Juan Pablo Proal
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Playa Mazunte. Foto: Especial. |
Los
mercaderes facultados para malbaratar el país tienen hambre de rematar
hasta el último reducto disponible. La subasta no sólo incluye
petróleo, agua, telecomunicaciones o seguridad social, sino también la
arena y el mar. Ningún mexicano podrá disfrutar de la playa si no tiene
dinero suficiente. Dogma del libre mercado: el mundo es para quien
puede pagarlo.
Por playas de todo el país se comenzaron a colocar letreros apocalípticos: “Propiedad privada, prohibido el paso”. Pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras comienzan a ser desplazadas de su propia tierra. Son tratados como extranjeros en su país, indeseables extraños, insoportable contaminación visual para los exclusivos hoteles internacionales.
Desde 1986 los mayas descendientes de los indígenas rebeldes de la Guerra de Castas se quedaron sin playa en la reserva de la biosfera de Sian Ka ´an, marginados del proyecto turístico de la Riviera Maya impulsado por el entonces gobernador Pedro Joaquín Coldwell, hoy secretario de Energía de la administración federal. En Jalisco, un estudio del Movimiento de Regeneración Nacional advirtió que el 82 por ciento de los 280 kilómetros de litoral está en proceso de privatización. En octubre de 2010, los legítimos propietarios de 42 hectáreas frente a la playa de Tenacatita, en ese estado, fueron despojados de sus tierras debido a que un juez le otorgó el área a un particular. Y en agosto pasado, pescadores del municipio de La Huerta, en esa misma entidad, fueron echados de la playa por guardias privados de un complejo turístico. Y qué decir de Guerrero, donde los ejidatarios de Revolcadero, Copacabana y La Zanja fueron difuminados para dar paso al complejo Punta Diamante. Cinco estampas del éxodo nacional que se avecina.
“(…) El gobierno maneja que quiere desarrollo para los municipios, pero nunca se han puesto a ver la necesidad que tiene una cooperativa o un grupo de pescadores de tener una pequeña concesión y, en cambio, al empresario turístico le dan todo (…) hasta ha habido pescadores desaparecidos o suicidios por defender algo que creemos que es nuestro”, denunció Alejandro Trujillo Hernández, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Jalisco (Milenio, 5 de agosto de 2013).
Tan sólo entre abril y septiembre de 2005 fueron otorgados más de 500 títulos de concesión en las zonas costeras del país, el mes que mayor número presentó fue junio, con casi tres millones de metros cuadrados de superficie, de acuerdo con el estudio “La privatización de las zonas costeras en México”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es en este contexto que el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional para permitir a los extranjeros adquirir propiedades frente al océano para uso residencial. El exgobernador de Sonora justificó así su propuesta: “Se trata de erradicar la simulación en la propiedad extranjera en las playas de México y de eliminar a los intermediarios que a través de fideicomisos, sociedades anónimas y prestanombres, han lucrado con la prohibición constitucional”. Simple: legalizar lo ilegal. La propuesta fue aprobada con 356 votos a favor, 119 en contra y 12 abstenciones.
En sólo quince días hábiles, los diputados aceleraron la maquinaria burocrática para aprobar la iniciativa presentada por Beltrones, que aún debe ser votada en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales.
¿Quién se beneficia de esta propuesta? Óscar Mondragón,
responsable de la iniciativa Defendamos Nuestras Playas (http://unionmexico.mx/), identifica a tres grupos mayoritarios: ciudadanos estadunidenses, grandes inmobiliarias y los políticos mexicanos.
Actualmente en México habitan un millón y medio de jubilados y pensionados estadunidenses. En el país vecino, estima Mondragón, alrededor de 15 millones de personas cuentan con fortunas personales superiores a los diez millones de pesos: “En segundos venderán desarrollos de playa y sin ninguna regulación, terminarán con fauna marina, cooperativas y pescadores”.
