Espacio Civil | Emilio Álvarez Icaza L.
En la última década, mientras que nuestra economía creció poco más del 20 %, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) alcanzó cerca del 90 % de incremento en términos reales. En el mismo periodo, el porcentaje del PEF en el PIB, creció casi 5 puntos; pasó del 19.5 % al 24.3 %. Esto no necesariamente son buenas noticias, pues buena parte de ese incremento va a las estructuras del gobierno y no al ejercicio de los derechos de la gente.
En términos de derechos humanos, este PEF reporta una serie de fortalezas y debilidades. Vale la pena subrayar algunas.
En las fortalezas, destaca que por primera vez se contempla un fondo para reparación del daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Este fondo servirá, entre otras cosas, para atender a las víctimas protegidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Lo malo es que, por ahora, no es un fondo permanente. Hay que resaltar otros dos fondos. El primero es para pagar pensiones a los ex braseros por 1,200 millones.
Lo malo es que se adeuda más de 5,500 millones, además que ese dinero ya se les descontó, ahora se les paga de a poquito, es decir, tarde y mal. El segundo fondo se refiere a que habrá recursos para el mecanismo de protección a periodistas, aunque la falta de una perspectiva clara y consensuada, no permite saber si los recursos destinados son suficientes.
En las debilidades, un foco rojo lo constituye el hecho de que se da una fuerte contradicción en materia de no discriminación. Según el PEF, uno de los programas centrales de la Secretaría de Gobernación, es el combate a la discriminación, y se reducen 8 % los recursos destinados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que se suman al recorte del 9 % del ejercicio en curso. Esto se vuelve crítico cuando se observa que en 2010 aumentaron más de 70% las quejas por discriminación. Los números dictan que este no parece ser un programa prioritario. Tampoco deja de llamar la atención que se le hayan asignado 210 millones más a la, ya de por sí, onerosa CNDH (más de 20 % de incremento). El problema no es el incremento, sino a quién y para qué se destina, todo indica que los generosos sueldos y bonos en ese órgano autónomo van también a la alza.
Los presupuestos son una demostración concreta, palpable y observable de las prioridades; así sucede en las familias, en las empresas y en las entidades públicas. Si aplicamos el enfoque de derechos al PEF, veremos que es innegable que hubo avances, pero también veremos que estamos lejos, muy lejos de tener un presupuesto con enfoque de derechos humanos.
En términos de derechos humanos, este PEF reporta una serie de fortalezas y debilidades. Vale la pena subrayar algunas.
En las fortalezas, destaca que por primera vez se contempla un fondo para reparación del daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Este fondo servirá, entre otras cosas, para atender a las víctimas protegidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Lo malo es que, por ahora, no es un fondo permanente. Hay que resaltar otros dos fondos. El primero es para pagar pensiones a los ex braseros por 1,200 millones.
Lo malo es que se adeuda más de 5,500 millones, además que ese dinero ya se les descontó, ahora se les paga de a poquito, es decir, tarde y mal. El segundo fondo se refiere a que habrá recursos para el mecanismo de protección a periodistas, aunque la falta de una perspectiva clara y consensuada, no permite saber si los recursos destinados son suficientes.
En las debilidades, un foco rojo lo constituye el hecho de que se da una fuerte contradicción en materia de no discriminación. Según el PEF, uno de los programas centrales de la Secretaría de Gobernación, es el combate a la discriminación, y se reducen 8 % los recursos destinados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que se suman al recorte del 9 % del ejercicio en curso. Esto se vuelve crítico cuando se observa que en 2010 aumentaron más de 70% las quejas por discriminación. Los números dictan que este no parece ser un programa prioritario. Tampoco deja de llamar la atención que se le hayan asignado 210 millones más a la, ya de por sí, onerosa CNDH (más de 20 % de incremento). El problema no es el incremento, sino a quién y para qué se destina, todo indica que los generosos sueldos y bonos en ese órgano autónomo van también a la alza.
Los presupuestos son una demostración concreta, palpable y observable de las prioridades; así sucede en las familias, en las empresas y en las entidades públicas. Si aplicamos el enfoque de derechos al PEF, veremos que es innegable que hubo avances, pero también veremos que estamos lejos, muy lejos de tener un presupuesto con enfoque de derechos humanos.
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