Lorenzo Córdova Vianello
Es normal que en diversos ámbitos de la vida social prive en la lógica cotidiana una visión de corto plazo, y que en general exista la tentación de orientar las propias decisiones hacia la obtención de beneficios inmediatos. Ello ocurre tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es cierto que hay ocasiones —las menos— en las que privan perspectivas de largo aliento y que los actos y decisiones se orientan por metas futuras que trascienden la coyuntura y el inmediatismo. Ello depende de muchos factores: los temas, las coyunturas y la característica de las personas que toman esas decisiones son sólo dos de ellos.
Por su propia naturaleza, las decisiones públicas deben responder a las dos perspectivas. Hay asuntos que son de urgente resolución y que deben ser atendidos de manera inmediata, y en ocasiones, hasta reactiva. Hay otros temas que, en cambio, requieren decisiones orientadas con una lógica de largo plazo. Los asuntos cotidianos de la administración pública o aquellos impuestos por las vicisitudes y urgencias coyunturales del día a día, son característicos del primer tipo; las políticas públicas, por el contrario, son un ejemplo claro de decisiones que no pueden ser resultado de la acción cortoplacista, ni de ocurrencias, sino que tienen que provenir de decisiones meditadas, planeaciones detalladas y una ruta crítica en el tiempo que se fijen metas parciales y un objetivo final.
Todo lo anterior es una verdad de Perogrullo y resulta ser de una obviedad hasta insultante. Sin embargo, cada vez más vemos cómo la vida pública (en la esfera de la política, pero no sólo) permea una peligrosa cortedad de miras en donde la lógica inmediatista prevalece para decisiones que deberían asumirse con una responsabilidad y con una visión de largo plazo.
Lo anterior se traduce en decisiones muchas veces carentes de orientación o, peor aún, en las que las consecuencias no son ponderadas o resultan despreciadas frente a la búsqueda de un beneficio inmediato a toda costa.
Por un lado, vemos desde hace tiempo que la planeación política y la determinación de políticas públicas de largo plazo, son cada vez más esporádicas, cuando no totalmente ausentes, en la toma de las decisiones de Estado y de gobierno. Por otra parte, muchas de las decisiones responden más a la lógica del agandalle y del máximo beneficio posible sin atender los efectos que las mismas van a tener en el futuro.
Así, la discusión de los grandes problemas nacionales, que cada vez son más y más graves, muchas veces termina por reducirse al mero análisis de coyuntura, a la instrumentación de acciones desarticuladas, sin ejes rectores ni un norte claro, y las más de las veces, inspiradas por actitudes mezquinas y egoístas.
La cortedad de miras no es algo nuevo, pero ahora, ante la cercanía de la elección presidencial de 2012, todos los horizontes parecen estrecharse, y sólo esporádicamente las miradas trascienden esa fecha fatídica. Pero hay que estar conscientes que, conforme pase el tiempo, cada vez más el reloj de la vida pública estará determinado por ese evento.
Hay que decir, además, que esa falta de previsión y de responsabilidad histórica no es sólo un fenómeno atribuible al ámbito de la política (en donde, como en todo, hay, aunque pocas, honrosas excepciones), sino que también otros actores sociales, como los empresarios, los medios de comunicación, etcétera, asumen esa actitud en su actuar cotidiano. El inmediatismo constituye un virus que se difunde aceleradamente y que ataca en muchos frentes.
Muchos de los problemas del país, como señalaba, sólo podrán ser enfrentados si dejamos de lado la lógica de los intereses de parte del beneficio inmediato y de coyuntura, y empezamos a actuar conforme a una lógica que responsablemente se haga cargo de los efectos mediatos y de largo plazo que nuestras decisiones de hoy tendrán el día de mañana. De otra forma, simple y sencillamente, continuaremos como ha venido ocurriendo en los últimos años, desaprovechando oportunidades irrepetibles (como, por ejemplo, la que nos brinda el bono demográfico que estamos dejando escurrir irresponsablemente), postergando decisiones cruciales (como la de un repensamiento de las políticas fiscales, que son la base primera para una política redistributiva del ingreso que ante el pavoroso crecimiento de la desigualdad y del agravamiento de la pobreza, es inaplazable) y actuando irresponsablemente (como ocurre con la impunidad galopante que nos aqueja sin que pase nada, ni nadie pague por las consecuencias de sus actos).
