerte de su hijo. El último de ellos, Tagle Dobín, cayó apenas la semana pasada, cinco años y medio después de perpetrada la atrocidad de que se le acusa.
Más de un lustro de su vida ha dedicado doña Isabel a suplir al Estado incapaz de garantizarle justicia ante la pérdida de su hijo. Y, sin embargo, le espera todavía un largo camino. Aparte de la negligencia en la procuración y administración de justicia, tiene que enfrentar nuevos obstáculos. El proceso contra Freyre y cómplices (incluidas dos mujeres) está apenas recomenzado, porque un tribunal de amparo protegió a los maleantes afirmando que el delito que cometieron no es de la jurisdicción federal sino de la local, por lo que tiene que ventilarse en ésta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se había previamente rehusado a atraer el asunto, no obstante el activismo que también frente a ella practicó la tenaz doña Isabel.
El Estado no pudo preservar la vida de don Alejo y de Hugo Alberto. Tampoco está siendo capaz de garantizar que habrá justicia en uno y otro caso. Doña Isabel ha tenido que llegar al extremo de dotar a las autoridades de instrumentos para mejorar su acción frente al delito. Insistió, junto con el señor Alejandro Martí y los deudos de otras víctimas, en impulsar ante el Congreso disposiciones legales contra el secuestro, que partan de la perspectiva de las víctimas. Hasta en eso ha tenido que actuar la señora Miranda de Wallace al suplir las deficiencias de un gobierno que debía ofrecerle, si no la imposible reparación del daño, sí la justicia que reclama.
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