By José Reyez
El
Congreso y los partidos no juegan su papel de contrapesos a las
instituciones de seguridad nacional, lo que deriva en ataques a los
derechos humanos. Incluso los partidos políticos, lejos de representar a
los sectores de la sociedad, se han convertido en una amenaza
XIII y última parte del reportaje seriado Ver los reportajes de la serie
En
México los contrapesos a la seguridad nacional no han funcionado y han
provocado que la situación político-social se desborde y haya
condiciones de ingobernabilidad, descontento social y mayor dependencia
del exterior, advierten integrantes de la comunidad de inteligencia,
académicos y expertos en seguridad nacional.
“En el Estado
moderno, los contrapesos frente a la actividad de los órganos de la
seguridad nacional son los derechos constitucionales y humanos de los
individuos; el Congreso de la Unión, los partidos políticos, los
acuerdos internacionales y, de manera particular, la Ley de Seguridad
Nacional”, afirma Edmundo Salas Garza, exdirector de Información del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Advierte que
el Congreso es fundamental como contrapeso a la seguridad nacional: la
propia ley establece que la Comisión Bicamaral está encargada de revisar
y modificar el contenido de la Agenda Nacional de Riesgos, cuya aplicación puede afectar los derechos humanos y las garantías individuales de la población.
La
seguridad nacional tiene que ver con aspectos de orden social,
político, económico, medioambiental y militar que forman parte del
desarrollo del Estado y que pueden representar un riesgo para la
estabilidad y permanencia de la nación, por lo que hay que darle
seguimiento estratégico, indica.
Respecto del contenido de la Agenda Nacional de Riesgos –de carácter confidencial y de la que ha dado cuenta Contralínea
en este reportaje seriado–, dice que el gobierno no puede actuar
arbitrariamente y a su libre arbitrio por razones de seguridad nacional
en contra de los derechos constitucionales y las libertades democráticas
de la sociedad, porque existen contrapesos como la Constitución, los
partidos políticos y el Congreso de la Unión.
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En la Agenda Nacional de Riesgos
pueden estar todos los temas, cambiar de prioridad y de orden de
acuerdo con el contexto de la nación y con la capacidad de respuesta del
Estado y los riesgos que afectan a la seguridad nacional, pero debe
incluir los aspectos fundamentales que definen la eficiencia y eficacia
del Estado y el gobierno frente a los problemas sociales, agrega quien
fuera director de Información del Cisen en 1994.
Destaca que el
problema es que, para su elaboración, no existe un método que contribuya
a determinar cuál es el impacto y el valor que representan para la
seguridad nacional cada uno de los aspectos de la Agenda Nacional de Riesgos, sino que, en su conjunto, es una apreciación subjetiva, aunque sea analítica.
“Es decir, para elaborar la Agenda Nacional de Riesgos
se reúnen 10 expertos en seguridad nacional y discuten: ‘Yo creo que el
tema de corrupción; yo creo que el tema de delincuencia organizada; yo
creo que la subversión, la vamos a poner al final’. Sigue siendo un
método subjetivo.”
Se requiere un sistema de evaluación y
determinación cualitativa y cuantitativa que permita mostrar cómo la
dinámica del país va haciendo que estos elementos de capacidades y de
riesgos varían e impactan de manera distinta a la seguridad nacional,
para poder priorizar cuáles son los elementos fundamentales de la Agenda Nacional de Riesgos, más allá de una apreciación de orden subjetivo.
“Así
fue como, no sólo de orden subjetivo sino también de orden político, a
Felipe Calderón le interesaba legitimarse frente a la sociedad y puso en
primer lugar de la seguridad nacional la delincuencia organizada y le
declaró la guerra para legitimarse hacia adentro y hacia afuera con los gringos. El resultado fue todo lo contrario, pero la intensión era esa.”
En
entrevista, Salas Garza señala que los derechos humanos pueden
suspenderse frente a amenazas a la seguridad nacional, pero el gobierno
debe demostrar la razón por la cual se invoca esa medida extrema, porque
frecuentemente hay abusos: la seguridad nacional se invoca a diestra y
siniestra para limitar derechos y evitar transparentar acciones del
Estado.
