Occupied London
En
2010 y en 2011 varias granadas de mano explotaron en los ayuntamientos
de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, cuatro
localidades fronterizas mexicanas en el estado de Tamaulipas.
Se
señaló al crimen organizado como autor de las explosiones,
concretamente a miembros de los Zetas o del Cártel del Golfo. Visité la
zona a comienzos de 2011, intentando averiguar qué podría estar
conduciendo a grupos de delincuentes a enfrentarse a los gobiernos
locales que, a efectos, están bajo su control.
Las piezas no
comenzaron a encajar hasta que conocí a Francisco Chavira Martínez en
2011. La primera vez que quedamos propuso que fuéramos a comer a un
restaurante de Reynosa conocido por sus huéspedes de altos vuelos.
Camareros con esmoquin a lo pingüino iban y venían con bandejas
mientras las demás mesas estaban, en su mayoría, ocupadas por hombres
mayores. Chavira hablaba en voz alta y sin miedo. Entrevisté al menos a
doce personas más, pero Chavira fue el único de todos los entrevistados
que permitió que su nombre real fuera utilizado.
Los gobiernos
locales “utilizan lo que es los roba-carros para todo aquel que esta en
contra de ellos, les mandan a robar su carro, los ladrones de casa, los
ladrones domiciliarios que le llaman, entran a robar tu casa para
espantarte, los narcotraficantes, que los utilizan ellos como una forma
de que la gente tenga miedo, para que no participes, para que no alces
la voz, para que no estés en contra del gobierno, incluso se mandan
ellos mismos a tirar granadas a las presidencias municipales”, relató
Chavira.[1]
Quizá vio mi incredulidad reflejada en el
rostro. Todavía no había captado la mecánica del terror y los intereses
a los que sirve. “¿Por qué?” Se preguntó a sí mismo, para hacer una
pausa acto seguido. “Para que la gente se asuste y no vaya a exigir a
la presidencia, ni exijas transparencia de las cuentas publicas, en qué
se gastan el dinero, por que si no, si lo hago, me van a matar, me van
a meter una granada.” Meses después de nuestra entrevista, Chavira,
candidato del Partido Revolucionario Democrático (RPD), presuntamente
de carácter izquierdista, fue arrestado bajo falsas acusaciones y
encarcelado hasta que pasaron las elecciones, un episodio que él
describió como un “secuestro legalizado” por parte del Estado.
La
segunda vez que me reuní con Chavira fue dos años después, en 2013. Nos
encontramos casualmente frente a la puerta de la embajada
estadounidense en México D. F. en una manifestación organizada por
familiares y amigos de migrantes que trabajan en los Estados Unidos sin
papeles. Nos dirigimos a una cafetería cercana y le hice una pequeña
entrevista. Mientras íbamos de camino se maravillaba de poder caminar
tranquilamente por la calle sin miedo, algo impensable en su ciudad de
origen.
Las palabras que Chavira me brindó en aquel encuentro
requieren una pequeña introducción. La versión oficial de la guerra del
narco o guerra contra las drogas, la cual, los gobiernos y los medios
de comunicación no paran de repetir una y otra vez, es que la guerra
que hay en México es entre los malos (los traficantes de drogas) y los
buenos (la policía y el ejército, que cuentan con el apoyo de Estados
Unidos, Canadá y países de la Unión Europea). Según esta versión de los
hechos, los “malos” siguen la siguiente estructura jerárquica: en lo
alto de la pirámide están los capos o señores de la droga, luego vienen
los generales o jefes de seguridad, los cuales protegen al jefe y sus
zonas; después vienen los jefes de plaza, jefes locales que se encargan
de una zona fronteriza en particular o de una zona de distribución
concreta.
