10/03/2013

Los periodistas pal café . . .



Violencia desbordada al inicio del mes de las reformas. Una especie de advertencia sin capucha ante las otras protestas por venir. Mezcla de proporciones imprecisas: infiltrados y provocadores forzando la confrontación con los cuerpos de seguridad pública, jóvenes genuinamente hartos y desesperados que se suman a la violencia de desahogo, manifestantes pacíficos y experimentados que quedan en medio de la trifulca, una marcha histórica y simbólica que es desviada de su propósito original tanto por el secuestro del Zócalo capitalino (y la sordera del sistema ante la creciente protesta) como por el nuevo grado de confrontación pública aparecido ayer.
Los choques en el centro capitalino dan inmediato parque a favor de la mano dura en el conjunto mayoritario de medios de comunicación proclives al dictado oficial. El ambiente ha sido envenenado contra la disidencia y la movilización, y los sucesos de este 2 de octubre son inmediatamente convertidos en una presunta confirmación extrema de que las autoridades deben ya aplicar toda su capacidad represiva en el control de estos procesos aparentemente espontáneos. La exacerbación de ánimos llega a un punto culminante justamente en el tramo de calendario que corresponderá a la aprobación pactada de las reformas peñistas en materia electoral, energética y fiscal.
Los causantes de las confrontaciones son genéricamente identificados como anarquistas y forman un ente impreciso, con características globales y sin liderazgos plenamente identificados. A juicio de muchos de los participantes en manifestaciones públicas, en esas filas de embozados y encapuchados suele encajar el sistema a sus piezas de información y manipulación. A pesar de que el 1º de diciembre del año pasado, el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, ya tuvieron una aparición notable, hasta ahora siguen siendo una especie de enigma tolerado, una peculiar reserva de violencia programable.
Sin proyecto político de fondo ni reivindicaciones inmediatas, esos grupos conceden la escenografía caótica a las voces puntualmente demandantes de orden al costo que sea. Instaurando el vandalismo como emblema, agrediendo con impunidad a las fuerzas policiacas sometidas a la tajante orden de resistir los embates sin contestar (hasta que en ciertos momentos los mandos permiten ciertas detenciones que regularmente recaen en personas sin vinculación con esa violencia desmedida), esos grupos fácilmente infiltrables terminan haciendo daño a los procesos graduales de lucha política, como el de los profesores de la CNTE (que han trazado un riguroso deslinde de esos grupos y métodos) y con más razón a quienes aún sostienen la línea de la protesta invariablemente pacífica.
Pero lo sucedido ayer en céntricas calles capitalinas (prefigurado en anteriores manifestaciones) debe verse en un plano de mayor amplitud. Destapar el fantasma de la violencia política es uno de los ingredientes del enturbiamiento nacional que proviene de laboratorios oficiales. Basta ver los trucos de mala factura con los que se ha mantenido bajo secuestro la plaza emblemática de la protesta nacional, el Zócalo capitalino. Arrebatado bajo amago militar antes del Grito de Independencia, ahora se utiliza como centro de recepción de donaciones para damnificados, totalmente sustraido a la dinámica habitual de uso y disfrute públicos que han caracterizado a esa plaza de centralidad política e histórica.
Sin pausa han sido confiscados en meses recientes, desde la campaña presidencial de Peña Nieto y en el curso de su ejercicio de poder, diversos elementos constitutivos del armado cívico básico. Ayer mismo, a la salida del Metro Tlatelolco, policías capitalinos registraban mochilas de jóvenes sin más argumento que su uniforme y solicitaban identificaciones, convirtiendo las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas en una muestra más de retroceso. Y en general se ha dado banderazo de salida a segmentos policiacos sin uniforme que amenazan, hostigan y desbordan.
La protesta cívica es colocada así en una disyuntiva incómoda. Este mes, en el que Peña Nieto desea que sean aprobadas sus principales reformas legislativas, será también el de la campaña mediática contra los excesos de las manifestaciones de protesta. El turno inmediato es el de la congregación masiva convocada por Andrés Manuel López Obrador y Morena. Hasta ahora, ese movimiento ha tenido a orgullo el hecho de que no se hubiera roto ni un vidrio durante sus actos públicos. Pero el tamaño del golpe peñista en camino, tanto en materia de energéticos como de impuestos, hace palidecer las estrategias recatadas y podría llevar a la toma de ciertas medidas de resistencia civil pacífica, justamente en medio del linchamiento mediático mayoritario a actos de violencia como el de ayer.