Por ejemplo, dice, la Ley de General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental es una garantía para todos
los mexicanos, pero tiene límites cuando se refiere a información
restringida por razones de seguridad nacional, como la Agenda Nacional de Riesgos. Pero, ¿cómo se demuestra que la información de la Agenda y su difusión pueden afectar la seguridad nacional?
El
especialista insiste en que es un documento elaborado con valoración
subjetiva y política, no estratégica, “por eso no están incluidos los
temas que afectan a la sociedad y a los grupos más vulnerables de la
población. Ésa es la cuestión.
“Por ejemplo: los riesgos
medioambientales están inmersos en la parte económica y en la parte
social, donde se incorpora la salud de la población y los riesgos
asociados a esa población. De esa manera definimos una Agenda Nacional de Riesgos estratégica.”
Y
es que en un estado de derecho la seguridad nacional tiene que estar
determinada jurídicamente –y ésa ha sido la escoria de la seguridad
nacional de los países latinoamericanos–, en donde México llega muy
tarde a la formalización de la Ley de Seguridad Nacional en 2005.
Para
Salas Garza la seguridad nacional es un concepto de la razón de Estado
que tiene vigencia y aplicación, pero debe formalizarse a través de
leyes específicas, es decir, “un contrapeso de la seguridad nacional,
significa que hay una ley que regula las razones y los modos del
accionar del gobierno frente a las circunstancias que afectan la
seguridad de la nación y a la sociedad”.
Aquí el tema –puntualiza–
es cómo el órgano de inteligencia del Estado, el Cisen, mide esos
riesgos y daños, cómo esas afectaciones se determinan en un nivel de la
seguridad nacional, para poder definir con claridad cómo darle
seguimiento.
Por ejemplo, dice, la reforma educativa plantea
evaluar a los maestros. Eso está bien. Ejemplifica con la evaluación
docente: en 2014 se hicieron los primeros exámenes a los maestros pero
no les pusieron un tutor ni los capacitaron ni les dijeron sus errores
como establece la ley, y hace 2 semanas los volvieron a evaluar, los que
reprueben se van.
Ahí hay un problema de incapacidad de la
Secretaría de Educación Pública, que incumplió uno de los determinantes
de la ley que era ponerles un tutor y capacitarlos, no darles cursitos
de hace 20 años que son una simulación y nada tienen que ver con la
problemática de la escuela, como lo confirmó la Auditoría Superior de la
Federación. No hubo un seguimiento pedagógico. Ésa es una ineficacia
del gobierno.
“Dónde está la eficacia y la eficiencia de la
institución que debe acompañar los dispositivos de la ley para que
realmente la reforma educativa de resultados y que el único que paga el
pato es el maestro.”
Otro aspecto de eficacia y de eficiencia del
Estado es la persecución del delito: del ciento por ciento de los
delitos que se denuncian, sólo el 2 por ciento se resuelve; el gobierno
es ineficiente e incapaz de movilizar la voluntad ciudadana y
defenderla, y entonces hay un problema de seguridad nacional.
“Evidentemente
es muy complejo porque tenemos que darle seguimiento tanto a la agenda
coyuntural de riesgos, que atiende aspectos, actores y factores que en
ese momento representan mayor movilidad y dinamismo como su relación con
los riesgos estratégicos identificados para la seguridad nacional.”Estado y gobierno ineficaces
El
exfuncionario del Cisen señala que un elemento fundamental para la
seguridad nacional es la eficacia y eficiencia del gobierno para lograr
una capacidad política y que haya gobernabilidad, “pero vemos que en
muchos ámbitos del país no sólo el Estado es ineficaz; el gobierno es
ineficaz, lo cual constituye un elemento que atenta y disminuye el grado
de seguridad nacional”.
Recuerda que “hace 6 meses salieron las
calificaciones de la vigencia del Estado de derecho en el mundo y México
quedó en los últimos lugares de la lista de los países donde no se
aplica la vigencia del derecho”.
Ahora, añade, la delincuencia organizada (que ocupa el primer sitio de importancia en la Agenda Nacional de Riesgos)
tiene que ver con la aplicación de la ley y la persecución del delito,
donde la corrupción hace que el gobierno no sea eficaz y entonces un
elemento que aparentemente es de delincuencia organizada termina siendo
de corrupción, porque hay una interacción entre los elementos de la
sociedad.
