La
ASF interpuso una denuncia en PGR por el posible desvío de recursos de
seguridad nacional en compras injustificables. Las compras fueron
autorizadas por una dirección fantasma de Gobernación.
Por
lo menos 30 millones de pesos del presupuesto de seguridad nacional
destinado para el mantenimiento y operación de penales federales en
2014, se destinaron para la adquisición de camionetas de lujo y viajes
aéreos ejecutivos para altos funcionarios de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
Así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), instancia que el pasado 12 de septiembre interpuso
una denuncia penal ante la PGR por éstas y otras irregularidades, como
son gastos sin justificar, contratos por bienes de los que no hay
evidencia que se hayan entregado y falta de documentos originales
relacionados con inversiones.
Los probables responsables de las
irregularidades, son funcionarios del Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que depende
de la Segob. En 2014 el titular de dicho órgano era Eduardo Guerrero
Durán, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 7 de octubre.
De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 0045
practicada a los rubros de gastos y equipamiento de 2014, en vez de
invertirse los recursos en el mantenimiento y operación de los penales
se gastaron más de 17 millones de pesos en la adquisición de 7 camionetas tipo suburban blindadas; en promedio cada vehículo superó los dos millones de pesos.
De entrada los auditores indicaron que no se presentó justificación alguna
que acreditara la necesidad de esos vehículos y menos aún que para su
adquisición se hayan utilizado recursos de la partida de “Gastos de
Seguridad Pública Nacional”.
Lo que se limitó a decir la Segob fue
lo siguiente: “Para el OADPRS esta contratación fue prioritaria, ya que
permitió otorgar elementos de seguridad para la protección de los
servidores públicos que lo requieran por motivo de seguridad pública,
los cuales fueron distribuidos a los servidores públicos del OADPRS y de
la Secretaría de Gobernación”.
Lo que dice la ASF es que a pesar de esta respuesta “no se acreditaron los supuestos de urgencia, riesgo y confidencialidad extrema”.
Las
irregularidades con los vehículos no terminaron ahí. Tres de las
camionetas no fueron entregadas a funcionarios del sistema penitenciario
federal, sino que se las enviaron a “altos funcionarios” de la Segob y que esto ocurrió de manera temporal.
En
la revisión de las cuentas, la ASF concluyó que no se proporcionó
evidencia alguna de la supuesta solicitud “de uso temporal” de las
camionetas; aunado a eso, no hay documento que demuestre la “fundamentación, motivación, periodo de comisión y usuarios de dichas unidades”.
En
conclusión, la ASF estableció que no hay documentación que ampare el
haber usado recursos de seguridad nacional destinados a los penales
federales, para haber adquirido camionetas blindadas y menos para haber
entregado tres de ellas a altos funcionarios de la dependencia que
encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.
Vuelos irregulares
En
2014, el OADPRS de la Segob firmó el contrato OADPRS/DGA/PS/002-A/2014
por un monto de un millón y medio de pesos para el servicio de traslado
aéreo ejecutivo para altos funcionarios de la dependencia. El argumento
fue que existía la “urgencia de transportar a servidores públicos de
mando superior para atender requerimientos de centros federales y donde
la transportación vía terrestre se vuelve complicada”.
Los auditores encontraron que no había evidencia alguna del procedimiento de selección de la empresa que otorgó este servicio. La compañía contratada (cuyo nombre no se reveló) tampoco aparece en la base de datos en materia de contrataciones de seguridad nacional que administra el Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional
Por
otro lado los auditores identificaron que hubo otros cuatro servicios
de transporte aéreo por un costo de casi 20 millones de pesos de los que
no existe justificación documental. Además cuando se solicitó el
expediente de las facturas, transferencias bancarias y otros documentos
de dichos servicios, solo se presentaron copias de los mismos.
La
ASF otorgó un plazo para que la dependencia subsanara estas
deficiencias sin embargo, al cierre de la auditoría no se habían
proporcionado los documentos.
Dirección fantasma
En
la revisión de los gastos ejercidos por el OADPRS, los auditores
identificaron que varias partidas fueron autorizadas por un área de la
Segob que en términos legales no existe.
“Dentro de la estructura
orgánica autorizada al OADPRS no se encontró a la Dirección General
Adjunta de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto,
unidad administrativa que ejerció recursos presupuestales y ejecutó
actos administrativos y jurídicos, sin estar definida su existencia legal”, reveló la auditoría.
Las irregularidades continúan. En 2014 la dependencia pagó un servicio denominado “Coach Líder”
por más de 4 millones 200 mil de pesos, el cual quedó asentado en el
contrato OADPRS/PS/S/013/2014. La dependencia explicó que se trataba de
un servicio de capacitación para “servidores públicos en puestos
directivos” con el objetivo de incrementar su eficiencia y liderazgo.
Pero
– de nueva cuenta – los auditores no encontraron evidencia de que el
servicio se haya otorgado, y menos justificación de haberlo pagado con
recursos de seguridad nacional.
Como los ejemplos anteriores, los
auditores encontraron por lo menos una decena de contratos de múltiples
servicios en donde se advierte que no existe justificación para haberlos
cargado en el presupuesto de gastos de seguridad pública y nacional.
Por
otro lado la ASF identificó que el Órgano Administrativo Desconcentrado
de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reporta haber pagado más
de tres millones de pesos por diversos bienes de los cuales no hay
evidencia documental de que se hayan entregado.
Además se
efectuaron pagos de servicios por casi 26 millones de pesos de los
cuales sólo se proporcionó copia de la documentación justificativa y
comprobatoria, sin que existan documentos originales.
La auditoría
alertó que se solicitaron recursos por más de 142 millones de pesos
para obras de remodelación de un Centro Federal de Readaptación Social
(CEFERESO), bajo el argumento de que había “extrema urgencia” para
llevar acabo estos trabajos por motivos de seguridad y evitar una
posibilidad de fuga o motín en el mismo.
La contratación de la
empresa responsable para estos trabajos se hizo vía adjudicación
directa, sin embargo, se descubrió que el contrato se firmó 65 días
después de que se notificó a la compañía la adjudicación lo que viola la
Ley de Obras. Dicho contrato fue autorizado por un funcionario que no
tenía facultades para ello.
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