La crispación política ha producido incluso escenarios tan extraños como el llamado de Acción Nacional a un activismo que lleve a manifestaciones en las calles contra la reforma fiscal peñista. En la Cámara de Diputados y a nombre de su bancada, Fernando Rodríguez Doval pronunció palabras cuidadamente cercanas a lo desobediente: Es el momento de que los no violentos salgamos a las calles de forma ordenada y pacífica para expresar nuestra inconformidad. No importa en qué localidad nos encontremos, estamos obligados a levantar la voz cuando las cosas se están haciendo mal. Los panistas enarbolan la bandera de la defensa de la clase media, particularmente en cuanto a la pretensión de cobro de IVA en colegiaturas (que goza de generalizada desaprobación, pareciendo más un engaño sembrado para luego corregir y demostrar que se escucha a la población) y, sobre todo, de esa imposición fiscal en operaciones inmobiliarias.
Y, mientras Miguel Ángel Mancera sigue cumpliendo fatigosamente con su parte en el trato que al final reportará a la ciudad de México una amarga reforma política, ¡hasta mañana!
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En su edición de marzo de este año, la revista Forbes presentó la lista ampliada de los magnates de México. Son 35. Entre ellos aparecen cinco cuya riqueza tiene que ver con la industria refresquera. ¿Qué tanto afectaría a sus fortunas el impuesto de un peso por litro, que prevé el paquete fiscal del secretario de Hacienda, Luis Videgaray? Han reaccionado como si se fueran a quedar pobres. Sin embargo, en este capítulo Videgaray tal vez tiene razón. Por un lado, distintas organizaciones han demostrado que el excesivo consumo de bebidas azucaradas contribuye al desarrollo de diabetes, enfermedad en cuyo tratamiento las instituciones de salud pública gastan fortunas. Pero además, el secretario de Hacienda afirma que la industria refresquera es una de las principales proveedoras de la informalidad, por lo que el impuesto especial no será sólo con el objetivo de reducir la obesidad, sino también de obtener información sobre sus ventas. La idea es que no evadan impuestos, obviamente. Pero la industria se está defendiendo con todos los recursos a su alcance. Si el gobierno se deja torcer el brazo, entonces todo el discurso en torno a limitar a los poderes fácticos –como el del oligopolio refresquero– caerá en el vacío. Uno de los aliados de la industria, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, presentará a la Cámara de Diputados un millón 200 mil cartas, según dice firmadas por pequeños comerciantes que manifiestan su rechazo al impuesto. Probablemente hay una solución de medio camino: no gravar los refrescos y en cambio imponer un impuesto a las grandes fortunas, al estilo de algunos países de Europa.
El megacatarrito
¿Nos afectaría un terremoto financiero en Estados Unidos? La respuesta es sí. ¿En qué medida? Eso nadie lo sabe. ¿Quién tiene una bola de cristal para adivinarlo? Tampoco alguien se atrevería a decir que cuando mucho el efecto sería un catarrito, para citar la famosa frase del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens. La crisis estallaría si se juntan dos alambres electrificados: por un lado, el parón de los burócratas –hoy llega a su día número tres– y la crisis de la deuda pública. Es decir, si el Congreso no aprobara ampliar los recursos de que dispone el presidente Obama para solventar el pago de salarios de casi un millón de burócratas y tampoco autorizara la ampliación del techo de la deuda pública. Eso sí sería el acabose porque, entre otras complicaciones, la tesorería no tendría dinero para pagar los intereses de sus bonos en poder de gobiernos y fondos privados. Por ahí está atorado incluso el Banco de México. De acuerdo con un reporte de la Reserva Federal, tiene actualmente una inversión de 63 mil 300 millones de dólares en papeles de la tesorería. Subió en 10 mil millones en el último año. Son una tercera parte de la reserva internacional mexicana. ¡Invertidos en Estados Unidos mientras que aquí buscan socios extranjeros para financiar Pemex! China es el país que está más comprometido, con 1 billón 277 mil millones. ¡Todo el oro del mundo! Asimismo, es probable que sufrieran afectaciones la inversión de mexicanos en fondos, bienes raíces y empresas.
Faros matan foros
Ya sin la presencia de representantes de los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), los foros del Senado en materia de reforma energética ‘‘chuparon Faros’’. Se sabía de antemano que los foristas invitados ayer la apoyarían. Así que se llevaron un desaire Fauzi Hamdan, Mario Alberto Becerra Pocoroba y Dante San Pedro Jacobo.



