Pensiones, bomba de tiempo

La Jornada 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 48 por ciento de los mexicanos no está inscrito en ningún mecanismo de ahorro para el retiro, mientras 23.5 por ciento de los adultos no ahorra en absoluto. Tales cifras concuerdan con los datos recabados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según los cuales únicamente 15 por ciento de la población adulta cuenta con ahorros en entidades del sistema financiero formal, como bancos o cajas de ahorro.

En el contexto de las actividades por el Día Mundial del Ahorro, que se conmemora hoy, la Condusef exhortó a considerar ese activo no como el dinero que sobra después de todos los gastos, sino como un monto que debe programarse dentro del presupuesto, así como a distinguir entre necesidades y deseos, y establecer metas de ahorro a corto, mediano y largo plazos, de manera que se asegure el retiro al concluir la vida laboral.
Para poner los datos en contexto, cabe señalar que ese 48 por ciento de mexicanos que no se encuentra registrado en el sistema de ahorro para el retiro es muy semejante al porcentaje correspondiente a las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, situado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en 46.2 por ciento en 2014, el último año para el que hay datos oficiales.
La coincidencia no es casual. Quienes viven en situación de pobreza (es decir, en déficit permanente de ingresos mínimos para cubrir los gastos básicos) carecen, por definición, de cualquier posibilidad de ahorro. Para ese sector de la población, los llamados al ahorro por la Condusef y otras instituciones, como la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, constituyen una propuesta impertinente, si no es que una burla.
La única manera de garantizar a los mexicanos pobres un ingreso durante la tercera edad es mediante sistemas en los cuales el Estado asume su corresponsabilidad en la subsistencia y bienestar de todos los habitantes. Tal era la naturaleza del sistema de pensiones predominante en nuestro país hasta 1997, cuando se emprendieron una serie de reformas legales para sustituir el esquema de beneficio definido por uno de contribución definida, lo cual se traduce en que la mayoría de los trabajadores sólo recibirá una pensión equivalente a entre 25 por ciento y 30 por ciento del monto del último salario previo a su jubilación. Si a esto se suma la ausencia de cualquier beneficio para quienes, aun habiendo trabajado durante toda su vida adulta, no hayan aportado a una cuenta individual, no queda sino concluir que las cifras aportadas por la Condusef ilustran el gran fracaso del modelo vigente, que sustituyó un paradigma basado en la solidaridad y la previsión social por otro en el que se privilegian las utilidades de las compañías administradoras de los fondos sobre el sentido mismo de éstos: la satisfacción de las necesidades de seguridad y dignidad de las personas.

De seguirse el curso actual se estará sembrando una bomba de tiempo que no sólo afectará a quienes estén próximos a la tercera edad, sino, además, hipotecará el futuro de los niños y jóvenes, que durante su vida económicamente activa deberán trabajar para solventar un déficit heredado. Una buena parte de ellos, además, tendrá que hacerse cargo de la manutención de sus padres y sus abuelos.
En esta perspectiva, la carencia de pensiones para la mitad de la población del país y la insuficiencia de las que corresponderán a otro gran porcentaje no puede verse como un conjunto de dramas personales. El país se encuentra en la ruta de un desastre que debe ser asumido con urgencia como un problema de Estado y resuelto mediante políticas públicas. Es necesario, por así decirlo, un programa de rescate de la población.