De inmediato fue puesto en escena el subsecuente episodio del montaje titulado
Los espontáneos anarquistas y las protestas tan nefastas. Aún no se recogían por completo los restos en el campo de batalla ni se precisaban las presuntas responsabilidades políticas y judiciales del caso, cuando PAN y PRI ya estaban plantados con sus propuestas de
regularmarchas y manifestaciones públicas (¿incluirán las de corte religioso, en especial las peregrinaciones organizadas por la Iglesia católica, acaso las guadalupanas?), en un evidente acompasamiento bipartidista deseoso de facilitar un mayor castigo a las expresiones destempladas (o no) de protesta masiva. Así, en esa continuidad de la programación de temporada (con la marquesina principal anunciando la obra cumbre: Las reformas que yo soñé, adjudicada al compilador mexiquense E.P. Nieto) se dio el primer enfrentamiento en el Senado, entre el bando granadero cuatricolor (verde, blanco y azul, y rojo) y la resistencia infiltrada, a cargo del PRD, principalmente.
Contundente cual cachiporra ha sido el proceso de instalación de una
presunta irritación ciudadana extrema que propiciaría la toma de
medidas proporcionalmente fuertes contra la plaga violenta de las
protestas. Concordancias mediáticas sin posibilidad de disimulo, que
centran los incidentes del 2 de octubre en las condenables agresiones a
los cuerpos policiacos, pero dejan de lado la escalada reductiva de
derechos y libertades, en especial el uso de policías de civil para
detenciones y golpizas, y la permisividad más que significativa de las
autoridades capitalina y federal respecto a los grupos impunes de
presuntos anarquistas, que desde el inaugural 1º de diciembre del año
pasado se han convertido en instrumento de provocación y distorsión en
marchas de protesta y han acabado sirviendo a los propósitos del
peñismo regente y sus satélites aliados, como el jefe del Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
La estampa de la violencia bajo etiqueta de anarquismo hizo su
aparición rotunda el día en que tomó el poder Enrique Peña Nieto. En
muchas ocasiones anteriores se habían conocido sus métodos de acción
directa (por ejemplo, los aniversarios del 2 de octubre, pasados
rutinariamente por el historial de los grupos vandálicos agresores y
los policías resistiendo hasta el extremo), pero nunca habían ocupado
un papel tan relevante en la definición de procesos políticos, como ha
venido sucediendo a partir de que Manuel Mondragón y Kalb usó a las
policías capitalina (de la que acababa de dejar el mando formal) y
federal (a la que había pasado a dirigir) para enfrentar la explosiva
protesta contra Peña Nieto en San Lázaro y, luego, en un Centro
Histórico donde se desató una violencia (tan gráficamente predispuesta
para la condena mediática de arranque de sexenio) que marcó el fin del
movimiento del #YoSoy132, al adjuntar intencionalmente la imagen de la
violencia irracional e impune de esos
anarquistasa la del levantamiento juvenil que había impugnado a Peña Nieto y su matriz, Televisa, con especial enjundia y con una amplitud geográfica destacable.
Las acusaciones de que la violencia en actos públicos de protesta ha
sido sembrada desde ámbitos de poder tiene pleno sustento y no se queda
en especulaciones o interpretaciones. Diversas tomas fotográficas y de
video han dado cuenta de la presencia de grupos de personas vestidas de
civil que realizaron detenciones y golpearon a manifestantes al mejor
estilo de los Halcones históricos, además de testimonios de
golpes e incluso tortura a detenidos. También se tienen constancias del
transporte, incluso en camiones pintados de color verde olivo, de
hombres con apariencia militar o policiaca.
En
el programado retroceso político que se vive desde el 1º de diciembre
del año pasado y que tuvo una expresión más este 2 de octubre tiene una
responsabilidad política e histórica el actual jefe del gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera, llegado al cargo por la vía del PRD
(como consecuencia de los arreglos de cúpula derivados de la definición
de la candidatura presidencial), apoyado por segmentos del panismo
capitalino y ahora abiertamente emparentado con el priísmo peñista.
