Interrupción Legal del Embarazo en México
LA VOZ DE LA COALICIÓN
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Raffaela Schiavon Ermani* y Silvia María Loggia**
Cimacnoticias | México, DF.- Muchos son los avances logrados en materia de salud sexual y reproductiva en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 12 al 15 de agosto pasado, a la cual asistieron 38 representantes de Estados de la región, así como un gran número de representantes de la sociedad civil.
De la misma forma, son muy significativos los avances logrados en la Ciudad de México, donde el cambio de la ley se tradujo en un efectivo acceso de las mujeres a servicios de abortos legales y seguros.
Desde abril de 2007, más de 106 mil mujeres han tenido acceso a una interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, en los servicios públicos de la Secretaría de Salud del DF, bajo un marco de protección legal y de seguridad médica.
Asimismo, en Uruguay, se ha logrado recientemente un importante avance legislativo en materia de interrupción legal del embarazo y un acceso de las mujeres de ese país sudamericano a la atención legal y segura del aborto.
También, en este proceso, se han sumado países como Colombia y Argentina, que han logrado progresos en el marco legal y en la mejoría del acceso a la interrupción terapéutica del embarazo.
Ante estos éxitos, no es fortuito que emerjan discursos por parte de grupos conservadores que bajo argumentos seudocientíficos y observaciones no basadas en evidencia ni en datos duros oficiales, buscan desvirtuar la importancia para la salud pública y los Derechos Humanos de las mujeres de los logros mencionados.
Los argumentos enunciados por estos grupos afirman que: 1. El aborto no constituye una causa relevante de muerte materna 2. Por lo tanto, la legalización del aborto no es necesaria para reducir la muerte materna.
A estos argumentos se oponen los datos duros y las evidencias internacionales, regionales y nacionales. Las muertes por abortos inseguros en el mundo representan 13 por ciento del total de las muertes maternas.
En México, entre 2002 y 2010, se registraron en promedio 85 defunciones por aborto cada año en mujeres de todas las edades, acumulándose 950 defunciones en estos años, lo que ha representado poco más del 7 por ciento de todas las defunciones, ubicando al aborto como la quinta causa de muerte materna.
En adolescentes, este indicador fue de 12 defunciones por año en promedio (135 en total); es decir, el 14.2 por ciento de todas las muertes por aborto ocurrieron en mujeres menores de 19 años.
No siempre un aborto inseguro cobra la vida de las mujeres, pero con mucha frecuencia impacta en su salud. Las consecuencias sobre la salud de un aborto inducido dependen esencialmente del marco legal en el que se realiza, pero también de los servicios que atienden a sus complicaciones, de la capacitación y actitud del profesional y del método empleado.
También es muy relevante la edad gestacional, ya que un aborto en las primeras semanas del embarazo es siempre más seguro que intervenciones más tardías.
La importancia que representa el aborto en la salud pública puede medirse a través de la carga que representa en las atenciones hospitalarias.
Durante el periodo comprendido de 2000 a 2010 se ha observado una tendencia ascendente en el número de mujeres hospitalizadas por esta causa en el país, situación que se vincula directamente con las brechas que aún prevalecen en materia de cobertura anticonceptiva, demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y edad al tener el primer hijo.
A inicios del periodo, en los hospitales públicos del Sistema de Salud en el país se registraron 164 mil 457 egresos por aborto, y 205 mil 646 durante 2010.
Este comportamiento se desarrolló a expensas de un aumento en las atenciones registradas por la Secretaría de Salud (72 mil 414 contra 126 mil 287). En el IMSS-Ordinario se observó un decremento (72 mil 556 contra 63 mil 10), mientras que en los otros sectores el número absoluto se mantuvo relativamente estable.
La evidencia en México demuestra que existe un alto porcentaje de embarazos no planificados, particularmente entre las mujeres adolescentes. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 4 de cada 10 adolescentes que tuvieron un embarazo lo definieron como no planificado o no deseado.
Esa información es consistente con los niveles de demanda insatisfecha de anticoncepción que presentan las adolescentes de este grupo de edad (una de cada cuatro). Mientras exista esta tendencia, las mujeres continuarán enfrentando la necesidad de recurrir a abortos inseguros como única opción para regular su fecundidad.
El aborto inducido continúa siendo un tema de salud pública, de Derechos Humanos (DH) y de desigualdad, y sigue cobrando, injustamente, inequitativamente e innecesariamente, las vidas y afectando la salud de las mujeres.
Las mujeres que cuentan con acceso a información, a tecnologías adecuadas y recursos económicos, pueden interrumpir su embarazo de forma segura, mientras que muchas otras se someten a procedimientos que arriesgan su salud, su vida o su seguridad jurídica.
Pero, si el aborto se realiza en condiciones legales, por personal capacitado y en servicios habilitados, es el procedimiento más seguro que pueda enfrentar una mujer embarazada, con un riesgo de muerte decenas de veces inferior al de un parto.
Así lo demuestran las estadísticas internacionales y la evidencia generada en los últimos años en la Ciudad de México: entre los más de 106 mil casos atendidos conforme a la legislación de interrupción legal del embarazo, se han registrado cero muertes maternas.
La estrategia para evitar abortos inseguros debe por lo tanto, como cualquier estrategia de salud pública, desarrollarse a través de la prevención primaria, es decir, que las mujeres tengan acceso a información, métodos anticonceptivos y educación sexual integral.
La prevención secundaria se debe realizar mediante servicios de aborto seguro y legal, lo que representa también un imperativo desde el punto de vista de los DH de las mujeres.
Es importante dar a conocer los compromisos que los gobiernos de la región asumieron a este respecto y las medidas que acordaron adoptar, de acuerdo con el Consenso de Montevideo:
• Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos (Párrafo 14).
• Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces, y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado. Asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños (Párrafo 40).
• Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados, e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos (Párrafo 42).
Las mujeres tienen derecho a tomar decisiones, a estar informadas, pero sobre todo a vivir una sexualidad segura y placentera, libre de violencia y discriminación, así como de vivir una maternidad elegida, segura y gozosa.
*Raffaela Schiavon Ermani es directora general de Ipas México.
**Silvia María Loggia es asistente del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM).
***Ipas México y el CPMSM son parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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