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| Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Foto: Yerania Rolón |
Excolaboradores, operadores y
prestanombres de Javier Duarte temen que la justicia los atrape por su
presunta implicación en el quebranto del erario veracruzano. Cada día se
conocen más irregularidades, crece el número de ilícitos y los nombres
de los señalados se multiplican: los abogados Alfonso Ortega López y
José Juan Janeiro Rodríguez, los hermanos Moisés y José Zury Mansur
Cysneiros y Gabriel Deantes Ramos, entre otros. Algunos de ellos ya
solicitaron amparo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el entramado del saqueo a Veracruz
durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no sólo participaron
funcionarios por él designados. También formaron parte, de manera
destacada, viejos amigos del gobernador con licencia y abogados
fiscalistas que operaban desde la Ciudad de México para movilizar los
recursos del erario.
El más conocido hasta ahora es el abogado Alfonso Ortega López, quien
como colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) ha
explicado cómo operó la red de sociedades para adquirir inmuebles y
otros bienes para el ahora prófugo gobernador con licencia tanto en
México como en el extranjero.
De mayor importancia en la operación con los recursos públicos y
quien es referido a Proceso por distintos excolaboradores cercanos a
Duarte es José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado fiscalista que tenía
su despacho en Polanco, en la misma zona donde también se le atribuyen
propiedades al mandatario prófugo.
“Llegaba a dar órdenes sobre cómo se debían mover los recursos”, dice
un allegado a Duarte que trabajó en su gobierno. “Era conocido en
distintas secretarías, sobre todo en la de Finanzas. Tomaba incluso
decisiones por arriba de los funcionarios, que por conveniencia o
complicidad se hacían a un lado”. Refieren también que el abogado
fiscalista se hizo presente en Veracruz desde el comienzo de la gestión
duartista.
Abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Janeiro Rodríguez es
quien movía los recursos. “Daba órdenes y se metía a las oficinas de los
funcionarios, poniendo siempre por delante el nombre del gobernador”,
dice el testigo sobre la presencia del experto fiscalista también en la
oficina de Duarte.
“Los fondos públicos se transferían hacia lo que sólo los más
allegados de Duarte conocían como ‘la licuadora’”, dicen los
exfuncionarios consultados por este semanario. Aseguran que ahora podría
estar en el extranjero.
Año y medio después de defender su tesis Aspectos legales de la
clonación humana, Janeiro Rodríguez fue socio fundador en 2003 del
despacho Contreras y Janeiro Abogados S.C. Miembro de la Barra Mexicana
de Abogados, en donde pertenece a la comisión de asuntos fiscales, se
presentaba además como asesor fiscal en México de la Xunta de Galicia,
España, y de la “Cámara de la Industria de Comercio” en el estado de
Tabasco, donde nació y heredó fortuna familiar.
La firma Contreras y Janeiro Abogados surgió de la sociedad de José
Contreras Mantecón y el entonces pasante José Juan Janeiro Rodríguez en
el despacho del exrector de la ELD, Mario Alberto Becerra Pocoroba,
cercano al expresidente Felipe Calderón.
Consultados por Proceso, Contreras Mantecón y Becerra Pocoroba aseguran que la relación entre ambos acabó mal.
El operador
Dedicado desde hace años a la enseñanza de derecho fiscal en la ELD y
diputado del PAN entre 2009 y 2012, en la segunda mitad del gobierno de
Calderón, Becerra Pocoroba fue profesor de Janeiro Rodríguez y luego lo
incorporó a su despacho como pasante.
“Lo despedí por abuso de confianza, pero nunca me imaginé que iba a
terminar como lavador de dinero”, dice Becerra Pocoroba. Tampoco exento
del escándalo por presuntos actos de corrupción, el exdiputado asegura
que Janeiro Rodríguez se dedicó a crear empresas fantasma tras salir de
su bufete.
En declaraciones a este medio, el abogado José Conteras Mantecón
confirma que Janeiro Rodríguez fue su pasante en el despacho de Becerra
Pocoroba, pero fue después de que estalló el escándalo que supo de las
acciones de su exsocio.
Explica que Janeiro se separó del despacho a raíz de las primeras
publicaciones en su contra, en abril pasado. “Nos dejó totalmente
desprestigiados, enfrentando actos de autoridad, como cateos y cuentas
congeladas”.
Asegura que, como resultado de sus propias investigaciones, “hemos
sabido que era más socio de Moisés Mansur –señalado como uno de los
principales prestanombres de Duarte– que de nosotros”. Desde 2010 tenían
dos despachos de abogados. “Todo lo que hizo era exactamente lo que le
recomendamos a nuestros clientes no hacer”, dice.