Esta versión (que es la principal) es lo que yo llamo
el discurso sobre la guerra entre cárteles. Este discurso posee unos
rasgos reseñables: confianza casi exclusiva en las fuentes de
información gubernamentales y/o estatales, creencia en que todos son
culpables hasta que se demuestre lo contrario y que hay víctimas que se
ven envueltas en tráfico de drogas y una amplia percepción de que los
policías implicados en actividades delictivas son la excepción y no la
norma, y que más presencia policial aumenta la seguridad.[2]
Hace
algo más de dos años que comencé a informar e investigar sobre las
diferentes facetas de la transformación que vive México, que en mi
opinión es una especie de contrarrevolución y una prolongación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se lleva a cabo
mediante un intenso proceso de militarización. Una vez que uno analiza
las consecuencias sociales y económicas de la “guerra del narco”, las
versiones oficiales de lo que sucede dejan de tener sentido casi por
completo. Dichas versiones tratan de oscurecer la dinámica real en
lugar de arrojar luz. Lo que aprendo de gente como Chavira es lo que me
permite conocer lo que realmente sucede en este México en guerra.
Lejos
de posibles miradas, en el balcón del patio trasero de un café-librería
en la zona de la manifestación en México D. F. (justo frente a la
embajada de los Estados Unidos), Chavira era de nuevo como aquel hombre
al que eliminaron de la escena y enviaron a prisión. De hecho, se las
arregló para vivir buenos momentos los ocho meses que estuvo encerrado,
trabajando con otros convictos para mejorar su situación y colaborando
para que los niños que viven en prisión con sus padres puedan tener una
infancia lo más normal posible. Pregunté a Chavira si podía explicar
cómo la guerra del narco interactúa con el Estado mexicano. “En mi
punto de vista, yo opino que el verdadero delincuente, el verdadero
capo en México es el Presidente de la República, y los gobernadores lo
son en sus respectivo estados, y los jefes de plaza vienen siendo los
alcaldes”, me dijo Chavira. “Por que todos llegaron con financiamiento
de su campaña, con dinero de procedencia ilícita”.
Hablamos
durante un rato más sobre toda la situación en general: migración,
víctimas (él considera que el número oficial de víctimas derivadas de
la guerra del narco desde 2006, el cual oscila entre 60.000 y 70.000,
representa tan sólo una fracción de las víctimas totales), y sobre
nuestras propias vidas. Tal y como la primera vez, la conversación
acabó y yo tenía todavía más preguntas sobre la guerra, pero también
tenía la férrea convicción de dar lugar a otras perspectivas y voces de
la guerra en México era una tarea urgente e importante.
Terror y el plan hemisférico
Lo
que está sucediendo en México en la actualidad encuentra un precedente
importante en otro lugar del hemisferio: Colombia. Hay motivos para
afirmar que lo acontecido en Colombia es un precedente de la “guerra
del narco” que existe hoy en México. Para entender el México actual hay
que comprender el papel de Colombia a partir del año 2000 tras el Plan
Colombia y las inversiones multimillonarias que el gobierno
estadounidense realizó en el país con el telón de fondo de la guerra
contra las drogas en aquel país. El Plan Colombia concluyó oficialmente
en 2006, al año siguiente la Iniciativa Mérida, también conocida como
Plan México, se puso en marcha. En 2008, los Estados Unidos dieron paso
a la Iniciativa Regional de Seguridad Para América Central (Plan
América Central) y en 2010 a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca
del Caribe (Plan Caribe). Estas iniciativas tienen como punto en común
la militarización de la policía local, estatal y federal, así como un
mayor despliegue de efectivos policiales y del ejército para combatir
(en teoría) a los productores de drogas, traficantes y vendedores.
La
historia nos muestra que los índices de tráfico de drogas con destino a
Estados Unidos no descendieron significativamente tras la aplicación
del Plan Colombia.
En mi ensayo de 2012, “El capitalismo narco”,
mencionaba que la aplicación del modelo del Plan Colombia en México y
otros lugares no tiene tanto que ver con luchar contra las drogas sino
con una mejora de condiciones para las inversiones de capital
extranjero y favorecer la expansión del capitalismo.[3]
Pero
cuando se trata de utilizar la represión y el terror como herramienta
en México, las tácticas empleadas por el aparato represivo del Estado
van mucho más allá de la experiencia colombiana, pues se abastecen de
generaciones de soldados estadounidenses y de otras potencias
mundiales. [4] En este contexto, considero que las situaciones
previas de contrainsurgencia vividas en Centroamérica en general y en
Guatemala en particular, donde Estados Unidos prestó apoyo, son de
máxima importancia para entender los acontecimientos en México y en la
región actualmente. Aunque no haya conexión aparente con la situación
actual de México, estos conflictos deben ser considerados como parte de
la memoria represiva puesta en marcha para lanzar la llamada “guerra
del narco” en México, Centroamérica y otros lugares.
