Hay una larga lista silenciosa de
periodistas veracruzanos que han sido amenazados, agredidos u orillados a
dejar su vida habitual. Son el eslabón más débil de la cadena de
impunidad que se vive en la entidad que formalmente gobierna Javier
Duarte de Ochoa pero que en la práctica dominan dos bandos
contendientes, las fuerzas federales, particularmente la Marina, y los
grupos de narcotraficantes, en especial uno de ellos, asentado casi
institucionalmente desde que Fidel Herrera Beltrán era el gerente
general del estado.
Duarte de Ochoa llegó como ostentosa imposición de Herrera pero, sin
romper abiertamente con él, ha ido buscando sus propias vías de
consolidación personal, cediendo buena parte del control de la entidad a
las fuerzas marinas, asumiendo como realidad heredada y luego cultivada
la fuerza de los bandos de crimen organizado y apostando cuanto le es
posible a la candidatura de Enrique Peña Nieto.
Falto de experiencia política, confesamente identificado con
un hombre de ideas muy firmes, Francisco Franco (//bit.ly/pFtq8k) y cada vez más rebasado por las circunstancias, Duarte de Ochoa ha permitido que continúe el esquema de dominio criminal proveniente de la
fidelidad. En esa fuente de agravios sociales múltiples, el gremio periodístico ha tenido un papel doloroso pero no único. Policías locales y federales, mandos militares y marinos, presidentes municipales, funcionarios estatales y narcotraficantes de diversa adscripción y nivel suelen moverse a sus anchas en el laxo Veracruz, cumpliendo a bayoneta calada las instrucciones que reciben o las interpretaciones que sobre la marcha deciden realizar.
Así ha llegado Veracruz a la cifra histórica de cuatro periodistas
asesinados en seis días. Una de ellos, Regina Martínez, sostuvo un
ejercicio crítico que la llevó a denunciar e indagar, por ejemplo, nexos
entre policías locales y narcotraficantes (lo que constituye una línea
de investigación en su homicidio). Y ayer aparecieron cuatro muertos
más: dos trabajaban como reporteros gráficos, otro lo había dejado de
ser a finales del año pasado (pero, para la contabilidad macabra, debe
ser considerado como periodista) y la novia de uno de ellos. En los
detalles de las historias de este cuarteto asoma la realidad cotidiana
que pocos publican y que muchos platican solamente en voz baja: los
periodistas que deben dejar su estado o municipio por amenazas o que ya
han sido secuestrados, torturados y perseguidos y que meses después de
haberse ido de Veracruz regresan a otros medios, en otras
circunstancias, tratando de eludir sentencias de muerte que finalmente
los alcanzan. Desde luego, este panorama no es exclusivo de estas
latitudes. En otras entidades se viven situaciones similares.
También con rapidez delatora han quedado alineados la mayoría de los
consejeros del IFE y la Secretaría de Gobernación (SG). Goliza metieron
en el instituto electoral a la pretensión ciudadana de que se exigiera a
las televisoras retadoras que den cobertura de primer nivel a la de por
sí rasurada confrontación de puntos de vista y proyectos de los cuatro
aspirantes a presidir el país. Siete a dos fue el marcador a favor de
Televisión Azteca, con Leonardo Valdés Zurita jugando de centro
delantero y árbitro. Frente a los poderes electrónicos levantados, el
IFE no fue capaz, siquiera por defensa propia, de enhebrar una respuesta
política suficiente para prolongar por algunas semanas la ya desde
antes desfalleciente ilusión de que los comicios venideros podrían estar
un tanto a salvo del influjo determinante del dinero y las pantallas.
Ahora queda todo apabullantemente claro. El IFE se guiará por el
letrismo que le conviene (la letra de un artículo de la ley usada como
tapaojos para abstenerse de molestar a las cámaras regentes) y estará
presto para declarar como ganador de la elección presidencial a quien le
presente constancias numéricas de votos a su favor, haiga sido como
haiga sido que las haya obtenido, sin valorar las infracciones graves,
sin ver mapachería ni ríos de dinero. Al estilo 2006: la
elección podrá ser injusta, llena de elementos distorsionantes, con
influencia abierta de poderes determinados, pero ni modo.