Comprometido con la administración federal en el esquema de los
cambalaches al estilo Pacto por México (esperando un apoyo presupuestal
que le están regateando, y la reforma política que sería su principal
legado), Mancera está transformando negativamente el rostro progresista del Distrito Federal, recortando avances cívicos y permitiendo confusiones y división entre el electorado de izquierda, que así estará en condiciones de perder supremacía en las elecciones intermedias venideras y, sobre todo, a la hora del relevo en la jefatura de gobierno que el peñismo desea como joya de su corona restaurada.
En tanto, el PAN se alista para dar a conocer este domingo su plan
de oposición a los rubros fiscales peñistas que lesionan a las clases
medias (colegiaturas, pero, sobre todo, el IVA inmobiliario), justo el
día en que López Obrador definirá el plan de resistencia civil pacífica
contra la reforma energética y la subida de impuestos. El tripartidismo
pactista, por su parte, avanza en la concertación de una reforma
electoral a conveniencia de esas élites.
Y, mientras hoy, a las 11 horas, el jurista y político Jaime
Cárdenas Gracia y el autor de la presente columna parlanchina (el
término no ha de aplicarse solamente a lo hablado, sino también a lo
destapado: RAE:
Que habla mucho y sin oportunidad, o que dice lo que debía callar) abordan el tema de La crisis de la restauración del PRI, en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM, ¡feliz fin de semana (pueden acompañarlo con la lectura de La primavera del mal, una novela del chilango F.G. Haghenbeck con profundo sustento histórico, sobre el negocio gubernamentalmente tolerado del narcotráfico en México, de 1930 a 1950, con el asomo de personajes reales, como Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, y entrañables figuras de ficción, como Carmela del Toro)!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
¡Qué
cosa! Aunque no existe una organización que pueda decir que representa
los intereses de la clase media –alguna que tuviera 500 mil, o al menos
50 mil miembros– la industria refresquera ha conseguido reunir más de
un millón de firmas de pequeños comerciantes que defienden la ganancia
que les deja el expendio de cocacolas y otros refrescos. Quisieron
entregar los expedientes, notariados, en la Cámara de Diputados, pero
no les permitieron hacerlo por lo voluminosos. Según la Alianza
Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), dejar este tipo de bebidas
representaría pérdidas de 25 por ciento de sus ventas directas y 70 de
las indirectas. Y ¡qué horror!, también de-saparecerían 125 mil fuentes
de trabajo en todos los sectores involucrados. Anpec tiene una
contrapropuesta para la Secretaría de Hacienda: imponer un impuesto a
los edulcorantes, el cual se prorratearía en todos los puntos que
intervienen en el proceso de producción, de manera que se diluya y el
impacto no recaiga únicamente en el productor de refrescos. Si el
argumento del Ejecutivo es que se consuma menos azúcar –arguye–
entonces el impuesto debe aplicarse a todo el sector que utiliza
edulcorantes, es decir, azúcar o fructosa, naturales o artificiales,
nacionales o importados, incluyendo la industria dulcera y la
panificadora. Remplazaría este gravamen la recaudación de un peso por
litro en los refrescos azucarados que plantea la reforma hacendaria. El
presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, asegura que se recaudarían
13 mil millones de pesos anuales, 500 millones más que con la propuesta
del gobierno. Advierte que podrían recurrir al amparo en caso de que no
prosperen las negociaciones con Hacienda. En otras palabras: los
mexicanos están destinados a ser gordos, diabéticos, hipertensos,
porque si dejaran de consumir cocacolas y similares sería una
catástrofe para el país.