Tal y como
expresa Laleh Khalili en su obra sobre Palestina y la
contrainsurgencia, “oficiales y solados rasos, tecnologías de control y
recursos no solo viajan a través de colonias y metrópolis sino que,
además, lo hacen entre diferentes colonias bajo el mismo poder colonial
y entre diferentes metrópolis coloniales mediante las cuales burócratas
y élites militares estudian e intercambian técnicas y se informan sobre
los métodos de control más efectivos”.[5]
Hay algunos
visos de continuidad entre las guerras (incluidos genocidios)
perpetradas en Centroamérica en los años 70, 80 y 90 que pueden
observarse en el México actual. Por ejemplo, se ha identificado que las
granadas utilizadas por los Zetas en sus ataques en México datan de los
años 80, cuando los Estados Unidos las vendieron al ejército de El
Salvador. [6] Otro indicador que conecta la guerra que azotó
durante 36 años a Guatemala con la situación actual son los kaibiles,
las fuerzas de élite del país, cuyos miembros fueron responsables de
masacres atroces en su momento y que en la actualidad continúan activos
como fuerzas especiales del gobierno y como miembros de grupos
criminales. [7]
Además de estos ejemplos concretos,
muchas de las prácticas para infundir terror utilizadas por ejércitos
como el de Guatemala han resurgido en México y Centroamérica a manos de
grupos criminales. En la guerra actual, la “guerra del narco”, la
violencia desplegada contra civiles, especialmente los más pobres y los
migrantes, viene de tropas oficiales y uniformadas, así como de otro
tipo de grupos no oficiales como cárteles u otros grupos paramilitares.
La
primera acepción de terror del New Oxford American Dictionary define
esta palabra como “miedo extremo: la utilización de dicho miedo para
intimidar a personas, especialmente por motivos políticos; terrorismo”.
Los asesinatos en masa y la exposición pública de cadáveres es un
ejemplo de técnica de terror, practicada durante siglos, por parte del
gobierno y otros grupos no oficiales, a menudo escudados por la
imposición de un régimen económico y político. El terror desempeña un
papel específico para asegurar el control sobre el pueblo.
“En
todas sus formas, el terror está diseñado para destruir el espíritu
humano. Ya sea en Londres con el nacimiento del capitalismo o en el
Haití actual, el terror infecta el imaginario colectivo, propiciando un
surtido de demonios y monstruos”. [8] Tanto si se trata
de cadáveres expuestos al público o cortados en piezas y apilados en
una autopista o de explosiones y masacres que dejan docenas de víctimas
civiles, México ha vivido una serie de episodios escalofriantes desde
que el antiguo presidente Felipe Calderón iniciara la guerra del narco
en diciembre de 2006.[9]
La desaparición es otra de las
técnicas utilizadas contra civiles y activistas en México, donde al
menos 26.000 personas (según datos de marzo de 2013, desde entonces
esta cifra puede muy probablemente haber aumentado) han desaparecido
desde el año 2006. [10] Es una práctica extendida en
Centroamérica (la desaparición de activistas políticos se inventó
presuntamente en Guatemala), Colombia y otros lugares. La desaparición
es una táctica de terror selectiva perfeccionada por los ejércitos de
Centroamérica, los cuales raptan y torturan a sus víctimas antes de
ejecutarlas y enterrar sus cadáveres en fosas clandestinas.
Las
espantosas acciones que perpetran los grupos criminales contra la
población civil en el marco de la “guerra del narco” aparece a menudo
en televisión, en las redes sociales o en los periódicos. Son pocos los
medios de comunicación que explican y contextualizan la puesta en
práctica del terror. En su lugar, hablan de violencia gratuita
aleatoria y sin sentido. La policía y el ejército son a menudo
referidas como las únicas instituciones capaces de responder a estos
ataques, los cuales caen rápidamente en el olvido, y cuyos autores
quedan habitualmente absueltos con total impunidad, obra del aparato
represivo del Estado e institucionalizada por éste. La difusión de esta
información a través de pantallas, iPhones y tabloides de toda la
región aterra a la sociedad en su conjunto.
