La tendencia en su periodo fue cuidar intereses oficiales, subrayan
Manto protectora algunos partidos y tibieza con las televisoras
Son críticas generales para casos complejos, precisa González Oropeza
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Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza y María del Carmen Alanís Figueroa, cuatro de los seis magistrados salientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónFoto María Luisa Severiano, Cristina Rodríguez y Carlos Ramos Mamahua /Archivo |
Hubo parcialidad o falta de solidez en varias de sus resoluciones: estudiosos
Cuestionados, el jueves culminan su labor magistrados del TEPJF
Cuidaron intereses del régimen, protegieron a algunos partidos y fueron tibios con televisoras, dicen
Periódico La Jornada
Los magistrados salientes del tribunal electoral
suelen responder que sus sentencias hablan por ellos. Este jueves, tras
haber resuelto más de 59 mil 500 asuntos, cierran un periodo en el que,
según estudiosos de sus resoluciones, hubo parcialidad o falta de
solidez en varias de ellas, una tendencia a cuidar los intereses del
régimen y a extender un ‘‘manto protector’’ hacia algunos partidos
políticos, lo mismo que tibieza con las televisoras y un afán de
legislar.
Aunque advierten avances en los temas ‘‘taquilleros’’ relacionados
con la equidad de género, candidaturas independientes y derechos
políticos de los indígenas, también encuentran aspectos débiles o
bandazos cuando los seis magistrados de la sala superior abordaron
dichos expedientes.
En la recta final de su encargo, el magistrado Manuel González
Oropeza asegura que fueron imparciales y si bien respeta las críticas
las califica de ‘‘generales. No atienden la especificidad de los casos.
No ven la complejidad de ellos’’.
Agrega: ‘‘Tengo la fortuna de ser profesor universitario con cerca de
30 años y en mis clases han transitado alumnos distinguidos, desde
ministros de la Corte hasta candidatos a gubernaturas. Hay algunos que
han contendido por un puesto de gobernador y yo he votado en contra por
las circunstancias. Y algunos otros que sí he votado a favor, no porque
hayan sido mis alumnos, sino porque sencillamente la razón les da’’.
La mirada desde la academia es distinta. Hugo Concha Cantú, profesor
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la Universidad Nacional
Autónoma de México) y coordinador del libro La (in)justicia electoral a examen
–que analiza algunas sentencias relevantes del tribunal electoral–,
plantea que en los años recientes ‘‘los magistrados comenzaron a jugar
sus cartas de tipo personal. Sus sentencias dejan mucho que desear y
vemos a un órgano simulando utilizar el derecho, aplicando la norma
electoral de manera imparcial, cuando en realidad un estudio a muchas de
las resoluciones muestra que los argumentos jurídicos se utilizan como
sea para llegar a decisiones predeterminadas y de tipo político’’.
Entre los aspectos que más ensombrecen su gestión de una década,
coinciden los investigadores entrevistados, se encuentra su actuación
con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A éste el tribunal le
perdonó en 2009 una multa de 194 millones de pesos, y si bien lo
sancionó en repetidas ocasiones en 2015-2016, después le aplicó rebajas y
se negó a retirarle el registro dejando una lección: ‘‘La trampa no
pesa’’, según Concha, quien añade que un criterio similar se siguió con
Televisa y Televisión Azteca.
Otro aspecto que genera consenso en la crítica al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que se asumiera
como superior jerárquico del Instituto Nacional Electoral (INE), de los
tribunales locales o de las salas regionales, provocando un activismo
judicial del que los mismos magistrados se quejan, pero que ellos
habrían propiciado con sus afanes de enmendar la plana a los otros
órganos.
Los magistrados mostraron además un creciente apetito por legislar
que incomoda hasta a los partidos políticos que hacen un balance
elogioso. ‘‘En términos generales hay buen desempeño. Hay sentencias
memorables por su imparcialidad y equilibrio, pero hay otras donde
francamente nos dejaron el sentimiento de que ya no se trataba de
interpretar la ley, sino de hacer la ley’’, refiere el representante del
PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Arturo Espinosa, experto en las sentencias del tribunal, pone de
ejemplo el caso de David Monreal, quien mantuvo el registro como
candidato a gobernador en Zacatecas, aun cuando tuvo omisiones en la
entrega de sus informes de gastos de campaña, traduciéndose en un golpe
al sistema de fiscalización.
Además, modificaron criterios y disposiciones legales para que el
Partido del Trabajo (PT) mantuviese el registro, ‘‘manipulando la ley
como si fuese de plástico’’, resume Concha.
Tampoco han tenido criterios uniformes para declarar la nulidad de
algunas elecciones, como las de Colima y del distrito uno de
Aguascalientes, mientras en otras, como la de presidente municipal en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hubo un sinnúmero de irregularidades graves
sin que pasara nada, añade Espinosa.
Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, consideró que hubo ‘‘bandazos en establecer cómo se
conformará la secuencia de las listas de representación proporcional
para respetar la paridad de género en el reparto de candidaturas’’. Si
bien buscó ser un tribunal garantista con los independientes,
consideró que haber concedido registro a varios aspirantes a la Asamblea
Constituyente ‘‘nos puede gustar políticamente, pero la sentencia es
defectuosa.
‘‘Sigue siendo un tribunal que gasta mucho dinero y en una lógica
suntuaria. Tampoco veo avances en sus resoluciones, porque no
mantuvieron criterios claros. Diría que fue un tribunal gris con
tendencias de los magistrados a beneficiar con su voto a los partidos
que los propusieron.’’
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