El obispo de Saltillo, Raúl Vera, instó a los trabajadores del país a “no decaer en la lucha por sus derechos y contra la injusticia, que los hace más pobres todavía”. Durante su participación en la audiencia pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, puntualizó que la mentalidad del poder político y el empresariado, “está caracterizada por un sentido de la dominación y la esclavitud, lo que ha provocado en los grupos sindicales un sentimiento de lucha”. Son las consecuencias de tres décadas de que México se convirtiera en el “alumno” más aventajado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para imponer la estrategia neoliberal.
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, tal mecanismo económico, profundamente antidemocrático e injusto, se radicalizó a extremos que incluso han sido criticados por diversos funcionarios de ambos organismos financieros. El colmo es que aún no está satisfecho del daño que ha hecho a la clase trabajadora, como lo patentiza su firmeza para atacar a las organizaciones sindicales, motivo por el que generó un consenso en contra, incluso de organizaciones pertenecientes a la CTM.
Este repudio generalizado deberá mostrarse el día de hoy, Día del Trabajo, para que no quede duda de que urge poner fin a una política antiobrera que tiene graves repercusiones económicas y sociales. Según el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el saldo del calderonismo son 14 millones de trabajadores en la informalidad (aunque el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM indica que son 24 millones); 42 por ciento de pérdida del poder adquisitivo del minisalario en el sexenio, 38 por ciento de asalariados sin prestaciones sociales.
Es muy peligroso pretender mantener más tiempo una situación tan dañina para dos terceras partes de la población. El historiador James D. Cockcroft, al participar en el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, puntualizó que el sindicalismo mexicano y la sociedad en general, viven “un clima tenso”. Se denunció que la reforma laboral que impulsan el PRI y el PAN conjuntamente, “no es sólo una bandera neoliberal, sino también una amenaza capitalista con la que buscan violar todos los derechos laborales de los trabajadores”.
Los abusos contra los trabajadores, este sexenio, rebasaron todos los límites del derecho, como lo saben perfectamente los abogados dedicados a la defensa de los derechos de los asalariados. Ha sido constante y enconada la persecución contra litigantes de las juntas de conciliación y arbitraje que han mostrado congruencia y respeto a la ley en la materia. Calderón ha mostrado en todo momento estar al servicio de los grandes intereses, lo que explica en buena medida el caso de la trasnacional Wal-Mart, cuyos enormes beneficios son resultado de su actitud violatoria de la ley.
No le ha importado un ápice acabar con empresas históricas y representativas, como Mexicana de Aviación, a cuyos trabajadores envió a la calle sin contemplaciones, mientras que las rutas de la empresa han estado siendo asignadas a compañías extranjeras o bien a la insaciable (en lo que respecta a las tarifas) Aeronaves de México, uno de cuyos socios principales es nada menos que Roberto Hernández, quien será recordado como el que facilitó la venta a Citigroup del Banco Nacional de México, sin haber pagado un solo peso de impuestos al fisco.
Sin embargo, lo que más demuestra el sadismo de Calderón contra los trabajadores, es su trato a los mineros, a los electricistas, y a todos aquellos que han mostrado firmeza al defender sus derechos, como los de la fábrica “La Estrella”, Honda y otros más que sería prolijo enumerar. De ahí que hasta organizaciones cetemistas se unan al repudio al inquilino de Los Pinos, cuyo fin de sexenio parece alargarse mucho por todo lo que aún puede dañar a las clases mayoritarias de aquí al día último de noviembre.
Es preciso, ante tal fatalidad, no caer en provocaciones que podrían ser un buen pretexto para desatar una represión salvaje que debilitara el espíritu de lucha de los asalariados y las clases mayoritarias. El riesgo es muy claro, como lo ejemplifican los sucesos ocurridos en Morelia, Michoacán, el sábado 28. Aun cuando parezca legítima la lucha de los estudiantes, surgen dudas en cuanto se analizan las causas del zipizape en el que participó la Policía Federal junto a policías estatales. Más de 200 integrantes de la Coordinadora de Estudiantes en Lucha (CUL) tomaron las calles del centro y retuvieron 12 vehículos oficiales en demanda de que el gobierno del estado les entregue 30 autobuses o recursos económicos para trasladarse a los municipios a promover el ingreso a licenciatura.
No es el momento para hacer tales protestas, cuando lo que urge es concientizar al pueblo de la urgencia de votar por un cambio real en el país, que favorezca la democratización de la vida nacional y una positiva mejoría de las condiciones sociales y laborales de las clases mayoritarias.
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