Las mineras canadienses que de este país han hecho su paraíso rápidamente aprendieron cómo se hacen los buenos negocios en México. A estas alturas, saben que si amenazan y chantajean con cancelar sus proyectos de inversión (práctica acostumbrada por el zar del cobre Germán Larrea, el de Pasta de Conchos y dueño de Grupo México) las autodenominadas autoridades nacionales entrarán en pánico, recularán de inmediato en su osada pretensión –así sea de saliva– de aplicarles impuestos y/o regalías, y les otorgarán mayores facilidades para incrementar sus de por sí gruesas utilidades.
Catalogadas en su nación de origen como empresas mineras respetuosas de la ley, los derechos laborales y la ecología, los consorcios canadienses que operan en México (beneficiarias de la enorme riqueza del subsuelo nacional, con el oro en primer lugar) se han esmerado en desmentir tajantemente lo que el gobierno de ellas pregona. Resulta que aquí han adoptado las peores prácticas de los barones mexicanos de la minería (Larrea, Bailleres, Ancira y conexos): amenazas y chantajes como política para abrir puertas, obtener mayores canonjías y garantizar impunidad.
Un ejemplo de lo anterior fue resumido por La Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez) en su edición de ayer: “las empresas mineras de Canadá amagaron anoche con abandonar el país si la Cámara de Diputados aprueba el impuesto especial de 7.5 por ciento a las utilidades de la explotación, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto… El mensaje es que los inversionistas estamos fuertemente en retiro de aquí, advirtió la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, a legisladores de la Comisión de Hacienda” (de San Lázaro).
“Como ha documentado este diario, las mineras canadienses tienen intereses en 100 países, y en México, de las 279 empresas extranjeras, 210 son de esa nación, las cuales poseen concesiones en 26 estados, con 757 proyectos, y de éstos 475 son de oro y plata. Como parte de las audiencias que la Comisión de Hacienda realiza con los sectores que han reclamado afectaciones por la propuesta de reforma fiscal de Peña Nieto, Wilson sostuvo que las cargas impositivas han obligado a los inversionistas de su país a trasladar sus capitales a otras naciones. Los fondos, dijo a los integrantes de la comisión, ‘están entrando en países como Haití y Dominicana. ¡Eso sí nos preocupa, señores! La situación mundial pasa por un momento difícil, sobre todo en este sector, por los bajos precios de los metales’”.
Eso dijo la señora Wilson a los diputados, y éstos calladitos. No cabe duda de que la representante de los corporativos mineros canadienses mucho le aprendió al inenarrable Germán Larrea, quien durante la decena trágica (los dos sexenios panistas) un día sí y el siguiente también amenazó con cerrar Cananea y retirar las inversiones del Grupo México, y a cambio no sólo obtuvo más concesiones y mejor trato fiscal, sino permanente protección (al estilo porfirista) de la Policía Federal para cuidar sus instalaciones e inversiones (quién lo dude, que se dé una vuelta por aquella emblemática población sonorense, donde hasta los propios elementos de la PFP están hasta el gorro del despotismo de la empresa y sus directivos).
Y como en el caso de Larrea, habrá que preguntarle a la señora Wilson si ante la tentativa gubernamental de obtener un mayor ingreso para el Estado por las cuantiosas utilidades que en México obtienen los consorcios mineros (nacionales y foráneos), las empresas canadienses estarían dispuestas a llevar hasta sus últimas consecuencias la amenaza y el chantaje de abandonar un negocio multimillonario, como es el de la minería en México. ¿Estarían dispuestos a cerrar la fábrica de billetes y lingotes que les representa, ante la intentona de pellizcarlos fiscalmente?
¿Va en serio que los consorcios mineros canadienses abandonarán el país? Pues que se vayan, porque atrás de ellos tendrán que dejar 30 centavos de cada dólar que genera la actividad minera en México, y el 72 por ciento de las generosas concesiones gubernamentales para la extracción de oro mexicano. ¿Se animan a dejar el jugoso manjar? En unos cuantos años, las empresas de aquel país acapararon las zonas extractivas de oro, y en el colmo de los colmos el gobierno mexicano tiene que comprar a los canadienses oro mexicano, extraído por mexicanos, de territorio mexicano.
¿Que se van? Buen viaje. Dice la señora Wilson que la inversión canadiense está en retiro por los precios bajos de los metales preciosos, especialmente del oro. Bueno, cómo estará la cosa que hasta la propia Cámara Minera de México (organismo patronal) reconoce que “2012 fue un año de claroscuros, en el que, pese a la caída en el precio de la mayoría de los minerales, excepto el oro, prevalecieron los buenos números para nuestra industria, especialmente para los productores de metales preciosos. El valor de la producción minero-metalúrgica tuvo un incremento durante 2012 de 14 por ciento al ascender a 23 mil 12 millones de dólares… El aumento en el valor de la producción se origina principalmente por el incremento en el precio del oro y por incrementos en la producción de metales” (oro 16 por ciento y plata 12 por ciento), y lo anterior lo firma el presidente de la Camimex, Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta.
Esa misma institución privada detalla que sólo en 2012 México extrajo de sus minas 102.8 toneladas de oro. Nuevamente la empresa canadiense Goldcorp Inc. se colocó como el mayor productor de oro en México y la unidad minera Peñasquito (de la misma empresa), situada en Zacatecas, fue la mayor productora de oro del país. La empresa alcanzó una producción global de 834 mil onzas, que equivale al 26 por ciento de la producción total del país en 2012.
Y a Goldcorp le siguen otras canadienses: Agnico Eagle Mines, que reporta una producción de oro en su mina Pinos Altos, Chihuahua, de 234 mil 837 onzas, 15 por ciento más que en 2011; Alamos Gold, obtuvo 200 mil onzas de oro en su mina Mulatos, 31 por ciento más que un año antes; New Gold, con 137 mil 555 onzas de oro en su unidad minera Cerro San Pedro, San Luís Potosí (un verdadero atraco legal y económico, con la connivencia gubernamental), y así por el estilo.
Pero, en voz de la señora Wilson, las mineras canadienses dicen que están fuertemente en retiro, porque con el citado 7.5 por ciento esto ya no es negocio.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿se van a ir? Gracias.
Twitter: @cafevega




