No proporciona información sobre derechos de mujeres
Juana tenía 12 años cuando la violaron ocho hombres en Alto la Sierra,
Salta. La niña de la comunidad wichi fue obligada a cursar un embarazo
hasta los 7 meses de gestación.
Los acusados quedaron libres en febrero y la Justicia nunca dictó el
aborto no punible: le practicaron una cesárea el 3 de junio porque el
producto no tenía expectativa de vida. El caso de Juana, presentado
junto a otros en un informe “sombra” por Amnistía Internacional, fue
tratado ayer en el Comité de Expertas de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, en inglés) de la ONU. La conferencia fue en Ginebra y la
delegación argentina no pudo responder la mayoría de las preguntas que
realizó el comité de Naciones Unidas con respecto a las políticas de
género puestas en marcha en la Argentina en los últimos 6 años.
La reunión, que comenzó a las 6 de la mañana -cuatro horas menos con
Suiza-, se realizó en la Sala XVI del Palacio de las Naciones. La
presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez, en
representación del Estado, estuvo acompañada por representantes de la
Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Derechos Humanos.
Durante la conferencia, el Estado argentino reconoció que no cumple las
reglas de Bangkok y las reglas Mandela para el tratamiento de mujeres en
cárceles y no respondió acerca de las garantías al acceso al aborto no
punible en todas las provincias.
– ¿Qué medidas están tomando para evitar la mortalidad materna por
abortos poco seguros? – preguntó el Comité CEDAW al Estado argentino.
Túñez admitió que “la mortalidad materna en el país sigue siendo
elevada” y que una de las principales causas “son los abortos
clandestinos”. Sin embargo no pudo dar estadísticas sobre el tema: se
comprometió a acercar los números en un lapso de 48 horas.
El Comité también indagó sobre la marcha atrás de la provincia de Buenos
Aires con el protocolo de interrupción legal del embarazo e hizo
referencia a las “presiones del sector conservador del gobierno y de la
Iglesia” bonaerenses. A la observación de que los recortes de
presupuesto pueden generar una regresión, Túñez en nombre del Estado
argentino respondió: “se está fortaleciendo el presupuesto en un 30 por
ciento”. Entonces las expertas de CEDAW recomendaron: “Los invitamos a
legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”.
Parte de la reunión se dedicó al movimiento de mujeres #NiUnaMenos. “Se
inició en las redes sociales pero hoy ya forma parte del acervo cultural
de toda la sociedad. En su primera marcha pedía cinco medidas que ya
han sido cumplimentadas en estos diez meses de gestión”, contó Túñez.
“Las respuestas que ha dado el Estado nos preocupan mucho”, dijo a
Cosecha Roja María Florencia Alcaraz, periodista e integrante del
colectivo de mujeres #NiUnaMenos. “Se habló de movimiento como si fuera
un eslogan y no un actor político. Y eso no es otra cosa que minimizar
el poder político que el movimiento supo conseguir. No basta con hablar
de ‘violencia machista’, hay que hablar también de la situación
económica de las mujeres. Parece mentira pero cuando el Comité preguntó
si había microcréditos para las mujeres, la delegación oficial no dio
ninguna respuesta y sólo alcanzó a hablar del programa ‘Ellas hacen’”.
Desde Suiza, Leah Tandeter, una de las abogadas de Amnistía, dijo a
Cosecha Roja: “El acceso al aborto legal y los derechos sexuales y
reproductivos, sin dudas, son los temas más importantes de la reunión”.
También recordó que es un retroceso que la provincia de Buenos Aires
haya dado marcha atrás con la adhesión al protocolo de interrupción del
embarazo, conocido como ILE. Hay sólo ocho jurisdicciones donde rige. Y
en Salta, donde Juana estuvo 31 semanas afectada por un embarazo
producto de una violación, tampoco se implementa.
“El Estado argentino debe garantizar el acceso a los abortos legales en
todas las jurisdicciones del país, apoyado por campañas de difusión
pública para promover el mayor conocimiento del derecho a la
interrupción legal del embarazo”, dijo Tandeter.
Según los datos del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 500 abortos. En
Ginebra, además de la delegación oficial, están las comitivas de
Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), EL Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de
las Mujeres (Cladem) y la Fundación para Estudio e Investigación de la
Mujer (FEIM).
Todas presentaron informes sobre derechos de las mujeres, en paralelo a
la presentación oficial, denominados “sombra”. Leah y los demás
representantes de las ONG mantuvieron ayer una reunión formal y otra
informal con el comité evaluador. En ambas, los 23 especialistas en
materia de género se mostraron interesados en las problemáticas
planteadas: el aborto, la paridad y los casos de femicidio/feminicidio.
Aunque la evaluación de los Estados parte ante el comité de expertas de
la CEDAW se hace cada 5 años, la Argentina fue interrogada por el comité
por última vez en 2010. El período que se examina ahora es la mayoría
del kirchnerismo y casi un año del macrismo.
Las resoluciones del comité de la ONU se dan a conocer en una fecha
estimada de 15 días. Los especialistas redactan un documento en el que
le indican al Estado las medidas que debe adoptar para promover y
respetar los derechos de las mujeres. Leah advirtió que lo que dicta la
Convención es vinculante para el país. “Es responsabilidad de nosotros,
las organizaciones civiles, estar detrás del Estado para que cumpla con
las recomendaciones”, dijo.
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.
Imagen retomada del sitio cosecharoja.org/
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg.-
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