Reuters recorta personal
La empresa Thomson Reuters, propietaria de la agencia de
noticias Reuters, anunció que despedirá a 2 mil 500 trabajadores, casi
5 por ciento de su plantilla. El director general de la compañía, James
Smith, declaró que experimentó dificultades tras un ‘‘problemático
lanzamiento’’ de su producto Eikon, un servicio de cobertura dirigido a
gestores de fondos y profesionales de la industria financiera. Con este
ajuste, Reuters pretende que su división de finanzas salga de números
rojos y comience a tener resultados positivos el próximo año. El
anuncio de Reuters ocurre unos días después de que se conoció la venta
de The Washington Post al propietario de Amazon, Jeff Bezos. A finales de 2012, el diario El País
despidió a 129 trabajadores, muchos de los cuales llevaban toda la vida
trabajando en el periódico. También el año pasado dejaron de imprimirse
los diarios Público, de España, y Financial Times Deutschland, de Alemania. Y podrían citarse un buen número de casos más.
Berlusconi
El zar de la televisión italiana, Silvio
Berlusconi, está viviendo el ocaso de su carrera política enredado en
una trampa que él mismo se tendió. Sus propios compañeros de partido lo
dejaron colgado de la broca. Quería evitar ser expulsado del Senado,
tras ser condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal en el caso
Mediaset, empresa de su propiedad. Su estrategia fue anunciar que si
era expulsado, todos los parlamentarios del PDL, su partido,
dimitirían. Esto fue un paso en falso, ya que el propio partido se
rebeló contra Berlusconi y votó en favor de una moción de confianza
para el primer ministro Enrico Letta, del partido socialdemócrata.
Después de su derrota, deberá votarse en el Senado la expulsión de Il cavaliere,
y luego enfrentar una serie de procesos pendientes en los que se acusa
al político de 77 años de prostitución de menores, corrupción y abuso
de poder. Además, del fraude fiscal.
Con
el bombo y platillo que, según ellos, ameritaba la ocasión, durante la
presentación en sociedad del Pacto por México se anunció –entre tantas
otras maravillas– que los abajo firmantes transformarían a la industria
minera que opera en el país
en eficiente y socialmente responsable, con el objetivo de que
sus beneficios incluyan a los habitantes de las zonas donde se establece.
Para lograr lo anterior, aquel 2 de diciembre de 2012 en el Castillo
de Chapultepec, los susodichos notificaron a los mexicanos que
se expedirá una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción, y que
los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. De igual forma,
se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión y se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.
Pues bien, diez meses después de aquel bonito anuncio y en plena
rebelión de las chantajistas mineras canadienses, los mexicanos siguen
en espera de que los abajo firmantes cuando menos hagan como que
mantienen el interés de aterrizar el
compromiso 61del Pacto por México, en el entendido de que están conscientes de que hasta ahora la industria minera que opera en el país ha sido ineficiente (para efectos del interés nacional) y socialmente irresponsable.
Muy lejos –lejísimos– de expedir la prometida nueva ley para la
explotación minera, sólo dos destellos se han visto en los diez meses
transcurridos desde el anuncio original y la fecha actual: el pasado 25
de abril la Cámara de Diputados aprobó (359 a favor, 77 en contra
–todos ellos del PAN– y 19 abstenciones) modificaciones a
la ley minera y de coordinación fiscal(en realidad sólo a la última de las legislaciones corresponden los cambios propuestos), que en su parte medular autorizan al gobierno federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades netas de las empresas mineras (95 por ciento de la actividad, la extracción y los beneficios se concentra en cinco grandes consorcios y unas cuentas empresas extranjeras, mayoritariamente canadienses). Qué bueno, pero el Senado no lo ha ratificado, ergo, tal derecho especial se mantiene en el limbo.
Y dos: como parte del paquete económico para 2014, el Ejecutivo propone el cobro de un
derecho especial sobre minería a los titulares de las concesiones y asignaciones mineras por la producción de 37 minerales y sustancias sujetos a la Ley Minera, aplicando una tasa de 7.5 por ciento a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se trata, asegura la iniciativa, de que
el Estado obtenga una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la Nación. Entre otros elementos, el citado ha provocado la hepática reacción de las mineras canadienses y de los barones mexicanos del ramo, de tal suerte que difícilmente tal derecho se concretará, que para eso están los cabilderos, más los diputados y senadores que se dejan querer.