Parte de esa cerrazón que en consonancia también practicó la
Secretaría de Gobernación, al anunciar su indisposición para pedir que
conforme al artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión se encadenaran
las televisoras para difundir el debate, proviene del hecho de que el
candidato de la izquierda electoral ha ido ganando presencia en
segmentos que hasta hace poco parecían cerrados a escuchar sus
propuestas pero que hoy se han abierto a escucharlo sin prejuicios,
entre otras cosas porque cada vez más ciudadanos creen imposible
encontrar una alternativa aceptable de gobierno futuro en la vacuidad de
Peña Nieto o la debacle sostenida con alfileres de Vázquez Mota.
Así ha ido sucediendo en universidades privadas de diversas partes
del país, entre jóvenes que por niveles socioeconómicos y por haber
llegado a la edad votante entre pláticas adultas descalificatorias de
Andrés Manuel López Obrador parecerían predestinados a reproducir esas
campañas de difamación. Pero de manera muy sugerente han expresado su
apoyo al tabasqueño en lugares como la Universidad Iberoamericana y ayer
en la matriz del Tec de Monterrey, donde se ha escuchado el coro de
¡Presidente!que hasta hace poco parecía impensable en esos sitios de elite.
Y, mientras periodistas y ciudadanos protestan hoy a la una de la
tarde en Marsella y Havre, donde está la representación del gobierno de
Veracruz en el Distrito Federal, y de allí caminan a la Secretaría de
Gobernación, ¡nos vemos aquí el próximo lunes, recordando a Eduardo
Valle, El Búho, que ayer falleció!
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Facebook: Julio Astillero
El debate fue a baguetazos. Los contendientes excedieron
el límite de tiempo: duró más de tres horas. Dieciocho millones de
ciudadanos siguieron a François Hollande y Nicolas Sarkozy palabra a
palabra, gesto a gesto, golpe retórico por ironía. Al final, como suele
suceder, los equipos de campaña proclamaron el triunfo de sus
respectivos candidatos. Sin embargo, las encuestas dicen que el debate
no modificó la ventaja de ocho puntos del abanderado de la izquierda
sobre el presidente Sarkozy. La elección en segunda vuelta será el
próximo domingo. Francia comienza un viraje hacia la izquierda que
tendrá consecuencias impredecibles para Europa y el mundo.
Televisión, en cobertura nacional
El debate fue transmitido en cobertura nacional por ocho
canales de televisión y seis estaciones de radio. El tema económico fue
el central. No podía ser de otro modo, Francia está en crisis y enfrenta
un alto nivel de desempleo, aunque ni lejanamente igual al de su vecina
España. El candidato socialista quiere una renegociación del pacto
fiscal de la zona euro, dice que la economía necesita crecer, no sólo
austeridad. Sarkozy está en favor de que se mantenga el pacto que lidera
junto con la canciller alemana Angela Merkel. En uno de los momentos
estelares, Hollande le dice al presidente Sarkozy:
Usted ha protegido sólo a los ricos en tiempos en que Francia ha sido golpeada por la crisis y por la caída del euro. Sarkozy repone:
La diferencia entre usted y yo es que usted quiere menos ricos y yo quiero menos pobres. Y Hollande contesta:
Bueno, usted quiere más gente pobre y ricos más ricos.
Se arreglaron
En uno de los episodios más lamentables de que se tenga
memoria, los miembros de la Comisión Federal de Competencia metieron
reversa y le perdonaron a Telcel la multa de 11 mil millones de pesos.
