Con
la reforma energética privatizadora de Peña Nieto, el petróleo mexicano
pasa a formar parte de los activos en propiedad privada de las
gigantescas empresas trasnacionales: ¡sencillamente: la acumulación de
capital mediante el despojo de los recursos naturales y humanos de la
nación! La burocracia político-electoral del Estado mexicano,
encabezada por la alianza estratégica del PRI y del PAN, logró imponer
su proyecto trasnacional con la llamada reforma energética y, además,
con una mínima oposición social. Esta reforma incluye los hidrocarburos
y la electricidad a partir de la modificación de los artículos
constitucionales 25, 27 y 28 que, ahora, permiten la inversión privada,
nacional y extranjera, en toda la cadena productiva, distributiva y de
comercialización de estos productos. Se transita, de este modo, de un
patrón de acumulación y reproducción de capital dependiente sustentado
en el monopolio energético estatal, a un patrón capitalista neoliberal
dependiente predominantemente fincado en el monopolio privado, nacional
y extranjero, volcado a la acumulación de capital en función de las
empresas transnacionales y de los intereses de las grandes potencias
hegemónicas, en particular, de Estados Unidos y de otros imperios
menores como el Estado español.
Esto fue sólo la culminación de una ola reformista, de corte neoliberal, que comenzó hace un año con el arribo al gobierno de Peña Nieto y la posterior aprobación por el Congreso de las llamadas "reformas estructurales" encaminadas a reforzar el régimen capitalista neoliberal dependiente vigente en México, y que en menos de lo que canta un gallo, con el concurso de los principales partidos políticos que operan en el país (PRI-PAN-PRD) fueron aprobadas al margen de la participación popular e, incluso, en contra de la voluntad de ésta, como es el caso ejemplar de los miles de profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que con sus movilizaciones han manifestado su total rechazo a dichas reformas.
En menos de un año se aprobaron las siguientes reformas llamadas reformas estructurales:
La reforma energética, que privatiza y entrega los recursos petroleros y eléctricos al capital privado, ya ha sido considerada como la "madre de todas las reformas" y fue aprobada por el partido del gobierno con el apoyo incondicional del derechista Partido Acción Nacional. Aunque, a última hora, el PRD anunció su "salida" del Pacto por México (PpM), en el fondo ha mantenido una actitud formal de oposición a dicha reforma, aunque en el fondo la convalida con su actitud inmovilista y cómplice con el gobierno. En términos generales no habido oposición a dichas reformas, salvo por algunas fuerzas sociales, como los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones que han manifestado su descontento. Sin embargo, en términos generales, las reformas de marras se han impuesto a la sociedad prácticamente sin oposición y será muy difícil revertirlas en el futuro por los cauces legales e institucionales bajo cuya cobertura fueron aprobadas.
Paradójicamente el grupo gobernante y los voceros empresariales vienen promoviendo la idea de que con las reformas el país va a crecer y desarrollarse, generando inversiones, empleos y ahorro interno, en un contexto de cuasi estancamiento de la economía nacional que se expresa en el hecho de que en 2013, según cifras oficiales, la economía sólo creció 1.2% y para este 2014 ya se vislumbra que, incluso con las reformas, no crecerá más allá del 2%, generando así graves problemas estructurales y desequilibrios intersectoriales en la economía nacional que sólo podrán ser paliados mediante recortes al gasto público, bajas a los salarios reales de los trabajadores, el desempleo y la inflación. Es decir, es posible proyectar que los efectos a mediano y largo plazos de las mencionadas reformas serán altamente lesivos para el país y para las grandes mayorías de la población que son quienes verdaderamente están resintiendo los efectos lacerantes de la crisis capitalista (nacional e internacional).
