Si el Instituto Federal Electoral no cumple sus funciones, no sólo el proceso electoral más crucial de la historia del país quedará en entredicho, sino que se cerrará un ciclo en el que muchos ciudadanos creyeron sería el de la implantación de un sistema político democrático. El daño a la nación será irreparable si el IFE actúa como un elemento más del grupo en el poder para perpetuar su presencia, aunque ello conlleve el riesgo de mayor violencia social. Vale tal afirmación, por la respuesta que dio a la queja del Movimiento Progresista en el sentido de que el PRI rebasó ya el tope de gastos de campaña, como es fácil corroborarlo a simple vista sólo con el monitoreo de los espectaculares a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tal parece que el IFE es cómplice de la oligarquía para evitar que México avance en la construcción de una democracia verdadera, al salir con la absurda respuesta de que hasta después de los comicios podría sancionar al candidato del partido tricolor, en caso de que así lo amerite. ¿No es literalmente una invitación a que se actúe como los partidos lo crean conveniente, en caso de que vean que sus posibilidades de triunfo no son las esperadas? ¿Para qué sirve tener un árbitro que además cuesta a la nación una millonada escandalosa? ¿Qué podemos esperar si ese árbitro se presta a “legitimar” un proceso amañado que sólo buscara regresar a la cima del poder a la tecnocracia desplazada hace dos sexenios?
Si de por sí la ciudadanía está decepcionada de los partidos, asqueada en buena medida de la vida política nacional, de salir el IFE con irregularidades injustificables durante el proceso electoral, las cosas pasarán a una etapa muy perjudicial para la sociedad en su conjunto, al crearse un clima de absoluta desesperanza y zozobra cuya única salida sería una violencia incontrolable. El “importamadrismo” de la gente adquiriría niveles más peligrosos, al darse cuenta que las cosas en el país no tienen remedio. Si no hay posibilidades reales de que el IFE cumpla sus funciones cabalmente, lo más razonable sería que su presidente, Leonardo Valdés Zurita, renunciara e hiciera públicos sus motivos. Así le haría un gran servicio al país.
¿Qué caso tiene gastar tantos miles de millones de pesos en una institución que no sirve para nada? Claro que a estas alturas del proceso electoral no conviene tomar medidas extremas, pero si sería prudente abrir las puertas a negociaciones que evitaran el rompimiento de la legalidad. Es preciso hacer ver al grupo más razonable de la oligarquía el peligro que representa querer contener a la fuerza avances democráticos que son inaplazables. En una nación de las características de México, es improcedente querer mantener un estado de cosas que sólo propicia un grave descontento social cuyas consecuencias implican un freno al desarrollo, que en el mundo de los negocios equivale a menores tasas de ganancias.
Es una necedad absurda seguir sosteniendo un sistema que nos está llevando a la total bancarrota como país. Otro sexenio más como el que está por concluir nos llevaría a una crisis generalizada que sería inmanejable. Esto debieran saberlo los consejeros del IFE, y con base en tal conocimiento deberían actuar con honestidad y patriotismo. Si no lo hacen ahora ya no habría otra oportunidad. No hay que olvidar que en estos seis años pagamos con horror la falta de honestidad de las autoridades electorales de ese momento, pues de haber actuado con sensatez y patriotismo no habría habido necesidad de que llegara a la Presidencia un mandatario ilegítimo, desgastado desde el momento mismo en que ingresó por la puerta de atrás de la Cámara de Diputados para rendir su protesta.
¿En qué cabeza cabe que se podría repetir ese mismo escenario cuando el país está de cabeza luego de seis años de fracasos en todos los órdenes de la actividad gubernamental? De ahí la enorme responsabilidad del IFE en este momento, que está obligado a cumplir sin cortapisas ni pretextos infantiles. No sólo el futuro del sistema político está en riesgo, sino el de la nación entera, en caso de que se pretendiera obstaculizar la marcha de la sociedad hacia su liberación de ataduras antidemocráticas. Se perdería irremediablemente la última oportunidad de lograr cambios favorables que permitieran un cabal aprovechamiento de todos los aspectos positivos que tiene el pueblo de México.
Acabar de manera definitiva con el Estado canalla que ha sido el mexicano en los últimos treinta o cincuenta años, es un imperativo insoslayable que traería enormes beneficios a toda la sociedad, incluidos los sectores más favorecidos por ese mismo Estado, pues de ese modo estarían en posibilidades de seguir trabajando en un ambiente de paz social, sin el que ya no sería posible lograr cualquier tipo de avances. No se trata de hacer triunfar a la izquierda del mismo modo que se ha estado apuntalando a los conservadores, sino de respetar la voluntad popular. Sólo eso. No tiene sentido arrinconar al pueblo de manera que no le quede más remedio que actuar con un mero sentido de sobrevivencia, como un tigre herido.
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