Parte de esta
transformación es la transformación de los modos de vida y la
socialización como parte de un cambio general hacia una sociedad más
represiva. La movilidad, entendida como la capacidad de las personas
para moverse libremente por su propia voluntad, se ve restringida con
el aumento de la vigilancia fronteriza y los puntos de control de
policía y militares, así como mediante el miedo generado a través de
los asesinatos en masa de pasajeros de autobús, tiroteos en autovías
principales y desapariciones que suceden cuando la víctima está
trabajando. La movilidad reducida es uno de los primeros impactos que
tiene el terror sobre la población afectada. Mientras tanto, las
migraciones forzadas y los desplazamientos involuntarios aumentan como
parte de la transición hacia una sociedad más represiva que exige
víctimas y amenaza a los sobrevivientes.
En palabras de los
escritores guatemaltecos Gomis, Romillo y Rodríguez a comienzos de los
ochenta, “la dominación mediante el terror, además de eliminar
físicamente a aquellos contrarios a los intereses del régimen, también
incluye la persecución para ‘hacerse con el control de un universo
social construido gracias a la intimidación perpetrada mediante actos
de destrucción… (y con) actos de terror siempre se produce un impacto
general en todo el universo social, a un nivel generalizado, de una
serie de presiones psicosociológicas que suponen un obstáculo frente a
cualquier posible acción política”.[11]
Las nociones de
oposición y acción política descritas en la cita anterior no tienen por
qué aplicarse a guerrillas o a grupos demasiado organizados. El
objetivo final del terror puede ser tan simple como evitar que los
ciudadanos exijan incluso los mínimos niveles de transparencia a las
instituciones estatales, tal y como indicaba Chavira al comienzo de
este artículo.
¿Quiénes son los insurgentes?
El
New Oxford American Dictionary define insurgente como “rebelde o
revolucionario”. En 2010, Hillary Clinton, antigua secretaria de Estado
de los Estados Unidos, comparó la situación en México a una situación
de insurgencia. “Cada vez se parece más a la Colombia de hace veinte
años” dijo a los delegados en un acto del Council on Foreign Relations.
Clinton afirmó que los cárteles de la droga “muestran cada vez más
rasgos de insurgencia”. [12] En 2009, el responsable de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos declaró que apoyaría el uso de la
contrainsurgencia en México.[13]
Al leer información del
gobierno estadounidense y de la prensa actual, una se da cuenta de la
insistencia en remarcar que la guerra en México no es política. “Las
bandas mexicanas se mueven por el dinero y no poseen una agenda
ideológica aparente. Su único objetivo político es debilitar el
cumplimiento de la ley” reza un artículo de 2011 de Insight Crime,
centro de estudios financiado por George Soros. [14] Como ya
detallé en “El capitalismo narco”, los grupos criminales o narcos (y
especialmente Los Zetas) desempeñan un papel más propio de grupos
paramilitares que de grupos insurgentes.
