Consulta petrolera

 José Antonio Crespo

En la última reforma política se incluyó en la Constitución la figura de consulta ciudadana sobre temas de trascendencia nacional (lo que deja cierto hueco, porque para lo que algunos es trascendente, para otros no lo es; ¿quién determina la trascendencia?) A partir de lo cual tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador proponen que la reforma energética (asumiendo que incluirá una reforma constitucional) sea sometida a consulta popular, con vistas a echarla abajo. Pero Cárdenas está pensando en que se haga durante los comicios federales de 2015, como lo estipula la Constitución, cuando la reforma hubiera sido ya aprobada. En cambio, López Obrador pretende que la consulta se haga antes de ser incluso aprobada por el Congreso. Lo que nos lleva a las siguientes apreciaciones:

A) La propuesta de Cárdenas es perfectamente viable, si bien se exige la petición por parte del 2 % de los ciudadanos de la lista nominal de electores (aproximadamente un millón seiscientos mil), lo cual es perfectamente posible. En cambio, la propuesta de López Obrador no es viable hoy por hoy, pues se adelanta a lo establecido por la Constitución, si bien eso podría subsanarse a través de un transitorio en la ley respectiva, lo cual no ha sido aprobado (debió estar lista en agosto pasado). Eso implica que para llevarse a cabo la consulta antes de ser aprobada la reforma, tendrían que abocarse los legisladores a legislar sobre la consulta popular, quizá introduciendo el punto en los debates de la reforma político–electoral.

B) Aun así, la consulta no podría ser sobre una reforma que no ha sido discutida y aprobada en el Congreso, sino sobre algún aspecto específico de la iniciativa presentada por el Ejecutivo; me imagino que la pregunta que se sometería a los ciudadanos es si desea una reforma constitucional en materia energética o no, pues es el punto de controversia (ni siquiera lo es la apertura al capital privado, que en ciertas modalidades está contemplada por la propuesta de Cárdenas). Como quiera, me parece sano que se hagan consultas sobre reformas que no han sido aprobadas, pues por un lado no se sabe exactamente qué es lo que se está aprobando o rechazando de antemano. Además, de rechazarse un tema abstracto, en lugar de una ley específica, eso sería utilizado para impedir en el futuro que se intente legislar sobre ese tema. En cambio, si se rechaza una ley específica y aprobada, no hay impedimento en intentar otra ley sobre el mismo tema (con cambios, quizá) más adelante.

C) Una consulta ad hoc, fuera del proceso electoral, tiene el riesgo (para quienes la promueven) de que no se logre la participación del 40% de ciudadanos enlistados que exige la Constitución para que el resultado sea vinculante. Dicho porcentaje sí es más factible conseguirlo durante una elección constitucional, incluso una intermedia, pues en esas fechas la gente de cualquier manera está dispuesta a concurrir a las urnas. Es probable que en una consulta aislada participen sólo quienes más clara y apasionadamente se opongan a la reforma que se consulta, pero difícilmente constituirán el 40 % del electorado. De cualquier manera, un resultado adverso para la causa de AMLO sería descalificado como producto de un fraude, y las autoridades electorales, como “lacayos de la mafia”.

D) Se entiende que las figuras de democracia directa subsanan las deficiencias de la democracia representativa, que no difiere mucho de una auténtica oligarquía. Se reconoce que dicha oligarquía es representativa del todo social, siempre y cuando sean electos de manera libre y equitativa, y que rindan cuentas eficazmente frente a su electorado (lo que no ocurre en México pues no contamos con los instrumentos para ello; ni reelección consecutiva ni revocación de mandato). Pero la democracia directa tiene sus límites y riesgos; hay temas que no conviene poner a decisión ciudadana (la Constitución los especifica, en nuestro caso). El petróleo no es uno de esos, pero sí es un tema altamente especializado, con innumerables consideraciones técnicas, económicas y administrativas que difícilmente son comprendidos cabalmente por el grueso de los ciudadanos. Por lo cual existe el riesgo que este y otros temas de trascendencia nacional, sean decididos (sea a favor o en contra) a partir de ideas erróneas, prejuicios, falta de información, o dogmas históricos (en un país de dogmas). Es uno de los riesgos más palpables de la democracia directa cuando se someten temas altamente especializados.