De tal forma que el problema de la falta de eficacia y
eficiencia del Estado en la aplicación de la ley y la vigencia del
estado de derecho es una de las causas que más daña la satisfacción y el
bienestar social, ya que no se aplica la justicia y la salvaguarda de
los bienes y de las personas.
“Y los que más lo sufren son los
pobres, porque las cárceles están llenas de gente pobre que no tiene
dinero para pagar la ley o la ejecución de una sentencia, y ése es un
elemento que daña la capacidad social y política del Estado. Por eso, en
un Estado que no es eficaz ni eficiente en la aplicación del derecho,
los individuos no aceptan voluntariamente obedecerlo, siempre están
viendo cómo lo evaden y burlan la ley.”
Establece que el otro
elemento de la capacidad política es la legitimidad. “Un Estado que no
es legal ni aplica la ley ni el derecho, que es corrupto, etcétera,
pierde legitimidad; la política se ve mermada y la corrupción afecta a
la capacidad económica y esto degenera en crisis y descontento social”.
Agrega
que “el gobierno ineficaz tiene mucho que hacer para lograr procesos de
distribución de la riqueza, pero no lo hace, a pesar de que México es
uno de los países con mayor grado de desigualdad y distribución del
ingreso. Hay una enorme disparidad y eso representa un riesgo social
latente. No en balde, donde hay más movilidad política de rechazo, de
rebeldía, de fuerzas contestatarias, es en los estados más pobres del
país”.
Salas Garza considera que el problema no es que les
inyecten recursos a estados y municipios, sino que terminen en los
bolsillos de los políticos y de los funcionarios: se los roban los
gobernantes y hasta el presidente.
Reflexiona que la mayor parte de los riesgos esbozados actualmente en la Agenda –revelada por Contralínea–
tiene que ver con aspectos de seguridad pública a la que se identifica
con la seguridad interior. Si es multidimensional como lo define la Ley
de Seguridad Nacional significa que la seguridad nacional es un
resultado, no una herramienta, no es un instrumento, no es un medio, por lo que es un “error” considerarlo así.
Y
es que, explica, la seguridad nacional es un fin, una consecuencia de
algo más, es resultado de dos elementos fundamentales: los riesgos y las
capacidades nacionales. Por ello, a mayor capacidad nacional mayor
seguridad nacional y viceversa; a mayores riesgos nacionales, menor
seguridad nacional; a menores riesgos nacionales mayor seguridad.
El
resultado de la seguridad nacional es una combinación de elementos que
definen la capacidad social, política, económica y militar del Estado, a
los que se tiene que dar seguimiento.
El exdirector de
Información del Cisen argumenta que no es fácil para un país como México
salir de la situación de crisis que vive y plantea que una manera de
contribuir a contrarrestarla es la movilización social.
“Hay que
movilizarnos y buscar alternativas de gobierno que sean más eficaces,
eficientes, mejores y que todos cumplamos con la responsabilidad que nos
corresponde, pues estamos en una democracia: aquí votamos todos y
nuestros votos cuestan lo mismo.
“En 2018 vamos a ver, con la
experiencia de candidatos independientes, si sirve para los partidos
políticos, que tienen que buscar sus mejores elementos y buscar alianzas
que vayan más allá, que tengan que ver con programas de solución a los
problemas sociales.”Partidos políticos: amenaza para el país
En
México, donde la influencia y el control presidencial se han debilitado
en el control del dinero y el poder, es necesario determinar si los
partidos políticos son un factor adverso para la seguridad nacional, lo
cual exige previsiones del poder nacional, para evitar implicaciones
futuras más costosas, alerta el coronel del Ejército Mexicano Filiberto
Mondragón Polo, en su ensayo “Los partidos políticos y su impacto en la
seguridad nacional”.
“Los partidos políticos son un factor adverso
que está afectando el desarrollo nacional, la democracia, la
gobernabilidad y el estado de derecho, por el grado de desconfianza que
tienen entre la ciudadanía, las grandes cantidades de dinero que reciben
como financiamiento público y privado, la corrupción e impunidad, el
involucramiento con organizaciones criminales y la crispación que
generan en los procesos electorales”, sostiene.
