A 100 días: dos visiones, dos países

José Antonio Crespo

Sin duda hay un choque de visiones y expectativas entre dos bloques marcadamente diferenciados en la sociedad mexicana. Consecuencia de la polarización que vivimos. Por un lado, un grupo minoritario (entre 20 y 30 % según las encuestas) incluye a muchos de quienes no votaron por López Obrador, y a pequeñas élites de expertos en diversos temas, analistas, académicos, organizaciones cívicas, la comentocracia crítica, grandes empresarios e inversionistas. Este grupo minoritario no ve las cosas con mucho entusiasmo; registra desconfianza sobre las medidas económicas del presidente, sobre la violencia y la inseguridad que han ido al alza. En contraste, hay un enorme bloque de entre 70 y 80 % de la población formado por militantes y votantes de Morena, y muchos otros que sin haber sufragado por Amlo participan ya del entusiasmo sobre la Cuarta Transformación. Consideran en mayor o menor grado que las cosas van bien, que la economía está creciendo, que la seguridad mejora y que la corrupción está descendiendo de manera importante.

Podrían definirse estos dos bloques de distinta forma; leales y críticos; realistas y fantasiosos, o pesimistas y optimistas. Pero ¿por qué la dicotomía de visiones? Parte de la respuesta radica en a quién le cree uno y otro bloque. El grupo minoritario tiende a no creerle a López Obrador, por verlo como un demagogo de ocurrencias y no muy conocedor de los temas nacionales (aunque haya recorrido físicamente todo el país). Por lo tanto, su atención se centra en los grupos de expertos, científicos, académicos, colegios profesionales y columnas especializadas. Y lo que estos actores dicen —en su mayoría— es que las cosas en muchos temas torales no van bien. No sólo por los resultados de estos meses, sino porque las decisiones que el gobierno ha tomado no vaticinan buenas cosechas (aunque no necesariamente terminen en desastre). Este bloque puede valorar los objetivos gubernamentales, pero cuestiona los medios elegidos para conseguirlos. Las razones en que se basan son la baja en las perspectivas y evaluaciones que hacen las calificadoras, movimientos preocupantes de diversos indicadores macro-económicos, registro de capital fugado y pasmo de inversiones, así como dictámenes negativos sobre diversos proyectos gubernamentales (Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, etcétera).

En contraste, el bloque mayoritario pone sus ojos en lo que AMLO y su gobierno dicen, y no en la opinión de expertos y analistas. Éstos han sido ya debidamente descalificados por el presidente por representar y defender intereses aviesos, por no ser realmente independientes sino vasallos de la oligarquías, y defensores de privilegios. Sus dichos y cuestionamientos no merecen mayor atención, sino por el contrario deben tirarse de inmediato a la basura. La percepción y valoración de la realidad proviene entonces de lo dicho diariamente por López Obrador, basado en “sus datos” que frecuentemente contradicen la información oficial en que se fundamenta el bloque antipatriota. Si dice AMLO que la economía va bien y está creciendo, es por que así ocurre; si decreta que está por derrotarse al huachicoleo, entonces la corrupción se está erradicando; si se asegura que se terminó la guerra contra los cárteles, es que la seguridad mejora. Y esa visión alentadora se refleja en las encuestas de evaluación presidencial. En el bloque optimista —o fantasioso— se aplauden las metas sin detenerse demasiado en los medios para conseguirlas. Que se anuncie un objetivo deseable basta para dar por sentado que se logrará. Y desde luego, si algo empieza a no funcionar bien, es porque la herencia del neoliberalismo fue tan desastrosa que no será posible superarla fácilmente, quizá ni siquiera a lo largo de todo el sexenio. Por lo que el respaldo a AMLO no tendría por qué descender, no de inmediato, al menos. Dos visiones pues altamente contrastantes producto de la incomunicación y la polarización, que se esperaba terminara con la elección, pero que en realidad se profundiza.

Profesor afliliado del CIDE

@ JACre spo1

José Antonio Crespo

Razones para no anular

José Antonio Crespo

Ciudadanos inconformes sólo buscan que el sistema de partidos responda mejor a sus necesidades e intereses, que combata corrupción, abusos E impunidades

Que Germán Martínez Cázares haya sido un importante dirigente del PAN sugiere que su posición respecto del voto nulo refleja la postura de la partidocracia, no sólo ante los anulistas, sino a los ciudadanos en general. Explica 10 razones para no anular su voto (Reforma, 27/Mayo). Veamos algunas:

a) El voto nulo prepara el terreno a la anarquía y la rebelión. En 2009, siendo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont dijo a varios académicos —al anunciar la iniciativa del Ejecutivo de una reforma política—, que había que tomar en cuenta el mensaje de los anulistas, emitido legalmente, pues de desatenderlo podrían surgir grupos tentados a recurrir a vías no institucionales. Hoy hay grupos empeñados en impedir ilegalmente los comicios. No es el voto nulo el responsable de ello; son los radicalismos, la extorsión política y los malos gobiernos, en combinación. 

b) La presión de los anulistas no sirve, sino la vigilancia de los ciudadanos sobre sus representantes. La pregunta es con qué mecanismos, si los actuales no son eficaces. La reelección legislativa podrá servir, pero fue desvirtuada en parte. No hay revocación de mandato, hay partidas secretas legislativas, sigue la impunidad de la clase política. Se trata justo de presionar para que los partidos acepten mecanismos de vigilancia y control ciudadano más eficaces. 

c) El voto nulo favorece las maquinarias de los partidos. Si y sólo si todos los anulistas votaran por los partidos con menos maquinarias. No es el caso; provienen en su mayoría de los partidos más grandes en una jerarquía semejante a la del cuerpo de votantes. De votar, no habría gran diferencia en los resultados. 

d) Quienes están inconformes con los partidos actuales debieran hacer el suyo propio. Hay muchos ciudadanos inconformes que no son ni quieren ser políticos profesionales. Sólo buscan que el sistema de partidos responda mejor a las necesidades e intereses ciudadanos, que combata más eficazmente la corrupción y limite abusos e impunidades. Eso exige un cambio sistémico (más que un partido nuevo), mismo que los partidos se resisten a aceptar. 

e) El voto nulo es un “cheque en blanco” a los partidos. Me parece que es a la inversa; el voto partidista otorga permiso para que éstos tomen decisiones en nombre del ciudadano, sin mecanismos eficaces para controlar ni castigar desviaciones e incumplimientos. Una auténtica patente de corso. El voto nulo no otorga autorización ni da un espaldarazo a la actual corrupción, privilegios e impunidad de los partidos. Más bien cuestiona y protesta, restando legitimidad a la partidocracia vigente, en lugar de otorgársela. 

f) El voto nulo es anticonstitucional, pues votar es una obligación. Entonces, ¿por qué desde hace décadas existe en la boleta un espacio para candidatos no registrados, que equivale a anular? El artículo 279 de la Legipe ratifica ese derecho. ¿Es anticonstitucional la ley electoral? 

g) En España se presiona a través de nuevos partidos en lugar de anulando votos. Sí, pero en México, cuál es el Podemos y el Ciudadanos. ¿Encuentro Social? ¿Morena? ¿El propio PAN? ¿Cuál? Para muchos, ninguno es ya una opción convincente ni confiable. 

h) Hay políticos y candidatos honestos y decentes. Es injusto igualarlos. Cierto, pero, el problema no es de individualidades, sino sistémico. No se resolverá con un puñado de políticos decentes, sometidos además a la presión de sus respectivos partidos. 

i) ¿Quién eligió a los promotores del voto nulo? ¿Quién votó por ellos? No sabía que tomar posición en un debate público equivaliera a un cargo de elección popular. 