¿Sus nombres?: Rodrigo Morales Elcoro, Miguel Flores Bernés, Luis
Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez. La compañía les había
solicitado una reconsideración; la resolvieron en su favor y en contra
de los consumidores. Telcel se comprometió a no realizar en el futuro
ninguna práctica antimonopólica, así como a corregir las existentes. El
grupo El Barzón emitió una declaración en el sentido de que la comisión
“deja en la impunidad los años de abuso y elevadas tarifas que afectaron
a los consumidores, y además sólo se beneficiarán de la anunciada
reducción de la tarifa de 95 centavos a 36.18 y el cobro por segundo… si
eso realmente se llega a reflejar en los cobros al consumidor”. El
órgano antimonopolios –agrega El Barzón– se justificó argumentando
que los compromisos asumidos por Telcel pueden generar beneficios por más de 6 mil millones de dólares al año a los consumidores, y si no cumple le impondrá una multa de hasta ocho por ciento de sus ingresos anuales. Ese es un decir. Telcel podría volver a solicitar una reconsideración, y si fallaran en contra, tiene expedito el camino hacia los tribunales federales. El presidente de la comisión, Eduardo Pérez Motta, estuvo impedido de votar porque la telefónica ya lo había sacado de la jugada por medio de una recusación. Los comisionados se vieron astutos. Telcel había anunciado que si no le quitaban la multa apelaría ante los tribunales federales. Seguramente pensaron que iban a perder un cliente sin necesidad; de cualquier modo allá arriba iba a resolverse el asunto y prefirieron que
el arreglose hiciera en casa. Y eso que sigue haciendo ruido el tema de Wal-Mart y los funcionarios mexicanos que recibieron mordidas por más de 24 millones de dólares para ponerle las cosas como los cacahuates Mafer: peladitos y en la boca.
Los cálculos de estructura y evolución de la pobreza en México que hasta ahora he incluido en esta serie utilizan la medida agregada de pobreza más sencilla e intuitivamente más fácil de comprender: la incidencia (H) o proporción de personas pobres en la población [H=(q/n)100, donde q es el número de pobres y n es la población]. La gráfica muestra que entre 1996 y 2010 la distancia entre la H (calculada con el MMIP) en el Estado de México (gobernado desde entonces por el PRI) y el DF (gobernado desde entonces por el PRD) se amplió. En efecto, mientras en 1996 la H en el Edomex era 1.22 veces la del DF, para 2010 había alcanzado 1.41 veces, como resultado de una baja mucho más rápida de H en el DF que en el Edomex, a partir, en ambos casos, del dato histórico más alto. H indica qué proporción de personas sufren la pobreza, pero no mide qué tan intensa o severa es la pobreza que los aqueja, lo cual es expresado con la medida de intensidad de la pobreza (I).
Tanta ha sido la
dedicación de los gobiernos neoliberales para consolidar la
privatización del sector eléctrico nacional, que de plano se les pasó la
mano: no sólo han pisoteado el mandato constitucional en la materia,
sino que es tal el número de contratos firmados y los compromisos
adquiridos con las trasnacionales del ramo, que a estas alturas México
reporta
un exceso de capacidad de generación eléctrica, motivado principalmente por una estimación demasiado optimista del crecimiento de la demanda en los primeros años del siglo, que generó una elevada entrada de capital privado para ese segmento. Abrieron de más y, junto con el raquitismo económico que de tiempo atrás se observa, el país registra una capacidad ociosa de 33 por ciento en generación eléctrica, en demérito de la empresa del Estado, la CFE y, desde luego, de los bolsillos de los consumidores.
He allí un resultado concreto de la enfermiza política privatizadora
de los últimos cinco gobiernos (ahora tres de los cuatro candidatos
ofrecen más de lo mismo): por obra y gracia de ellos, y sin que la
Constitución lo permita, la participación del sector privado se ha ido
incrementando paulatinamente hasta llegar a 45 por ciento de toda la
electricidad producida en 2010. Y quien aporta estos elementos no es
otra que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la
Cepal, organismo que ayer divulgó su estudio La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011, del que se toman los siguientes elementos.