Con el escándalo en la prensa, Contreras se deslindó públicamente de
su exsocio. Incluso colapsó la página del despacho al tiempo que publicó
durante varios días una inserción pagada en varios medios nacionales
para poner distancia de Janeiro Rodríguez. El comunicado lo firmó ya no
como Contreras y Janeiro Abogados, sino como Contreras Mantecón
Abogados, S.C.
Asegura que Janeiro renunció en julio pasado al despacho “anteriormente denominado Contreras y Janeiro, S.C.”,
“Los hechos que se imputan públicamente a la citada persona son
totalmente ajenos a las actividades y servicios profesionales que este
despacho presta a sus clientes… Esta firma de abogados, sus socios,
asociados y empleados no representan en modo alguno los intereses de
José Juan Janeiro Rodríguez, como tampoco los de cualquier persona
física o moral vinculada con el gobierno del estado de Veracruz”, señala
el deslinde.
Los prestanombres
Ante las investigaciones contra Duarte y su entorno, Janeiro
Rodríguez tramitó el miércoles 5 un amparo contra los requerimientos de
“información y documentación” que le ha hecho el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Janeiro es una de las 34 personas y
empresas investigadas por el SAT por la supuesta creación de compañías
fantasma para hacerse de recursos públicos a través de contratos del
gobierno de Veracruz.
Su solicitud de amparo fue admitida a trámite el lunes 10 y se espera
que se resuelva en la segunda semana de noviembre, a dos semanas de que
concluya formalmente el gobierno de Duarte de Ochoa.
La PGR lo investiga por defraudación fiscal, lo mismo que a Duarte y a
un viejo amigo del gobernador con licencia, también de apellido
brasileño, el empresario Moisés Mansur Cysneiros, señalado como uno de
los principales prestanombres del gobernador con licencia prófugo.
En una de sus declaraciones a la PGR, dadas a conocer por el
periódico Reforma el martes 25, el abogado fiscalista Alfonso Ortega
López aseguró que acudía afuera de las oficinas del despacho Contreras y
Janeiro Abogados, en Polanco, para cobrar por su participación en la
creación de las empresas que sirvieron para adquirir inmuebles a favor
de Duarte no sólo en Estados Unidos, sino también en México. Dos de
éstas en Ixtapa-Zihuatanejo por un valor de 3 millones y medio de
dólares.
Aseguró que se crearon 19 sociedades en Miami para adquirir 30
propiedades hipotecadas por al menos 3 millones 200 mil dólares, además
del pago de joyas para Karime Macías Tubilla, la esposa de Duarte.
También refirió tiempos compartidos en el Hotel St. Regis, de Nueva
York, un bien inmueble en Woodlands, Texas; uno más en Arizona, un
departamento en Madrid, un edificio en la calle Masaryk, en Polanco;
tres departamentos en el Club de Golf Bosques de Santa Fe; un terreno en
avenida Chapultepec y Salamanca, y un inmueble en la delegación
Coyoacán, éstos últimos en la Ciudad de México.
Mencionó asimismo propiedades en Veracruz: una casa en Tlacotalpan,
un rancho en Córdoba, y la Torre Pelícano, en Boca del Río. Además,
bienes en el Estado de México: el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo;
una plaza comercial en Metepec, y unas bodegas en Ocoyoacac, así como
inmuebles en Cancún, Quintana Roo.
El diario cita declaraciones del fiscalista, quien asegura que cobró
300 mil pesos en efectivo por participar en esas operaciones como
prestanombres. Precisó que el pago se le hizo “en un sobre cerrado,
afuera de las oficinas de Contreras y Janeiro”, en la calle Lord Byron
28. Mencionó que una persona de nombre Gustavo Pérez le daba un sobre
cada vez que le pagaban.
La noche del viernes 21 fuerzas federales, incluidos efectivos del
Ejército y de la Marina, cumplieron cinco órdenes de cateo en la Ciudad
de México en inmuebles relacionados con Duarte en las delegaciones
Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El jueves 27 hicieron lo mismo en
el rancho Las Mesas, presuntamente adquirido con recursos de las
secretarías de Educación y de Salud de Veracruz.
Otra acusación contra Duarte y ocho de sus allegados o colaboradores
es por lavado de 253 millones de pesos en una compra venta de terrenos
ejidales en Campeche, en donde se construyó un club de golf.
En esa operación, de la que esta revista dio cuenta hace cuatro años
(Proceso 1878) participaron otros operadores de Duarte que ahora están
bajo investigación. Entre ellos aparece el abogado fiscalista, ahora
colaborador de la PGR, Alfonso Ortega López. También están Rafael
Gerardo Rosas Bocardo, Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.