Ayer, a 45 años del crimen de Estado cometido en la Plaza de las Tres Culturas de esta capital contra estudiantes, jóvenes y ciudadanos inermes, se llevó a cabo una marcha multitudinaria y pacífica para recordar aquellos agravios y los presentes. Concurrieron los dirigentes históricos del movimiento estudiantil de 1968, contingentes de estudiantes contemporáneos, maestros en lucha contra la llamada reforma educativa y otros sectores ciudadanos progresistas. Fue, en general, una manifestación pacífica y ordenada en un entorno urbano injustificablemente cercado y sitiado.

En defensa de los anarquistas
¡Por lo que más quieran, por la memoria de los Flores Magón, de Librado Rivera, de Kropotkin, Proudhon, Malatesta y Durriti, no acepten decirle anarquista al primero que avienta una piedra y se cubre la cara!

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), junto con las privatizaciones arrasadoras de las empresas del sector público, incluidas las del minero, sucedió que tanto los derechos electorales como los laborales fueran excluidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo mismo que los asuntos migratorios, sobre la base de que ese fue el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de George Bush padre para echar adelante dicho tratado por fast track en aquel país. Con ello se quedó en manos del gobierno tanto la calificación de las elecciones como el manejo irrestricto de los asuntos de la relación entre patrones y sindicatos.

Rebuscando entre mis viejos papeles doy con un breve texto leído en una mesa redonda sobre La literatura y el movimiento de 1968, realizada poco antes de cumplirse 30 años de los trágicos hechos del 2 de octubre en Tlatelolco. Todavía en ese tiempo, la visión de lo que había ocurrido estaba opacada por el silencio oficial, que es la máscara preferida de la impunidad. Pero la terquedad de los testigos, la resistencia a la mentira y, por consiguiente, el valor moral y cívico de la mayoría de la generación del 68, como la denomina Raúl Álvarez Garín, impidió que el olvido sepultara el recuerdo de los hechos trágicos, reivindicando las lecciones históricas de aquel movimiento de masas que vino a marcar un hito de nuestra convivencia.

