Compite por el cargo con cuñado de Serrano Limón, ex presidente de Provida
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 14 dic 10 (CIMAC).- Organizaciones civiles mexicanas hicieron un llamado al Senado de la República para que apruebe la candidatura ciudadana de Marcia Itzel Checa Gutiérrez, quien aspira a ocupar uno de los dos lugares que, en breve, se renovarán en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En una carta dirigida a la Cámara alta, asociaciones como Incide Social y Católicas por el Derecho a Decidir expresaron que el Consejo Consultivo “está llamado a ser un espacio ciudadano y plural, donde se incorporen elementos que enriquezcan el diálogo y una visión integral de los derechos humanos al interior de la CNDH”.
Al respecto, Clara Jusidman, experta en el tema de derechos humanos, señaló a Cimacnoticias que la conformación del Consejo Consultivo de la CNDH es trascendental, debido a que la propuesta de reforma a la Ley de Derechos Humanos, que se encuentra pendiente en la cámara de diputados, traslada la responsabilidad de iniciar investigaciones a violaciones a los derechos humanos del Ombudsman, a este órgano de la Comisión.
Por lo que señaló que es “riesgoso” que el Consejo “quede cargado a la derecha, hacia el Yunque”.
Lo anterior, porque de acuerdo con lo que han reportado varios medios, el otro contendiente a ocupar un lugar en el Consejo de la CNDH, José Antonio Ortega Sánchez, actual presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es cuñado de Jorge Serrano Limón, expresidente de la organización de ultraderecha, Provida.
Además del lazo familiar con Serrano Limón, Ortega Sánchez ha sido representante del cardenal Juan Sandoval Iñiguez y del gobierno de Jalisco.
Por lo anterior, señalan que el Senado de la República “está obligado a garantizar la pluralidad y equidad en la composición del Consejo Consultivo”, en esta ocasión, mediante la aprobación de la candidata Checa Gutiérrez, quien es investigadora del proyecto Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Luego de que el pasado 8 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eligió a Marcia Itzel Checa y a José Antonio Ortega Sánchez, para ocupar los lugares de los ex consejeros de la CNDH, Fernando Serrano Migallón y Juliana González Valenzuela, toca al pleno de la Cámara alta aprobar esta resolución.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil señalan que esta es una “oportunidad valiosa para elegir a una candidata vinculada con las organizaciones de la sociedad civil del movimiento de derechos humanos, lo que indudablemente abonará a una toma de decisiones incluyente”.
Al tiempo, aseguraron, “fortalecerá el rumbo de la CNDH como una institución garante de los derechos humanos de las personas que vivimos y transitamos en el país, ya que en las circunstancias actuales, es imprescindible vigorizar al Consejo. Un primer paso es dando voz a la sociedad civil”.
“Apelamos a su institucionalidad… esperamos que la decisión del Senado de la República sea congruente con la responsabilidad de garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, concluyen las organizaciones mexicanas.
México DF, 14 dic 10 (CIMAC).- Organizaciones civiles mexicanas hicieron un llamado al Senado de la República para que apruebe la candidatura ciudadana de Marcia Itzel Checa Gutiérrez, quien aspira a ocupar uno de los dos lugares que, en breve, se renovarán en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En una carta dirigida a la Cámara alta, asociaciones como Incide Social y Católicas por el Derecho a Decidir expresaron que el Consejo Consultivo “está llamado a ser un espacio ciudadano y plural, donde se incorporen elementos que enriquezcan el diálogo y una visión integral de los derechos humanos al interior de la CNDH”.
Al respecto, Clara Jusidman, experta en el tema de derechos humanos, señaló a Cimacnoticias que la conformación del Consejo Consultivo de la CNDH es trascendental, debido a que la propuesta de reforma a la Ley de Derechos Humanos, que se encuentra pendiente en la cámara de diputados, traslada la responsabilidad de iniciar investigaciones a violaciones a los derechos humanos del Ombudsman, a este órgano de la Comisión.
Por lo que señaló que es “riesgoso” que el Consejo “quede cargado a la derecha, hacia el Yunque”.
Lo anterior, porque de acuerdo con lo que han reportado varios medios, el otro contendiente a ocupar un lugar en el Consejo de la CNDH, José Antonio Ortega Sánchez, actual presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es cuñado de Jorge Serrano Limón, expresidente de la organización de ultraderecha, Provida.
Además del lazo familiar con Serrano Limón, Ortega Sánchez ha sido representante del cardenal Juan Sandoval Iñiguez y del gobierno de Jalisco.
Por lo anterior, señalan que el Senado de la República “está obligado a garantizar la pluralidad y equidad en la composición del Consejo Consultivo”, en esta ocasión, mediante la aprobación de la candidata Checa Gutiérrez, quien es investigadora del proyecto Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Luego de que el pasado 8 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eligió a Marcia Itzel Checa y a José Antonio Ortega Sánchez, para ocupar los lugares de los ex consejeros de la CNDH, Fernando Serrano Migallón y Juliana González Valenzuela, toca al pleno de la Cámara alta aprobar esta resolución.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil señalan que esta es una “oportunidad valiosa para elegir a una candidata vinculada con las organizaciones de la sociedad civil del movimiento de derechos humanos, lo que indudablemente abonará a una toma de decisiones incluyente”.
Al tiempo, aseguraron, “fortalecerá el rumbo de la CNDH como una institución garante de los derechos humanos de las personas que vivimos y transitamos en el país, ya que en las circunstancias actuales, es imprescindible vigorizar al Consejo. Un primer paso es dando voz a la sociedad civil”.
“Apelamos a su institucionalidad… esperamos que la decisión del Senado de la República sea congruente con la responsabilidad de garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, concluyen las organizaciones mexicanas.
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