Setenta por ciento de las 20.000 trabajadoras sexuales de Francia son inmigrantes. Crédito: A.D. McKenzie/IPS.
“Cuando vimos los reportes nos preocupamos”, dijo Lauren Hersh, directora de la oficina neoyorquina de Igualdad Ya, que lidera la campaña pública lanzada la penúltima semana de septiembre.
“Es atroz que haya agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que reclamen mantener los burdeles”, declaró a IPS.
La coalición, integrada por 98 organizaciones, pide a la entidad multilateral que revise los informes, publicados el año pasado, para que reflejen las experiencias de sobrevivientes de la prostitución y para incluir una gama más amplia de puntos de vista sobre el impacto de legalizar la industria del sexo.
Los reportes en cuestión son dos. Uno de ellos, “Sex Work and the Law in Asia and the Pacific” (El trabajo sexual y la ley en Asia Pacífico), fue respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida). El segundo, “El VIH y la ley: Riesgos, derechos y salud”, fue publicado por la Comisión Global sobre VIH y Derecho del PNUD.
Quienes ejercen la prostitución
“necesitan ser reconocidas como víctimas del tráfico… No creemos que
nadie lo elija”. -- Stella Marr, de Sex Trafficking Survivors United
Las sobrevivientes de trata sexual dicen que es imperativo abordar la demanda que mantiene vivo el negocio de la prostitución, y que eso no está adecuadamente abordado en los informes.
Ante un pedido de declaraciones, un portavoz del PNUD señaló que los reportes examinan los problemas del trabajo sexual a través de los lentes específicos de la epidemia del VIH, y que condenan fuertemente el tráfico sexual.
“El PNUD defiende y promueve el respeto de los derechos humanos para todos, especialmente los más excluidos y marginados. El informe ‘Sex Work and the Law…’ distingue claramente entre trabajo sexual adulto consensuado y trata humana con fines de explotación sexual”, dijo el portavoz.
Fuentes del UNFPA y de Onusida dijeron a IPS que la declaración del PNUD refleja de modo preciso la posición de sus agencias.
Los estudios también proponen la despenalización de la industria sexual como una forma de promover la capacidad de las personas que se prostituyen de negociar el uso de condones. Pero Igualdad Ya señala que el apremio económico es el que ejerce presión para mantener relaciones sexuales sin preservativo, pues a menudo los clientes ofrecen más dinero para que así sea.
Si las mujeres son esclavizadas o controladas por un proxeneta, tienen menos capacidad de insistir en el uso de profilácticos.
En un comunicado, el PNUD señaló que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad ante el VIH y limita el acceso a los preservativos y a los servicios de salud sexual.
Pero Hersh cree que “a menudo son los proxenetas y los clientes quienes dictan el uso de condones, porque las mujeres pueden obtener más dinero no usándolos”.
Hersh enfatizó que la coalición no intenta perjudicar los esfuerzos de la campaña contra el VIH/sida. Igualdad Ya lleva casi un año llegando a la ONU a través de canales internos, inclusive mediante el envío de una carta firmada por más de 80 organizaciones a Michel Sidibé, el director ejecutivo de Onusida.
La prostitución es legal en muchos países, entre ellos Suiza. Hace poco se instalaron en Zurich “cabinas sexuales” para promover la seguridad de las prostitutas. Pero la situación sigue siendo dura para hombres y mujeres en estados que legalizan o despenalizan la prostitución, según Igualdad Ya.
“Uno de los principales problemas es que los informes no incluyeron consultas a nuestros socios en el terreno, particularmente a organizaciones lideradas por sobrevivientes”, dijo Hersh a IPS.
Stella Marr, directora ejecutiva y cofundadora de la organización internacional Sex Trafficking Survivors United, es una sobreviviente de la explotación sexual. Fue cooptada a los 20 años y ejerció la prostitución durante una década.
“Si no abordamos la demanda, siempre habrá tráfico”, dijo Marr a IPS. Los informes de la ONU la “entristecen”, agregó.
Marr cree que la mejor solución es el modelo nórdico, que penaliza la compra de sexo pero despenaliza la práctica de la prostitución.
Ella abandonó la prostitución cuando un cliente le ofreció ayuda y un lugar seguro para vivir durante dos años. No conoce a nadie más a quien le haya ocurrido algo así.
“El hecho de que yo haya salido no significa que fui fuerte. Fui afortunada”, dijo Marr.
Las voces de las sobrevivientes de la industria del sexo no se escuchan tan fuerte como las de quienes siguen en la actividad, por la vergüenza que las persigue, dijo Rachel Moran, integrante y fundadora de Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment (SPACE) International, que fue prostituida entre los 15 y los 22 años.
Otra faceta de los informes que Igualdad Ya quiere abordar es la definición de “trata” que da la ONU. En el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del foro mundial, los estados miembro acordaron una definición amplia, que refleja una variedad de experiencias vividas por sobrevivientes de la explotación sexual.
Los informes de la ONU de 2012 recomiendan acotar y reelaborar la definición, lo que podría significar que muchas personas que fueron sometidas ya no sean consideradas víctimas y que los traficantes no sean responsabilizados.
“Entiendo que es difícil… Hay que tener una manera de ayudar a la gente a salir de esa vida”, dijo Marr.
“Necesitan ser reconocidas como víctimas de trata… No creemos que nadie lo elija”, añadió.
Con todo, Igualdad Ya es optimista en relación a próximos documentos, y pone como ejemplo un estudio de Asia-Pacífico, recientemente lanzado por el PNUD, el UNFPA y ONU Mujeres, según el cual la compra de sexo en la región está fuertemente asociada a las violaciones y a la violencia sexual generalizada contra las mujeres.
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