Arturo Rodríguez García
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| Educar, tan grave como matar |
Ante
la incapacidad del gobierno del Estado de México de darles escuela a
todos los niños y jóvenes, comunidades de varios municipios mexiquenses
crearon instituciones educativas informales para acoger a miles de
menores desatendidos y, de paso, darle cumplimiento al artículo tercero
constitucional. Pero a partir de julio último, educar sin pertenecer al
aparato burocrático es un delito tan grave como el homicidio. La nueva
disposición –ya incluida en el Código Penal– se impulsó por iniciativa
de un diputado del Panal, organización ligada desde su origen a Elba
Esther Gordillo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde hace ocho años Silvia Ortega recorre
cada mañana el populoso caserío de Valle de Chalco en camino a su
centro laboral. A partir de las siete comienza a recibir niños en un
centro infantil y durante 12 horas los cuida, alimenta e instruye
mientras sus madres –asalariadas, empleadas domésticas o mujeres que
superviven en la actividad informal– trabajan.
Como en todo el Estado de México, la nomenclatura de su recorrido
repasa nombres surgidos de un lugar llamado Atlacomulco: Isidro Fabela,
Alfredo del Mazo, Carlos Hank… o los de expresidentes priistas en
calles que cruzan la avenida Solidaridad.
El centro infantil “por cooperación”, del cual Silvia es encargada,
es la única opción para que los hijos de unas 30 mujeres tengan
instrucción preescolar y ellas puedan cumplir su jornada laboral. Sin
embargo Silvia, quien se graduó como educadora, se apresura a
clarificar: no es escuela, es centro comunitario; no hay asistentes
educativas sino facilitadoras; “no soy maestra… ya no sé ni qué soy”.
El pasado 17 de julio la Gaceta del Gobierno del Estado de México
publicó el decreto número 110 relativo al nuevo delito de “impartición
ilícita de la educación” contenido en los artículos 148 y 176 del
Código Penal mexiquense. Ahí se establece que quien no tenga
autorización del gobierno estatal para impartir educación será sujeto a
una pena de cinco a 10 años de cárcel y a una multa de mil a mil 500
días de salario mínimo, castigo que se agrava si quien lo comete
trabaja además en el sector educativo oficial.
Conforme al código mexiquense un secuestro es menos pernicioso que
dar clases sin permiso y tan grave como matar. La privación ilegal de
la libertad tiene como pena máxima cuatro años y multa de 30 a 100 días
de salario mínimo. Un homicidio simple se castiga con 10 años de
prisión y una multa de 250 a 375 días de salario.
Por eso Silvia Ortega tiene cuidado de no llamarse maestra o
designar el centro del que es encargada como escuela y de generar todos
los eufemismos necesarios para no violar la ley ni siquiera de palabra.
Escuelas clandestinas
Desde hace 15 años América Sánchez ha intentado cumplir con los
planes de estudio de preescolar. Se dice orgullosa de otorgar beca
completa a 20% de los niños que asisten a su centro comunitario en
Valle de Chalco. Son los niños más pobres.
Al fondo un maestro de música enseña a leer en pentagrama; al lado,
en otra aula, los niños repasan un vocabulario en inglés. Es una
atmósfera escolar envuelta en vapores de comida en cocción. América
lamenta no poder incorporar su escuela al sistema oficial por los altos
costos que eso implica. Y sólo cobra 400 pesos mensuales por niño.
“Trabajamos en la clandestinidad”, dice.
América, como Silvia y muchos encargados o dueños de “centros por
cooperación” de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz o
Ixtapaluca, agrupados en la Unión de Bases Autogestivas Democráticas
Emiliano Zapata (UBADEZ), interpusieron un recurso de amparo a finales
de agosto último.
“El estado abandonó su obligación de educar. Nosotros asumimos esa
responsabilidad y ahora nos criminalizan”, dice Nayely Itzel González,
cuyo centro sí está incorporado a la SEP.
El pasado 28 de agosto la organización internacional Save the
Children, el movimiento independiente más grande del mundo en favor de
la infancia, interpuso también un amparo contra la criminalización de
la educación en el Estado de México.
El abogado de ese organismo, Andrés González Contró refiere las
condiciones de la omisión estatal. Conforme al sexto informe de
gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México (2011), la
cobertura en preescolar fue de 72.2% en esa entidad. Al contrastar los
datos de la Secretaría de Educación mexiquense con los del Consejo
Nacional de Población se dimensiona el volumen del problema: 342 mil
niños no tuvieron lugar en instituciones públicas de instrucción
preescolar.
