Las armas y el conflicto

Alberto Aziz Nassif

Lo que para Felipe Calderón fue el inicio de un grave error, una aventura militar para legitimar su dudoso triunfo electoral, que terminó en tragedia y fracaso, para el gobierno de Peña Nieto significa la primera prueba grave de cómo resolver el caso de Michoacán, que llegó a la frontera de una guerra civil.

El contraste no puede ser más brutal, mientras en el estado de Colorado, en Estados Unidos, la gente hace fila para comprar mariguana de forma festiva y legal, en Michoacán el crimen organizado, que vive del narcotráfico, ha expropiado a los ciudadanos la posibilidad de una vida en paz y al Estado le quitó el monopolio de la fuerza y lo convirtió en fallido. El ciclo de Michoacán conduce a una espiral que se ha agravado en las últimas semanas, pero el conflicto tiene una historia larga. Algunos de los líderes de las autodefensas hablan de diez o doce años, como el tiempo que tiene la población de Tierra Caliente de padecer al crimen organizado. El caso no es muy diferente de otros territorios en donde el crimen organizado controla la vida de una región y destruye a la sociedad; pero, sin duda, tiene particularidades que hoy hacen de Michoacán la punta de una madeja complicada y terrible.

No se necesita una gran estrategia de inteligencia para saber qué pasa en la región. Los testimonios que se han recabado en estos días dan cuenta de que el crimen controla el territorio. Un ejemplo es el sacerdote de Apatzingán, Gregorio López, amenazado de muerte por el crimen, que oficia misa con chaleco antibalas y al que trataron de asesinar, dice: “Le digo a Enrique Peña que le beso los pies el día que tenga en la cárcel a Nazario Moreno, a Enrique Plancarte Solís y a Servando Gómez Martínez. No agarren al Chiclano —en relación a Joaquín Negrete— él es el mil de Los Templarios. Agarren al 1, al 2 y al 3…” (EL UNIVERSAL, 17/I/2014). Ya había grupos de civiles que se armaron y tomaron el control de la seguridad en sus comunidades. El caso de Cherán es un buen ejemplo. No quiere decir que el modelo que se generaliza sea el mismo, pero el problema sí es similar. Hay dudas sobre estos grupos armados de civiles, a los que algunos llaman paramilitares. Cuando el escenario esta revuelto como en Michoacán, la desconfianza alimenta todas las iniciativas. Las preguntas son válidas: ¿quién paga el armamento y cómo llega a estos grupos? ¿Hay relación de las autodefensas con otros grupos del crimen? ¿Qué relación hay entre esos grupos y los diferentes niveles del gobierno?

En Michoacán hay un ABC para explicar el problema. Primero el gran negocio de la droga que es imparable con estrategias punitivas y que contamina, corrompe y destruye lo que toca. Esas cantidades de dinero penetran a los gobiernos, someten y compran a los cuerpos policiacos y se apropian de la vida de las comunidades. No se trata sólo de mandar a las Fuerzas Armadas; ¿cuántas veces ha entrado Ejército y la Policía Federal y cuántas veces la situación regresa o empeora? En segundo lugar está la corrupción que corroe las estructuras institucionales. ¿Hasta qué grado de despojo ha llegado el crimen que se convirtió en una pequeña dictadura? Apropiación de huertas, cobro de piso y extorsión, asesinato, secuestros, violaciones. En tercer lugar viene la desconfianza en las autoridades, que están completamente penetradas, en un proceso que se inicia desde las campañas electorales, los puestos, las policías, las alcaldías. Michoacán es “el mayor productor de marihuana y metanfetaminas del país y un punto estratégico del trasiego de drogas” (El País, 15/I/2014).

En este mapa es lógico ver a las autodefensas como el héroe popular, pero también se trata de paramilitares al margen de la ley. Si la única vía es mediante el derecho y las instituciones, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál puede ser el inicio del cambio en Michoacán? Ya se sabe que las fuerzas federales se tienen que ir y otra vez el gobierno quedará en manos locales. Uno de los dilemas más importantes es qué hacer hoy con los grupos armados de autodefensas, que surgen como una expresión frente al fracaso gubernamental. ¿Se debe desarmar a esos o se les debe permitir seguir con su lucha? En los dos casos hay riesgos. La intervención federal llegó con la consigna del desarme y la manipulación mediática, pero las cosas se complicaron y el saldo fueron dos muertos civiles inocentes. Después se dijo que se negociaría el desarme y ahora se les invita a pasarse del lado de la autoridad. Las armas y el conflicto michoacano van para largo…

Investigador del CIESAS