Editorial La Jornada
El miércoles, 20 padres
de niños con cáncer bloquearon la avenida de acceso principal al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y posteriormente
algunos de ellos realizaron una protesta dentro de la Terminal 1 en
demanda de fármacos requeridos para la quimioterapia de sus hijos.
Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y distribución
de medicamentos e insumos médicos del Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), se apersonó en el lugar de la protesta y ofreció a
los padres una mesa de diálogo a cambio de que abrieran el acceso al
aeródromo, pero su propuesta fue rechazada. Finalmente, los quejosos se
reunieron ayer en Palacio Nacional con la titular de la Unidad de
Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez,
quien sostuvo que el abasto de los fármacos se encuentra garantizado.
De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el
malestar de los padres se debió a que en el Hospital Infantil Federico
Gómez de la capital del país se les negó el medicamento Vincristina, sin
informarles que sí se encuentra disponible en las reservas del sector
salud pero faltaba en dicho nosocomio porque las autoridades del mismo
omitieron solicitar la reposición de existencias. Por su parte, el
presidente Andrés Manuel López Obrador consideró posible que la conducta
de los responsables del Hospital Infantil se deba a una complicidad con
Laboratorios Pisa, proveedor de medicamentos oncológicos (entre muchos
otros) que se niega a aceptar el nuevo esquema de compras consolidadas.
Ciertamente, el desabasto de medicamentos y otros insumos básicos en
el sector salud es un problema de muy larga data que durante el actual
sexenio se agudizó debido al sabotaje con que algunos laboratorios
decidieron oponerse a los esfuerzos de la administración federal para
acabar con un sistema de contratos abusivos que otorgaba beneficios
desmesurados a las farmacéuticas a expensas de los recursos de la
nación. La respuesta del gobierno federal fue comprar los fármacos en el
exterior y, pese a diversas dificultades (en el caso del medicamento
oncológico Vincristina, fallas en uno de los dos únicos laboratorios que
lo producen causaron escasez mundial), logró abastecer al sector salud.
Al sabotaje deliberado cabe sumar la errática conducta de los
directivos de algunos hospitales, los cuales dan la impresión de esperar
a que haya un brote de inconformidad antes de pedir un insumo que se
encuentra en existencia. Por último, la escasez podría verse agravada
por el desvío de medicinas dentro de los propios centros de salud,
práctica arraigada que al parecer no ha logrado erradicarse del todo.
Sin embargo, resulta inocultable que la (real) carencia de fármacos
en instituciones públicas de salud ha sido magnificada por algunos
medios de comunicación, repentinamente obstinados en presentar como
crisis de grandes proporciones un asunto localizado y que en el pasado
reciente no era motivo de interés informativo.
Ante tal escenario, el gobierno federal tiene dos tareas. En primer
lugar, comunicar de manera transparente el porqué del aparente
desabasto, así como las medidas que se están tomando para remediar esta
situación. En segunda instancia, es claro que debe investigar todo
posible acto de corrupción detrás de la escasez y sancionarlo con toda
la severidad legal, pues cualquier acción que obstaculice el acceso a
medicamentos constituye a todas luces un crimen.
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