Los partidos —esas entidades de interés privado— nos dicen que, hagan lo que hagan, es nuestra obligación votar por ellos —aún sin convicción—, o incurriremos en ilegalidad y subversión. Muchísimos votantes dan por válida esa orden partidista, y la cumplen sumisa y resignadamente (48%, según Parametría). Como sea, me queda claro que Martínez y otros beneficiarios de la partidocracia (perfecta) tienen, no diez razones, sino mil para no anular... y sí para votar por sus respectivos partidos.

Profesor del CIDE. 

@JACrespo1

El banco de poder y las autodefensas

 

José Antonio Crespo

La proliferación y expansión de los grupos de autodefensa en varias entidades ha divido a la opinión sobre su deseabilidad y legitimidad. Recordemos que el punto de partida es, en términos de Hobbes, el “estado de naturaleza”, donde cada individuo (o grupos de individuos) se halla con su propia fuerza para defenderse de la posible agresión de los demás, algo muy probable porque la naturaleza humana tiende al egoísmo, a la búsqueda de su satisfacción y al bienestar por encima de los derechos de los otros. Si no hay una entidad de fuerza superior (el Estado) capaz ofrecer una protección eficaz, cada individuo (o grupo) puede y debe buscarla por sus propios medios.

De ahí que en ese estado de naturaleza “existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve” (Leviathan). Y por ello el fuerte incentivo para el surgimiento del Estado, una entidad con fuerza suficiente para someter a todos y cada uno de los miembros de la sociedad a un marco de reglas de convivencia pacífica y civilizada. Eso, mediante un pacto político que implica la renuncia de cierto monto de libertad por parte de cada individuo para dotar de tal fuerza al Estado, que pueda cumplir su principal cometido; imponer una situación de orden y seguridad en la convivencia cotidiana. En ese momento la violencia que cada individuo o grupo pueda ejercer en su propio interés se vuelve ilegítima, pues si cada quien la preserva, el Estado no logra acumular la fuerza suficiente para someter a cada componente de la sociedad.

El Estado es como un banco de poder; recibe cantidades pequeñas de poder individual, que con todas sumadas logra detentar gran cantidad de él, suficiente como para castigar a individuos y grupos particulares que rompan las reglas de convivencia (el derecho). Pero eso sólo puede ocurrir en virtud de que los miembros de esa comunidad renuncian a su propia fuerza armada. De ahí la definición weberiana del Estado moderno; el monopolio de la violencia legítima. En la medida en que grupos fuera del Estado detenten fuerza armada (sean señores feudales, caciques locales, corporaciones de la sociedad civil, guerrillas, paramilitares o sicarios), el Estado se vuelve incapaz de cumplir cabalmente su cometido. Y de ahí que el Estado debe usar su propia fuerza para desarmar a los grupos particulares que detenten fuerza armada.

El problema es cuando el Estado no es tan fuerte como para preservar en medida suficiente la seguridad y el orden. Es decir, que cumpla mínimamente su objetivo y compromiso, pues entonces los individuos y grupos desamparados se dan el derecho de brindarse a sí mismos lo que el Estado no puede ofrecer. Renace la legitimidad de la fuerza fuera del Estado (como en el “estado de naturaleza”). Dice Hobbes, “cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra”.

El problema es que esa debilidad inicial del Estado se acentúa con ese proceso de recuperación de la fuerza legítima en manos particulares. Es como cuando gran parte de los cuentahabientes de un banco retiran sus cuentas; sobreviene la quiebra de ese banco (el banco de poder, en este caso). Y en tal caso, dice Hobbes, “puede percibirse cuál será el género de vida cuando no existe un poder común que temer, pues el régimen de vida de los hombres que vivían bajo un gobierno pacífico, suele degenerar en una guerra civil”.

Ahí está el dilema; las comunidades desprotegidas por deficiencia del Estado reclaman legitimidad para protegerse a sí mismas por encima del pacto político, pero eso mismo debilita ese acuerdo y por tanto al Estado que de ahí surgió. De ahí que en principio el Estado no pueda fácilmente reconocer la legitimidad de la violencia extraestatal, pues va en su propio deterioro. Muchos opinan que resulta racional para el Estado primero confrontar al crimen organizado, incluso con ayuda de los grupos de autodefensa, y sólo entonces exigir el desarme de las comunidades autoarmadas. El problema en Michoacán y otros estados es que además, algunos temen (o saben) que varios grupos de autodefensa responden a otros cárteles rivales de Los Templarios. Y aún así, la experiencia colombiana sugiere que más vale enfrentar a los cárteles de uno en uno y no a todos al mismo tiempo, pues eso arroja resultados contraproducentes, como hemos visto en México. Además, mientras más tiempo pase, las autodefensas ser irán profesionalizando y será más difícil y socialmente costoso su desarme.

@JACrespo1

Investigador del CIDE

¿Reforma política sin consenso?

 José Antonio Crespo

Al retirarse el PRD del Pacto por México, deja abierta la posibilidad de que la reforma político-electoral sea aprobada por mayoría, más no por consenso. Bien sabemos que en las democracias lo que prevalece es la regla de la mayoría (calificada o absoluta) para la toma de decisiones. Se criticó por tanto a Enrique Peña Nieto al inicio del Pacto por privilegiar el consenso sobre el contenido de las reformas. Se dijo, con justa razón, que ello podría llevarnos a adoptar una vez más reformas “descafeinadas” que no nos sacarán del rezago en que nos hallamos desde hace décadas en distintos rubros. Mejor aprobar las reformas por mayoría de dos partidos, con un profundo contenido, que buscar consensos a reformas más bien superficiales.

A partir de tal razonamiento, se podrá argüir que no importa demasiado la salida del PRD de la mesa de negociación de la reforma político-electoral, pues se cuenta con la mayoría calificada requerida para aprobarla. Sin embargo, me parece que tiene razón Lorenzo Córdova, consejero electoral del IFE, cuando en estas páginas advierte de la importancia política que tiene el consenso al tratarse no de reformas de índole técnica, sino de diseñar el marco que regula la pugna por el poder, así como de la selección de los árbitros en dicha contienda (“Consenso y reglas del juego democrático”, EL UNIVERSAL, 29/Nov). Un llamado al que se sumaron los consejeros del IFE ayer, al exponer los focos rojos que ven en la reforma misma.

Recordemos que en efecto, cuando se pierde el consenso sobre reglas y árbitros las cosas tienden a complicarse. La reforma electoral de 1990 —cuando se creó el IFE— y la siguiente de 1993 no gozaron de ese consenso, pues el PRD se opuso (con razón, a mi parecer) a avalar dichos ordenamientos que mostraban pasos atrás y avances meramente cosméticos. Eso, algo tuvo que ver con la crisis preelectoral de 1994, que obligó nuevamente a reformar la normatividad electoral, por tercera ocasión en el mismo sexenio. Dicha reforma ya contó con el consenso de los partidos, si bien el candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, la desconoció el 18 de marzo de ese año, que lo llevó a no reconocer el resultado de la elección presidencial, pese a haber terminado en tercer lugar con un lejano 17% del sufragio (frente al 50 % de Ernesto Zedillo). El consenso se dio nuevamente (y de manera unánime) en la reforma de 1996, y en el nombramiento de los árbitros del IFE. Las cosas marcharon de maravilla, tanto en 1997, como en 2000 y en 2003. Pero justo entonces, al nombrarse un nuevo Consejo General, se volvió a perder el consenso en el arbitraje, tanto por la tozudez inicial del PRD, como por el agandaye del PRI y la torpe mezquindad del PAN. El candidato perredista tuvo ya en sus manos una verosímil carta de impugnación. Casi todos los analistas, de diversa inclinación política —incluyendo al presidente saliente del IFE— consignaron el error que eso supuso advirtiendo que las cosas se podrían complicar en 2006, como ocurrió. Para las reglas y el arbitraje, dijo José Woldenberg, conviene ir más allá del requisito legal, pues el consenso otorga mayor legitimidad.

