Por: Lydia Cacho -
Como en campaña electoral todo se vale, varios candidatos, en particular Felipe Calderón, utilizaron el discurso de la desaparición de la tenencia como “respuesta a una petición popular”. Históricamente, este impuesto resultó de un decreto de 1961, del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien lo creó para auspiciar los Juegos Olímpicos de 1968 y la autopista México-Cuernavaca. El tributo sería supuestamente temporal y por ello nunca se creó una disposición legal para su cobro y utilización.
La tenencia es un impuesto que sólo pagan quienes tienen vehículo; mientras más caro es el auto, más elevado el impuesto. Durante la última década, las autoridades estatales han dicho que tazar así el pago parte del principio de que quienes tienen la posibilidad de poseer vehículos de lujo pagan más que los que tienen transportes más económicos. Cada quien aporta de acuerdo a sus posibilidades financieras y ese gravamen, que constituía casi el 1.8% de la recaudación total de impuestos que cobraba la federación, se devolvía a los estados. Según los gobernadores que defendieron la tenencia, estos recursos se aplican a obra pública, y en la medida en que quienes tienen un vehículo pagan el tributo tendrán mejores vialidades, lo cual es falso.
Una buena parte de la sociedad conocedora de leyes aseguró que era un impuesto sin sustento y habría que ampararse contra su pago. Otra fracción de la ciudadanía que se sumó al movimiento en contra de la tenencia lo hizo harta de la corrupción. Efectivamente, en la mayoría de los municipios las calles son un desastre; en lugar de sacar a concurso la pavimentación, los gobernantes entregan los contratos a manera de canonjías, que casi siempre aseguran baja calidad tanto del trabajo como de los materiales de pavimentación e iluminación. (En España, el mismo impuesto lo cobra cada ayuntamiento y el costo depende de cada localidad. En algunos es bajo y en otros 300% más alto. El mismo debate que se dio en México, lleva años en aquél país europeo).
En 2009, luego de un discurso (electorero le llamaron en el Congreso de la Unión PRD, PRI y PT) que terminó en pleitos y discusiones entre Felipe Calderón y varios gobernadores, el Presidente acompañado por los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Economía, Eduardo Ruiz Mateos, afirmó que no habría más tenencia y que con la compra de autos nuevos se generarían más empleos para los mexicanos. Felipe Calderón y su gabinete, acompañados de un movimiento anti-tenencia en redes sociales, eximieron al gobierno federal de esa responsabilidad devolviéndosela a los estados. Pasado el numerito de dignidad que montaron los representantes de partidos políticos, el presidente Calderón declaró que el impuesto se eliminaría completamente para todos el 31 de diciembre de 2011. Ese día se hizo efectiva la desaparición del impuesto que representaba casi 20 mil millones de pesos anuales. Mientras tanto, pocos gobernadores y alcaldes planificaron cómo recaudar la porción que les tocaba de esos 20 mil millones. Ya la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, había advertido en 2010 que desparecer este impuesto era un despropósito si no se contemplaba cómo recaudar esa misma cantidad por otras vías que no pusieran la carga en quienes menos tienen.
En varios estados y municipios, entre ellos Quintana Roo y Benito Juárez (que alberga a Cancún), ante la ausencia del impuesto vehicular las autoridades han tomado medidas insostenibles. El gobernador Borge presumió que él “cumplió” al desaparecer la tenencia; sin embargo, se inventaron la verificación vehicular, subieron tres veces el pago del impuesto predial, el resello de permiso de alcoholes en restaurantes que sirven alimentos y bebidas aumentó cuatro veces (desde los más finos hasta las fondas más modestas). Por si fuera poco, el pago por recoger la basura subió un 300 por ciento para toda la población. Y vaya que podían hacerlo de otra manera que no significara ahorcar la economía local. Para aterrizar un ejemplo: la alcaldía de Cancún (PRD) tiene ocho mil empleados en nómina, aunque sólo necesita cinco mil. El gobierno estatal (PRI) tiene trece mil y necesita ocho mil doscientos. Los miles de aviadores o empleados extras están allí por acuerdos políticos y favores electorales, no por necesidades reales de efectividad operativa. Lo mismo sucede en la mayoría de estados y municipios. Un ahorro sustancial en las nóminas estatales evitaría la necesidad de recaudar abusando otra vez de la sociedad.
En 2010 la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró que la eliminación del impuesto de tenencia vehicular del Poder Ejecutivo, tendría un impacto favorable en la planta productiva del país. ¿Qué pensarán ahora que recayó el escandaloso aumento de impuestos y permisos sobre sus confederados?
Durante algún tiempo, el discurso de Felipe Calderón y el de los movimientos civiles anti-tenencia, así como el de las fábricas de autos era el mismo: es un impuesto injusto y nadie debe pagarlo. Incluso la Corte Suprema tuvo que decretar que la tenencia no era un impuesto anticonstitucional. Eso significa que si alguien quiere ampararse contra el pago de tenencia debe hacerlo por la vía civil y de manera individual. La nueva jurisprudencia de la Corte dejó en libertad a las y los legisladores “de buscar los indicadores de capacidad contributiva” que consideren adecuados para que haya recaudación fiscal en el país. Y los congresos locales están haciendo lo que les da la gana; sin transparencia y con sigilo.
Varios gobernadores promovieron que sus Congresos legalizaran el pago estatal de tenencia; el Edomex decretó que seguirán pagando ese impuesto quienes tengan vehículos con un costo mayor de 350 mil pesos. Como no hay disposiciones jurídicas, justificación y regulación claras sobre estos acuerdos de recaudación tributaria, un auto que no tenga pagados sus impuestos antes del 2011 no podrá ser vendido a menos que la o el comprador esté dispuesto a pagar los impuestos previos, y el amparo no le servirá al nuevo propietario. Las personas amparadas deberán quedarse con su vehículo al menos diez años para que valga la pena el pago del amparo y litigio.
En conclusión, Calderón quedó sonriente con su decreto, argumentó que cumplía su promesa de campaña. Los gobernantes de los estados se durmieron en sus laureles durante tres años mientras lo discutían. Ahora, ante un decretazo otro peor, y la sociedad unida, ¿dónde está?
@lydiacachosi
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