Clase media amenazada

Ricardo Raphael

El crédito para el coche que el banco no otorgó. Las vacaciones familiares que este año también habrán de ser aplazadas. Los desperfectos de la casa con los que deberemos convivir por un tiempo más. Los gastos de la escuela de los niños que no hacen más que crecer. Los costos de médico y medicinas que cada vez son más onerosos. La sensación persistente de inseguridad económica. Vivir dentro de la clase media mexicana tiene mucho de angustiante. En cualquier momento la mala fortuna toca a la puerta y expulsa, implacable, de este estrato social.

Según información del Centro para el Desarrollo de la OCDE, las y los integrantes de esta clase económica en nuestro país cuentan con una alta probabilidad para caer en pobreza durante el año 2011. Esta tendencia comenzó tiempo atrás. Entre 2008 y 2010, al menos 7 millones de mexicanos descendieron en la estructura social. Hasta 2007, al menos 33 millones pertenecían a la clase media, es decir, que percibían familiarmente un ingreso de entre 7 mil y 25 mil pesos mensuales. En el presente, sólo 26 millones de personas participan de este privilegio.

La crisis económica del año pasado explica, en parte, este fenómeno. Pero se halla lejos de ser la única razón. La desigual economía mexicana y su pronunciada forma de embudo vienen de mucho antes. En México ha sido siempre difícil ascender socialmente. Al tiempo que es muy sencillo caer en situación de pobreza. Según la Fundación Espinosa, el 74% de quienes nacieron en una familia pobre, heredarán esa idéntica condición a sus hijos. Sólo el 4% verá mejorar, de una generación a la siguiente, su circunstancia económica. Del total de la población mexicana, el 14% verá empeorar su ingreso y calidad de vida.

A esta estructura injusta y asimétrica, rasgo muy necio de nuestra economía, se añaden ahora las pobres expectativas que los próximos 10 años anuncian para México. Mientras que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas se espera vivir una tasa sostenida anual de crecimiento de más del 5% anual del PIB, ningún analista serio otorga más del 3% para la economía mexicana. Con tasas nacionales tan bajas, no hay manera de revertir la tendencia que vulnera a las clases medias mexicanas.

Es cierto que ha jugado a favor de este sector de la población la estabilidad macroeconómica sostenida durante los últimos 15 años. También que la apertura comercial abarató los precios y multiplicó el número de bienes de consumo a los que tenemos acceso. A estos dos hechos se suma favorablemente la disminución en la tasa de natalidad, la cual ha concedido un mayor margen de maniobra con respecto a la utilización racional de los recursos familiares.

En su reciente libro, Clasemedieros, los economistas liberales Luis Rubio y Luis de la Calle toman estos tres argumentos para arrojar una mirada optimista sobre el futuro de la clase media mexicana. En los hechos, ambos contradicen el análisis, más reciente, de la OCDE. Sin ofrecer demasiados datos sobre el futuro, confían en que la clase media mexicana crecerá durante los lustros por venir.

La parte más interesante de este texto es aquella dónde tales autores argumentan a favor de las políticas públicas que el Estado mexicano habría de emprender para apostar sinceramente por este sector de la sociedad. Rubio y De la Calle advierten que de su ensanchamiento dependerá la futura estabilidad política y el desarrollo del país. Llaman al mismo tiempo la atención sobre la precariedad de instrumentos públicos y políticas que los gobiernos mexicanos han puesto al servicio de este grupo de población. En efecto, los esfuerzos han sido muchos para combatir las condiciones que generan pobreza extrema, mientras que prácticamente nada se ha hecho a la hora de reducir la vulnerabilidad de la clase media o, menos aún, para ampliar deliberadamente su tamaño y membresía.

Si México aspira a ser un país clasemediero, hay políticas como la educativa, la de salud, la laboral y las relacionadas con las distintas formas de financiamiento familiar, que tendrían que ser modificadas sustancialmente. La apuesta de la próxima década habría de hacerse para abrir las puertas de entrada a la clase media mexicana y, simultáneamente, para cerrar las vías de salida de este mismo estrato social. Sólo así, entre 2011 y 2020, el país podrá vivir una experiencia de desarrollo similar a la que se espera en el resto de América Latina.
Analista político

Tortilla: alza incendiaria

Editorial La Jornada

La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció ayer incrementos de 50 por ciento en promedio al precio de la tortilla, la cual se vende ya en un nivel de entre 13 y 15 pesos por kilogramo. Ello implica que en 24 meses este alimento básico en la dieta de los sectores populares ha experimentado un alza cercana a 300 por ciento, habida cuenta de que en diciembre de 2008 se vendía en cinco pesos.

Al hacer el anuncio, Lorenzo Mejía Morales, presidente de la organización referida, argumentó que se ha elevado el precio de la tonelada de maíz a pie de molino (de 3 mil 150 a 3 mil 700) y atribuyó el alza a los apapachos del gobierno federal hacia especuladores y empresas, los cuales, dijo, tienen a los molineros y productores de tortilla con una bota en el cuello, orillan a la quiebra a miles de pequeños industriales y provocan, de esa manera, la pérdida de miles de empleos.

El declarante agregó que las tortillerías resienten la pulverización de sus utilidades a consecuencia de los incrementos en los costos, y dijo que si el gobierno no establece una mesa de negociación orientada a poner orden en el sector, molineros y tortillerías nos veremos obligados a revisar y aumentar el precio de este alimento para poder enfrentar las alzas mensuales del gas, la gasolina y la electricidad.

El señalamiento de Lorenzo Mejía Morales es, cuando menos, verosímil, si se considera la tendencia general del gobierno a privilegiar los intereses de las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas. Por otra parte, la decisión del gremio tortillero pone de manifiesto que, a contrapelo de lo sostenido en el discurso oficial, los constantes incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios del gas y la gasolina sí que provocan espirales inflacionarias que afectan, sobre todo, a la población de menores recursos, para cuya economía el alza de precio de la tortilla es una noticia catastrófica.

Más allá de las razones que llevan a este incremento, es obligado analizar sus implicaciones en el escenario político, económico y social del país, en el cual la desesperanza y la irritación populares constituyen factores que debieran ser tomados en cuenta por quienes, en el sector privado y en la administración pública, adoptan decisiones que culminan en circunstancias tan riesgosas como la comentada.

La administración calderonista compara los actuales niveles de inflación con los que había en los años 80 del siglo pasado y se muestra muy satisfecho de la comparación. Deja de lado que hace 30 años existían diversos mecanismos de protección a la economía popular y políticas sociales para el campo y los asalariados, que permitían contrarrestar en alguna medida los efectos de la hiperinflación; ignora, asimismo, que el Estado tenía una solidez institucional de la que hoy carece: el modelo neoliberal acabó con aquéllos y con ésta, y actualmente el impacto social de la carestía es mucho más devastador que en aquel entonces.

El país está ya incendiado en varias de sus regiones, como lo prueban el descontrol y la violencia que imperan en el noreste y en Michoacán; si el gobierno federal asiste impasible a un incremento de 50 por ciento en el precio de la tortilla, resultará inevitable sospechar que no busca controlar el incendio sino, por el contrario, generalizarlo.

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