“Los Zetas son una
fuerza paramilitar”, me dijo el doctor William Robinson, autor de “Una
teoría sobre el capitalismo global”, cuando lo entrevisté en el año
2011. “Se trata, fundamentalmente, de la creación de un paramilitarismo
junto con una militarización formal, siguiendo el modelo colombiano”. [15]
Colombia
vivió dos olas de paramilitarización. La primera cuando se
constituyeron grupos estatales y apoyados por las élites en los sesenta
y los setenta y cuando dichos grupos actuaron en las décadas de los
ochenta y los noventa. [16] La segunda ola de
paramilitarización en Colombia tuvo lugar cuando la industria de la
cocaína comenzó a generar nuevos beneficios para los narcotraficantes
locales, convirtiéndose éstos en un nuevo grupo de la élite cuyas
fuerzas irregulares recibían el respaldo del Estado. En esta última ola
es cuando paralelamente tuvo lugar el proceso de militarización y
paramilitarización mencionado por Robinson. Naturalmente, los que más
notaron el impacto de estos procesos fueron los más pobres en las zonas
urbanas y rurales de Colombia, donde habitan más de cuatro millones de
desplazados internos. Según un artículo publicado en World Development,
“los grupos paramilitares no sólo son los principales responsables,
sino que también son más efectivos a la hora de instigar los
desplazamientos”.[17]
Un ejemplo de cómo los Zetas tienen
rasgos más propios de un grupo paramilitar que de un grupo insurgente
queda patente en sucesos como el asesinato de 72 inmigrantes en San
Fernando, en el estado de Tamaulipas, en el verano de 2010. Este tipo
de acciones cumplen con el objetivo estadounidense de desalentar la
inmigración proveniente de Centroamérica. Las masacres, los secuestros
masivos y la extorsión siempre son actos políticos vinculados a la
obtención del control de cierta comunidad o a su eliminación que, por
extensión, pretenden culminar con el control del territorio que ocupan.
Si
interpretamos el papel de grupos como Los Zetas como algo más propio de
un grupo paramilitar que de un grupo insurgente y recibimos la noticia
de que Estados Unidos apoya una estrategia de contrainsurgencia en
México, entonces debemos preguntarnos: ¿Quiénes son los insurgentes en
esta guerra? Ante esta situación, es de utilidad reflexionar sobre la
historia reciente de Guatemala.
Durante los 36 años de conflicto
armado, 200.000 personas fueron asesinadas, principalmente a manos del
Estado, y otras 50.000 desaparecieron. La guerra en Guatemala tuvo tres
grandes fases. La primera, de 1960 a 1980, consistió en estrategias
clandestinas y discriminatorias, principalmente dirigidas contra
oponentes políticos y de carácter izquierdista. La segunda, una fase
transicional que tan sólo duró un año, en 1981, la cual incluía, además
de las estrategias clandestinas discriminatorias, terrorismo de Estado
masivo a cara descubierta. Desde 1982 en adelante, el país vivió la
generalización del terror y de operaciones psicológicas diseñadas para
controlar a la población al completo, especialmente las comunidades
mayas, algunas de las cuales se organizaron políticamente. Las víctimas
del conflicto fueron principalmente hombres, pero también hubo mujeres
y niños. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas únicamente por
pertenecer a un grupo social o étnico determinado, no porque apoyaran
ninguna ideología. Aunque había movimientos guerrilleros en Guatemala
por aquel entonces, las poblaciones rurales e indígenas en su totalidad
eran consideradas como grupos insurgentes en la guerra.
En
Guatemala, “el desarrollo del terror y las políticas de terror tienen
su origen en la incapacidad del Estado para hacer frente a los
conflictos sociales mediante métodos consensuales. Su objetivo era
disuadir cualquier intento de oposición que surgiese de la sociedad
civil en su conjunto o de grupos específicos dentro de ésta”. [18]
Esta opinión la respalda Kristian Williams en su próximo ensayo, donde
declara que “desde una perspectiva de contrainsurgencia, la resistencia
no es únicamente que el pueblo (o parte de éste) rechace cooperar con
el Estado; la resistencia es consecuencia de un Estado que fracasa a la
hora de satisfacer las necesidades de su pueblo”.[19]
En
el México actual, los insurgentes podrían considerarse miembros de
tejidos sociales ajenos a los dictados de la hegemonía del mercado
internacional. Los terratenientes de las comunidades y los vendedores
ambulantes, gente que pertenece a la economía sumergida, podrían ser
tildados de insurgentes junto con inmigrantes e indígenas. Estos grupos
tienen un punto en común, al igual que aquellos que habitan las fosas
comunes y quienes son víctimas del yugo del terror.