Una buena cantidad de libros, miles de artículos y notas periodísticas, decenas de filmaciones, entre ellas muchas en Youtube, son testimonios de lo ocurrido precisamente ayer hace 45 años en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los jóvenes de ahora, para que recuerden lo que no debe olvidarse en México y el mundo, pueden ver, entre otros muchos documentos fílmicos, Tlatelolco: las claves de la masacre (2002), elaborado por La Jornada y el Canal Seis de Julio, o Masacre en Tlatelolco, 2 de octubre de 1968, bajo la dirección de Alan Tomlinson. Estos videos y otros que vi y escuché en estos días revelan, por si hubiera alguna duda, quiénes fueron los principales culpables de aquellos lamentables sucesos y lo que realmente ocurrió. Ahí están Díaz Ordaz aceptando su responsabilidad como presidente de este país en las muertes, desapariciones y acosos de ese año; Luis Echeverría Álvarez, también responsable como secretario de Gobernación; los militares Gutiérrez Oropeza y Gutiérrez Barrios, Nazar Haro, y muchos más que eran o habían sido miembros del Ejército Mexicano involucrados en los batallones que agredieron a la ciudadanía en Tlatelolco asesinando (sí, asesinando) a mujeres, niños y muchos estudiantes. Todos los mencionados colaboraron con la CIA o ésta con ellos, incluso entrenando a los provocadores que iniciaron los balazos ese día, varios de ellos del tristemente famoso Batallón Olimpia (los del guante o pañuelo blanco en la mano izquierda), militares vestidos de civil entrenados para exterminar civiles indefensos.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha iniciado su sesión anual en Nueva York. Se trata de un ritual otoñal que se ha celebrado de manera ininterrumpida durante casi siete décadas. La asamblea desahoga su amplia agenda en seis comisiones y en el plenario.

La abundancia de prácticas y casos concretos de corrupción revela causas profundas y estructurales, no siempre consideradas debidamente. El capitalismo es un régimen sustentado no en una, sino en varias corrupciones de efectos devastadores en la vida contemporánea: los seres humanos considerados como mercancía, la confusión de valor con precio, el dinero como medida de todas las cosas, la dictadura del valor de cambio, la confusión de la legalidad con la legitimidad, la codicia convertida en un hecho natural y motor de la sociedad. La corrupción política no es sino resultado necesario de todas estas corrupciones y se hermana con la corrupción de las instituciones y del lenguaje.

La expulsión por el presidente Nicolás Maduro de la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Kelly Keiderling Franz y dos de sus colaboradores evidencia el recrudecimiento del plan para derrocar a la revolución bolivariana. Maduro aseguró poseer pruebas del involucramiento de los estadunidenses en el sabotaje contra la economía nacional y el sector eléctrico.

El asalto a los artículos 27 y 28 de la Constitución del programa energético del gobierno es parte de un diseño de flexibilización constitucional para privatizar y extranjerizar el complejo petroeléctrico del país, presente desde los años 80, analizado por Emilio Krieger en Violaciones presidenciales de la Constitución (Grijalbo 1996) y contenido en las Cartas de política por rama, del Banco Mundial, en las que se estipuló permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex (JSF, La compraventa de México, Plaza & Janés, 2002, p. 203-376.) Es una regresión que vulnera a la nación, como lo planteó Gilberto López y Rivas (La Jornada 27/9/13) y un riesgo grave a la integridad federal en lo externo, por los cambios tectónicos de una riesgosa ecuación energética mundial en la que se agota el crudo barato y se agudiza la conflictividad internacional, por el enorme y creciente valor económico y estratégico del recurso.

La caja de cerillos es el nombre de una bella editorial independiente, la dirigen Andrea Fuentes y Alejandro Cruz. Reditan cuentos, textos clásicos, prologados e ilustrados. A mí se me propuso prologar un cuento de Salvador Elizondo: La historia de Pao Cheng, y los inquietantes dibujos los proporcionó Diego Molina.

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