Un nuevo tratado de libre comercio se discute en el Senado: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Estados Unidos lo impulsó, y fue negociado en secreto con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.
A pesar de que Claudia Ruiz-Massieu e Idelfonso Guajardo aseguran que el TPP va a beneficiar a México, los datos y el contenido del tratado nos dicen otra cosa. La realidad es que pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad en internet. En el fondo, se trata de un acuerdo que se disfraza como un tema “comercial” pero privilegia los intereses de compañías multinacionales, dándoles poder por encima de los gobiernos mismos.
México ya firmó el tratado el pasado 4 de febrero
en Nueva Zelanda, y ahora está pendiente de ratificar en el Senado. Sin
embargo, los legisladores no puedan cambiar una coma del texto
negociado: la respuesta será “sí” o “no”, sin condiciones. Con las
elecciones de Estados Unidos en el horizonte, la ratificación del
tratado se complica. Los próximos meses son cruciales para definir el
destino del TPP, y con éste, nuestras libertades.
¿Por qué el TPP es tan peligroso?
Para
empezar, la ganancia económica si ratificamos el acuerdo, es mínima. El
propio Banco Mundial pronosticó que con la implementación del tratado,
el crecimiento para países que forman parte del TLCAN, como México,
sería de apenas un 0.6%.
De los 30 capítulos, solo seis tienen que
ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros
tratados de este tipo, el TPP fortalece a las empresas multinacionales
por encima de nuestros intereses como país. El problema empieza por la
definición de “inversión”,
que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias,
propiedad intelectual. Lo preocupante es que también incluya “la
expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las
“expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando
se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.
Por
ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo,
obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que,
inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el
asbesto), las compañías extranjeras pueden demandar al gobierno
exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus
“expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7).
Cualquier
disputa de este estilo se resolvería en el tribunal de Arbitraje de
Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State
Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros
tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.
En 2012, un tribunal similar condenó
al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la
Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre
este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había
quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la
compañía Metalclad demandó a México
por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis
Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El
tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares
por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene
el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.
Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.
Primero,
porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar
enfermedades como el VIH, el cáncer o el zika. Estos tratamientos son
“productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio
de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso
natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años
en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la
producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52).
Los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero
para pagar las medicinas de marca y tienen que esperar ocho años para
curarse: es literal, un tema de vida o muerte.
Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen,
el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en
detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay
que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados
por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores
que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el
gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección
histórica, pero parece que no es el caso.
En específico, el TPP
obliga a México a adherirse también a la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91),
misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es
patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho
de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir,
permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos
genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores
indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte
–teniendo algunas victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.
Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor,
que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años
después de su muerte (artículo 18.63). Esto implica que los autores y
creadores de música, libros o películas puedan tener la exclusividad
sobre sus creaciones no solo mientras vivan, sino que ese beneficio se
extienda a sus herederos, hijos y nietos. A la larga, solo las élites
podrán pagar por contenido cultural que debería estar al alcance de
todos. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos
que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto
de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo.
Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un
futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.
Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet
que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA)
estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a
compañías como Google, Youtube y Facebook –o sus equivalentes
nacionales– a retirar contenido que “viole” derechos de autor en cuanto
tengan conocimiento efectivo de ello. Si no lo hacen, son también
responsables de la “violación”. Sin salvaguardas judiciales, este
sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos
legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad
sobre el intermediario. Por ejemplo, en México, Enrique Peña Nieto
ha usado la DMCA para eliminar sus metidas de pata al decir que “León
es un Estado”. Casos como este podrían replicarse con el TPP.
Por último, el capítulo de comercio electrónico,
afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el
artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las
transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos,
incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías
para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes
compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y
comunicaciones privadas.
El momento político
Para que el acuerdo entre en vigor,
hay dos opciones. Primero, que los doce miembros completen el proceso
de ratificación al interior de sus países. Entonces el TPP entraría en
vigor dos meses después de que todos los hayan hecho. Sin embargo, la oposición al tratado alrededor del mundo ha sido fuerte, por lo que esta primera ruta no es tan viable.
Si
algún país se queda fuera, la segunda opción es que el TPP entre en
vigor si al menos seis países lo ratifican, siempre y cuando representen
el 85% del PIB total entre los doce miembros. Como Estados Unidos y
Japón representan el 80%, el tratado básicamente depende de ellos. Es
una movida política.
Por eso el proceso electoral en Estados Unidos es tan importante. Y aquí, el TPP ha salido muy raspado. El senador Bernie Sanders –ex candidato a la presidencia por el Partido Demócrata– calificó al tratado como “desastroso”
diciendo que afectaría a la clase media, e implicaría cientos de
pérdidas de trabajos. El propio Donald Trump dijo que China, Japón y
México estaban “matando” el comercio de Estados Unidos gracias a los malos deals que
negociadores “estúpidos” habían hecho. Ya al final hasta Hillary
Clinton, quien había promovido el acuerdo cuando fue Secretaria de
Estado, se unió al coro diciendo que había que “aniquilar el TPP”.
En cambio en nuestro país, el Secretario de Economía tiene prisa por aprobar el TPP. El Instituto de Estrategia Económica de Washington ha estimado que se podrían perder hasta 30,000 empleos, pero parece no importar. A la par, las presiones políticas al Senado aumentan mientras el Consejo Coordinador Empresarial exige acelerar la ratificación del tratado.
Pero
que quede claro: el TPP no debe aprobarse. No tiene ningún sentido
ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que, en cambio,
tendrá grandes costos en términos de derechos humanos. Sin la consulta
ni participación de ciudadanos o sociedad civil, el proceso además es
antidemocrático. Solo gobiernos y lobistas participaron en el proceso de
negociación que culminó en el texto final.
No debemos aceptar
esta imposición de condiciones económicas y esquemas de negocios que
intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes. Los
senadores tienen que recapacitar. Y pronto.
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