Una de las
principales diferencias entre las guerras actuales y las que azotaron
Centroamérica en los ochenta es que los autores de muchas de las
masacres y acciones más crueles (aunque no todas) perpetradas durante
la guerra del narco son los llamados “cárteles de la droga”. Esto
demuestra cómo, además de las experiencias anteriores en los conflictos
armados en Centroamérica, las técnicas represivas utilizadas en
Colombia en la década de los noventa y de dos mil están influenciando
el proceso bélico de México. Si aplicamos un enfoque más general de la
“guerra del narco” en México y observamos quiénes son las víctimas de
la violencia, es fundamental considerar cómo las fuerzas del estado
Guatemalteco utilizaban la palabra insurgencia cuando, realmente, el
objetivo era toda la población en su conjunto. Primero con el apoyo
reconocido de Estados Unidos, que más tarde pasó a ser tácito.
Semejante actitud y atrocidades pueden trasladarse a la situación de
este mismo tipo de guerra en México, Centroamérica y otros lugares, de
modo que no debemos perder la perspectiva histórica de la región, a
menudo ignorada en el contexto de la “guerra del narco”.
Nuestra
interpretación de la llamada insurgencia no política en México y la
respuesta del Estado nos ayuda a comprender el proyecto de la guerra
contra las drogas por completo, así como posibles estrategias
represivas en el futuro en otras partes del mundo. Pensemos, por
ejemplo, en la reciente ofensiva del Departamento de Estado
estadounidense para promover un marco ideológico en el que trasladar la
guerra contra las drogas a África occidental, asegurando que “el crimen
organizado internacional, incluyendo el tráfico de drogas, es una gran
amenaza para la seguridad y los gobiernos de África occidental”. [20]
Al fomentar estas ideas en África y en otros lugares se abren nuevas
posibilidades para que las agencias estadounidenses justifiquen su
necesidad de intervención, tal y como sucede en México.
Una de
las ideas erróneas más extendidas acerca de la guerra en México, y
sobre la “guerra del narco” de manera más general, es que se trata de
un hecho post político o no político. Resulta ingenuo atribuir un
estatus “político” a una guerra únicamente cuando hay un movimiento
nacional de liberación o un conflicto guerrillero. La guerra en México
es política: es una contrarrevolución, cien años después. Está
diezmando a las comunidades y destruyendo algunos de los logros de la
revolución mexicana que perduraron tras la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte en 1994.
Para gente como
Francisco Chavira, hablar en contra de la clase política y de sus
vínculos con grupos criminales continuará siendo una actividad
peligrosa. Para los cientos de miles que han perdido a seres queridos
no cesará el sufrimiento generado por esta guerra, una guerra que va
más allá de las drogas. En México, según Robinson, las autoridades
están teniendo problemas para lidiar con las contradicciones producidas
por las desigualdades masivas y el capitalismo global. Las atrocidades,
el pánico y el terror de la guerra del narco representan la respuesta
del Estado del siglo XXI frente a estas condiciones.
Notas:
1 Paley, Dawn. “Off the Map in Mexico”. 4 de mayo de 2011. The Nation. Información consultada el 12 de diciembre de 2012 de: http://www.thenation.com/article/160436/map-mexico
2 Paley, Dawn. “Insight Crime y la mexicanización del discurso sobre la guerra entre cárteles”. 11 de marzo de 2013. Información consultada el 14 de marzo de 2013 de: http://dawnpaley.tumblr.com/post/45119662682/insight-crime-the-mexicanization-of-cartel-war
3 Paley, Dawn. “El capitalismo narco”. Julio/ agosto de 2012. Solidarity. Información consultada el 12 de febrero de 2013 en: http://www.solidarity-us.org/node/3652
4 “State Repressive Apparatus”, tras “Sangre y capital: La paramilitarización de Colombia”, de Jasmin Hristov. Between the Lines, 2009: Toronto.
5 Khalili, L. “The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies”. Int. J. Middle East Stud. 42 (2010), 413–414.
