Alberto Aziz Nassif
Cada vez que hay un fenómeno natural en México, sismos, temblores, huracanes, inundaciones, sale a relucir el nudo de las condiciones sociales que producen los desastres. La mirada se centra en un mar de corrupción, de intereses oscuros, y, al final, nos quedamos igual que al inicio: a la espera de la próxima emergencia. ¿Existe alguna manera en la que se puedan evitar los desastres? ¿Se podrá terminar con la enorme impunidad que rodea a las víctimas? ¿Será posible que la ley pueda regular a los intereses que rondan como moscas el origen de los desastres? Quizá la respuesta a estas preguntas sea negativa, veamos por qué.
Desde hace siglos se sabe que los desastres no se deben a la naturaleza o por lo menos, no son una consecuencia directa de la furia natural. Los estudiosos de estos fenómenos han elaborado una serie de planteamientos que ubican el problema como una “construcción social del riesgo” y que tiene que ver básicamente con las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad que existen, (Virginia García Acosta, Revista Desacatos #19, México 2005). La pobreza, la corrupción y la impunidad construyen el desastre.
Si ordenamos las diferentes claves del problema podemos empezar por el cambio en la base natural. Los ecosistemas en México se han alterado de forma importante: “Se deforestaron las montañas y en sus faldas, así como en las orillas de los ríos y arroyos, se asientan los poblados; las frecuentes lluvias torrenciales no tienen forma de filtrarse en el suelo por la falta de vegetación y, por consecuencia, se producen avalanchas que entierran los poblados; el agua corre por ríos y arroyos, cuyos cauces están azolvados por la erosión y sus márgenes invadidos con infraestructura, arrasando con lo que se encuentra a su paso; los humedales son desecados y en ellos se construyen viviendas, fraccionamientos, comercios, pavimento” (Julia Carabias, Reforma, 28/IX/2013).
El cambio al ecosistema genera condiciones de vulnerabilidad y se construye el riesgo. Se hacen planes de desarrollo para las ciudades y las comunidades rurales, pero no se respetan. La construcción del riesgo se inicia con darle la vuelta a la ley. Vienen los intereses y los negocios, los políticos que autorizan permisos de construcción donde no se debe; las grandes compañías que se asientan donde no se debe; las poblaciones de menos recursos que construyen a las orillas de un río o de un arroyo, y mientras está seco no pasa nada, pero a la hora que viene una lluvia fuerte, todo desaparece. Se secan lagunas y humedales y de pronto el fenómeno hídrico regresa y viene la inundación. Se hacen programas de protección civil y, por lo visto, también fracasan.
Lo que sigue después de la afectación, el incumplimiento de la ley y la falta de regulación, es la tragedia. Cuando sucede la emergencia y se construye el desastre entonces aparecen de forma nítida esos factores que hacen posible las muertes y la pérdida de bienes. Detrás de cada tragedia hay una estafa, como la que se publicó sobre la vivienda de maestros en Chilpancingo, en donde no sólo fue por los terrenos inapropiados, sino por el alza de los precios (EL UNIVERSAL, 28/IX/2013). Así, se acumulan las experiencias y testimonios de los perdedores, pero lo que no aparecen son responsables.
La siguiente fase es la de la reconstrucción. Sin duda, los desastres nos afectan a todos, porque las enormes cantidades de presupuesto público que se tienen que destinar a la reconstrucción son recursos que no serán para construir más escuelas o más hospitales y equipo médico. Los que hicieron esos negocios, políticos y empresarios, serán los ganadores y las víctimas y afectados, serán otra vez los perdedores de siempre. Pero será muy importante que la reconstrucción se haga para que no vuelva a suceder, lo cual implica que se cambien las prácticas que afectan a los ecosistemas, porque de lo contrario los costos serán cada vez más altos. Dice Iván Restrepo que por cada peso que se invierta en prevención, se pueden ahorrar siete en obras de reconstrucción (La Jornada, 23/IX/2013). Pero también se trata de detener las componendas y la corrupción que son prácticas “normales” en el país. Y como una consecuencia de lo anterior, se trata de cambiar la política pública para no hacer lo mismo en los mismos lugares y que dentro de un tiempo corto regrese la tragedia.
Ya hemos visto que los desastres son una compleja construcción de irresponsabilidad, abuso, corrupción y desigualdad. También sabemos cómo se pueden construir soluciones, lo que no sabemos es si esos cambios, con este sistema político, serán posibles...
@aziznassif
Investigador del CIESAS
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