En su ensayo,
publicado en junio de 2016 en la revista del Centro de Estudios
Superiores Navales de la Secretaría de Marina, subraya que los partidos
políticos son una amenaza para la seguridad nacional; pues gobernadores y
presidentes municipales administran recursos con escasos controles de
transparencia; los poderes Legislativo y Judicial carecen de contrapesos
y se manejan con opacidad; y hay funcionarios que amasan millones en
paraísos fiscales. Esto último también se lo atribuye a “empresarios
consentidos”.
Tajante, alerta que “es necesario que el poder nacional tome previsiones para evitar implicaciones futuras más costosas”.
Visión autoritaria
Jean
Francois Pru’homme, doctor en ciencias políticas por la Universidad de
York, en Toronto, Canadá, considera que la posición que sostiene en su
artículo el coronel Filiberto Mondragón Polo, respecto de los partidos
políticos como amenaza para la seguridad nacional, es grave.
“Me
preocupan esos discursos matizados en contra de los partidos de la
historia moderna, ya que han dado lugar a experimentos democráticos,
pero también a vías de autoritarismo y totalitarismo, y después de
tantos años de querer consolidar y modificar la vida democrática, ésa no
es la vía que nos interesa.”
El académico de El Colegio de México
argumenta que los partidos políticos, como representantes de los
intereses de la sociedad, son un bien necesario para la realidad
democrática, por lo que hay que distinguir entre las críticas que buscan
que haya una mejor relación entre la sociedad y los partidos y las
críticas en contra, ya que pueden ser semillas de visiones autoritarias
de la realidad política en las sociedades democráticas.
Pru’homme
dice que en las disposiciones que regulan el sistema de partidos
políticos y el problema de la seguridad pública hay un elemento
fundamental de la estabilidad democrática. “Son una forma civilizada de
resolver conflictos en la sociedad. En ese sentido, no los veo como un
riesgo para la estabilidad política, sino como un factor que promueve la
convivencia civilizada en las sociedades democráticas”.
Al
respecto, el exdirector de Información del Cisen, Edmundo Salas Garza,
coincide en que no sólo en México sino en el mundo hay una grave crisis
de los partidos políticos y corrupción. “La gran diferencia es que hay
gobiernos que tienen una voluntad firme en perseguir y combatir los
actos de corrupción y castigarlos, pero en México no hay esa voluntad”.
Asegura
que la única manera de contrarrestar este fenómeno “es sacar a los
partidos corruptos y castigar a los gobernantes corruptos. Las crisis
provocan que las cosas lleguen a sus últimas consecuencias y que puedan
surgir alternativas, aunque en todos lados hay desánimo y pérdida de
confianza por la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas
sociales”.
Para Emilio Vizarretea Rosales, catedrático de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), “la crisis de los partidos políticos es grave
porque ya pasó una generación desde el Frente Democrático Nacional, la
fundación del Partido de la Revolución Democrática [PRD], la alternancia
del Partido Acción Nacional [PAN] en 2000 y el retorno del Partido
Revolucionario Institucional [PRI], durante la cual los partidos no se
han logrado profesionalizar, generar nuevos cuadros ni resolver los
reclamos sociales. La población está frente a una desprotección
gravísima”.Financiamiento
En
su análisis, el coronel Mondragón Polo destaca que el alto
financiamiento, la corrupción e impunidad y la connivencia con la
delincuencia organizada, ratifican la desconfianza que la población les
tiene a sus partidos políticos, “al observar que actúan como una clase
privilegiada e insensible a las necesidades que tiene el país,
relacionadas con la pobreza extrema, la desigualdad social y el
desempleo”.
Asegura que en México, donde el debate entre las
fuerzas políticas “se centra en acusarse de nexos con el narcotráfico,
desvío de recursos o de robar sin repercusión alguna, sería conveniente
replantearse si los partidos políticos son un antagonismo para la
seguridad nacional”. Además, dice, los partidos “son un excelente
negocio que reciben subsidios, canonjías y prebendas del Estado”.
