José Antonio Crespo
La proliferación y expansión de los grupos de autodefensa en varias entidades ha divido a la opinión sobre su deseabilidad y legitimidad. Recordemos que el punto de partida es, en términos de Hobbes, el “estado de naturaleza”, donde cada individuo (o grupos de individuos) se halla con su propia fuerza para defenderse de la posible agresión de los demás, algo muy probable porque la naturaleza humana tiende al egoísmo, a la búsqueda de su satisfacción y al bienestar por encima de los derechos de los otros. Si no hay una entidad de fuerza superior (el Estado) capaz ofrecer una protección eficaz, cada individuo (o grupo) puede y debe buscarla por sus propios medios.
De ahí que en ese estado de naturaleza “existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve” (Leviathan). Y por ello el fuerte incentivo para el surgimiento del Estado, una entidad con fuerza suficiente para someter a todos y cada uno de los miembros de la sociedad a un marco de reglas de convivencia pacífica y civilizada. Eso, mediante un pacto político que implica la renuncia de cierto monto de libertad por parte de cada individuo para dotar de tal fuerza al Estado, que pueda cumplir su principal cometido; imponer una situación de orden y seguridad en la convivencia cotidiana. En ese momento la violencia que cada individuo o grupo pueda ejercer en su propio interés se vuelve ilegítima, pues si cada quien la preserva, el Estado no logra acumular la fuerza suficiente para someter a cada componente de la sociedad.
El Estado es como un banco de poder; recibe cantidades pequeñas de poder individual, que con todas sumadas logra detentar gran cantidad de él, suficiente como para castigar a individuos y grupos particulares que rompan las reglas de convivencia (el derecho). Pero eso sólo puede ocurrir en virtud de que los miembros de esa comunidad renuncian a su propia fuerza armada. De ahí la definición weberiana del Estado moderno; el monopolio de la violencia legítima. En la medida en que grupos fuera del Estado detenten fuerza armada (sean señores feudales, caciques locales, corporaciones de la sociedad civil, guerrillas, paramilitares o sicarios), el Estado se vuelve incapaz de cumplir cabalmente su cometido. Y de ahí que el Estado debe usar su propia fuerza para desarmar a los grupos particulares que detenten fuerza armada.
El problema es cuando el Estado no es tan fuerte como para preservar en medida suficiente la seguridad y el orden. Es decir, que cumpla mínimamente su objetivo y compromiso, pues entonces los individuos y grupos desamparados se dan el derecho de brindarse a sí mismos lo que el Estado no puede ofrecer. Renace la legitimidad de la fuerza fuera del Estado (como en el “estado de naturaleza”). Dice Hobbes, “cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra”.
El problema es que esa debilidad inicial del Estado se acentúa con ese proceso de recuperación de la fuerza legítima en manos particulares. Es como cuando gran parte de los cuentahabientes de un banco retiran sus cuentas; sobreviene la quiebra de ese banco (el banco de poder, en este caso). Y en tal caso, dice Hobbes, “puede percibirse cuál será el género de vida cuando no existe un poder común que temer, pues el régimen de vida de los hombres que vivían bajo un gobierno pacífico, suele degenerar en una guerra civil”.
Ahí está el dilema; las comunidades desprotegidas por deficiencia del Estado reclaman legitimidad para protegerse a sí mismas por encima del pacto político, pero eso mismo debilita ese acuerdo y por tanto al Estado que de ahí surgió. De ahí que en principio el Estado no pueda fácilmente reconocer la legitimidad de la violencia extraestatal, pues va en su propio deterioro. Muchos opinan que resulta racional para el Estado primero confrontar al crimen organizado, incluso con ayuda de los grupos de autodefensa, y sólo entonces exigir el desarme de las comunidades autoarmadas. El problema en Michoacán y otros estados es que además, algunos temen (o saben) que varios grupos de autodefensa responden a otros cárteles rivales de Los Templarios. Y aún así, la experiencia colombiana sugiere que más vale enfrentar a los cárteles de uno en uno y no a todos al mismo tiempo, pues eso arroja resultados contraproducentes, como hemos visto en México. Además, mientras más tiempo pase, las autodefensas ser irán profesionalizando y será más difícil y socialmente costoso su desarme.
@JACrespo1
Investigador del CIDE
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