Por otro lado, el verdadero Caballito de Troya de los intereses de las empresas transnacionales son las llamadas "leyes secundarias" que le dan contenido y concreción a las reformas constitucionales que ya prepara el equipo gobernante encabezado por el secretario de Hacienda, a través de las cuales se garantizará la concesión y privatización de los activos petroleros del subsuelo y de las cadenas productivas y distributivas, tal y como quedó establecido con la nueva redacción de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política del país. De este modo, la renta petrolera pasa a ser "compartida" por —lo que quede de— la empresa del Estado (Pemex) con los inversionistas privados (nacionales y extranjeros) que obviamente utilizarán en beneficio propio y en sus procesos de acumulación y reproducción de capital en sus países de origen, generando descapitalización interna y un tremendo boquete a las finanzas públicas que sólo serán subsanados a través de políticas de austeridad, sobre todo, en lo que concierne al gasto social y mediante aumentos de los impuestos y de la deuda interna y externa del país con los acreedores internacionales.
Obviamente que hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuál va ser el contenido de esas leyes secundarias, salvo sus redactores que seguramente se encuentran fuera del país, es decir, en las lujosas sucursales de las oficinas de las empresas transnacionales petroleras. Pero dado el carácter cuasi secreto como se dio el proceso de la reforma energética, a espaldas de los trabajadores y de la población en general, es inminente que dichas leyes estarán en consonancia con los intereses de las petroleras y, en general, del capital extranjero que ya anuncia su presencia y permanencia en el país para invertir en el jugoso negocio que supone la producción de petróleo y gas, así como de la electricidad, además, de las inversiones y ganancias que implican las esferas distributiva y de consumo de sus productos.
La corriente nacionalista de la llamada "izquierda mexicana" asegura que con la reforma energética se "lesiona" gravemente la "soberanía" del país, obviando —o ignorando— que en un país dependiente como México, que opera en la periferia del capitalismo central y hegemónico desde hace ya más de siglo y medio, dicha soberanía está completamente subordinada a los intereses del imperialismo y de las empresas transnacionales que, dígase de paso, fueron las verdaderas beneficiarias de la llamada industrialización por sustitución de importaciones que ocurrió en México —y en otros países de América Latina como Argentina y Brasil— bajo la batuta del Estado en el largo período transcurrido entre 1930 y la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta la entrada del neoliberalismo en el año1982. Posteriormente éste ha sido la puerta de entrada de las políticas privatizadoras de prácticamente todos los sectores productivos, de las carreteras, los bancos, los ferrocarriles, las inmobiliarias, los ingenios azucareros, la educación, las telecomunicaciones, incluyendo los medios de comunicación e información. Por eso, simplemente , la privatización energética es sólo parte de un proceso global, por supuesto, antes de que se dé la venta al capital internacional de partes del territorio nacional.
En este contexto resulta irrisorio que ahora se plantee una "consulta ciudadana" a realizarse allá por el año 2015 para, ex post, preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con dicha reforma como plantean connotados perredistas como Cuauhtémoc Cárdenas, y quien sabe en qué circunstancias se llevaría a cabo, y por quién, seguramente por los mismos personeros que han ejecutado las reformas estructurales bajo las directrices económico-políticas de los organismos monetarios y financieros internacionales que las han aplaudido una y otra vez.
Para entonces, obviamente todo estaría asegurado para "consultar" y manipular a la opinión pública para que, simplemente, quede avalada y legitimada completamente la privatización de los energéticos. Y después dirán que habrá que esperar hasta el año 2018 cuando se realicen las elecciones presidenciales con la "esperanza" de que "ahora sí" "gane la izquierda" y "eche abajo las reformas". Esto en verdad es de risa. ¡Pero soñar no compromete! y más aún cuando los sueños siempre son adulterados por la clase en el poder a través de sus medios de comunicación como TV Azteca, Televisa y Milenio que actúan como sus intelectuales orgánicos.
Por eso hay que descartar que sean esas fuerzas las que pudieran hacer algo supuestamente para impedir que entren a funcionar las empresas trasnacionales en el país y drenen sus recursos al exterior. Antes que nada primero entrarían en negociaciones —como siempre lo han hecho— con el grupo en el poder, cuestión que implicaría que las reformas de marras se pudieran maquillar, pero su contenido obviamente quedar intacto. Por ello tendrán que ser necesariamente otras fuerzas políticas y sociales que no estén en el marco del orden existente, como ocurre con los partidos políticos y sus clientelas parlamentarias, sino los sectores populares y los trabajadores, quienes pudieran darse a la tarea de construir no sólo las alternativas para recuperar los recursos energéticos entregados al capital extranjero, sino un proyecto de cambio social que rebase los marcos del capitalismo y de la dependencia que son los verdaderos diques de contención de toda lucha antisistema que trascienda el orden capitalista existente.