Hasta allí los
esfuerzosde los pactistas y amigos que los acompañan, algo que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la anunciada intención de una nueva ley para la explotación minera como la prometida aquel 2 de diciembre de 2012. Ambos destellos se limitan al eventual cobro de derechos (que, por lo visto, quedará en el aire, una vez más), pretensión que se plasmaría en un par de parches a la ley de coordinación fiscal y a la ley federal de derechos. Nada más (bueno, sí: los 5 pesotes por cada nueva hectárea concesionada), por mucho que pretendan disfrazar de
nueva leya los citados remiendos. Y, desde luego, faltaría que los legisladores –tras la visita de los cabilderos– acepten la propuesta del Ejecutivo.
Esas, pues, serían las únicas
iniciativaspactistas para pellizcar los gruesos intereses de los consorcios mineros,
administradoresde una tercera parte del territorio nacional vía generosas cuan baratísimas concesiones gubernamentales, que a la fecha, bien a bien, nadie sabe si pagan o no. Como ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, “la Dirección General de Minas (encargada de expedir los títulos de concesión y de asignación minera) carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el control de los pagos de los derechos de concesiones y asignaciones mineras, así como de los adeudos de ejercicios anteriores… En la normativa de la Secretaría de Economía no se establece el contenido que debe incluir cada expediente, como el historial del título de concesión, de sus pagos de derechos y de sus incumplimientos, así como información sobre los titulares, las transferencias de derechos, y los resultados de su explotación, entre otros. Básicamente su contenido se refiere a una copia del título de concesión, la solicitud, las fotografías, el peritaje y, en su caso, los planos”.
La ASF detalla que
de los 20 mil 958 títulos vigentes, la Dirección General de Minas informó que durante 2010 sólo realizó 83 visitas de verificación; es decir, 0.4 por ciento, a fin de constatar la ejecución de las obras y los trabajos previstos en el artículo 27, fracción I, de la Ley Minera, el punto de partida de la concesión y, en su caso, los datos de los informes periciales.
Por si fuera poco, también documentó que
durante 2010, de 20 mil 958 concesiones vigentes sólo se entregaron 6 mil 690 reportes (31.9 por ciento del total) y de ellos sólo 480 reportaron producción, lo que denota que no existe confiabilidad en las estadísticas en la materia. De la muestra de 347 títulos de concesión minera, sólo en 131 se presentó el informe estadístico correspondiente y en 216 no, por lo que se hicieron acreedores a la imposición de una multa (10 días de salario mínimo); sin embargo, la Secretaría de Economía no acreditó que en esos casos se les hubiera aplicado la sanción respectiva.
Las rebanadas del pastel
Entonces, tal vez por allí empieza el problema, pues a
cada intento gubernamental de organizar la base de datos, de levantar
un inventario de concesiones, de meterlos en orden y/o de pellizcar sus
intereses, corresponde un chantaje de los barones de la minería,
internos y externos, y las flácidas autoridades nacionales se doblan al
primer ladrido.