Al contrario de lo que ocurre en los países de América del Sur, en
México existe un exceso de capacidad de generación eléctrica. Desde
1994, en el salinato, el país se
abrióa la inversión privada en generación (manteniendo la Comisión Federal de Electricidad como comprador único) mediante varias
modalidades. La más importante ha sido la relativa a los contratos de productores de energía independientes, mediante los cuales la CFE subastaba la construcción y operación de una planta generadora a la empresa que ofertara el menor precio para la electricidad.
Todas las plantas así construidas han sido centrales térmicas de
ciclo combinado, en las que el riesgo de alza del precio del gas
permanece en la Comisión Federal de Electricidad, ya que el generador
privado puede pasar esa alza al precio de la electricidad que vende.
Este hecho, sumado a que la CFE firma acuerdos de adquisición de energía
por 20 años, hace que estas inversiones sean especialmente seguras y
fáciles de financiar para los inversionistas privados. Con esta
modalidad se logró atraer 14 mil 991 millones de dólares de inversión,
aunque la gran mayoría fue por contratos anunciados entre 1999 y 2004
(Zedillo-Fox) para centrales que han entrado en funcionamiento entre
2005 y 2010 (Fox-Calderón).
Además, ha ganado relevancia la modalidad de autoabastecimiento, por
medio de la cual uno o varios consumidores importantes pueden asociarse a
un generador eléctrico para construir y operar una planta que les
provea electricidad. Para esta modalidad no es necesaria la
participación de la CFE, que sólo recibiría un pago por la transmisión y
la distribución. Las inversiones hechas en estas plantas suman 10 mil
172 millones de dólares y se centraron sobre todo en la energía eólica.
Menos importante han sido las opciones de cogeneración (proyectos en los
que se aprovecha energía sobrante de otros procesos para generar
electricidad), con 3 mil 484 millones de dólares, y de exportación, que
permite a las empresas construir plantas para vender electricidad a
Estados Unidos (3 mil 115 millones de dólares). Por medio de estas
modalidades, la participación del sector privado se ha ido incrementando
paulatinamente hasta llegar a 45 por ciento de toda la electricidad
producida en 2010.
Sin embargo, con la
desaceleraciónde la economía mexicana en la última década, el consumo eléctrico no alcanzó el crecimiento esperado y se llegó a tener en 2010 una capacidad ociosa de 47 por ciento. En 2011 se consiguió reducir este margen a 33 por ciento gracias a la dilación de la entrada de nuevas plantas, el repunte del consumo y la retirada de las plantas más antiguas e ineficientes de la CFE. Aunque todas las empresas trasnacionales con presencia en México tienen planes de ampliar su inversión, éstos dependerán de la decisión del gobierno de abrir más contratos de productores independientes de energía y de continuar con el modelo de autoabastecimiento, lo que a su vez depende de la retirada de capacidad de la CFE. Así de sencillo: el Estado se echa para atrás, para que avance el capital privado.
En México las centrales térmicas de ciclo combinado son la opción
prioritaria (representaban 52 por ciento de la capacidad instalada y 100
por ciento de las inversiones privadas hasta que llegó la energía
eólica), principalmente por el bajo costo del gas en Estados Unidos,
país con el que México está conectado por gasoductos. México tiene un
mercado de gas abierto y competitivo, que garantiza a los generadores la
oferta de combustible. La energía hidráulica, que en México tiene un
potencial inferior al de otros países de la región, está en manos de la
CFE, así como la geotérmica y la nuclear. La otra vía de crecimiento son
las energías renovables no convencionales y en especial la eólica.
México no ha tenido un programa explícito de apoyo al sector eólico,
pero ha desarrollado desde la reforma de su sector energético en 2008
una serie de mecanismos que facilitan la inversión privada en parques
eólicos. Al cierre de 2011 existían 569 MW en funcionamiento, mil 333 en
construcción y se iniciarían obras por otros mil 277. La mayoría de
estos proyectos adquirieron la modalidad de
autoabastecimiento, lo que implica que las empresas generadoras promotoras del proyecto se alían con grandes empresas consumidoras para generar energía que estas últimas compran. Aunque el primer parque importante de México (Venta I, de 85 MW) es de la CFE, los que se construyeron a continuación fueron principalmente para abastecer a grandes clientes como la cementera Cemex o Wal-Mart. Al contrario que en Brasil y otros países, en México se han construido casi exclusivamente enormes parques eólicos, todos ellos propiedad de grandes corporativos privados.