Desde luego, no todas las razones aducidas por el PRD para su retiro son convincentes. Se queja de que la reforma política es carta de cambio por la energética; sí, pero desde el inicio así lo dijo el PAN, y el PRD continuó en la mesa. Dice también que no se cumple con el compromiso de suprimir los institutos estatales electorales. Pero a quien más le interesaba eso era al PAN, en tanto que el PRI prefería el statu quo, y fue el PRD quien propuso el modelo híbrido que al parecer prevalecerá. En lo que tiene razón el PRD es que esta reforma política se adopta con precipitación, improvisación y desorden justo para entrar de lleno a la reforma energética. Y quizá el punto más sólido de su enojo consista en que se quiere reglamentar la figura de “consulta popular” de tal forma que no pueda someterse a ratificación ciudadana la reforma energética. Ni PRI ni PAN quieren someter dicha reforma al refrendo ciudadano en esos términos (aunque López Obrador prefiere la consulta antes, no después, de aprobarse la reforma, mientras el PRD la quiere para 2015, durante la elección intermedia, como lo establece la Constitución).

El PRD se niega también a participar en las comisiones del Senado (salvo en lo que toca a la reforma del Distrito Federal), y no regresar salvo que se tomen en cuenta sus consideraciones en materia de la propia reforma política, lo que se ve difícil. La reforma política no nacerá con buenos augurios.

@JACrespo1

Investigador del CIDE

IFE: ¿consejeros de relleno?

 José Antonio Crespo

El proceso para seleccionar las cinco vacantes para ocupar el cargo de Consejero Electoral del IFE (incluido su presidente) vuelve a aparecer como una simulación.

1) De nueva cuenta, los legisladores de todos los partidos nos aseguran que los nombrados serán personas idóneas tanto en su experiencia como en su autonomía e imparcialidad. Pero ya no puede creérseles pues eso afirman en cada proceso, que cae una y otra vez en el reparto de cuotas y, con excepciones, el nombramiento de delegados partidistas disfrazados de ciudadanos. Seguramente prevalecerá también la regla no escrita de permitir mayor número de consejeros al partido que más votos obtuvo en la elección pasada. Lo cual rompe con una regla básica de la democracia electoral, según la cual un triunfo en una elección no debe traducirse en ventajas definitorias para la siguiente elección. Esta regla se respetó en 1994 y en 1996, pero se rompió claramente en 2003, y de ahí pal’ real. Ahora de plano cada partido presentó la lista de sus favoritos, ya sin guardar siquiera las formas. Los hay muchos cercanísimos a los partidos, si bien hay nombres que cumplirían satisfactoriamente la idoneidad que presuntamente se busca.

2) En este proceso se ha violentado ya la Constitución, que exige que las fracciones parlamentarias de la Cámara Baja seleccionen a los consejeros “después de una amplia consulta a la sociedad”, misma que ni de lejos ocurrió. Si acaso habrá habido una consulta a quienes aspiran a esos cargos, pero en algunos casos ni eso (nuestro colega Agustín Basave dijo no interesarse en participar, añadiendo que ni siquiera fue consultado para aparecer en la lista). Es lo malo de poner en la Constitución hasta el más mínimo detalle, aunque de cualquier forma se hubiera violentado el Cofipe, que incluye también el requisito de la consulta amplia a la sociedad. No se cuidan las formas porque estamos ya muy acostumbrados a que se violente la Constitución y la ley a cada paso, sin que nada ocurra como consecuencia.

3) Además, se habla de que los nombramientos podrían ser efímeros, pues aún no se sabe si habrá un nuevo organismo electoral que sustituya al IFE. Me parece que aún en tal caso, los actuales consejeros y los que se nombren en este proceso debieran permanecer, pues de lo contrario se propinará un nuevo golpe a la credibilidad e institucionalidad de la autoridad electoral. En tal caso, los consejeros nombrados por nueve años serían echados a los meses de haber ocupado el cargo. Es una apuesta que hacen los actuales aspirantes; fungir como consejeros de relleno por unas cuantas semanas. Así, asegura por ejemplo el senador panista Roberto Gil, que como se proponen para el INE once consejeros, sería menester abrir un nuevo proceso; pues sí, pero podría ser sólo para las dos vacantes que faltaría por cubrir. Dice también que “Los consejeros del nuevo órgano electoral deberán cumplir con un perfil distinto al que se requiere actualmente para formar parte del IFE. La transformación del INE implica también la transformación de consejeros electorales” (Reforma, 14/nov/2013). ¿Pero qué más se requiere de lo que ahora exige la ley, como no sea auténtica autonomía orgánica respecto de los partidos, lo cual depende más bien de la fórmula de selección que se utilice? También ha dicho el senador que los actuales cuatro consejeros más los que se nombren del actual proceso podrían permanecer en el nuevo Instituto siempre y cuando participen en el proceso para seleccionar a los nuevos. Pero si se habla de un perfil distinto en la ley, entonces difícilmente podrían participar en el nuevo proceso al no cumplir con los requisitos legales, según lo anticipa el propio senador. Un absurdo.

4) Así pues, se exige una nueva organización debido a la captura que han hecho los poderes locales de los consejos estatales, un mal que también se ve en el IFE respecto de los partidos nacionales. ¿De qué serviría absorber los institutos estatales electorales en el INE si van a permanecer en éste los mismos vicios que se acusa en aquéllos? El caso es que estamos ante una nueva pero reiterada simulación respecto de la autonomía que debiera existir en el IFE (o como quiera que se vaya a llamar), misma que simplemente no existe. Y luego vienen las quejas de los perdedores que los llevan a exigir una nueva reforma electoral. Pues si desde el principio no se hacen buenas leyes, entonces vendrán nuevos parches y remiendos de manera interminable.

@JACrespo1

Investigador del CIDE

Consulta petrolera

 José Antonio Crespo

En la última reforma política se incluyó en la Constitución la figura de consulta ciudadana sobre temas de trascendencia nacional (lo que deja cierto hueco, porque para lo que algunos es trascendente, para otros no lo es; ¿quién determina la trascendencia?) A partir de lo cual tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador proponen que la reforma energética (asumiendo que incluirá una reforma constitucional) sea sometida a consulta popular, con vistas a echarla abajo. Pero Cárdenas está pensando en que se haga durante los comicios federales de 2015, como lo estipula la Constitución, cuando la reforma hubiera sido ya aprobada. En cambio, López Obrador pretende que la consulta se haga antes de ser incluso aprobada por el Congreso. Lo que nos lleva a las siguientes apreciaciones:

A) La propuesta de Cárdenas es perfectamente viable, si bien se exige la petición por parte del 2 % de los ciudadanos de la lista nominal de electores (aproximadamente un millón seiscientos mil), lo cual es perfectamente posible. En cambio, la propuesta de López Obrador no es viable hoy por hoy, pues se adelanta a lo establecido por la Constitución, si bien eso podría subsanarse a través de un transitorio en la ley respectiva, lo cual no ha sido aprobado (debió estar lista en agosto pasado). Eso implica que para llevarse a cabo la consulta antes de ser aprobada la reforma, tendrían que abocarse los legisladores a legislar sobre la consulta popular, quizá introduciendo el punto en los debates de la reforma político–electoral.