Twitter: @cafevega
D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com
En la entrega anterior (27/9/13) presenté cinco rasgos que un método oficial de medición de la pobreza oficial debería evitar
si pretende acercarse a una visión objetiva: 1) Reconocer sólo las
carencias que el gobierno sienta que puede atender. 2) Usar sólo el
método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que es insensible a
las crisis y siempre resulta en descensos de la pobreza. 3) Que el
método mismo se vuelva violatorio de los derechos humanos al utilizar
el criterio intersección, excluir necesidades humanas y definir
umbrales de carencia muy bajos. 4) Pérdida de información al omitir
dimensiones pertinentes y al reducir toda la información a dicotomías
carente/no carente. 5) Abrirle caminos fáciles (baratos pero indignos)
a las políticas sociales al calificar como suficientes soluciones que
no lo son. Reflexión posterior me lleva a adicionar otros cinco rasgos
que deben evitarse:
6) Mediciones parciales y, por tanto, sesgadas como las de
línea de pobreza (LP) y NBI, que no toman en cuenta todas las fuentes
de bienestar (FB), concepto más amplio que el de recursos. He
identificado seis FB: ingresos; activos básicos; activos no básicos;
acceso a bienes y servicios gratuitos; conocimientos y habilidades; y
tiempo libre. Para evitar la parcialidad es necesario usar métodos de
medición multidimensionales de pobreza (MMMP) que se propongan cubrir
todas las FB. 7) Métodos en los que el grado de arbitrariedad para
definiciones centrales es total, es el caso de los métodos que cuentan
número de carencias dicotómicas y definen pobreza como padecer al menos
un número arbitrario de ellas (como los métodos de Alkire-Santos
adoptado por el PNUD y el de Alkire-Foster1. 8) Métodos (casi todos)
que, una vez identificados los pobres, eliminan al resto de la
población del análisis y que desperdician la oportunidad de medir
también la estratificación social. 9) Uso de atajos no normativos
basados en parámetros observados, mismos que convierten el ser en deber ser
y sus valores suelen quedar congelados en el tiempo, como el
coeficiente de Engel (E) en los métodos de Cepal y del Comité Técnico
de Medición de la Pobreza (CTMP) en México (Véase en la gráfica la
tendencia a la baja de E). En ambos casos, además, la actualización de
la LP por inflación se distorsiona porque sólo se toman en cuenta los
precios de los alimentos. Es decir, el método debe ser plenamente normativo. 10) Hacer a un lado lo valioso de la tradición latinoamericana.
Según los galeristas de París, el arte primero (así lo definió el ex presidente francés Jacques Chirac en vez de
primitivo) proveniente de África y Oceanía está en su esplendor. En junio pasado la casa Christie’s (del magnate Françoise Pinault, esposo de Salma Hayek) realizó la que considera la mejor subasta en la materia recaudando más de 11 millones de dólares.
Igual sucedió durante los días en que las galerías del Barrio Latino
pusieron a la venta obras de esos continentes. No faltó alguna
prehispánica de dudosa autenticidad.
En diciembre Christie’s hará otra gran subasta de arte primero. Una
de las figuras que saldrá a la venta proviene de las islas Fidji y
perteneció a Thomas Baker, misionero irlandés de la Iglesia metodista y
famoso por haber sido el último comido por los aborígenes de esas islas
en 1867. Dejaron el canibalismo al convertirlos al cristianismo. La
figura puede alcanzar un precio de 300 mil dólares. Su creador…
El
festival MUTEK México, singular como foro para difundir y disfrutar del
arte digital, la electrónica entremezclada con la creatividad visual y
sensorial, en décimo aniversario, como se dijo en pasada entrega,
ofrece este fin de semana lo más fino de su programación 2013, con
sonidos de avanzada que difícilmente podrán escucharse en otros
espacios. Dirección de foros, biografías completas.
Viernes 4. 1. Sigue, hasta el domingo 6, la instalación interactiva Resortes, de
Alejandro Franco y Thomas Sánchez. Centro de Cultura Digital. 10 a 19
horas. Gratuito. 2. Conferencias en el Centro de Cultura Digital. a)
Roberto Morales: La tecnología en el arte como un nuevo paradigma en la creación contemporánea. 12 horas. b) Pepe Mogt y Ramón Amezcua (Nortec): Sintetizadores de ayer y hoy. 17 horas. c) Jean Sebastien Baiilat y Guillaume Cardell: Diseño escenográfico interactivo. 15 horas. d) Panel de discusión Economía del Internet y las tecnologías digitales, con Alejandro Ramos, Oscar Mondragón, Carmen Arteaga, Paz Sastre, Juan Manuel Ortega. 17 horas. 3. Documentales Grandma Lo-Fi y Pánico. Cine
Tonalá. 19 horas, $50. 4. Inquietante y recomendable noche de
electrónica exuberante. De México: Strobe; de Inglaterra: Actress,
James Holden, Vessel; de Suecia: The Field; de Alemania: Diamond
Version (Alva Noto + Byetone), Saschienne y Barnt; de Austria: Robin
Fox; de España: Delorean. Foto-Museo Cuatro Caminos. 20 horas, $450.
