La voluntad política no es suficiente para cumplir sentencia de CoIDH

Acciones contundentes y verificables demandan legisladoras

De la redacción

México, DF. 16 dic. 10 (CIMAC).- Diputadas de la Comisión Especial de Feminicidios, exigieron a los titulares del Ejecutivo Federal, del gobierno de Chihuahua y de Ciudad Juárez, un compromiso sin prórroga, así como “acciones verificables y contundentes”, para el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo Algodonero”.

En un desplegado publicado hoy en un diario de circulación nacional, las legisladoras integrantes de la Comisión Especial demandaron al Estado mexicano haga públicos todos los informes que se han enviado a la CoIDH sobre el cumplimiento de la condena, porque si bien los tres órdenes de gobierno han mostrado voluntad política, para dar cumplimiento a la sentencia, ésta no es suficiente.

El 16 de noviembre de 2009, la CoIDH emitió la sentencia en la que acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

A un año de la condena internacional las diputadas reconocieron la voluntad del gobierno federal y estatal para hacer cumplir los resolutivos de la sentencia de “acatamiento más inmediato”, referentes al pago de las indemnizaciones a las y los familiares de las víctimas, así como las gestiones para iniciar la construcción del monumento en memoria de las víctimas.

Sin embargo también lamentaron que se “regatee” la disculpa pública que el Estado mexicano está obligado a pedir a las y los familiares por las violaciones a los derechos humanos de las mismas, y destacan que quedan pendientes los resolutivos fundamentales de la sentencia.

Tal es el caso de las investigaciones hasta llegar a la verdad de los hechos, el proceso penal para identificar, procesar y en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos, así como de los responsables del hostigamiento a las familias de las víctimas.

COMPROMISO LEGISLATIVO

Con el objetivo de dar cabal cumplimiento a todos los resolutivos de la sentencia, las legisladoras se comprometieron a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades federales y locales.

Retomaron los acuerdos del Foro de Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres, realizado el 29 de noviembre en Ciudad Juárez en el que participaron diputadas, feministas, académicas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), y que incluye promover la conformación de una “misión Internacional de alto nivel para coadyuvar al Gobierno de Chihuahua para el cumplimiento de la sentencia”.

Promover el establecimiento del registro nacional de feminicidio y desapariciones de mujeres; el banco de información genética; la tipificación del feminicidio en las entidades del país; y la armonización de los códigos penales y de procedimientos respecto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los tratados y convenciones internacionales que tutelan los DH de las mujeres.

De igual manera las integrantes de la Comisión Especial, se comprometieron a demandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un pronunciamiento judicial sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos, de procuración e impartición de justicia, relacionados con los hechos y resolutivos de la sentencia. Además de promover que los gobiernos de las 32 entidades de la República adopten los resolutivos de la condena de la CoIDH.

Firman el desplegado, Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión, las legisladoras Antonieta Pérez Reyes, Diva Hadamira Gastelum, Teresa Guadalupe Reyes, Teresa Ochoa Mejía, Caritina Sáenz Vargas, Lizbeth García Coronado, María Elena Pérez de Tejada, y el diputado Leandro Rafael García Bringas.