Así lo constataron la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de la
Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), en el informe que sirve de base para
la discusión que se llevará a cabo la próxima semana en Santiago de
Chile, entre los Estados, como parte de los eventos rumbo al 25
aniversario de la plataforma, los cuales se realizarán durante todo
2020.
Las recomendaciones serán presentadas en el 64° periodo de sesiones
de la Comisión de la Mujer de la ONU, en marzo en Nueva York, y más
tarde en la Asamblea General del gremio que conmemora el 25° aniversario
de la Conferencia y Plataforma de Acción de Beijing, en septiembre.
Camino a la Asamblea General, también se celebrarán dos “Foros de la
Igualdad” en Ciudad de Mëxico y Paris, Francia, en mayo y julio.
El encuentro en Chile estaba previsto tener lugar en noviembre 2019,
pero tuvo que ser aplazado debido a las masivas protestas sociales en el
país. Mujeres de la sociedad civil, en su documento alternativo “Luces
y sombras”, retomaron las demandas de las y los protestantes y
recalcaron que el modelo de desarrollo en la región “condujo a la fuerte
polarización entre una gran cantidad de población que debe repartirse
una mínima parte de la producción, mientras un reducido grupo concentra
la mayor proporción de los recursos y la riqueza.” Esa desigualdad
económica, política y social afectaría a la estabilidad democrática,
afirmaron.
Ambos informes reformulan las anteriormente 12 “esferas de
preocupación”, como se llamaban en Beijing, y reordenan los temas bajo
nuevos títulos. La erradicación de la pobreza, por ejemplo, ahora se
junta con el desarrollo inclusivo y trabajo decente, y en el informe
alternativo con la prestación de servicios sociales como infraestructura
y salud. La esfera que desde 1995 se ha diluido en los nuevos temas y
ya no recibe un capítulo especial, es el enfoque hacia las niñas.
En tanto, la esfera que ya no aparece en el informe oficial, es “La
mujer y los medios de difusión”, capítulo que las feministas en Beijing
planteaban a causa de la baja representación de mujeres en los medios,
tanto como protagonistas, como expertas, reporteras o editoras con poder
de decisión, así como la manera estereotipada y sexista de presentar a
mujeres en los medios. El Monitoreo Global de Medios demostró en 2015,
que la representación de las mujeres en los medios, sólo ha avanzado en
fracciones, sin embargo, el tema ya no forma parte de las evaluaciones
de las feministas rumbo a Beijing +25.
Los temas que se ven más presentes en los informes actuales,
comparado con 1995, son las necesidades de la comunidad LGBTI+, en especial de
personas trans, así como un enfoque fuerte en la interseccionalidad, es decir,
el reconocer que la discriminación hacia las mujeres se multiplica cuando son
indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, o pertenecen a otros grupos
vulnerables.
Violencia contra mujeres, prioridad No. 1
El informe de CEPAL y ONU Mujeres resaltó que para el conjunto de
América Latina y el Caribe, las prioridades en este período fueron la
violencia contra las mujeres, la participación política, y temas
económicos como los derechos laborales y la redistribución de los
cuidados.
Las prioridades en las diferentes regiones, sin embargo, variaron,
con el Caribe invirtiendo en acciones a favor de la salud, también la
sexual y reproductiva, y Centroamérica destacando acciones a favor del
acceso a la justicia. Los países andinos pusieron en práctica acciones
para la erradicación de la pobreza y el aumento de la productividad,
sobre todo en áreas rurales, mientras que los países del Cono Sur se
concentraron en acciones a favor de los derechos laborales.
La situación de violencia que viven las mujeres y su expresión más
cruda, el feminicidio, sería una de las mayores preocupaciones
planteadas por los países en sus informes, destacaron las instituciones.
En 23 países de la región, existen planes y políticas nacionales contra
la violencia por razón de género contra las mujeres. En 18, se
aprobaron leyes que tipifican el femicidio/feminicidio, los más
recientes Brasil, en 2015, Paraguay, en 2016, y Uruguay, en 2017.
No obstante lo anterior, el informe destacó que “existen
retos en relación con la aplicación efectiva de estas leyes y normas”, por lo
cual consideró que el acceso a la justicia y los mecanismos de prevención,
atención y protección a las víctimas cobrarán más importancia en futuros
periodos de observación.