En
el tercer día de la detención de actividades de la administración
pública de Estados Unidos, como resultado de la falta de acuerdo
legislativo sobre la ley de presupuesto 2013-2014, continuaron las
colisiones declarativas entre el gobierno estadunidense y la oposición
del Partido Republicano, al tiempo que se extendieron y multiplicaron
las expresiones de temor a escala mundial.
Precisa Sedesol nota sobre Cruzada contra el Hambre
En relación a la nota publicada el día de ayer, titulada
Fallas de fondo en la cruzada contra el hambre: Coneval, firmada por la reportera Angélica Enciso, me permito hacer las siguientes precisiones: 1. Este primer diagnóstico se realizó a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a fin de fortalecer los procesos de planeación e instrumentación de la cruzada, previo a la elaboración del Programa Nacional México sin Hambre. 2. El diagnóstico es una iniciativa sin precedente en la evaluación de los programas sociales en nuestro país. 3. El documento incluye los retos y también los avances de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, estos últimos, omitidos en el artículo publicado; por lo que, para ofrecer una visión más completa y balanceada dl contenido del diagnóstico generado por Coneval, consideramos pertinente hacer del conocimiento de la sociedad la siguiente tabla con las precisiones referidas.
La
obstaculización de las bancadas de PRI, PAN y PVEM a que continuara la
gestión del doctor Luis González Placencia al frente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es expresión del
totalitarismo que caracteriza al Estado tardo-moderno frente a los
intereses de la ciudadanía, es demostración de fuerza del Poder
Legislativo frente a 400 organizaciones civiles que se pronunciaron a
favor de la continuidad de un ombudsman defensor de los
derechos del pueblo, y es signo del interés actual de las derechas para
imponer intereses partidistas en el Distrito Federal, tal como ocurre
en muchas de las comisiones estatales y en el ámbito federal.
Las
grandes crisis, como las marejadas, sacan a la superficie lo que
permanecía oculto en los periodos de calma. Ante nuestros ojos está
sucediendo algo similar en relación con la política exterior de Estados
Unidos con la región sudamericana. Volver sobre el caso de espionaje
sufrido por Brasil a manos de la NSA, develado por Edward Snowden, las
causas y las reacciones que está provocando en el gobierno de Dilma
Rousseff, puede contribuir a aclarar la coyuntura regional que
atravesamos.
Empieza
a ser tarde para cosas fundamentales, cinco años que quizá ya no
bastarán. La falta de un objetivo básico, secundarios, estrategias y
programas rigurosos, incluido uno de control, está dando al traste con
los propósitos presidenciales de enfrentar con resultados el problema
más agudo de su gobierno: la inseguridad.
En
estos días, en la Cámara de Diputados se escuchó la voz de un
legislador que llamaba a deslindar responsabilidades por algunas de las
expresiones del desastre como la concesión de licencias de construcción
en áreas
de riesgo. Sería deseable que sus colegas le tomaran la palabra y que se determinara por fin quién o quiénes son los responsables en la generación de los desastres que asolan nuestro país, y no permitir que los muertos, los heridos, los que pierden sus bienes y los que sufren en las calamidades que se pudieron evitar vean que también en este caso prevalece la impunidad. Pero también advertir que no se vale repetir la negligencia y la corrupción que propician tanto daño y tanto sufrimiento.
No,
no pasa nada, seguro México está detrás, hacia adentro y hacia lo alto,
en una infinitud, que siempre es tragedia, riesgo fatal, estallido de
nubes o del subsuelo, en fiesta globera que requiere de muertos para
negar el dolor pasado, por uno nuevo, y que nos arrastra, mece y nos
lleva seducidos, cautivados al peligro, en una modulación de velas al
aire en el mar, atracción al desorden, lo caótico, y la desintegración;
al fin no pasa nada.
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