“Es irrefutable que el Estado de México no cuenta con los recursos
económicos ni con la planta magisterial ni menos aún con la
infraestructura necesaria para cumplir con su obligación de
proporcionar educación pública a todos sus niños y niñas, mucho menos
que ésta se adapte a las necesidades comunitarias, como sí ocurre con
los centros comunitarios”, afirma.
La demanda de amparo interpuesta por Save the Children considera que
el nuevo delito incluido en el Código Penal mexiquense viola los
primeros cinco artículos de la Constitución federal:
El 1, pues atenta contra la igualdad y discrimina la profesión del
docente y la impartición de la libre enseñanza. El 2, por atentar
contra la libre determinación y autonomía de pueblos y comunidades
indígenas (pues hay muchos centros en esas zonas). El 3, que establece
el derecho a la educación. El 4, que obliga al Estado a velar y cumplir
con el principio de interés superior de la niñez. Y el 5, el cual
garantiza la libertad de profesión.
“El garrafal error de la entrada en vigor de ese bodrio de ley ni
siquiera daría cabida en todos los centros de reclusión para encarcelar
tanto a docentes delincuentes como a padres cómplices de 342 mil
niños”, sostiene González luego de citar los preceptos que considera
violados de otras leyes federales y tratados internacionales.
Calidad comunitaria
En un rincón de Los Reyes La Paz un asentamiento irregular perdura
con esa condición aunque surgió hace unos 20 años. Calles tan estrechas
como los ingresos de sus habitantes, vecindarios regularizados ya donde
subsisten aún viviendas con arquitectura de cartón y lámina. Resonancia
de movimiento popular, colonia, calle y secundaria se llaman Ricardo
Flores Magón.
Como todos en el lugar, la secundaria 839 inició trabajos hace 14
años en una casa de cartón. Hoy ocupa un modesto inmueble que en ese
entorno adquiere proporciones de lujo. Aunque es escuela pública, pisos
y paredes son de buena calidad y todos los alumnos tienen computadoras
con internet (sólo dos de ellos tienen esa ventaja en casa). Esos lujos
son producto de la organización comunitaria y la donación particular…
nada vino del erario.
Sus maestros forman parte de la UBADEZ y el director, Raúl Campos
Yépez, ejemplifica con ese centro de estudios los resultados de la
organización comunitaria, ahora que la evaluación educativa es invocada
dentro de los ímpetus reformistas: en el Concurso de Ingreso a la
Educación Media Superior, uno de sus alumnos obtuvo 99.7 de
calificación, la más alta en la región.
En total 48 organizaciones han desarrollado centros –algunos
comunitarios, otros por cooperación– para todos los niveles educativos.
Para Campos Yépez la criminalización de sus actividades atenta contra
los procesos comunitarios, contra la libre determinación de los
ciudadanos y en el caso de preescolar (donde la mayoría de los docentes
son mujeres), contra el avance en los procesos de realización de género.
El pasado 6 de julio otras 17 organizaciones, entre ellas la Unión
Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y maestros disidentes de
las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) integraron la Coordinadora Magisterial Popular
Mexiquense.
Óscar Hernández Neri, integrante de esa coordinadora, destacó que el
control sindical y administrativo en las escuelas públicas generaba un
ambiente de represión, manifiesto en la persecución judicial contra el
dirigente de la UPREZ Felipe Rodríguez Aguirre.
Originalmente los profesores de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación y de la UPREZ buscaron plazas
magisteriales, pero no las consiguieron. Ante la demanda de educación
generaron las escuelas comunitarias. La UPREZ imparte hasta educación
en nivel de licenciatura.
Y este tipo de centros no es exclusivo del movimiento popular pues
han surgido algunos desde comunidades eclesiales de base o a iniciativa
de ciudadanos y maestros, todo ante la omisión estatal.
En este contexto conflictivo nacional motivado por la aprobación de
la reforma educativa, se aprobó en el Estado de México el nuevo delito.
La propuesta fue hecha por el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado
del Partido Nueva Alianza (Panal, fundado por la expresidenta del SNTE,
Elba Esther Gordillo) y aprobado con la votación mayoritaria del PRI.
Dado ese antecedente González Contró expone: “No es remoto entender
el origen de dicha reforma, tendiente a consolidar la hegemonía del
anotado sindicato. No debe permitirse, por tanto, que los intereses de
grupo, la falta de estudio o reflexión e incluso negligencia impidan
ejemplos exitosos de autogestión que garantizan derechos fundamentales
a niños y niñas y que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, no ha
cubierto”.
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