En
entrevista, Jean Francois Pru’homme dice que se decidió el
financiamiento a los partidos fuera predominantemente público desde la
década de 1990, cuando era la mejor manera de hacer que el partido en el
poder estuviera dispuesto a transparentar los recursos públicos, lo que
permitió una cierta separación entre el PRI y el gobierno.
“En el
caso del PRD, era una condición para que pudiera competir en mejor
igualdad de circunstancias, y el PAN tenía una circunstancia distinta;
por eso se aceptó el financiamiento como una forma predominante de
controlar el origen de los recursos frente al temor de que se
canalizaran fondos de fuentes no legales que buscarían influir en la
vida política nacional”, agrega.
Los partidos, dice, deben tener
recursos suficientes para no tener la tentación de buscar recursos mal
habidos, lo que ha llevado a otros países a incurrir en escándalos, como
Brasil con lo de Petrobras y la búsqueda de recursos de manera ilegal.
Abunda
que lo ideal es reducir el monto de financiamiento a los partidos
políticos porque tenemos una democracia que cuesta muy caro y hay un
problema de confianza hacia la clase política establecida que tiende a
expresarse mediante la crítica a los partidos.
Corrupción e impunidad
Mondragón
Polo argumenta, en su ensayo, que en México, “donde funcionarios
públicos ejercen el cargo como si fuera patrimonio propio; los políticos
controlan obras públicas y sin escrúpulos ejercen el nepotismo, será
necesario determinar si los partidos políticos son un antagonismo para
la seguridad nacional”.
Su análisis añade que antaño el monopolio
del PRI limitaba la discrecionalidad del uso de los recursos; y que
después de la transición la administración se ha multiplicado sin
regulación y sin organismos que vigilen y exijan la rendición de
cuentas, lo que ha generado que legisladores, gobernadores y presidentes
municipales puedan lucrar con los recursos.
En 2000, señala, se
pensaba que la democracia se estaba consolidando y terminaban problemas
añejos relacionados con la corrupción, la impunidad y el manejo
discrecional de recursos y bienes que prevaleció por más de 70 años; no
obstante, ese sueño no se alcanzó y parece que la influencia y el
control presidencial se han debilitado.
“Ahora, gobernadores y
presidentes municipales administran recursos con escasos controles de
transparencia; los poderes Legislativo y Judicial carecen de contrapesos
y se manejan con autonomía y opacidad.”
Mondragón Polo señala que
la corrupción y la impunidad se han convertido en un serio problema
para el país, ya que los mexicanos desembolsan 165 pesos per cápita al año por actos de corrupción: pago de mordidas, agilización y facilitación de trámites.
“Se
estima que la corrupción ha tenido un costo de 1 billón 529 mil 300
millones de pesos, lo que representa el 10 por ciento del producto
interno bruto (PIB), por actos de soborno, nepotismo, extorsión, fraude,
tráfico de influencias, evasión fiscal, lavado de dinero y cohecho.”
Agrega
que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) de 2014, a nivel nacional el 89.7 por ciento de la
población consideraba que la corrupción es muy frecuente en las
policías, seguida de partidos políticos, con el 84.4 por ciento y el
ministerio público con 78.4 por ciento.
Una forma de corrupción frecuente, dice, es el diezmo
para la designación de obras que van del 25 al 30 por ciento del valor
de una licitación. Otras prácticas comunes: malversación de fondos
públicos, desvío de recursos, reasignación presupuestaria, uso
indiscriminado del dinero de estados y municipios o el otorgamiento de
permisos y concesiones.
“Nadie se libra de esas redes de
corrupción que se han transversalizado, en donde siempre está presente
el robo consuetudinario de recursos que se designan como presupuesto
para los partidos políticos, secretarías de estado, gubernaturas,
congresos o presidencias municipales”, argumenta.
Sin embargo,
para el doctor Prud’homme, “decir que los partidos son la fuente de la
corrupción y eliminarlos [por ello] no arreglaría en nada ese flagelo,
ya que la corrupción se practica desde distintos niveles de la actividad
pública, con o sin partidos”.
Algo de eso, dice, quedó claro en
las elecciones de junio del año pasado donde hubo casos de alternancia
en el poder y donde la moralización pública fue muy importante en la
vida política nacional. Se demostró que el electorado tolera cada vez
menos actitudes de corrupción por parte de las autoridades.