Las rebanadas del pastel
Eso sí, apunta la Cepal, en México,
a corto y mediano plazos no existen perspectivas de abrir a la inversión privada la transmisión y distribución de electricidad. Qué alivio, porque también en estos renglones existe prohibición constitucional.
a Iglesia ortodoxa forma parte
del Estado griego; el parlamento reza a la apertura de cada sesión de
trabajo, los ministros juran sus cargos ante los libros sagrados, el
catecismo se enseña a los niños en forma obligatoria en todas las
escuelas.
Uno de los frutos de este integrismo
político-administrativo-religioso es que la Iglesia no paga impuestos
pese a ser el principal terrateniente del país, poseer hoteles de lujo,
inmuebles y recibir legados y donaciones. Tampoco informa a las
autoridades sobre el monto de su enorme riqueza.
Desde hace 60 años el gobierno heleno paga los sueldos de los
sacerdotes (unos 9 mil) que cobran, en promedio, mil 350 dólares al mes.
Los más viejos gozan de pensión. Pero estos rubros (le cuestan a los
ciudadanos cada año más de 300 millones de dólares) se han visto
afectados por los recortes aprobados por el parlamento para paliar la
quiebra de las finanzas públicas.
El pasado jueves, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó, por mayoría, un amparo al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, en contra de la determinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de negar la toma de nota a esa agrupación sindical en junio de 2008, lo que obliga al gobierno federal a reconocer la personalidad jurídica del gremio y a su dirigente. De acuerdo con los ministros que avalaron el amparo, la dependencia federal actuó indebidamente "al ir más allá de la confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales" marcados en la ley para otorgar el registro a una organización sindical, y se extralimitó, por tanto, de sus facultades legales en la materia.
Evo Morales, ejemplo para México
El primero de mayo Evo Morales, presidente de Bolivia, dio otro paso importante para bien de la nación andina al nacionalizar la electricidad, que se encontraba bajo control de una firma española con muy poca productividad, por lo que no satisfacía las necesidades del rápido crecimiento económico del país.
No necesitamos un Dios que nos haga llegar sus instrucciones, hay ética porque los humanos nos reconocemos como tales. Y si ser ético es saberse parte del género humano, el impulso fundante de la ética es literalmente la generosidad.
¿Se puede que una misma persona con tres actas de nacimiento diferentes, dos nacionalidades y cuatro nombres distintos sea reconocido como gobernador y ahora sea candidato a senador? No, en ningún país se puede hacer esto, salvo que ese país se llame México. La transición traía acta de nacimiento falsa
La misión del "desmitificador" Zunzúnegui consiste en manipular la historia para mostrar que los mexicanos somos los principales enemigos de los pocos que han intentado sacarnos de la condición de conquistados que nos autoimponemos. Hay que desmitificar a México, repite en todos sus libros, para que pueda verse en su realidad, que no es otra que una vulgarización bastante rupestre de la ontología del mexicano de Emilio Uranga y el grupo Hiperión, para que pueda aprovechar sus infinitas riquezas.
Todos los años la región latinoamericana escala posiciones en el ranking geopolítico mundial por el constante incremento de sus reservas de recursos estratégicos. Cuando Petrobras difundió en 2006 el descubrimiento de la capa pre-sal de petróleo, que puede albergar hasta 100 mil millones de barriles de crudo, el peso de Brasil en el mundo creció notablemente, ya que en 2020 será el cuarto productor mundial de crudo.
El peso simbólico de las bodas hace que esas ceremonias cobren gran importancia para mostrar el prestigio y para comprender las alianzas de poder de un grupo social, no se diga cuando se casan los señores poderosos.