El más destacado en esa acusación es Moisés Mansur Cysneiros, un rico
empresario de Córdoba que en el reparto de culpas implicó como socio de
Duarte al empresario millonario Jaime Porres Fernández–Cavada, quien es
también originario de Córdoba, al igual que Duarte.
Mansur Cysneiros es señalado como uno de los prestanombres de Duarte
en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo. La propiedad tiene casi mil
metros cuadrados, caballos de rejoneo y hasta alberca para los equinos.
Según Ortega López, Mansur participó en la creación de las sociedades
para adquirir los 19 inmuebles en Miami. En una de esas firmas, Comexa,
participó su hermano José Zury.
Lluvia de amparos
Javier Duarte, Moisés Mansur y Alfonso Ortega López son viejos
conocidos. El puente fue Mansur, quien era compañero de Duarte en la
Universidad Iberoamericana y amigo de Ortega, entonces estudiante de
derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Según los
exfuncionarios de Duarte consultados por Proceso, como universitarios,
Duarte y Mansur compartieron un pequeño departamento en la colonia
Contadero, en la delegación Cuajimalpa, cerca de la Universidad
Iberoamericana.
Tres años menor que Duarte, quien tiene 43 años, Mansur hizo en 2006
un testamento en el que dejó como heredero a su amigo, titular de la
Secretaría de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera.
La revelación hecha por el periódico Reforma en agosto pasado forma
parte de las operaciones que se aceleraron cuando Duarte sucedió a
Herrera como gobernador.
El ahora colaborador de la PGR Ortega López vio por última vez a
Duarte en mayo pasado, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México.
Le dijo que tenía miedo por las publicaciones periodísticas sobre las
numerosas propiedades y porque su nombre aparecía en las sociedades.
Duarte, molesto, “me jaló del brazo y me dijo que yo estaba metido en
esto, que yo estaba involucrado; y dijo ‘tú sabes de dónde viene el
dinero’”, publicó el mismo diario el martes 25, al reseñar parte de las
declaraciones del abogado fiscalista a la PGR.
El periódico asegura que el fiscalista, quien tenía un despacho en
Cancún, sacó entonces a su familia del país y él estuvo en distintos
lugares hasta que decidió presentarse ante la PGR y declarar sobre la
trama de Duarte y sus allegados.
Desde que en abril pasado el ahora gobernador electo Miguel Ángel
Yunes Linares presentó una denuncia penal contra Duarte por desvío de
más de 3 mil millones de pesos, colaboradores cercanos del gobernador
con licencia comenzaron a tramitar amparos para evitar su detención por
parte de la PGR o de la propia Fiscalía General del Estado (FGE).
El jueves 27, la FGE dio a conocer que giró dos órdenes de
aprehensión por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso
de autoridad, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito. Una
de las órdenes es contra el exsecretario de Seguridad Pública de Duarte,
Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció en agosto pasado luego de que el
portal Aristegui Noticias informó que es propietario de cinco
residencias en Woodlands, Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares.
La otra orden de aprehensión fue contra Gabriel Deantes Ramos, hasta
hace poco secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, dueño de
propiedades residenciales y comerciales en Xalapa. Deantes se encuentra
amparado. Fue subsecretario de Finanzas y Administración de la
Secretaría de Finanzas.
Entre los solicitantes de la protección judicial, que por ahora gozan
de suspensión de cualquier orden de aprehensión, figuran los
exsecretarios de Finanzas y Planeación Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz
González. Manzur Díaz es ahora delegado federal del Banco Nacional de
Obras (Banobras), mientras que Ruiz González es secretario de
Infraestructura y Obras Públicas.
Junto con Yunes Linares, Ruiz formó parte de los cercanos de la
exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo, ahora encarcelada tras haber sido acusada por la
PGR, en febrero de 2013, de lavado de dinero.
El jueves 20, Ruiz compareció ante la PGR. Luego de su declaración
ministerial aseguró que sólo había ido para “aclarar algunos temas de
cuentas viejas” de cuando era secretario de Finanzas.
Uno más que solicitó amparo fue José Francisco Díaz Valenzuela,
titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación
Pública estatal. En enero de 2012, en plena campaña presidencial, dos
empleados del gobierno de Veracruz fueron detenidos en el aeropuerto de
Toluca con 25 millones de pesos en efectivo.
El dinero salió de una partida de la Secretaría de Finanzas, a cargo
entonces de Ruiz, cuyo subdirector de Operaciones Financieras, encargado
de autorizar las operaciones líquidas, era Díaz Valenzuela, según
filtraciones de la PGR. El gobierno de Duarte aseguró que ese dinero era
para gastos del carnaval de Veracruz, la Candelaria de Tlacotalpan y la
Cumbre Tajín de ese año.
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