B) Aun así, la consulta no podría ser sobre una reforma que no ha sido discutida y aprobada en el Congreso, sino sobre algún aspecto específico de la iniciativa presentada por el Ejecutivo; me imagino que la pregunta que se sometería a los ciudadanos es si desea una reforma constitucional en materia energética o no, pues es el punto de controversia (ni siquiera lo es la apertura al capital privado, que en ciertas modalidades está contemplada por la propuesta de Cárdenas). Como quiera, me parece sano que se hagan consultas sobre reformas que no han sido aprobadas, pues por un lado no se sabe exactamente qué es lo que se está aprobando o rechazando de antemano. Además, de rechazarse un tema abstracto, en lugar de una ley específica, eso sería utilizado para impedir en el futuro que se intente legislar sobre ese tema. En cambio, si se rechaza una ley específica y aprobada, no hay impedimento en intentar otra ley sobre el mismo tema (con cambios, quizá) más adelante.

C) Una consulta ad hoc, fuera del proceso electoral, tiene el riesgo (para quienes la promueven) de que no se logre la participación del 40% de ciudadanos enlistados que exige la Constitución para que el resultado sea vinculante. Dicho porcentaje sí es más factible conseguirlo durante una elección constitucional, incluso una intermedia, pues en esas fechas la gente de cualquier manera está dispuesta a concurrir a las urnas. Es probable que en una consulta aislada participen sólo quienes más clara y apasionadamente se opongan a la reforma que se consulta, pero difícilmente constituirán el 40 % del electorado. De cualquier manera, un resultado adverso para la causa de AMLO sería descalificado como producto de un fraude, y las autoridades electorales, como “lacayos de la mafia”.

D) Se entiende que las figuras de democracia directa subsanan las deficiencias de la democracia representativa, que no difiere mucho de una auténtica oligarquía. Se reconoce que dicha oligarquía es representativa del todo social, siempre y cuando sean electos de manera libre y equitativa, y que rindan cuentas eficazmente frente a su electorado (lo que no ocurre en México pues no contamos con los instrumentos para ello; ni reelección consecutiva ni revocación de mandato). Pero la democracia directa tiene sus límites y riesgos; hay temas que no conviene poner a decisión ciudadana (la Constitución los especifica, en nuestro caso). El petróleo no es uno de esos, pero sí es un tema altamente especializado, con innumerables consideraciones técnicas, económicas y administrativas que difícilmente son comprendidos cabalmente por el grueso de los ciudadanos. Por lo cual existe el riesgo que este y otros temas de trascendencia nacional, sean decididos (sea a favor o en contra) a partir de ideas erróneas, prejuicios, falta de información, o dogmas históricos (en un país de dogmas). Es uno de los riesgos más palpables de la democracia directa cuando se someten temas altamente especializados.

Cultura de la corrupción

 José Antonio Crespo

La transición política mexicana se ha traducido en una mayor transparencia sobre el uso de recursos públicos, pero no ha permitido avanzar significativamente en el combate a la corrupción, porque sigue prevaleciendo la impunidad. Esos males, corrupción e impunidad, van de la mano y se refuerzan mutuamente. Los múltiples escándalos de los gobernadores y el uso discrecional y opaco de recursos en las cámaras legislativas no son sino ejemplos de lo que ocurre en diversos niveles de gobierno y la administración pública. Y también, hay corrupción en trámites y relaciones burocráticas entre ciudadanos y empleados, así como entre políticos y empresarios. El problema no es exclusivo de México, pero está tan arraigado que no se ve con claridad cómo pueda resolverse, así sea de manera relativa. Se supone que la democracia está diseñada justo para prevenir, detectar y en su caso castigar el abuso de poder (una de cuyas expresiones es la corrupción). Tanto la división de poderes estatales como el pluralismo político y la competencia partidista son un dispositivo para combatir la corrupción. Ya tenemos eso, pero nada. Continúa la corrupción y la impunidad, salvo en pocos casos excepcionales que no contribuyen a detener o modificar el fenómeno.

Parte del problema está en que es el Ejecutivo quien tiene la última palabra sobre cuándo y hacia quién se aplica la ley, y con quiénes se mantiene la impunidad. Eso garantiza, desde luego, que no pueda llamarse a cuentas al propio titular del Ejecutivo (un elemento definitorio de la democracia), y en seguida que las decisiones al respecto se tomen con un sentido exclusivamente político. Así, si no hay voluntad política del presidente en turno para llamar a cuentas a alguien, no ocurrirá. Por ejemplo, cada presidente difícilmente se atreverá a llamar a cuentas a algún antecesor, aunque haya elementos de sobra para ello, pues sentaría un precedente sano para la sociedad, pero que podría venirse en contra de quien tomara dicha decisión. Así, seguramente hubo algún acuerdo de impunidad entre Vicente Fox y Ernesto Zedillo, entre Felipe Calderón y Fox, y quizá entre Enrique Peña Nieto y Calderón. En otros países democráticos la iniciativa puede y suele surgir de otras instituciones; el Congreso o Parlamento tienen la fuerza suficiente para iniciar una investigación con posibilidades de culminar, incluso sobre el jefe de gobierno vigente. Eso es algo que aquí falta, y se supone que se pretende corregir con la instalación de una Comisión Nacional Anticorrupción que gozaría de suficiente autonomía respecto de los poderes formales; habrá que ver si así ocurre, pero se ve difícil. En todo caso, quizá sería mejor dar dientes suficientes a la Auditoría Superior de la Federación (si bien depende del Legislativo, y sabemos que los partidos también gustan de intercambiar cartas de impunidad).

Pero el principal problema es cultural. Se supone que la cultura debe cambiar con modificaciones institucionales adecuadas, que transforman los incentivos de los comportamientos sociales (o mejor, antisociales) tanto de ciudadanos como de gobernantes. Pero esas reformas en México rápidamente se desvirtúan, justo por la fuerza de la cultura que se impone sobre las instituciones. Y es que opera un círculo vicioso a lo largo y ancho de la sociedad; incurrir en corrupción no es castigado sistemáticamente, y en cambio apartarse de ella genera costos, a veces elevados (pago de multas, empantanamiento burocrático, pérdida de oportunidades). Por lo cual, aceptar y transigir con la corrupción se vuelve racional, mientras que el comportamiento legalista y la honestidad se vuelven contraproducentes. De ahí la dificultad de que sean los ciudadanos, inermes frente a las autoridades e instituciones, las que rompan ese círculo vicioso de la corrupción e impunidad. Los pocos que quieren jugar al héroe de la ética pagan caro su osadía, sin por ello lograr ningún cambio significativo. Quienes podrían romper ese círculo son los miembros de la clase política; justo los más beneficiados de la corrupción y por ende, los menos interesados en terminar con su vigencia. De ahí la dificultad de salir de ese endémico como abrumador vicio, para saltar a un auténtico desarrollo económico, social y político. Ninguna proyección optimista sobre el futuro de México tendrá posibilidades reales en tanto no se corte con ese círculo de la corrupción e impunidad.