— ¿Además de Beltrones, han identificado a otros políticos interesados en este negocio? –le pregunto durante una entrevista.
— Es claro que todos los políticos tienen negocios y el negocio inmobiliario en México siempre ha estado fuertemente vinculado a la actividad política.
Con dicha reforma, anticipa Mondragón, los mexicanos que viven de la economía ligada al mar obtendrán una cantidad miserable de dinero a cambio de sus terrenos, lo que posteriormente derivará en un problema de seguridad, pues habrá desaparecido su antiguo modo de subsistencia. Además, serán afectados 11 mil kilómetros de litoral en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas. Y un punto alarmante: “Extranjeros se quedarán con las manos libres para establecerse con cualquier intención, disimulando con fachadas de residencias particulares”, cita un estudio de Defendamos Nuestras Playas.
Esta iniciativa es acorde a la política neoliberal donde el Estado abandona las esferas del derecho público y lo sustituye por la privatización. Los extranjeros cerrarán los espacios, hasta ahora públicos, a las playas que adquieran. Los nuevos dueños podrán subarrendar y recibir huéspedes de paga.
Por ello, Defendamos Nuestras Playas está recabando firmas y encabezando una campaña a nivel nacional para exigir al Senado votar en contra de este proyecto.
La Conferencia Global de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebró en 2001 en París una cumbre sobre desarrollo sostenible en la que concluyó que la reducción de la pobreza no podrá ser alcanzada sin océanos ni costas saludables.
México tiene once mil kilómetros de litoral distribuidos en 17 estados costeros. Las playas son una zona indispensable de recreación, manifestación artística, flujo comercial, derrama de divisas extranjeras, inversión turística y factor predominante de salud ambiental y diversidad biológica.
Los bienes públicos no son baratijas para ser ofrecidas al mejor postor. La privatización de las playas es una continuación del rumbo del país: una élite con ambiciones desmedidas capaz de malbaratar una nación entera a cambio de vivir como estrellas de Hollywood.
En lugar de quedarnos como espectadores de un saqueo más de lo que queda de México, es imprescindible que, cuando menos, nos sumemos a la campaña para no convertirnos en extranjeros en nuestro propio país.
Twitter: @juanpabloproal
www.juanpabloproal.com
Por playas de todo el país se comenzaron a colocar letreros apocalípticos: “Propiedad privada, prohibido el paso”. Pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras comienzan a ser desplazadas de su propia tierra. Son tratados como extranjeros en su país, indeseables extraños, insoportable contaminación visual para los exclusivos hoteles internacionales.
Desde 1986 los mayas descendientes de los indígenas rebeldes de la Guerra de Castas se quedaron sin playa en la reserva de la biosfera de Sian Ka ´an, marginados del proyecto turístico de la Riviera Maya impulsado por el entonces gobernador Pedro Joaquín Coldwell, hoy secretario de Energía de la administración federal. En Jalisco, un estudio del Movimiento de Regeneración Nacional advirtió que el 82 por ciento de los 280 kilómetros de litoral está en proceso de privatización. En octubre de 2010, los legítimos propietarios de 42 hectáreas frente a la playa de Tenacatita, en ese estado, fueron despojados de sus tierras debido a que un juez le otorgó el área a un particular. Y en agosto pasado, pescadores del municipio de La Huerta, en esa misma entidad, fueron echados de la playa por guardias privados de un complejo turístico. Y qué decir de Guerrero, donde los ejidatarios de Revolcadero, Copacabana y La Zanja fueron difuminados para dar paso al complejo Punta Diamante. Cinco estampas del éxodo nacional que se avecina.
“(…) El gobierno maneja que quiere desarrollo para los municipios, pero nunca se han puesto a ver la necesidad que tiene una cooperativa o un grupo de pescadores de tener una pequeña concesión y, en cambio, al empresario turístico le dan todo (…) hasta ha habido pescadores desaparecidos o suicidios por defender algo que creemos que es nuestro”, denunció Alejandro Trujillo Hernández, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Jalisco (Milenio, 5 de agosto de 2013).
