DERECHOS HUMANOS
No hay detenidos ni reforma al fuero militar
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-Después de tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual cometida por militares contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas aún esperan la justicia que se les negó desde 2002 cuando fueron agredidas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que a tres años de que se emitieran las sentencias, las instancias del Estado mexicano no han estado a la altura de la determinación de ambas mujeres tlapanecas, toda vez que el cumplimiento cabal de los fallos todavía no se materializa.
En un comunicado, la agrupación humanitaria dijo desconocer algunas de las acciones que dependencias del gobierno federal han implementado para cumplir con las sentencias, y que las acciones realizadas distan mucho de los acuerdos con las víctimas.
Por ejemplo, mencionó que la Secretaría de Gobernación afirmó públicamente que creó un fideicomiso para el cumplimiento de lo ordenado por la CoIDH; sin embargo –advirtió Tlachinollan– no ha sido presentado a Inés y Valentina, ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En lo que se refiere al mecanismo para la atención médica, el organismo que litigó el caso ante la CoIDH aseguró que la medida no se ha cumplido, pues no ha respondido a los acuerdos establecidos y más bien se está a la espera de algunas adecuaciones.
En cuanto a las acciones de reparación comunitarias, Tlachinollan alertó que la creación y operación del albergue para estudiantes y el Centro Comunitario para las Mujeres en Ayutla de Los Libres, Guerrero, ordenados por la Corte, corren el peligro de desvirtuarse si no se priorizan mecanismos de rendición de cuentas y si no se aseguran mecanismos comunitarios de operación participativa.
Sobre la investigación de los hechos y la presentación de los responsables de las violaciones ante la justicia, actualmente las averiguaciones previas están radicadas ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), pero aún no hay consignaciones.
El Centro de Derechos Humanos apuntó también que la reforma legal al Código de Justicia Militar –ordenada en las dos sentencias de la CoIDH– continúa sin materializarse, ya que no hay avances en las audiencias públicas organizadas por el Senado sobre el tema.
Las discusiones en la Cámara alta en torno a la eventual reforma al fuero castrense –para evitar que las violaciones a Derechos Humanas cometidas por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgadas ante tribunales militares–, cobran mayor relevancia ante la inminente evaluación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a México el próximo 23 de octubre, como parte del Examen Periódico Universal (EPU).
Actualmente se encuentra registrado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente Varios 1396/2012, relativo a la determinación de las obligaciones que le imponen las sentencias de la CoIDH al Poder Judicial de la Federación.
La tramitación de ese expediente, dijo Tlachinollan, ofrece a la SCJN la oportunidad de definir cómo debe impartirse justicia con perspectiva de género y etnicidad. No obstante, en dos ocasiones ha sido retirado de la lista de temas pendientes cuando estaba a punto de ser discutido por el Pleno de ministros, por lo que se espera su análisis en breve.
En suma, la organización afirmó que las sentencias de la CoIDH distan de ser cabalmente cumplidas en México pese a la incansable lucha de Inés y Valentina. Por ello sostuvo que sería deseable que el compromiso de México con el sistema interamericano no se expresara sólo a través de grandes eventos, sino por medio del cumplimiento de las resoluciones.
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