Esto fue sólo la culminación de una ola reformista, de corte neoliberal, que comenzó hace un año con el arribo al gobierno de Peña Nieto y la posterior aprobación por el Congreso de las llamadas "reformas estructurales" encaminadas a reforzar el régimen capitalista neoliberal dependiente vigente en México, y que en menos de lo que canta un gallo, con el concurso de los principales partidos políticos que operan en el país (PRI-PAN-PRD) fueron aprobadas al margen de la participación popular e, incluso, en contra de la voluntad de ésta, como es el caso ejemplar de los miles de profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que con sus movilizaciones han manifestado su total rechazo a dichas reformas.
En menos de un año se aprobaron las siguientes reformas llamadas reformas estructurales:
- Laboral, aprobada el 14 de noviembre de 2012.
- De telecomunicaciones, aprobada 30 de abril de 2013.
- Educativa, aprobada 04 de septiembre de 2013.
- Hacendaria, aprobada 31 de octubre de 2013.
- Energética, aprobada el 11 de diciembre de 2013.
La reforma energética, que privatiza y entrega los recursos petroleros y eléctricos al capital privado, ya ha sido considerada como la "madre de todas las reformas" y fue aprobada por el partido del gobierno con el apoyo incondicional del derechista Partido Acción Nacional. Aunque, a última hora, el PRD anunció su "salida" del Pacto por México (PpM), en el fondo ha mantenido una actitud formal de oposición a dicha reforma, aunque en el fondo la convalida con su actitud inmovilista y cómplice con el gobierno. En términos generales no habido oposición a dichas reformas, salvo por algunas fuerzas sociales, como los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones que han manifestado su descontento. Sin embargo, en términos generales, las reformas de marras se han impuesto a la sociedad prácticamente sin oposición y será muy difícil revertirlas en el futuro por los cauces legales e institucionales bajo cuya cobertura fueron aprobadas.
Paradójicamente el grupo gobernante y los voceros empresariales vienen promoviendo la idea de que con las reformas el país va a crecer y desarrollarse, generando inversiones, empleos y ahorro interno, en un contexto de cuasi estancamiento de la economía nacional que se expresa en el hecho de que en 2013, según cifras oficiales, la economía sólo creció 1.2% y para este 2014 ya se vislumbra que, incluso con las reformas, no crecerá más allá del 2%, generando así graves problemas estructurales y desequilibrios intersectoriales en la economía nacional que sólo podrán ser paliados mediante recortes al gasto público, bajas a los salarios reales de los trabajadores, el desempleo y la inflación. Es decir, es posible proyectar que los efectos a mediano y largo plazos de las mencionadas reformas serán altamente lesivos para el país y para las grandes mayorías de la población que son quienes verdaderamente están resintiendo los efectos lacerantes de la crisis capitalista (nacional e internacional).
Por otro lado, el verdadero Caballito de Troya de los intereses de las empresas transnacionales son las llamadas "leyes secundarias" que le dan contenido y concreción a las reformas constitucionales que ya prepara el equipo gobernante encabezado por el secretario de Hacienda, a través de las cuales se garantizará la concesión y privatización de los activos petroleros del subsuelo y de las cadenas productivas y distributivas, tal y como quedó establecido con la nueva redacción de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política del país. De este modo, la renta petrolera pasa a ser "compartida" por —lo que quede de— la empresa del Estado (Pemex) con los inversionistas privados (nacionales y extranjeros) que obviamente utilizarán en beneficio propio y en sus procesos de acumulación y reproducción de capital en sus países de origen, generando descapitalización interna y un tremendo boquete a las finanzas públicas que sólo serán subsanados a través de políticas de austeridad, sobre todo, en lo que concierne al gasto social y mediante aumentos de los impuestos y de la deuda interna y externa del país con los acreedores internacionales.