Tan sólo entre abril y septiembre de 2005 fueron otorgados más de 500 títulos de concesión en las zonas costeras del país, el mes que mayor número presentó fue junio, con casi tres millones de metros cuadrados de superficie, de acuerdo con el estudio “La privatización de las zonas costeras en México”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es en este contexto que el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional para permitir a los extranjeros adquirir propiedades frente al océano para uso residencial. El exgobernador de Sonora justificó así su propuesta: “Se trata de erradicar la simulación en la propiedad extranjera en las playas de México y de eliminar a los intermediarios que a través de fideicomisos, sociedades anónimas y prestanombres, han lucrado con la prohibición constitucional”. Simple: legalizar lo ilegal. La propuesta fue aprobada con 356 votos a favor, 119 en contra y 12 abstenciones.
En sólo quince días hábiles, los diputados aceleraron la maquinaria burocrática para aprobar la iniciativa presentada por Beltrones, que aún debe ser votada en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales.
¿Quién se beneficia de esta propuesta? Óscar Mondragón,
responsable de la iniciativa Defendamos Nuestras Playas (http://unionmexico.mx/), identifica a tres grupos mayoritarios: ciudadanos estadunidenses, grandes inmobiliarias y los políticos mexicanos.
Actualmente en México habitan un millón y medio de jubilados y pensionados estadunidenses. En el país vecino, estima Mondragón, alrededor de 15 millones de personas cuentan con fortunas personales superiores a los diez millones de pesos: “En segundos venderán desarrollos de playa y sin ninguna regulación, terminarán con fauna marina, cooperativas y pescadores”.
— ¿Además de Beltrones, han identificado a otros políticos interesados en este negocio? –le pregunto durante una entrevista.
— Es claro que todos los políticos tienen negocios y el negocio inmobiliario en México siempre ha estado fuertemente vinculado a la actividad política.
Con dicha reforma, anticipa Mondragón, los mexicanos que viven de la economía ligada al mar obtendrán una cantidad miserable de dinero a cambio de sus terrenos, lo que posteriormente derivará en un problema de seguridad, pues habrá desaparecido su antiguo modo de subsistencia. Además, serán afectados 11 mil kilómetros de litoral en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas. Y un punto alarmante: “Extranjeros se quedarán con las manos libres para establecerse con cualquier intención, disimulando con fachadas de residencias particulares”, cita un estudio de Defendamos Nuestras Playas.
Esta iniciativa es acorde a la política neoliberal donde el Estado abandona las esferas del derecho público y lo sustituye por la privatización. Los extranjeros cerrarán los espacios, hasta ahora públicos, a las playas que adquieran. Los nuevos dueños podrán subarrendar y recibir huéspedes de paga.
Por ello, Defendamos Nuestras Playas está recabando firmas y encabezando una campaña a nivel nacional para exigir al Senado votar en contra de este proyecto.
La Conferencia Global de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebró en 2001 en París una cumbre sobre desarrollo sostenible en la que concluyó que la reducción de la pobreza no podrá ser alcanzada sin océanos ni costas saludables.
México tiene once mil kilómetros de litoral distribuidos en 17 estados costeros. Las playas son una zona indispensable de recreación, manifestación artística, flujo comercial, derrama de divisas extranjeras, inversión turística y factor predominante de salud ambiental y diversidad biológica.
Los bienes públicos no son baratijas para ser ofrecidas al mejor postor. La privatización de las playas es una continuación del rumbo del país: una élite con ambiciones desmedidas capaz de malbaratar una nación entera a cambio de vivir como estrellas de Hollywood.
En lugar de quedarnos como espectadores de un saqueo más de lo que queda de México, es imprescindible que, cuando menos, nos sumemos a la campaña para no convertirnos en extranjeros en nuestro propio país.
Twitter: @juanpabloproal
www.juanpabloproal.com
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