Investigador y Profesor de la UNAM
Por su propia naturaleza, las decisiones públicas deben responder a las dos perspectivas. Hay asuntos que son de urgente resolución y que deben ser atendidos de manera inmediata, y en ocasiones, hasta reactiva. Hay otros temas que, en cambio, requieren decisiones orientadas con una lógica de largo plazo. Los asuntos cotidianos de la administración pública o aquellos impuestos por las vicisitudes y urgencias coyunturales del día a día, son característicos del primer tipo; las políticas públicas, por el contrario, son un ejemplo claro de decisiones que no pueden ser resultado de la acción cortoplacista, ni de ocurrencias, sino que tienen que provenir de decisiones meditadas, planeaciones detalladas y una ruta crítica en el tiempo que se fijen metas parciales y un objetivo final.
Todo lo anterior es una verdad de Perogrullo y resulta ser de una obviedad hasta insultante. Sin embargo, cada vez más vemos cómo la vida pública (en la esfera de la política, pero no sólo) permea una peligrosa cortedad de miras en donde la lógica inmediatista prevalece para decisiones que deberían asumirse con una responsabilidad y con una visión de largo plazo.
Lo anterior se traduce en decisiones muchas veces carentes de orientación o, peor aún, en las que las consecuencias no son ponderadas o resultan despreciadas frente a la búsqueda de un beneficio inmediato a toda costa.
Por un lado, vemos desde hace tiempo que la planeación política y la determinación de políticas públicas de largo plazo, son cada vez más esporádicas, cuando no totalmente ausentes, en la toma de las decisiones de Estado y de gobierno. Por otra parte, muchas de las decisiones responden más a la lógica del agandalle y del máximo beneficio posible sin atender los efectos que las mismas van a tener en el futuro.
Así, la discusión de los grandes problemas nacionales, que cada vez son más y más graves, muchas veces termina por reducirse al mero análisis de coyuntura, a la instrumentación de acciones desarticuladas, sin ejes rectores ni un norte claro, y las más de las veces, inspiradas por actitudes mezquinas y egoístas.
La cortedad de miras no es algo nuevo, pero ahora, ante la cercanía de la elección presidencial de 2012, todos los horizontes parecen estrecharse, y sólo esporádicamente las miradas trascienden esa fecha fatídica. Pero hay que estar conscientes que, conforme pase el tiempo, cada vez más el reloj de la vida pública estará determinado por ese evento.
Hay que decir, además, que esa falta de previsión y de responsabilidad histórica no es sólo un fenómeno atribuible al ámbito de la política (en donde, como en todo, hay, aunque pocas, honrosas excepciones), sino que también otros actores sociales, como los empresarios, los medios de comunicación, etcétera, asumen esa actitud en su actuar cotidiano. El inmediatismo constituye un virus que se difunde aceleradamente y que ataca en muchos frentes.
Muchos de los problemas del país, como señalaba, sólo podrán ser enfrentados si dejamos de lado la lógica de los intereses de parte del beneficio inmediato y de coyuntura, y empezamos a actuar conforme a una lógica que responsablemente se haga cargo de los efectos mediatos y de largo plazo que nuestras decisiones de hoy tendrán el día de mañana. De otra forma, simple y sencillamente, continuaremos como ha venido ocurriendo en los últimos años, desaprovechando oportunidades irrepetibles (como, por ejemplo, la que nos brinda el bono demográfico que estamos dejando escurrir irresponsablemente), postergando decisiones cruciales (como la de un repensamiento de las políticas fiscales, que son la base primera para una política redistributiva del ingreso que ante el pavoroso crecimiento de la desigualdad y del agravamiento de la pobreza, es inaplazable) y actuando irresponsablemente (como ocurre con la impunidad galopante que nos aqueja sin que pase nada, ni nadie pague por las consecuencias de sus actos).
Investigador y Profesor de la UNAM
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