En cuanto a la erradicación de la pobreza y los derechos laborales,
CEPAL y ONU Mujeres afirmaron que la feminización de la pobreza “muestra
un incremento a nivel regional; pasó de 117,4 mujeres por cada 100
hombres que viven en hogares pobres en 2015, a 120,9 en 2017.” En
América Latina, en promedio 29.4 por ciento de las mujeres no cuentan
aún con ingresos propios, porcentaje que se ubica en torno al 10.7 por
ciento en el caso de los hombres.
Trabajo del cuidado sigue mal distribuido
“Las brechas salariales de género persisten como un obstáculo
para la autonomía económica de las mujeres y tienen un efecto perverso no solo
en su vida laboral, sino también en los niveles de ingreso a la edad de retiro
y en el monto de la pensión a la que tendrán acceso. Estas brechas salariales
son aún mayores para los grupos de mujeres que enfrentan múltiples
discriminaciones en la región, como son las mujeres indígenas,
afrodescendientes o migrantes”, destacó el informe oficial, y llamó a los
gobiernos a diseñar mecanismos y políticas orientados a incidir en el cuidado y
el trabajo no remunerado.
Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, criticaron que “en
el quinquenio prácticamente no hubo modificaciones para el reconocimiento del
trabajo de cuidado en las normas nacionales y en su incorporación en las
cuentas nacionales. Algunos países informan la utilización de presupuestos
sensibles al género con resultados insuficientes.”
La participación política de las mujeres en la región ha dado un gran
paso hacia adelante. CEPAL y ONU Mujeres mencionan la reforma
político-electoral en México, que “dejó atrás las cuotas de género y
estableció el principio de paridad”. También otros países, como Costa
Rica, Panamá, Argentina y El Salvador, promovieron mecanismos para
garantizar una alternancia entre mujeres y hombres en las planillas de
candidaturas.
Sin embargo, las autoras observaron que si bien se constatan avances,
la designación de mujeres en los gabinetes ministeriales se centra
principalmente en los sectores social y cultural, además, en la
actualidad, “no existe ninguna jefa de Estado en América Latina”,
mientras que en el Caribe, hay cinco. Por el otro lado, en el Caribe se
observó un retraso en la institucionalización de institutos para el
avance de las mujeres, ya que en 83.3 por ciento de los casos, son
mecanismos tenían un rango ministerial bajo, mientras que en la mitad de
los países latinoamericanos, tuvieron rango jerárquico alto, es decir,
el de un ministerio.
En general, “a menudo los mecanismos cuentan con escasos recursos y
carecen del mandato, la influencia, la jerarquía institucional y la
capacidad requerida para exigir resultados a otros organismos
gubernamentales”, constató el informe. Cabe recordar que cuando se
aprobó la Plataforma de Acción, en 1995, en casi ningún país del mundo
existían Ministerios de mujeres u otros mecanismos para las mujeres.
Crítica al modelo económico extractivo
El informe “Luces y
Sombras” demandó la participación de organizaciones feministas en los
mecanismos de Adelanto de la Mujer y la inclusión de todas las perspectivas,
sobre todo de mujeres indígenas y afrodescendientes, en la toma de decisiones. Ambos
documentos advierten que “la coyuntura política (es decir, el auge de gobiernos
derechistas como en Brasil) presenta ciertas amenazas sobre los logros de las
últimas décadas”. La respuesta, desde el punto de vista de las organizaciones
feministas, debe ser “profundizar los cambios de modelo económico en torno a la
redistribución y explotación de recursos naturales a fin de acortar las brechas
de desigualdad, y mejorar sensiblemente la redistribución de la riqueza y las oportunidades
de bienestar.”
Así, en palabras de Mabel Bianco, médica argentina que
liderará el grupo de organizaciones sociales en el encuentro: “Es importante
que el documento regional que se elabore en Chile contenga muchas de nuestras
propuestas de la sociedad civil que promuevan y aceleren la implementación del
Plan de Acción de Beijing. Esta región debe seguir siendo la más progresista”,
dijo al sitio web “Periódicas”.
Ciudad de México.
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