6 Consulado de Monterrey. “Mexico: Tracking Narco-grenades”. 3 de marzo de 2009. Información consultada el 20 de diciembre de 2012 en: http://cablegatesearch.net/cable.php?id=09MONTERREY100#para-3961-4
7 “Era un antiguo kaibil (miembro de las fuerzas especiales guatemaltecasa) el acusado de ordenar la acción más violenta jamás vivida en Guatemala vinculada al tráfico de drogas. Hugo Gómez Vásquez fue acusado de supervisar la masacre en la Finca Los Cocos, en el departamento de Petén, en mayo de 2011, donde 27 trabajadores fueron asesinados, presuntamente como parte de un conflicto por tierras entre Otto Salguero, un terrateniente local, y los Zetas”. Consultar: Paley, Dawn. “Estrategias de una nueva guerra fría”. Towards Freedom. Publicación consultada el 14 de febrero de 2013 de: http://www.towardfreedom.com/home/americas/3073-strategies-of-a-new-cold-war-us-marines-and-the-drug-war-in-guatemala
8 Linebaugh, P., Rediker, M. “The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic.” Beacon Press, Boston, 2000. Pp. 53.
9 El periódico LA Times publicó un buen resumen de algunos de los actos más crueles de los seis años de Calderón en el poder. Hernández, D. “Calderon’s war on drug cartels: A legacy of blood and tragedy”. 1 de diciembre de 2012. LA Times. Información consultada el 20 de diciembre de 2012 de: http://www.latimes.com/news/world/worldnow/la-fg-wn-mexico-calderon-cartels-20121130,0,1538375,full.story
10 Editors. “Mexico’s disappeared.” 5 de marzo de 2013. LA Times. Información consultada el 14 de marzo de 2013 de: http://articles.latimes.com/2013/mar/05/opinion/la-ed-disappeared-mexico-human-rights-watch-20130305
11 Gomis, R. Romillo, M., Rodríguez, I. “Reflexiones sobre la política del terror: El caso de Guatemala.” Cuadernos de Nuestra América. Vol 1. 1983. La Habana. Citado en: Equipo de Antropologia Forense de Guatemala. Las Masacres en Rabinal: Estudio Histórico Antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichipate y Río Negro, 1997. 2ª edición. 1997. Guatemala. P. 154.
12 BBC News. “Clinton says Mexico drug crime like an insurgency.” 9 de septiembre 2010. Información consultada el 14 de febrero de 2012 de: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11234058
13 Morgan, David. “US military chief backs counter-insurgency for Mexico.” 6 de marzo de 2009. Información consultada el 14 de febrero de 2013 de http://www.reuters.com/article/2009/03/07/idUSN06397194
14 Corcoran, P. “Counterinsurgency is not the Answer for Mexico.” 26 de septiembre de 2011. Información consultada el 14 de febrero de 2013 de: http://www.insightcrime.org/news-analysis/counterinsurgency-is-not-the-answer-for-mexico
15 Paley, Dawn. “El capitalismo narco” julio/agosto de 2012. Solidarity. Información consultada el 12 de febrero de 2013 de: http://www.solidarity-us.org/node/3652
16 Hristov, J. Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Between the Lines, 2009: Toronto.
17 Ibáñez, A., Vélez, C. “Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia.” World Development, Vol. 36, No. 4, 2008. pp. 661.
18 Equipo de Antropología Forense de Guatemala. Las Masacres en Rabinal: Estudio Historico Antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichipate y Rio Negro, 1997. 2ª edición. 1997. Guatemala. P. 335.
19 Williams, K. “Introduction: Insurgency, Counterinsurgency, and Whatever Comes Next.” En Williams, K., Munger, W., Messersmith-Glavin, L. Eds. Life During Wartime: Resisting Counterinsurgency. p. 12. AK Press, 2013.
20 Office of the Spokesperson. “The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement and the Woodrow Wilson Center Host a Panel Discussion on “Combating Narcotics Trafficking in West Africa.” 25 de octubre de 2012. Información consultada el 15 de marzo de 2013 de: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/199730.htm
Dawn Marie Paley es periodista de Vancouver (Territorios Coast Salish), Canadá. Esta terminando su primer libro, que trata de los enlaces entre la expansión capitalista y la política anti-narco, y que saldrá con AK Press en otoño 2014. Puedes visitar su página aquí: dawnpaley.ca o seguirla en Twitter @dawn_.
Traducido por Nicolás Olucha Sánchez (SubVersiones: http://subversiones.org/archivos/18421). Originalmente publicado por Occupied London, octubre de 2013.
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