Obviamente que hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuál va ser el contenido de esas leyes secundarias, salvo sus redactores que seguramente se encuentran fuera del país, es decir, en las lujosas sucursales de las oficinas de las empresas transnacionales petroleras. Pero dado el carácter cuasi secreto como se dio el proceso de la reforma energética, a espaldas de los trabajadores y de la población en general, es inminente que dichas leyes estarán en consonancia con los intereses de las petroleras y, en general, del capital extranjero que ya anuncia su presencia y permanencia en el país para invertir en el jugoso negocio que supone la producción de petróleo y gas, así como de la electricidad, además, de las inversiones y ganancias que implican las esferas distributiva y de consumo de sus productos.
La corriente nacionalista de la llamada "izquierda mexicana" asegura que con la reforma energética se "lesiona" gravemente la "soberanía" del país, obviando —o ignorando— que en un país dependiente como México, que opera en la periferia del capitalismo central y hegemónico desde hace ya más de siglo y medio, dicha soberanía está completamente subordinada a los intereses del imperialismo y de las empresas transnacionales que, dígase de paso, fueron las verdaderas beneficiarias de la llamada industrialización por sustitución de importaciones que ocurrió en México —y en otros países de América Latina como Argentina y Brasil— bajo la batuta del Estado en el largo período transcurrido entre 1930 y la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta la entrada del neoliberalismo en el año1982. Posteriormente éste ha sido la puerta de entrada de las políticas privatizadoras de prácticamente todos los sectores productivos, de las carreteras, los bancos, los ferrocarriles, las inmobiliarias, los ingenios azucareros, la educación, las telecomunicaciones, incluyendo los medios de comunicación e información. Por eso, simplemente , la privatización energética es sólo parte de un proceso global, por supuesto, antes de que se dé la venta al capital internacional de partes del territorio nacional.
En este contexto resulta irrisorio que ahora se plantee una "consulta ciudadana" a realizarse allá por el año 2015 para, ex post, preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con dicha reforma como plantean connotados perredistas como Cuauhtémoc Cárdenas, y quien sabe en qué circunstancias se llevaría a cabo, y por quién, seguramente por los mismos personeros que han ejecutado las reformas estructurales bajo las directrices económico-políticas de los organismos monetarios y financieros internacionales que las han aplaudido una y otra vez.
Para entonces, obviamente todo estaría asegurado para "consultar" y manipular a la opinión pública para que, simplemente, quede avalada y legitimada completamente la privatización de los energéticos. Y después dirán que habrá que esperar hasta el año 2018 cuando se realicen las elecciones presidenciales con la "esperanza" de que "ahora sí" "gane la izquierda" y "eche abajo las reformas". Esto en verdad es de risa. ¡Pero soñar no compromete! y más aún cuando los sueños siempre son adulterados por la clase en el poder a través de sus medios de comunicación como TV Azteca, Televisa y Milenio que actúan como sus intelectuales orgánicos.
Por eso hay que descartar que sean esas fuerzas las que pudieran hacer algo supuestamente para impedir que entren a funcionar las empresas trasnacionales en el país y drenen sus recursos al exterior. Antes que nada primero entrarían en negociaciones —como siempre lo han hecho— con el grupo en el poder, cuestión que implicaría que las reformas de marras se pudieran maquillar, pero su contenido obviamente quedar intacto. Por ello tendrán que ser necesariamente otras fuerzas políticas y sociales que no estén en el marco del orden existente, como ocurre con los partidos políticos y sus clientelas parlamentarias, sino los sectores populares y los trabajadores, quienes pudieran darse a la tarea de construir no sólo las alternativas para recuperar los recursos energéticos entregados al capital extranjero, sino un proyecto de cambio social que rebase los marcos del capitalismo y de la dependencia que son los verdaderos diques de contención de toda lucha antisistema que trascienda el orden capitalista existente.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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