Apenas hablaré del pueblo cubano, que un día barrió de su Patria el dominio de Estados Unidos, cuando el sistema imperialista había alcanzado la cúpula de su poder.
Ay Señor, Señor, así que ahí estaba Bin Laden, escondido en Abbottabad y está diciendo cosas erróneas sobre Fisk. ¿Deben el hombre de The Independent en Medio Oriente y mi viejo amigo, Abdul Bari Atwan recibir material exclusivo en ocasión del décimo aniversario de los crímenes internacionales contra la humanidad del 11/S? (ésta es mi definición, no la de Osama Bin Laden; OBL).
La noche acapulqueña tan honda parecía tocar el mar. Un capote negro desmadejado y convaleciente llevaba en sus vuelos la brisa que detenía el tiempo, la unión de los cuerpos abría la puerta de las huellas. La huella de aquella noche granadina en La Alahambra, imborrable y torturadora con sus incrustaciones, formando grecas de otras piedras y mosaicos a lo largo de los muros. Encajes de mármol que protegían las bóvedas y nos servían de sábanas blancas, en las que recreamos caricias y miradas, y contemplaba la elegante esbeltez, deliciosa para la ternura.
Los medios y el debate
Lorenzo Córdoba Vianello
L a democracia es una construcción colectiva en la cual diversos actores cumplen roles diferentes y tienen distintas responsabilidades. El papel de los medios de comunicación es crucial en la recreación de la democracia, pues constituyen canales privilegiados para generar la condición primera del voto libre: información.
Por otra parte, los debates son momentos estelares de los procesos electorales porque mediante la confrontación de agendas, programas, diagnósticos y propuestas generan información valiosísima para que los ciudadanos orienten su voto. Es por ello que son eventos de gran interés nacional.
La reforma de 2007, congruente con ello, estableció por primera vez en la historia de nuestra democracia la forzosa realización de dos debates presidenciales a cargo del IFE, la transmisión obligatoria a cargo de los permisionarios de radio y televisión, y la potestad de los concesionarios para emitir estos eventos. Pero, más allá de sus obligaciones, la eventual transmisión de los debates pone a prueba el compromiso democrático de los titulares de las concesiones.
No debe olvidarse que la historia de los últimos años resume la precaria —en el mejor de los casos— vocación democrática de muchos de los titulares de las concesiones de radio y televisión y de la anteposición de sus intereses privados sobre el interés público que se ha traducido en un reiterado desafío a la Constitución, a las leyes electorales y al IFE. Ése es el contexto en el que se ha venido dando la discusión respecto a los debates en la presente elección.
No olvidemos que hace apenas hace un par de meses desde los medios se generaron múltiples dudas sobre la posibilidad de realizar debates. En ocasiones, seguramente se trató de dudas legítimas, pero muchas otras, indudablemente, fueron dudas encaminadas a generar confusión y animadversión, hacia una reforma calificada por muchos de ellos como absurda, y hacia el Instituto Federal Electoral, juzgado reiteradamente en este contexto de incongruente e irracional.
Hoy, cuando los dos debates de ley son inminentes, el titular de una de las dos cadenas de televisión que monopolizan más de 90% de la audiencia en México inclinó su decisión de no trasmitir el debate a partir del rating y del beneficio económico frente a su precario compromiso democrático.
Es cierto, además de los permisionarios (que tienen una cobertura menor —el canal 11 apenas cubre ocho entidades—), otros pocos concesionarios han decidido transmitir el debate y hay que aplaudirlo. También Televisa lo hará a través del canal 5 (pero es una red que únicamente cubre 40.28% de los potenciales electores).
Por si fuera poco, las dos televisoras monopólicas pondrán a competir en audiencia al debate con dos programas de alto rating transmitidos en el canal 2 y en el 13, lo que complica una adecuada y pertinente difusión de ese evento.
Indudablemente, seguir el debate o no es un derecho de los ciudadanos, el problema es que ese derecho no debería depender de la imposibilidad de ejercerlo por razones de cobertura.
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