 

cres5501@hotmail.com

Investigador del CIDE

¿Federalismo o feudalismo electoral?

 José Antonio Crespo

Hay varias medidas de revisión sobre los estados para que sus gobernadores rindan mejores cuentas sobre los recursos que se les envían desde la federación. Dichas reformas han sido cuestionadas por presuntamente atentar contra el pacto federal. Igualmente ocurre con la propuesta de crear un sólo Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país; se le ve como un franco atentado contra el federalismo, y quizá lo sea.

Desde mi punto de vista, el problema radica en que en realidad nunca hemos tenido un federalismo cabal, en buena parte porque nuestra historia y desarrollo político no eran propicios para ese modelo, como sí lo fueron en el caso norteamericano. Cuando hay un gobierno nacional fuerte y autoritario, en realidad opera un centralismo por encima del formalismo federalista (como durante el Porfiriato y el régimen del PRI a partir de los cuarentas). Y cuando no hay dicho poder, entonces lo que tenemos es una fragmentación política sin rendición de cuentas por parte de los caciques, más parecida al feudalismo que al federalismo (como ocurrió después de la independencia y de la Revolución mexicana, y ahora, como parte de la transición democrática).

Desde una mirada externa, Alexis de Tocqueville veía también ciertas peculiaridades socio-históricas en Estados Unidos que eran difícilmente reproducibles en otras latitudes: “La constitution de los Estados Unidos se parece a esas creaciones de la industria humana que colman de gloria y bienes a aquellos que las inventan; pero permanecen estériles en otras manos. Esto es lo que México ha dejado de ver en nuestros días. Los habitantes de México… tomaron por modelo y copiaron casi íntegramente la constitución de los anglo americanos, sus vecinos. Pero al trasladar la letra de la ley, no pudieron trasponer al mismo tiempo el espíritu que las vivifica. Se vio cómo se estorbaban sin cesar entre los engranajes de su doble gobierno... Actualmente todavía México se ve arrastrado sin cesar de la anarquía al despotismo militar, y del despotismo militar a la anarquía”.

Los gobiernos panistas creyeron que impulsar el federalismo consistía en conceder mayores recursos a los estados sin compensar eso con mecanismos eficaces de rendición de cuentas (con las consecuencias que ahora conocemos de deudas, abusos, despilfarros y corrupción). Los gobernadores pasaron nuevamente de ser virreyes (que rendían cuentas al Rey, es decir, al presidente) a señores feudales, que no rinden cuentas a nadie (si acaso a Dios, a quien algunos consagran sus gobiernos y plazas).

Un reflejo de ese federalismo formal pero ineficaz en México es su doble estructura electoral, única en el mundo. En algunos países, un solo instituto nacional se encarga de todas las elecciones; en los sistemas federalistas (como Estados Unidos) los institutos estatales organizan todas la elecciones. En México hay doble estructura, porque ni es central (en la forma) ni federal (en la práctica). Y por el feudalismo prevaleciente los institutos electorales estatales han caído, si acaso con alguna excepción, bajo el dominio de los gobernadores o partidos gobernantes en cada entidad. La racionalidad de un instituto nacional es arrebatar ese control a los gobernadores. De ser un auténtico federalismo, lo lógico sería desaparecer al IFE. Pero nadie lo propone porque sabemos que el federalismo mexicano es otro mito más, de los muchos que nos ahogan.

La propuesta de un Instituto Nacional Electoral recuerda la reforma de 1946, que quitó a los gobernadores (tras el periodo feudalista derivado de la Revolución) tanto la elaboración del padrón electoral como la organización de las elecciones federales. Es menos una cuestión de ahorro y más una de autonomía e imparcialidad de las autoridades electorales.

El instituto nacional podría, en efecto, tener mayor fuerza y autonomía frente a los gobernadores, pero habría que incluir una nueva fórmula para nombrar consejeros con miras a despartidizar al instituto. Una fórmula evidentemente agotada, al menos desde 2003.

cres5501@hotmail.com

Investigador del CIDE

El futuro del Pacto

 José Antonio Crespo

El Pacto por México se vio amenazado por las elecciones de este año. Lo que recuerda que los procesos electorales, aun unos no tan importantes como los del 7 de julio, se convierten automáticamente en obstáculo y eventual zancadilla de procesos de negociación y acuerdos legislativos. Incluso la primera gran amenaza al Pacto se dio al conocerse los movimientos a trasmano del uso electoral de los programas sociales en Veracruz (como seguramente ocurría en otras entidades, pero no en todas ellas hay un Miguel Ángel Yunes ocupado en espiar a sus rivales políticos).

El adéndum al Pacto no parece haberse cumplido, o al menos no desde la perspectiva de los partidos opositores PAN y PRD, cuyos líderes se encargaron de denunciar diversas irregularidades como compra de votos, desvíos de fondos públicos, amenazas, atentados y violencia (política). Con lo cual descalificaron de antemano los comicios. Una de dos:

1) en efecto ocurrió todo lo que se dijo y por las razones aducidas, en cuyo caso los dirigentes de PAN y PRD estarían en un aprieto discursivo para simplemente retornar a la mesa del Pacto, pese a los resultados no tan malos (para el PAN, pero sí para el PRD). Y es que en sus propias palabras, la promesa del PRI y del gobierno no se habría cumplido en lo más mínimo, y entonces no estaría tan claro la continuidad de las negociaciones con esos actores. 

2) El ruido respondía a exageraciones para curarse en salud, en caso de que los resultados hubieran sido más negativos para esos partidos (por ejemplo, ante una derrota en Baja California). En todo caso, queda en el aire si Enrique Peña Nieto hizo la vista gorda en las trapacerías hechas por los gobernadores de su partido o si éstos simplemente hacen lo que quieren con o sin la venia presidencial. Es más probable lo segundo que lo primero, pero no deja de ser un problema (al contrario).

Pese a todo, al parecer el Pacto presenta condiciones para continuar mal que bien algún tiempo más. Pero sigue habiendo algunos escollos para su productividad: 

a) Se adelantó en el calendario lo relativo a la reforma política electoral, donde se muestra una fuerte división entre las bancadas del PAN y PRD en el senado y sus respectivas dirigencias partidistas. Además, es probable que la oposición exija algunos cambios de fondo, como los son la reelección inmediata de legisladores y la segunda vuelta, que le resultan al PRI más bien indigeribles. En caso de no prosperar tales figuras, ¿se pondrá en riesgo la negociación en materia energética y fiscal? Quizá. ¿Aceptaría el PRI al menos uno de esos cambios, por ejemplo la reelección, para dar viabilidad a las reformas pendientes? Probablemente.

b) En materia energética se inició ya el debate, y las cosas no se ven tan claras. Aunque el PAN anima a Enrique Peña Nieto a irse por la reforma constitucional, es claro que la izquierda (ni siquiera la más moderada y negociadora) se irá por ahí. El PRD ha respaldado la iniciativa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que acepta cierta apertura y cambios importantes en Pemex, pero sin reforma constitucional. Se puede o no estar de acuerdo con este planteamiento, pero al menos hay propuesta alterna que se puede discutir en términos de racionalidad económica y administrativa, y no a partir de tabúes, mitos y dogmatismo. La pregunta central del debate, me parece, es si Pemex cuenta con los recursos suficientes para modernizar la industria ante los retos actuales a nivel global o requiere de otras empresas para ello. Algo que se puede discutir con argumentos racionales e información. El obradorismo, por su parte, rechaza todo cambio; que las cosas se queden como están hasta nuevo aviso (como ha ocurrido en las últimas décadas). Eso plantea un dilema a Peña Nieto; ¿se sacrificará la profundidad de la reforma para obtener el mayor consenso posible, con la izquierda institucional a bordo, dando a esta reforma una base amplia de legitimidad?

c) Finalmente está la incógnita de la amplitud e intensidad que podría tener la movilización convocada por López Obrador (y por el resto de la izquierda, en caso de pretender una reforma constitucional). Se ha visto ya cómo en otros países algún tema concreto se constituye como detonador de movilizaciones que después salen del control gubernamental. ¿Existe ese riesgo en México? ¿Lo enfrentará Peña o preferirá irse por una reforma mediana, sin cambio constitucional, para impedir esa eventualidad? Habrá que verlo.

cres5501@hotmail.com

Investigador del CIDE

¿Qué deja el 7 de julio?

