CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- El consejero jurídico del Ejecutivo federal,
Humberto Castillejos Cervantes, se ha convertido en el verdadero poder
en Los Pinos.
Su influencia dentro y fuera de la Presidencia de la
República ya la quisiera el propio jefe de la Oficina, Francisco Guzmán
Ortiz, blanco de las críticas por los continuos fracasos
presidenciales.
La designación de Raúl Cervantes Andrade como
titular de la Procuraduría General de la República (PGR) es la
demostración más reciente de la influencia de su primo, el consejero
jurídico de la Presidencia.
Castillejos Cervantes ya tiene lo que
buscó desde el inicio de este año: el control de la PGR. Su particular
interés por la dependencia encargada de las investigaciones
ministeriales federales no es nuevo.
En el gobierno de Vicente Fox
fue coordinador de asesores del titular de la PGR, el general retirado
Rafael Macedo de la Concha. Luego ocupó el mismo cargo con el primer
procurador de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fueron los años en
que Castillejos Cervantes coincidió en cargos gubernamentales con su
excuñado: Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha del exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Al inicio del actual
sexenio, el consejero jurídico presidencial tuvo un pie en la
Procuraduría con la designación de su otro primo, Alfredo Castillo
Cervantes, como subprocurador, y quien había sido procurador al final
del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
Alfredo
Castillo fue una piedra en el zapato del entonces titular de la PGR,
Jesús Murillo Karam. No sin conflicto para el propio Peña, Murillo pudo
sacarlo y Castillo Cervantes fue designado como titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor. Poco duró ahí y a principios de
2014 pasó a ser el “virrey” de Michoacán, cuando Peña lo designó
“comisionado para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral de
Michoacán”.
La violencia desatada en el estado demuestra el
fracaso de su encargo, como no fuera la intención gubernamental de
fomentar grupos paramilitares, llamadas autodefensas, para enfrentar a
los grupos de la delincuencia organizada, una estrategia que lo único
que hace es exacerbar la violencia, como ocurrió en Colombia.
En
su nuevo encargo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), Castillo Cervantes ha generado el mismo rechazo que en sus
otros encargos. Se sabe y actúa como integrante de un grupo de poder, y
ahora, más que en otro momento, forma parte de una triada con gran
fuerza en la toma de decisiones en el país.
Cuando la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa forzó la salida de Murillo Karam,
el consejero jurídico logró imponerle una pieza clave a la nueva titular
de la PGR, Arely Gómez, ahora secretaria de la Función Pública.
Castillejos
Cervantes le impuso al titular de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz
Vázquez, quien con Medina Mora había sido subprocurador de Delitos
Federales. Hoy Muñoz Vázquez es el procurador de Colima.
Ahora el
consejero logró que el presidente Enrique Peña propusiera al exsenador
del PRI como titular de la PGR, en la antesala para ser designado el
primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo en el
que estará nueve años, según lo establece la ley que crea la FGR en
reemplazo de la centenaria PGR.
Se la debía, luego de que el año
pasado fracasara en hacerlo ministro de la SCJN, ante el rechazo que
generó esa mera posibilidad.
La mayor oposición fue en el propio
Poder Judicial de la Federación, aunque después Peña Nieto se cobró la
afrenta al lograr la designación como ministro de Eduardo Medina Mora.
No
sería raro que con el cambio de gobierno federal, Castillejos Cervantes
regrese a lo que ha sido su manifiesto interés: la oficina donde se
controlan las investigaciones federales.
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