Crimen organizado
El
coronel Mondragón Polo asegura que gobernadores y presidentes
municipales han sido cooptados y sirven al crimen organizado; “lo grave
es que ahora los funcionarios no sólo evitan ejercer la autoridad a
cambio de una comisión. No, ahora los líderes de los cárteles son los
que ejercen y suplantan a la autoridad, mediante el manejo de las
finanzas y el control de las estructuras de seguridad pública”.
En
su análisis, afirma que el 73 por ciento de los municipios del país
están bajo control de la delincuencia organizada. La solariega
proclividad a la corrupción vuelve permeables a las alcaldías que son
presa fácil del crimen organizado. Detectar el involucramiento de un
alcalde en actividades delictivas se complica porque la clase política
se resiste a regular o denunciar el enriquecimiento inexplicable, por la
simple razón de que no quieren que alguien vea las cuentas propias,
dice.
Al respecto, Francois Prud’homme indica que los institutos
políticos deben tener mucho cuidado en la selección de sus candidatos y
mejores averiguaciones en cuanto a su pasado. También coincide en que la
política municipal tiende a ser más vulnerable frente a la presión de
grupos de la delincuencia organizada.
El también catedrático de la
UNAM precisa que el problema no es tanto de los partidos, aún si tienen
parte de responsabilidad: es un problema más general y grave que
consiste en saber de qué manera se puede, en un sistema federal,
fortalecer las instituciones municipales para que tengan una mayor
capacidad de resistencia ante las presiones del crimen organizado.
“Tampoco
es sólo un problema de los partidos sino de las policías municipales y
de distintas instituciones que se da frecuentemente porque hay una
asimetría de recursos muy fuerte entre los grupos de la delincuencia
organizada y las instituciones públicas.”
Crisis de partidos, gran desafío
El
catedrático Pru’homme considera que el gran tema en la arena política
nacional es la crisis de confianza en los partidos y en la clase
política en general.
“Si quieren superar esa crisis deben promover
la moral pública y las virtudes cívicas, lo cual es un gran reto porque
hasta ahora no han estado a la altura de ese desafío.”
Sin
embargo, puntualiza que ésa no es una razón para descalificar de golpe a
todo el sistema de partidos políticos y sobre todo a la organización de
los partidos como vehículo de los diversos intereses de la vida
democrática.
“Lo ideal para el país consistiría en permitir, por
un lado, la consolidación de la democracia y lo que significa en
términos de tolerancia, pluralismo y respeto a los derechos de los
individuos y por otro lado, políticas públicas que permitan una mejor
distribución de la riqueza social.”
Ciudadanos en la indefensión
En
la sociedad mexicana la participación organizada de los ciudadanos está
disminuida porque ya no creen en nada: no creen en la autoridad ni en
los partidos políticos. Los ciudadanos ya no creen ni en ellos mismos,
reflexiona el doctor en ciencias políticas y seguridad nacional, Emilio
Vizarretea Rosales.
“Ya no hay ideología partidista, ya no sabemos
realmente quiénes son de izquierda, de derecha o del centro; se generó
una convulsión, una especie de involución que lo único que hizo es creer
que todo mundo debiera de quitarse ciertas fachadas, y en lugar de
utilizar a los partidos políticos, todos son independientes”, describe.
“Esto
ha generado que la sociedad pierda credibilidad en las organizaciones
políticas y tome los caminos más sencillos, y el más sencillo es el no
pretender organizarse para tomar decisiones de carácter social, incluso
para su propio interés. Si esto no es suficiente para hacer pensar y
reflexionar las acciones de gobierno ni las acciones individuales, pues
ya no sabría qué otra cosa. Estamos en una situación de indefensión
gravísima.”
Poder nacionalDe acuerdo con el Diccionario de términos militares y asociados, el poder nacional es la suma de todas las fortalezas de una nación, que le permiten establecer su estrategia de desarrollo en pos de los objetivos nacionales, pese a los obstáculos que pueda pasar en un determinado momento.El documento, elaborado por el Pentágono, agrega que el término se refiere a la capacidad o fuerza que tiene el Estado para imponer orden haciendo que se respeten las leyes dentro de su territorio, mediante mecanismos en los que intervienen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
José Réyez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN]
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