Plan B | Lydia Cacho
La joven de 15 años conoció por Facebook a un supuesto joven que deseaba hacerse su amigo. Luego de un par de meses de ciberamistad, él le propuso que se encontraran en la estación de autobuses. Ella no le dijo a nadie lo que haría; al llegar a la cita, tres sujetos en una camioneta la levantaron y ella logró enviar a su hermano un mensaje de su celular. Éste, a su vez, pidió ayuda a una organización civil que defiende mujeres. La búsqueda desesperada comenzó. Un nuevo mensaje del celular advirtiendo que había tomado carretera hacia Tulum inspiró al hermano a leer el correo y las cuentas de redes sociales de su hermana; localizaron la identidad de uno de los secuestradores.
Las abogadas de la asociación acudieron con el hermano a la Fiscalía para Delitos Sexuales y Trata de Personas de Cancún, a la cual solamente han sido asignados y capacitados dos policías judiciales en el tema de trata para fines de explotación sexual comercial. Unas horas después, la adolescente fue rescatada por la Procuraduría y está de vuelta con su familia.
El Ministerio Público, el policía, la fiscal, la familia de la víctima y las abogadas tienen algo en común: la preocupación de que a pesar de existir una ley contra la trata de personas, de tener detenidos a los hombres que se llevaron a la joven, de contar con un móvil delictivo, no logren detener y desactivar de manera efectiva a esta red de tratantes de adolescentes.
Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales. Sin embargo, esos policías, esa fiscal, ese Ministerio Público y esas abogadas seguirán insistiendo en que éste y otros casos similares se persigan. Lo harán, en sus propias palabras, porque “así se construye el estado de derecho”, porque “salvar la vida e integridad de una persona concreta es lo más importante”; porque “vamos creando cultura de legalidad y capacitándonos para cuando ya esté en efecto la reforma de justicia penal y tengamos un sistema penal acusatorio en lugar de este que es inquisitivo y de probada inoperancia”, “porque debemos demostrar que hay policías no corruptos que van contra la impunidad, sin abuso de poder”.
Después de tantos años como reportera, debo confesar que hace tiempo no me sentía tan inspirada por un grupo tan lleno de convicciones; sin gran presupuesto, con exceso de trabajo y en apariencia con todo en contra, dos policías, una fiscal, una abogada que trabaja sin fines de lucro y un hermano valiente que no se resignó ante el destino trágico, no solamente salvaron una vida, lo hicieron con legalidad y practicando para un futuro posible donde imperen la ley, la seguridad y la justicia. Cada una de las personas involucradas en esta historia afortunada está cambiando al país. Nos recuerdan que nada evoluciona por sí solo, que las transformaciones son procesos a veces lentos y accidentados, pero siempre posibles cuando hay congruencia y honestidad.
Las abogadas de la asociación acudieron con el hermano a la Fiscalía para Delitos Sexuales y Trata de Personas de Cancún, a la cual solamente han sido asignados y capacitados dos policías judiciales en el tema de trata para fines de explotación sexual comercial. Unas horas después, la adolescente fue rescatada por la Procuraduría y está de vuelta con su familia.
El Ministerio Público, el policía, la fiscal, la familia de la víctima y las abogadas tienen algo en común: la preocupación de que a pesar de existir una ley contra la trata de personas, de tener detenidos a los hombres que se llevaron a la joven, de contar con un móvil delictivo, no logren detener y desactivar de manera efectiva a esta red de tratantes de adolescentes.
Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales. Sin embargo, esos policías, esa fiscal, ese Ministerio Público y esas abogadas seguirán insistiendo en que éste y otros casos similares se persigan. Lo harán, en sus propias palabras, porque “así se construye el estado de derecho”, porque “salvar la vida e integridad de una persona concreta es lo más importante”; porque “vamos creando cultura de legalidad y capacitándonos para cuando ya esté en efecto la reforma de justicia penal y tengamos un sistema penal acusatorio en lugar de este que es inquisitivo y de probada inoperancia”, “porque debemos demostrar que hay policías no corruptos que van contra la impunidad, sin abuso de poder”.
Después de tantos años como reportera, debo confesar que hace tiempo no me sentía tan inspirada por un grupo tan lleno de convicciones; sin gran presupuesto, con exceso de trabajo y en apariencia con todo en contra, dos policías, una fiscal, una abogada que trabaja sin fines de lucro y un hermano valiente que no se resignó ante el destino trágico, no solamente salvaron una vida, lo hicieron con legalidad y practicando para un futuro posible donde imperen la ley, la seguridad y la justicia. Cada una de las personas involucradas en esta historia afortunada está cambiando al país. Nos recuerdan que nada evoluciona por sí solo, que las transformaciones son procesos a veces lentos y accidentados, pero siempre posibles cuando hay congruencia y honestidad.
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