Alberto Aziz Nassif

México es un país en donde prácticamente todos los años hay elecciones y en cada proceso se escribe una historia negra de trampas y denuncias, esta vez no fue la excepción.

Algunas de las características que definieron las elecciones del 2013 fueron: 14 comicios locales, pero sólo una gubernatura; se logró que todos fueran el mismo día y no repartidos a lo largo del año como sucedía hasta hace poco; un rasgo importante fue la conexión particular de intereses entre el espacio de la política nacional y la política local por el Pacto por México; se trató de la primera prueba en las urnas dentro del nuevo sexenio, el del regreso del PRI. Otra vez hubo denuncias sobre el uso político de programas sociales y dinero público; y las alianzas entre partidos se dieron de forma repetida. Otros rasgo fue la crisis y los rompimientos internos en los dos grandes partidos de la oposición, PAN y PRD, frente a un PRI instalado de nuevo en Los Pinos. Estas elecciones fueron el espectáculo local que se jugó en el medio tiempo entre los dos periodos ordinarios del Congreso de la Unión, pero, sobre todo, fueron los comicios en donde la violencia se presentó con toda su crudeza; en múltiples espacios del país el crimen organizado puso y vetó candidatos, en otros los liquidó y en algunos más impuso sus reglas y control.

Por tratarse de elecciones locales hay al menos tres problemáticas no resueltas que fueron parte del contexto en el que se votó: a) la inseguridad que en esta nueva administración no tiene cambios importantes respecto a los números que dejó el terrible sexenio calderonista; b) la necesidad de tener más trasparencia y dispositivos más eficientes para la rendición de cuentas de los gobiernos locales que siguen instalados en la opacidad; c) y, de forma central, la regulación necesaria sobre el endeudamiento de estados y municipios que se ha disparado sin ningún control.

¿Qué nos deja el 7 de julio en la selva de las elecciones locales? El estudio que hizo el Senado sobre las condiciones de este proceso marcó la repetición de la pauta conocida en todas las elecciones: compra del voto, intromisión de las autoridades, presencia corporativa de los maestros, apoyos ilegales de los gobernadores, instituciones electorales débiles, es decir, el mismo cuento de siempre en la mayor parte de los territorios electorales. Esta realidad se impuso ante el compromiso retórico, el famoso adéndum que se firmó dentro del Pacto por México.

El día de los comicios se vio el panorama de las 14 historias locales, cada una con una dinámica singular. Con los primeros conteos de votos se pueden destacar algunos resultados: el PAN se vuelve a quedar con Baja California por otro sexenio, con el 92% de las actas computadas mantiene una ventaja de 3 puntos porcentuales. A pesar de haber sido una elección competida la abstención alta —un componente de la cultura política de esa región— se mantuvo y 6 de cada 10 bajacalifornianos no fueron a votar. El PRI tuvo resultados mixtos, en estados como Hidalgo logró conservar casi todas las posiciones, pero en Coahuila, Aguascalientes y Tamaulipas perdió algunos municipios importantes que gano el panismo. Al PRD no le fue bien, de nuevo mostró sus debilidades de estructura y un voto duro reducido; logró algunos triunfos en alianza con el PAN.

De alguna forma hay un hilo importante que reúne todos estos procesos electorales, la certeza de que el modelo de alternancias y el pluralismo son factores importantes de una democracia, pero que de ninguna manera han sido suficientes para lograr una democracia real, porque lo que tenemos es la profundización de una crisis de representación ciudadana en la política formal. Los partidos, los congresos y los gobiernos locales necesitan algo más que turnarse el poder en ciclos de alternancia, es decir, entrarle a modificar los núcleos duros que obstaculizan el ejercicio democrático para tener una representación real. La desprestigiada clase política necesita decidirse por un combate sistemático, consistente y profundo a la corrupción que inunda al país y baje de los niveles más altos hacia los más bajos en la pirámide del poder.

Ahora Peña Nieto y los panistas pueden regresar a la agenda de reformas del Pacto por México, lo que sucedió el domingo pasado no será un factor para alterar las negociaciones en su agenda compartida (energética y fiscal). En cambio, para el PRD los temas de Pemex y el IVA lo colocan en una posición difícil, sobre todo porque Morena y AMLO se empezarán a movilizar contra el Pacto. En suma, el 7 de julio deja un nuevo reparto del poder que se parece mucho al que había antes de los comicios…

Investigador del CIESAS

 Lectura de los comicios

José Antonio Crespo

Una tentación permanente del periodismo nacional e internacional es hacer una lectura federal de comicios locales como los celebrados el domingo pasado; se trata de vislumbrar qué mensaje general se manda en las urnas; ¿es una buena valoración para el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Se aprecia el retorno del PRI al poder? ¿Se ha dado un espaldarazo al Pacto por México o éste ha beneficiado principalmente al partido gobernante frente a los opositores, como lo reflejan algunas encuestas? El presunto triunfo del PAN en Baja California, ¿es también un triunfo de Peña Nieto frente a Manlio Fabio Beltrones? ¿Hubo un castigo electoral al PAN por sus conflictos internos? Probablemente nada de eso; los resultados en cada uno de los catorce estados donde se celebraron comicios el domingo pasado, reflejan esencialmente la dinámica local; la valoración de los electores de sus gobiernos respectivos, el papel de los partidos de oposición locales, escándalos también estatales como el endeudamiento y corrupción de Humberto Moreira en Coahuila, el conocimiento directo de los candidatos a distintos cargos en disputa (ganaron dos candidatos independientes, uno en Zacatecas y otro en Quintana Roo), el papel de los partidos locales o la presencia regional de partidos pequeños (la gran votación del PT en Durango y en Zacatecas, por ejemplo), el tipo de coaliciones que se formaron en cada estado (coaliciones tutifruti que nos recuerdan que la prioridad de los partidos no son sus programas, propuestas o ideología, sino el poder por el poder mismo, así como los recursos y presupuestos inherentes). Los partidos nacionales —en particular los tres más importantes— pierden terreno en algunos estados y lo ganan en otros. De lo cual no puede inferirse una lectura nacional de los resultados agregados en todos estos comicios. Eso es un error de análisis en los que muchos caen. Para dilucidar la motivación de los electores habría que revisar encuestas de salida o poselectorales en cada entidad para responder la incógnita de por qué la gente votó como votó.

Lo que sí es posible indagar o especular son los efectos probables de estos resultados en la política nacional, lo que es harto distinto. Se puede pensar, por ejemplo, que de confirmarse el triunfo del PAN en Baja California (como todo parece indicar), fortalecerá la posición de Gustavo Madero en la dirigencia de su partido, y le permite continuar en su aspiración de reelegirse a fines de este año. También, que si —como parece— los tres partidos grandes quedan mínimamente satisfechos con los resultados, tendrán incentivos para dar continuidad al Pacto por México (a pesar de las mutuas acusaciones y descalificaciones durante el proceso mismo). Habrá que verlo, pues el Pacto de cualquier manera ha sido puesto en entredicho por este proceso, lo cual constata que los procesos electorales inevitablemente se constituyen como un traspié al proceso de acuerdos interpartidarios, de toma de decisiones y actividad legislativa. Precisamente para despejar el terreno a la acción de gobierno y legislativa se han ido compactando diversos procesos electorales (de ahí que el domingo se celebraran en un solo día comicios en 14 estados, involucrando a 32 millones de electores). Pero no parece bastar; habría que hacer un esfuerzo mayor para reducir todavía más los tiempos para disputar el poder, dejando el resto al ejercicio adecuado del mismo.

cres5501@hotmail.com

Investigador del CIDE

De candigatos y candidotes

 José Antonio Crespo

Aunque Gustavo Madero dijo que los ciudadanos estaban “hasta la madre” del PRI, en Baja California es más probable que los electores se sientan de esa manera respecto del PAN que lleva 24 años gobernando esa entidad. Ahí se registró la primera alternancia a nivel de gubernatura, en 1989. En el año 2000, colegas que habían estudiado minuciosamente el gobierno del PAN en Baja California advertían que no nos hiciéramos demasiadas ilusiones con la alternancia a nivel presidencial, pues el partido blanquiazul había resultado un gran fiasco y habría que tomar eso como adelanto de lo que ocurriría a nivel nacional. Muchos pensábamos (wishful thinking) que las cosas podrían ser distintas, que en el gobierno federal el PAN no desperdiciaría la gran oportunidad y responsabilidad que ello suponía. Nos equivocamos rotundamente, como resulta hoy evidente a todos. La verdad es que muchos ciudadanos “están hasta la madre” del PRI, del PAN, del PRD y del resto de partidos.

Justo por eso, en los comicios locales de este año vuelve a surgir la protesta ciudadana frente a la partidocracia, convocando a los inconformes a votar por alguno de los candidatos de caricatura surgidos en distintos puntos del país: gatos, perros y burros; una nueva modalidad del voto nulo. Es una forma satírica de decirle a los partidos que muchos ciudadanos no se sienten representados por ninguno de ellos, que están hartos de sus abusos y componendas, de su corrupción e impunidad. Sigo pensando que para quienes quieren protestar y presionar a los partidos, es más racional asistir a la casilla y anular el voto, que simplemente abstenerse.

El voto nulo (ya sea emitido por algún candidato animal o cruzando la boleta) no tiene repercusiones jurídicas, ya lo sabemos. Pero en la medida en que fuese emitido en un porcentaje respetable, generaría una presión política sobre los partidos que los orillaría a tomar en cuenta las demandas de los anulistas. Lo vimos en 2009, cuando el voto nulo a nivel nacional sólo alcanzó el 5 % (aunque llegó a niveles más altos en varias ciudades). De ser más voluminoso, su efecto sería mucho mayor, pues los partidos, pese a su prepotencia, requieren de un nivel mínimo de legitimidad. Si no fuera así, el PRI seguiría siendo partido hegemónico, pues jamás se habría sentido obligado a aceptar reformas que abrieran la puerta a una auténtica competitividad y alternancia.

Pero los movimientos anulistas se enfrentan a los siguientes obstáculos: 1) Son los electores independientes los que suelen recurrir a esa forma de protesta, pues los votantes duros piensan que su partido es una maravilla y merece seguir siendo apoyado, haga lo que haga (o lo que no haga). 2) Pero justo los independientes son los que más se abstienen en elecciones intermedias o en aquéllas donde no está en disputa una gubernatura (13 de las 14 elecciones de este año). Quienes sienten apatía o rechazo por los partidos, optan más fácilmente por la abstención. Pero la abstención no tiene ni de lejos el efecto de presión y protesta del voto nulo.

3) La mayoría de los electores, pese a sentir enojo con los partidos en su conjunto, cándidamente suelen emitir su voto “por el menos malo”, asumiendo que de verdad alguno de los partidos (el que sea) es en efecto “menos malo” que los demás. No deja de haber una cierta esquizofrenia en el elector promedio; desconfía de los partidos (en todas las encuestas, éstos ocupan el último lugar junto con la policía), se enoja con sus despilfarros, sus elevados sueldos, jugosos bonos, uso discrecional de presupuestos, seguros de lujo y muchas otras prebendas… pero siguen votando por ellos. No parece quedar claro que al emitir un voto por cualquier partido, en realidad se emite una inyección de legitimidad a todo el sistema partidario, una autorización implícita para que los partidos sigan haciendo lo que les venga en gana. Y así seguirá ocurriendo mientras no tengamos instrumentos más eficaces de controles ciudadanos sobre ellos, como lo son la reelección consecutiva, la revocación de mandato y un efecto jurídico del voto nulo, como ocurre en muchas democracias.

La fuente de legitimidad de la partidocracia, con el cheque en blanco que eso supone, surge de una votación nutrida por ellos. El voto nulo, aunque simbólico, significa lo contrario; una protesta sonora y visible por sus arbitrariedades, y una presión para que nos doten de instrumentos de control eficaces, con los que podríamos frenar y castigar sus múltiples y acostumbrados abusos.

cres5501@hotmail.com

Investigador del CIDE

Selección de consejeros electorales

José Antonio Crespo

Ahora que se discute la creación de nuevas instituciones autónomas —o dotar de ese rasgo a otras ya existentes— se pone como ejemplo recurrente lo sucedido con el IFE; sí, muy autónomo formalmente, pero en la práctica partidizado. En efecto. Para la sustitución de Sergio García Ramírez en el Consejo General, el fantasma de la partidización y el cuotismo ronda de nuevo en la Cámara de Diputados. Más de un priísta consagrado se presentó a la convocatoria, probablemente bajo la perspectiva de que el PRI buscará mantener esa cuota. La regla no escrita sobre el cuotismo es que al partido con mayor votación en la última elección le tocan más propuestas, incluyendo la del Consejero Presidente. No fue así en el origen: en 1994 cada uno de los tres partidos grandes, pese a sus diferencias de votación en la elección anterior, propuso dos consejeros. Eso se empezó a romper en 1996 (aunque todavía se mantuvo cierto equilibrio), y se perdió definitivamente en 2003: por su votación, al PRI le correspondía proponer presidente del IFE y otros tres consejeros, al PAN tres consejeros y al PRD, dos. Al final, PRI y PAN dejaron fuera al PRD y se repartieron sus dos propuestas. En 2010 el cuotismo complicó nombrar tres nuevos consejeros (el PRI se adjudicaba dos de ellos) lo que retrasó esa decisión por más de un año.

La partidización del IFE eleva la probabilidad de que las propuestas de cada partido sean adeptos suyos (o de plano, soldados) y defiendan sus intereses. Suele incluso haber militantes en activo en el Consejo, pues la ley no lo prohíbe. Se dice que puede conciliarse la militancia con la imparcialidad; formalmente sí, pero las probabilidades de ello son remotas. Un colega preguntaba en torno al voto de García Ramírez para exonerar al PRI por el Monexgate, si esperábamos que el consejero votara contra su partido. Pues no, y eso es lo malo de la militancia. Mejor que no haya consejeros militantes, habiendo tantas personas sin cercanía orgánica con ningún partido. Bajo el cuotismo, los consejeros (militantes o no) suelen votar a partir del interés del partido que los propuso (hay excepciones).

Tras la elección de 2012, el PAN y el PRD muestran enojo con el desempeño del IFE en general, acusándolo de parcialidad. Son ellos entonces quienes tienen que insistir en modificar la fórmula de selección para elegir gente experimentada en el tema y sin cercanía con ningún partido, lo que elevaría enormemente la probabilidad de autonomía real e imparcialidad del Consejo. Pero tanto el PAN como el PRD también manejan cuotas, y donde son gobierno repiten justo lo que critican. Tiene razón Bernardo Bátiz, cuando critica que “la izquierda se desgarra las vestiduras en el sentido bíblico (por el cuotismo), sin embargo, es incapaz de reconocer que… actúa con las misma alevosía y deslealtad política al integrar órganos electorales donde tiene predominio. Así actuó en el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal en diciembre pasado” (La Jornada, 30/Ene/13). Por su parte, Luis Felipe Bravo recomienda: “Lo primero a que deben obligarse los partidos es a evitar su integración por cuotas partidistas y a fumigar a dichas instituciones (autónomas) de influencias sectarias y mercantilistas que hoy las carcomen” (EL UNIVERSAL, 8/Feb/13).

Pero los partidos no dejarán de buscar sus cuotas mientras tengan participación directa en la selección de consejeros. Por lo cual Silvano Aureoles, coordinador de diputados del PRD, afirma, con razón: “El (actual mecanismo) deja mucho qué desear y se entrampan las designaciones o la votación en la Cámara, porque obedece fundamentalmente al cuotismo” (8/Feb/13). En efecto, el problema radica en la fórmula para seleccionar a los consejeros. Debiera considerarse en la próxima reforma electoral encargar a varias Instituciones de Educación Superior (que impartan derecho o ciencia política) formar una comisión que reciba las solicitudes, revise currículas, haga entrevistas y califique ensayos, y de ahí extraer una lista de gente capacitada e independiente para ocupar los cargos. Algunos proponen que de esa lista final se elija a los consejeros por sorteo, pero incluso si el Congreso hace la selección final, crecerían las probabilidades de inyectar auténtica ciudadanización, autonomía e imparcialidad al árbitro electoral, en lugar de la actual partidización. Un proceso embrionario de esa fórmula fue la que permitió romper el impasse de los tres nombramientos relegados por más de un año, en 2011 (con buenos resultados en general).

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Investigador del CIDE

Poderes formales vs. poderes fácticos

José Antonio Crespo

Un rasgo del régimen priísta fue la creación, desde el Estado mismo, de organizaciones poderosas que, a partir de grandes privilegios, servían de incondicional apoyo al gobierno en turno, en particular al Presidente de la República. Esos, que hoy llamamos poderes fácticos, eran esencialmente los liderazgos de las grandes corporaciones sindicales y los medios de comunicación (en particular Televisa). Esos poderes fácticos se sabían débiles frente al presidente, al que preferían no desafiar. Emilio Azcárraga Milmo, el famoso “Tigre”, definió a su empresa como un “soldado del Presidente”. Pero una condición indispensable de la democracia con sus pesos y contrapesos era la redistribución del poder presidencial entre otros poderes formales; el Congreso, la Suprema Corte y los gobernadores. En ese sentido la Presidencia se acotó. Pero los poderes fácticos quedaron intactos porque la democratización no se centró en ellos, sino en los poderes formales. Como consecuencia de ello, esos poderes fácticos quedaron —aparentemente— con mayor fuerza que los poderes formales. Al menos esa era la impresión que quedó tras la democratización inicial. Lo que además cobraron esos poderes fácticos fue autonomía; ahora podían pactar con quien quisieran, con capacidad de presionar y hasta chantajear a los poderes formales para defender y promover sus intereses particulares. Ahora sabemos que pudieron hacerlo en buena parte porque los últimos presidentes, en particular los del PAN, dieron por válida esa premisa. De ahí el encumbramiento de Elba Esther Gordillo en los gobiernos panistas; de ahí la impunidad de Carlos Romero Deschamps en el Pemexgate; de ahí las loas de Vicente Fox al desaparecido Fidel Velázquez y al aún entonces vigente Leonardo Rodríguez Alcaine.

Pero también las televisoras adoptaron esa posición de poder supremo y los presidentes panistas la compraron. Ahí está el “decretazo” de Fox cuando dio nuevos privilegios a las televisoras. Y en la disputa por el espectro radioeléctrico, Fox simplemente se salió por la tangente, mostrando su desconocimiento sobre lo que era un jefe de Estado (“¿Y yo por qué?”). Ahí está la “Ley Televisa” aprobada sin chistar en la Cámara baja del Congreso y ratificada por mayoría en el Senado. A Felipe Calderón, durante su campaña presidencial, le recomendaron algunos analistas declarar que la “Ley Televisa” se discutiera después de la elección para no contaminar el proceso. Respondió a sus interlocutores que le estaban pidiendo un suicidio. Y ni Fox ni después Calderón vetaron dicha ley (tuvo que intervenir la Suprema Corte). Recordemos a los candidatos y al presidente Fox, entrevistándose con Emilio Azcárraga Jean en su casa de Valle de Bravo, en lugar de que fuera él a las oficinas de los candidatos y a Los Pinos. Es en tales condiciones que los roles tradicionales se invirtieron; podía decirse que era ahora el Presidente (y los poderes formales) los soldados de las televisoras.

Paradójicamente, es Enrique Peña Nieto, favorecido en buena medida por las televisoras (en particular Televisa) en su búsqueda de la Presidencia, quien toma la decisión de poner coto al privilegio y poder de los grandes concesionarios. Se apostaba a que haría lo contrario: acrecentar el poder y beneficios de las televisoras aun más allá de lo que lo hicieron los panistas. Desde luego, la reforma también es parte del Pacto por México, y por tanto Peña hace bien en compartir el mérito con la oposición. Pero sin la voluntad presidencial, dicha reforma —que también toca a otro poder fáctico, Carlos Slim— no tendría ninguna posibilidad. Es cierto que a las televisoras como a Slim se les abren nuevas oportunidades; un intercambio de espacios (como el que proponía Andrés Manuel López Obrador, que ahora descalifica la reforma, en tanto los calderonistas la minimizan al no haberla ellos siquiera intentado). Tanto en este caso como en el golpe contra el liderazgo magisterial, se demuestra que la Presidencia de la República, pese a estar acotada institucionalmente frente a otros poderes formales, tiene la fuerza para poner un alto a los poderes fácticos. Depende de que se quiera y sepa usar. Desde luego, lo importante no sería que devolviera a esos poderes a su antigua sumisión frente a la Presidencia —lo que falta por ver en el sindicalismo— sino quitar fuerza a cada uno de ellos (como puede ocurrir con la Ley de telecomunicaciones). Y es que no se trata de regresar al antiguo patrón vertical de subordinación al Presidente, sino generar condiciones de competencia y desconcentración en esos rubros.

cres5501@hotmail.com

Investigador del CIDE